“Se armó, se armó”, alertaba, angustiado, José* — un preso que cumple su condena en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Bellavista, en Santo Domingo y que solicitó la reserva de su identidad—, a su familia. Fue una llamada que, según cuenta su familiar a GK, llegó antes de las tres de la tarde de este lunes 18 de julio de 2022. “Estaba comenzando la matanza”, cuenta su familiar quien, más de dos horas después, aún espera noticias de José para saber si sigue con vida.

Primero, GK conoció que eran trece las personas asesinadas. Lo mismo confirmó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Sin embargo, la mañana del 19 de julio, corrigió la cifra: “serían 12 cadáveres y no 13”. 

Después de realizar una “inspección ocular técnica”, Carrillo dijo que se habían levantado “45 piezas humanas”, un pronunciamiento cuestionado por la familia de una víctima de la masacre. “Ellos no son piezas. Fueron desmembrados y descuartizados. Son nuestros familiares, que tenga un poco de respeto”, dijo a GK.

El ministro Carrillo aseguró que el proceso de identificación “llevará días” por la violencia perpetrada contra aquellos cuerpos. 

En las imágenes de esta nueva masacre, a las que GK ha tenido acceso, se ven cuerpos desmembrados con arma blanca, luego de un nuevo enfrentamiento en aquella prisión, donde hace menos de dos meses estalló la sexta masacre carcelaria en Ecuador, que dejó 44 fallecidos. Hasta hoy, al menos 384 presos han sido masacrados, pero no hay un responsable directo por sus muertes. Las imágenes son impactantes. Los cuerpos de las personas asesinadas fueron mutilados y apilados en una zona. En un video se ve que un preso grita “Esto es por el Comandante J”, mientras dispara a un cadáver con un arma de fuego. 

El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) junto al personal de la Policía Nacional también informaron el 19 de julio que decomisaron armas de fuego, municiones, armas blancas y celulares. Sin embargo, ninguna autoridad ha respondido por el ingreso de arsenal de armas a la prisión, prohibido en las cárceles. 

Hubo, además, siete personas fugadas a través de huecos hechos en las paradas, que aún no han sido recapturadas.

Según el SNAI, se ha concretado el traslado de al menos 17 personas, una de ellas de alta peligrosidad que ya está en un centro de máxima seguridad, como una de las primeras acciones urgentes. El director del centro penitenciario también fue separado de su cargo.

¿ Qué más sabemos?

GK recogió dos testimonios —de una familiar que recibió mensajes de un interno y de una persona presa—. Ambos coinciden en que el conflicto habría comenzado antes de las tres de la tarde, pero que los rumores habían iniciado días anteriores. “Mi familiar nos comentó hace al menos cinco días que algo iba a pasar, que hay bandas que quieren tomar ese liderazgo. Con la masacre que hubo antes [en mayo] nadie se quedó tranquilo. Más bien siempre tienen miedo de que algo pase”, relata la familiar. 

Según sus relatos que coinciden, la violencia comenzó en el pabellón de mínima seguridad, en una zona a la que llaman “La Bomba”, cercana a aquella por la que ingresan las visitas. Son varios miembros de la banda R7, que antes era aliada de la organización narcodelictiva Los Lobos, quienes habitan en ese pabellón, de acuerdo con fuentes carcelarias. 

Armados con cuchillos, un grupo de miembros de R7 atacó a otros —aún no se conoce a qué banda delictiva pertenecían las personas atacadas. Las autoridades tampoco lo saben aún, pese a que en las cárceles opera la Unidad de Inteligencia Penitenciaria. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo, pasadas las siete de la noche, que el ataque fue contra una banda reciente liderada por Alias Goyo, sobre quien pesaban varios procesos penales, incluido asesinato. Él fue uno de los presos asesinados en esta masacre. 

GK también conoció que presos de la zona de mediana seguridad fueron a la de máxima, de acuerdo con sus relatos, “y dañaron los candados para que sus compañeros pudieran salir para que no sean atacados”, dice uno de ellos.  

Los presos de la zona de mediana seguridad fueron a la de máxima, de acuerdo con sus relatos, “y dañaron los candados para que sus compañeros pudieran salir”, dice uno de ellos.  

Hasta las cinco de la tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no ha confirmado la cifra de fallecidos. Ninguna autoridad se ha pronunciado tampoco sobre la violencia en la prisión de Santo Domingo, donde el hacinamiento asciende a casi el 80% en las celdas. Lo que reconoció el SNAI, en un corto tuit, es que en la prisión hubo una “riña” y que miembros de la policía, militares y personal del Ministerio de Salud llegaron a la zona.  

Hay decenas de familiares en las inmediaciones de la cárcel, en cuyo exterior hay pequeños restaurantes en los que los familiares suelen comer durante los horarios de visitas. Además, hay ambulancias, vehículos policiales y de las Fuerzas Armadas que siguen entrando y saliendo del recinto carcelario. 

El Comité de Familiares para Justicia en las Cárceles —conformado en abril de 2022 por familias que perdieron a sus seres queridos en las masacres carcelarias— exige a las autoridades “la inmediata contención a la violencia” en Santo Domingo. Y reiteran, además, que “las familias tienen el derecho a información oportuna y real sobre la situación de sus familiares”.

#JusticiaEnCárceles
Exigimos inmediata contención a la violencia que se desarrolla en la cárcel de Santo Domingo.

Las familias tienen el derecho a información oportuna y real sobre la situación de sus familiares.#SinDignidadNoHayPaz

— Comité de Familiares por Justicia en Cárceles (@JusticiCarcelEc) July 18, 2022

Las masacres continúan sin políticas efectivas 

En Ecuador, más de 400 personas privadas de la libertad han sido asesinadas entre 2021 y lo que va de 2022—esta cifra incluye a las víctimas de las masacres carcelarias y otros asesinatos que no han sido ampliamente reportados. Sin embargo, la crisis en las prisiones está lejos de ver un final, según el antropólogo Jorge Núñez y la ex directora de rehabilitación social Alexandra Zumárraga. Ambos la califican como “estructural” y señalan al principal error del gobierno mantener a la Policía como institución que “gestiona a las cárceles”. 

En febrero se presentó una nueva política de rehabilitación social, cuando la ex secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, todavía estaba en el  cargo, pero la situación al interior de las cárceles no ha tenido cambios radicales. 

Tampoco se han anunciado nuevas acciones luego de los informes de la Asamblea Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Pacificación Penitenciaria revelaron el sistema de privilegios que se vive en las cárceles ecuatorianas, controladas por líderes delictivos.