Después de 21 días de la solicitud de juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) anuló el trámite el 9 de agosto de 2022. La justificación que dio el CAL para tomar esta decisión es que encontró fallas técnicas en la convocatoria para la sesión, del 5 de agosto pasado.

Informes técnicos explican que “el procedimiento de convocatoria no fue perfeccionado, en razón de un inconveniente técnico, que afectó el normal envío-recepción de la misma”.

Nathalie Arias, legisladora del movimiento Creo, escribió en su cuenta de Twitter que la sesión en la que se trataba el juicio político y otros proyectos de ley fue anulada por  denuncias por “las fallas del sistema informático y el informe presentado por Tic’s”

Tras la decisión, el CAL recomendó a los asambleístas Jahaira Urresta, de Unión por la Esperanza y Peter Calo, del Movimiento Pachakutik que reingresen nuevamente la solicitud para enjuiciar al ministro. 

Ese mismo 5 de agosto, el CAL debía revisar otros cuatro proyectos de ley: 

• el proyecto para fortalecer la Seguridad Social
• la reforma a la Ley de Tierras Rurales
•  la reforma a la Ley de Navegación
•  el proyecto reformatorio al artículo 139 del Código Orgánico General de Procesos.

El miércoles 10 de agosto, los legisladores Jhajaira Urresta, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), y Peter Calo, de Pachakutik, volvieron a presentar la solicitud para el juicio político a Carrillo. Urresta compartió el pedido a través de su cuenta de Twitter, donde trató sarcásticamente a las fallas del sistema informático.

La solicitud 

Cuatro meses después de que asumió el cargo, ya hay un pedido de juicio político contra Patricio Carrillo, ministro del Interior. Los asambleístas que presentaron la solicitud lo piden por presunto incumplimiento de funciones en el paro nacional de junio de 2022, que duró 18 días.

El 21 de julio de 2022, los asambleístas Jhajaira Urresta y Peter Calo presentaron el pedido oficial de juicio político contra el ministro Carrillo por el paro de junio pasado. Carrillo, como ministro del Interior, está al frente de la Policía Nacional, una de las fuerzas enviadas por el gobierno para controlar las manifestaciones. 

Según la solicitud presentada por los asambleístas, el objetivo del juicio es “demostrar la responsabilidad política del Ministro del Interior por las acciones, omisiones, y por la mala aplicación de los protocolos y estándares internacionales en el uso progresivo de la fuerza durante el paro nacional de junio de 2022, lo cual ha causado consecuencias y lesiones a los Derechos Humanos”. 

El pedido deberá pasar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que lo califique a trámite y pueda continuar con el proceso establecido para los juicios políticos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

¿Qué implica un juicio político?

Si es que el CAL aprueba el trámite de juicio político pasará a la Comisión de Fiscalización, en donde se deben presentar las pruebas de cargo y Carrillo puede presentar sus pruebas de descargo en un período máximo de 15 días. 

Posteriormente la Comisión de Fiscalización deberá emitir un informe en máximo diez días; en caso de ser favorable (se requieren los votos de la mayoría de los asambleístas de la comisión) el juicio pasa al pleno. 

Allí se requiere la votación de 92 asambleístas —equivalente a dos tercios del total de legisladores— para aprobar el juicio y destituir al Ministro.

El paro nacional de junio de 2022

En el paro nacional, hubo al menos 9 fallecidos incluyendo 8 manifestantes y un militar. Además, se han reportado cientos de heridos entre manifestantes, policías y militares. Varias de las actuaciones de la Policía, otras autoridades y de los manifestantes han sido cuestionadas por presunto exceso de violencia los 18 días que duró el paro. 

Las muertes de varios de los manifestantes todavía no han sido esclarecidas por las autoridades. Sin embargo, ya se han confirmado algunos detalles de algunas de esas muertes. 

El ministro Patricio Carrillo dijo que analiza el uso de perdigones durante las movilizaciones a escala nacional. Fotografía tomada de cuenta de Facebook del Ministerio del Interior.

Una de las más discutidas fue la de Byron Guatatoca. El comunero kichwa murió la noche del 21 de junio en Puyo, capital de la provincia amazónica de Pastaza, en medio de enfrentamientos con la Policía. 

Aunque la Policía dijo en un principio que Guatatoca murió por manipular un explosivo, tomografías que se difundieron en redes sociales —y que GK verificó— mostraron que el joven murió debido a un impacto de bomba lacrimógena en su cráneo. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, admitió que el impacto era de una bomba lacrimógena. La Fiscalía General del Estado está investigando el caso.

En esa misma semana, el 23 de junio, Henry Quezada, un joven de 39 años, murió en el parque El Arbolito después de haber sido impactado por un disparo de perdigones. 

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dijo en su cuenta de Twitter que Quezada habría muerto por “un trauma penetrante de tórax y abdomen” y publicó una foto del tórax del joven marcado por heridas de forma circular. La Fiscalía también investiga su muerte. 

El ministro Carrillo ha insistido en varias ocasiones que la policía no utiliza ese tipo de armas. “Ninguno de los rastrillos ha entregado armas de este tipo al personal policial. Ellos salieron únicamente con gases”, dijo Carrillo el 24 de junio, días después de la muerte de Quezada. 

La Fiscalía todavía no ha confirmado si el arma que mató a Quezada fue disparada por un policía o un manifestante. Sin embargo, durante el paro de 2019, una investigación periodística comprobó que los policías sí usaron perdigones. 

Otra ministra del Interior señalada por el manejo de un paro

Patricio Carrillo no es el primer Ministro en ir a un juicio político por su actuación en un paro nacional. En 2020, la Asamblea destituyó a María Paula Romo como ministra de Gobierno —que en ese momento incluía también el manejo de la Policía— por  incumplimiento de funciones sobre los hechos violentos en el paro de 2019.

La Asamblea de ese momento aprobó con 104 votos a favor, 18 votos en contra y 12 abstenciones, la censura y destitución de Romo, quien estuvo en ese cargo desde septiembre de 2018. Ese paro duró 12 días y hubo 11 muertos y más de mil heridos. Una de las heridas en ese paro nacional fue Jhajaira Urresta —una de las asambleístas que pidió el juicio político contra Carrillo— quien perdió su ojo izquierdo después de recibir el impacto de una bomba lacrimógena.