La Fiscalía pidió reformular los cargos contra el experto en sistemas informáticos, Ola Bini.  La jueza Yadira Proaño aceptó el pedido y ratificó las medidas cautelares dictadas en contra de Bini que mantendrá la prohibición de salida del país y la obligatoriedad de presentarse cada ocho días ante el fiscal que lleva la causa.

En primera instancia Bini fue acusado por el presunto delito de ataque a sistemas informáticos. Ahora es investigado por el delito de de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. En un boletín de prensa, la Fiscalía dijo que “surgieron nuevos elementos de convicción que hacen variar la calificación jurídica”. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena para este delito es de tres a cinco años de cárcel.

El jueves 29 de agosto de 2019, durante la audiencia de reformulación de cargos en contra Ola Bini fueron presentados nuevos elementos de convicción. Entre ellos están informes que determinan que Bini accedió a una red privada de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que tenía relación con la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y Petroecuador. En respuesta a la reformulación de cargos, el abogado de Bini, Carlos Soria, dijo que se trataba de una «persecución política e irracional del gobierno ecuatoriano».

El 26 de agosto de 2019, Amnistía Internacional dijo haber identificado “violaciones de derechos humanos e interferencia indebida del Gobierno” en el proceso penal que enfrenta Ola Bini.