La Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión de Soberanía sobre la crisis carcelaria. El informe de la Comisión tiene más de 70 recomendaciones para combatir la inseguridad penitenciaria, sobre las responsabilidades del Estado, las políticas públicas, entre otras. El Legislativo lo aprobó la tarde de ayer, 17 de noviembre de 2021, con 131 votos a favor de los 137 asambleístas presentes. 

La crisis carcelaria se ha intensificado en los últimos meses. La violencia llegó a su pico más alto el 28 de septiembre cuando 119 personas murieron en la Penitenciaría del Litoral en lo que fue la peor masacre del sistema penitenciario ecuatoriano. El evento más reciente fue una masacre del 12 y el 13 de noviembre en la que murieron 62 personas en enfrentamientos entre pabellones liderados por bandas delictivas que operan dentro de esa misma cárcel.

Desde finales de septiembre, el sistema penitenciario está en estado de excepción, pero la violencia no se ha detenido. En 2021 se han confirmado más de 320 muertes violentas en las cárceles del país, que equivale a 6 veces las muertes violentas que hubo en las cárceles en 2020.

¿Cómo se hizo el informe? 

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y ponente del informe, dijo que para hacer el documento participaron varias organizaciones de la sociedad civil, familiares de los presos y representantes de los agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria. Además, Narváez dijo que colaboraron expertos nacionales e internacionales. 

La Comisión también llamó a comparecer a varias autoridades involucradas en el control de los centros penitenciarios. Incluyendo a Tannya Varela, comandante de la Policía Nacional; Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos; y a Bolívar Garzón, entonces director del Servicio Nacional Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).  

Además, Narváez dijo que como parte de la investigación, los miembros de la Comisión visitaron las cárceles en las provincias de Guayas, Cotopaxi, Pichincha, Azuay y Chimborazo. Con eso comprobaron que más del 43% de la población de las cárceles ecuatorianas vive en hacinamiento. 

También, dijo Narváez, vieron que la infraestructura, los servicios y las condiciones de vida “no cumplen estándares internacionales” y que no hay una clasificación interna de los presos. El informe dice que los presos tienen “deficientes condiciones” en acceso a servicios básicos, insuficiente acceso a salud física y mental, entre otras. 

¿Qué dice el informe?

El informe recomienda que el Estado tome “como punto de partida el presente informe elaborado por la Comisión de Soberanía y establecer un gran acuerdo estatal por la rehabilitación social. El objetivo de ese acuerdo, dice el documento, es que se plantee “de manera coordinada y articulada” una política estatal para atender la crisis. 

Eso ya se comenzó a hacer. El 15 de noviembre, el gobierno anunció un Acuerdo Nacional por la crisis penitenciaria en el que estarán involucradas las cinco funciones del Estado. Según el acuerdo, comenzarán con “un proceso de pacificación a través del diálogo”. El Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado enviarán un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional. 

Además, el informe recomienda a los asambleístas “evaluar la pertinencia” de comenzar un juicio político a las autoridades a las que se refiere el informe. Sin embargo, no se especifica a las autoridades que podrían ser enjuiciadas políticamente por la crisis carcelaria. 

También dice que la Contraloría General del Estado debería hacer una auditoría de la gestión de las autoridades. Otra de las recomendaciones es que la Contraloría haga un examen especial de los procesos de contratación de varias instituciones en los estados de excepción por la crisis carcelaria desde 2016. 

El documento aprobado ayer por el pleno también recomienda que el gobierno haga un censo penitenciario para: 

• Tener las estadísticas nacionales del sistema penitenciario. 
• Identificar los datos generales de los presos incluyendo información demográfica, condición socioeconómica, situación familiar, grado de peligrosidad, entre otras. 
• Tener la información necesaria para definir políticas públicas y aplicar normas de separación. 

El gobierno ya está trabajando en un censo penitenciario. El 11 de noviembre, en una sesión extraordinaria del directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación se aprobó la metodología y el cronograma de este proceso. El 12 de noviembre, el SNAI le dijo a GK que el objetivo del censo es “conocer las condiciones de vida y características de las personas privadas de libertad”. Además, hoy en una entrevista con GK, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, dijo que “el censo penitenciario nos va a permitir hacer una verdadera separación de acuerdo a la peligrosidad” que actualmente no existe.

En la entrevista, Ordóñez dijo que para intervenir es necesario recuperar la seguridad y el control dentro de las cárceles. El censo, dijo, costará 200 mil dólares y serán necesarias 260 personas. Una vez que comience, dijo, durará 15 días. Ordóñez aseguró que “entraremos a intervenir cuando las condiciones de seguridad mejoren. 

El SNAI dijo que “hasta el momento se ha trabajado una hoja de ruta” y que se estaban sistematizando las actividades que se harán como el protocolo de seguridad, capacitación al personal que lo hará, el levantamiento de la información, una prueba piloto, entre otros. 

El resto de las recomendaciones del informe de la Comisión de Soberanía incluyen actividades para conmemorar a las personas presas que han muerto en las masacres, pedirle al gobierno que procese indultos. Además, dice que va a evaluar el desempeño de los jueces, que el gobierno pida apoyo a organismos internacionales, entre otras.