Al medio día de hoy, 8 de abril, la Policía allanó las oficinas del Centro de Autonomía Digital, organización no gubernamental, que dirige el programador sueco Ola Bini. El allanamiento se hizo como parte de una instrucción fiscal por el delito de fraude procesal, ordenada por la Fiscalía.

En un hilo de Twitter, la Fiscalía confirmó que esta acción se realizó para recabar indicios porque “determinó que esta organización habría pagado por una pericia —para otro caso que lleva la institución—”.

Sin embargo, la Fiscalía no ha dado más detalles.

Carlos Soria, abogado defensor de Ola Bini, dijo hoy a medios de comunicación que en 2020 comenzó una persecución en contra del programador sueco y que continúa hasta hoy. Esto, dice, se ve reflejado en la  orden que hoy dio la Fiscalía de allanar las oficinas del Centro de Autonomía Digital sin una orden judicial. 

Además, el abogado aseguró que el allanamiento es parte de otra investigación no relacionada al caso Ola Bini —en la que el programador fue investigado por supuestas actividades ilícitas relacionadas a Wikileaks—

Soria aseguró que cuando pidió a la policía la orden judicial que legitima el allanamiento, “me entregan una supuesta orden sin firma de un juez de garantías penales».  El abogado defensor también aseguró que cuando se dio cuenta que esa supuesta orden judicial no tenía una orden de incautación “para llevarse absolutamente nada [los agentes de la policía] tuvieron  que  hacer un alcance”, para pedir que se les autorice realizar una incautación. 

“Es decir comenzaron sin orden judicial, incautaron y levantaron cosas sin tener la orden”, dijo Soria.

A las 3:32 de la tarde, la Fiscalía dijo en un mensaje de Twitter que en la diligencia, se incautaron 12 computadoras, un teléfono celular, un equipo DVR (que contiene los videos de seguridad de las oficinas).

El caso de Ola Bini

Bini fue detenido en Ecuador en abril de 2019 por presuntas actividades ilícitas relacionadas a Wikileaks, la organización de filtraciones fundada por Julian Assange. Bini fue detenido horas después de que Assange fuera entregado a las autoridades británicas por Ecuador. La entonces ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que Bini había visitado la embajada de Ecuador en Londres, donde estaba Assange, al menos 12 veces.

Soria ha dicho que su cliente nunca  ha negado la amistad de Ola Bini con Assange. “Si eso es un delito, entonces la Fiscalía está loca”, dijo. 

Un día antes de la detención de Bini, el 11 de abril de 2019, miembros de la Policía Metropolitana londinense arrestaron a Assange en la embajada de Ecuador en Londres, capital del Reino Unido, donde vivía desde 2012  huyendo de la posibilidad de ser delegado a Suecia donde había sido acusado por presuntos delitos sexuales. La detención de Assange se dio después de que el gobierno de Moreno decidió dar por terminado su asilo político. 

El día después de la detención de Assange, Bini fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, antes de tomar un vuelo hacia Japón. Un comunicado de la Fiscalía de esa época dice que Bini fue detenido con fines investigativos. La entonces ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que Ola Bini habría visitado la embajada de Ecuador en Londres al menos en doce ocasiones. 

Ola Bini le dijo a GK en una entrevista en 2019 que las personas que lo detuvieron en el aeropuerto no se identificaron formalmente como policías y, por varias ocasiones le negaron llamar a sus abogados, un derecho constitucional de todo detenido. 

Tampoco tuvo la asistencia de un traductor para que le lea sus derechos en su lengua madre, otra garantía constitucional, y pudiera entender qué cargos enfrentaba. Esos son algunos de los derechos de Bini que se violaron, según su defensa. 

El mismo 12 de abril, Bini presentó una denuncia por las irregularidades en su detención.

Después de apresar a Bini, la Fiscalía allanó su casa en Quito. La Policía dijo que encontró “material confiscado como incriminatorio”. Hallaron computadoras, celulares, memorias y libros relacionados con hackeo electrónico, según la Fiscalía. El material confiscado contenía información personal y laboral de Bini. Su defensa ha dicho que son todas herramientas propias de expertos en seguridad informática, y que lejos de ser un agente pernicioso, Bini se dedica a dar seguridad contra “actores de mala fe digital”.

El 13 de abril de 2019, un juez ordenó prisión preventiva contra Ola Bini. La medida se mantuvo hasta el 20 de junio de 2019. Ese día Bini salió en libertad después de que un Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha aceptara su solicitud de hábeas corpus, una acción constitucional que permite poner fin a detenciones ilegítimas o arbitrarias.  

Originalmente, Bini fue acusado por el presunto delito de ataque a sistemas informáticos. Sin embargo, en agosto de 2019 la Fiscalía pidió que se reformulen los cargos para que sea investigado por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Según la Fiscalía, “surgieron nuevos elementos de convicción que hacen variar la calificación jurídica”.

Las dilaciones en el juicio contra Ola Bini

El proceso judicial contra Bini se ha dilatado en múltiples ocasiones. 

La audiencia preparatoria de juicio fue instalada el 16 de diciembre de 2020, a pocos meses de que se cumpla el segundo aniversario de su detención. Sin embargo, el proceso se detuvo nuevamente y recién el 29 de junio de 2021, Bini fue llamado a juicio. 

En septiembre de 2021, se fijó el 21 y 22 de octubre para la audiencia de juicio del caso. Pero un día antes de que se instale fue diferida. Finalmente, en enero de 2022, después de meses de espera, la audiencia de juicio contra Ola Bini se instaló.