Durante meses, fue como ver a alguien que se aferra a una cornisa, intentando con todas sus fuerzas no caer. Pero la noche del martes 31 de mayo de 2022, Guadalupe Llori cayó: fue destituida como Presidenta de la Asamblea Nacional. 81 asambleístas votaron para que dejara el cargo. Nadie se abstuvo, nadie se opuso. Pero resulta difícil creer que su salida, poco después de un año en el cargo, va a solucionar la ineficiencia de la Asamblea Nacional.
Son esos 137 legisladores los que conforman la institución que debe legislar y fiscalizar. Esa institución que parece sorda y ciega ante la realidad del país, parece estar más ocupada en sus pugnas internas que en crear marcos jurídicos capaces de contribuir a reducir la inseguridad, mejorar el derecho al acceso a la salud, generar una reforma laboral para fomentar economías que reduzcan brechas.
Virgilio Saquicela es posesionado como Presidente de la Asamblea, tras la destitución de Guadalupe Llori. Image cortesía de la Asamblea Nacional.
Llori tuvo que dejar el cargo que alcanzó con el apoyo de CREO, Pachakutik y la Izquierda Democrática. Era el producto del quiebre de un efímero acuerdo —entre el correísmo, representado por UNES, CREO y el Partido Socialcristiano (PSC)— que debía llevar al socialcristiano Henry Kronfle a la silla presidencial del Legislativo. Cuando el acuerdo se deshizo, Llori, de Pachakutik, fue durante unos pocos días la figura del consenso legislativo. Luego se quebró.
Llori, que hizo su carrera política en la provincia amazónica de Orellana, ganó notoriedad todo el país en 2007, cuando, siendo prefecta de esa provincia, fue detenida tras ser acusada de terrorismo y sabotaje.
El gobierno de Rafael Correa la señaló como enemiga política del régimen y su imagen se convirtió en una figura de resistencia en la Amazonía. Por eso, su nombramiento como Presidenta de la Asamblea —irónicamente fue Pierina Correa quien tuvo que posesionarla— parecía representar el fin de una era y el inicio de otra mejor.
Pero pasar de la gestión provincial y la resistencia a dirigir la Asamblea fue un salto demasiado grande para Llori. De a poco fue perdiendo apoyos. Quedó claro que su elección fue un acuerdo coyuntural, sobre todo, entre dos organizaciones ideológicamente opuestas: CREO y Pachakutik.
Al interior de Pachakutik, su partido, fue cuestionada por la falta de liderazgo. No solo no fue capaz de aglutinar ni a sus coidearios; sino que se convirtió en la manzana de la discordia. Mientras algunos de sus compañeros la respaldaron hasta el final, otros la señalan incluso por, aducen, haber sacrificado los postulados de Pachakutik en favor de los intereses del gobierno.
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La oposición —UNES y PSC, los que debieron participar en el acuerdo pero fueron excluidos— aprovechó la ocasión para pescar a río revuelto e intentar recuperar el control que se les negó en mayo de 2021.
Llori fue destituida como Presidenta de la Asamblea con apoyo del correísmo, el PSC, una facción de la Izquierda Democrática y los llamados «rebeldes» de Pachakutik. Imagen de la Asamblea Nacional.
La pugna entre las fuerzas políticas le costó caro al país. Desde febrero, —cuando fue el primer intento por conformar una comisión para evaluar la gestión de Llori— hasta la noche del 31 de mayo, la Asamblea ha, prácticamente, paralizado su trabajo.
Según el Observatorio Legislativo, de los 219 proyectos de ley que se han enviado a la Asamblea Nacional en este período, 111 se hallan en las comisiones, esperando que se hagan los informes para primer debate. Apenas se han aprobado 14 leyes o reformas, 13 de las cuales fueron presentadas en el período legislativo pasado.
Entre el 14 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2022, 4 de cada 10 votaciones en el pleno han sido para aprobar acuerdos y resoluciones que en la práctica no sirven para nada.
Resoluciones como la que declara el 26 de enero de cada año como “Día de la Dignidad Nacional” o la que “conmina al Presidente de la República trabajar conjuntamente con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la crisis carcelaria del SNAI” o la que ue declara el 15 de noviembre como el «Día Histórico de la Lucha Obrera del Ecuador». A eso le dedican tiempo los asambleístas.
Otros tampoco parecen considerar importante asistir al pleno. Hay asambleístas como Eduardo Mendoza (BAN), Luis Almeida (PSC), la misma Guadalupe Llori (Pachakutik), Bruno Segovia (PAchakutik) y Soledad Diab (PSC) que tienen entre 39 y 32 faltas. Eso significa que se han ausentado entre el 13% y el 15% de las sesiones.
En transparencia, la Asamblea también queda debiendo. El Observatorio Legislativo reporta que de 6 pedidos de información que hizo, apenas tuvo respuesta en uno. La Asamblea omitió responder sobre los asambleístas suplentes que han sido contratados en la Asamblea, el registro de retrasos al pleno, las copias de las declaraciones de conflicto de interés de los asambleístas, entre otros.
¿Cómo pretende fiscalizar un órgano que no permite que la sociedad civil lo fiscalice? Suena, por lo menos, disonante.
Tampoco suena muy legítimo la fiscalización por conveniencia. Ferdinan Álvarez de UNES solicitó juicio político en contra del procurador general Íñigo Salvador en octubre de 2021. Después, el mismo Álvarez lo retiró —con el objetivo de que se trate primero el juicio político en contra de cuatro vocales —que conforman la mayoría— del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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La pugna por el control de la Presidencia de la Asamblea finalmente parece haber terminado pero las deudas que tiene la Asamblea con los ciudadanos están intactas.
En la vida real, lo que esperan los mandantes es soluciones a sus problemas cotidianos y la creación de leyes es una forma de hacerlo.
No se puede desconocer las deudas que dejó Llori. Tampoco se puede desconocer el oportunismo político que se lee en los esfuerzos desmesurados que hacen las organizaciones políticas para controlar el poder. En los tres años que le queda a esta Asamblea, lo menos que podrían hacer los asambleístas es poner el mismo que han puesto en disputarse el poder en legislar para sus mandantes.
