Hay un pedido de juicio político contra el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. El asambleísta Ferdinan Álvarez, en representación del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), la tarde de ayer, 4 de octubre, presentó una solicitud de juicio político contra Salvador por supuesto incumplimiento de funciones en el desempeño del cargo.
Al presentar la solicitud, Álvarez dijo que el pedido lo realizan por dos demandas presentadas en contra del Estado ecuatoriano por multas que debe pagar el Estado a empresas internacionales, entre esas a la empresa petrolera Perenco. Según un comunicado de la Asamblea Nacional, Álvarez dijo que eso ha “repercutido negativamente en la disponibilidad de recursos que pudieron servir para construir escuelas, hospitales y generar empleo”. El asambleísta también dijo que el procurador Íñigo Salvador remitió cartas al ex presidente Lenín Moreno para pagar anticipadamente la deuda externa “en lugar de atender a miles de familias cuyos miembros morían por causa del covid-19”.
Álvarez aseguró que hay “un estudio técnico” que muestra el incumplimiento de funciones del procurador. Otra de las razones para el pedido del juicio político, según Álvarez es que el procurador “utiliza su cargo para presionar en un concurso de méritos y oposición para designar a una autoridad de su interés”, pero no dio detalles a qué se refería.
¿Por qué Ecuador debe pagar una multa a Perenco?
El 1 de junio de 2021, la Procuraduría General del Estado dijo que el Ecuador deberá pagar más de 374 millones de dólares a la petrolera Perenco, según la decisión del Comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) porque el decreto ejecutivo 662 —del 4 de octubre de 2007— violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de Perenco.
Este decreto, emitido en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, modificó el porcentaje de las ganancias extraordinarias que las empresas petroleras debían revertir al Estado por el incremento del precio del crudo. Con el decreto pasó de 50 a 99%. Es decir que, en lugar de entregarle al estado el 50% de las ganancias extraordinarias, pasaron a tener que darle el 99%.
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¿Quién es Íñigo Salvador?
Íñigo Francisco Salvador Crespo es un abogado de 60 años que fue nombrado como Procurador General del Estado el 23 de julio de 2018 por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). Según la Constitución, el CPCCS debe nombrar al procurador de acuerdo a una terna enviada por el Presidente de la República.
Según su hoja de vida es doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Tiene un título de posgrado de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra en Suiza. Antes de ser posesionado como procurador fue Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE.
¿Qué hace un procurador general del Estado?
La Constitución dice que el procurador tiene las funciones de:
- La representación judicial del Estado.
- El patrocinio del Estado y de sus instituciones.
- El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público, cuando la ley no especifique.
- Controlar según la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público.
