Personas presas, agentes de seguridad penitenciaria, organizaciones de derechos humanos y académicos han cuestionado, más de una vez, la presunta corrupción estructural que ha impedido que una política de rehabilitación efectiva encuentre rumbo en las 37 cárceles y 10 centros para adolescentes infractores en Ecuador. Mientras el gobierno del presidente Guillermo Lasso continúa señalando a la “disputa entre bandas narco delictivas”, hasta el momento, no se han anunciado medidas para combatir la corrupción interna.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya delegación visitó las prisiones ecuatorianas en diciembre de 2021, también denunció a la corrupción como uno de los generadores de violencia en su informe presentado en marzo de este año.

Estos son algunos de los puntos principales del informe sobre la corrupción interna que menciona el informe:

Aunque la delegación de la CIDH no ingresó a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país, donde ocurrieron las cuatro masacres documentadas en 2021, sí entró a la cárcel regional que está ubicada en el mismo complejo penitenciario de la ciudad. En esa prisión, cumplen sus condenas varios líderes delictivos. 

Entre ellos, resaltan dos nombres: Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Roldán Paredes, alias JR. Ellos fueron, hasta el 2020, los hombres de confianza de Jorge Luis Zambrano, alias JL o alias Rasquiña, quien centralizó el liderazgo de Los Choneros —organización narcodelictiva dedicada al narcotráfico, el sicariato y la extorsión— hasta que fue asesinado en diciembre de ese 2020, en una cafetería en Manabí. 

Desde su asesinato, que fuentes carcelarias han atribuido a sus ex hombres de confianza: alias Fito y alias JR, los líderes buscan, nuevamente, hacerse con el poder que alias JL dejó y han formado dos subcélulas: Los Fatales y Los Águilas, involucradas en las masacres carcelarias del 2021.

Durante su visita, la CIDH entrevistó a alias Fito y JR. En su informe, el organismo internacional reconoce el “control interno” en el complejo penitenciario de Guayaquil y reportó que, de acuerdo a su vestimenta, variada y en mejor estado, los “líderes cuentan con un trato diferenciado y preferente por las autoridades” en contraposición a otras personas presas. 

Los líderes delictivos, además, confirmaron a la CIDH que, desde la muerte de alias JL, hubo una ruptura del control hegemónico de Los Choneros, la banda delictiva que nació en Manabí y que se ha extendido en la región Costa. La CIDH conoció, además, que hay una disputa en las calles y en las cárceles liderada por las bandas motivada por los beneficios generados por la economía ilegal que existe: el tráfico de drogas. Ese conflicto se suma al abandono estatal y “a la falta de control a lo interno” de las prisiones y las condiciones indignas en las que vive la población penitenciaria, en su mayoría joven y pobre, dice en su informe la CIDH.  

Ingreso de armas 

En su informe, la CIDH observó que “tanto las drogas y las armas siguen ingresando a los centros penitenciarios a pesar del control perimetral del Estado”. Entre ellas están armas de largo alcance, fusiles, cuchillos, planchas domésticas,  entre otros. Pero en las cárceles hay aún más objetos, incluso, durante 2021, se conoció que los presos habían construido una piscina en uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral. 

En noviembre de 2021, GK publicó una entrevista con un agente de seguridad de esa cárcel en la que admitió que el ingreso de objetos prohibidos, un delito sancionado con una condena de entre 1 y 3 años de prisión, se hace “con la complicidad directa de funcionarios públicos”. “El director lo sabe, todos lo saben”, dijo. También hay policías procesados. La Policía Nacional dijo a GK que seis funcionarios policiales han sido procesados por ese delito desde 2017 hasta 2021. 

Otros indicios de corrupción

Para la CIDH, el debilitamiento de la institucionalidad para gestionar las cárceles en Ecuador tiene varias causas. Entre ellas está la precarización de recursos humanos y materiales, recorte de gasto público para las prisiones, pero, sobre todo, “a la expansión del fenómeno de la corrupción a todos los niveles”. 

De acuerdo con la información recabada por el organismo, y que ha sido denunciada en varias investigaciones periodísticas, las personas privadas de la libertad eran clasificadas en función de cuánto dinero pagaban a quién controla la cárcel, en “administraciones anteriores”. Sin embargo, es un problema aún latente, corroborada por los testimonios de personas presas y las familias que deben sostener la vida de sus seres queridos, dice la CIDH, además del pago de cuotas extorsivas a través de transferencias y depósitos en cuentas bancarias. 

La CIDH identificó, además, que la corrupción es tangible a través del economato, que es un servicio estatal que proveé de artículos de primera necesidad a las personas presas, siempre que sus familias depositen dinero. Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil reportaron, según el organismo, ese sistema “habría creado un mercado con prácticas corruptas”, aunque no especificó cuáles.