Esta investigación fue financiada con 


Fue una victoria corporativa. El 8 de julio de 2021, el juez Byron Andrés Vallejo Naranjo declaró culpable al Estado ecuatoriano de haber vulnerado los derechos de la compañía minera Hanrine. La razón: no controlar la resistencia de los habitantes de La Merced de Buenos Aires que se oponían a la presencia de la empresa ecuatoriana de capitales del gigante australiano de la minera Hancock Prospecting Pty Ltd. 

Hanrine fue fundada en 2017. Pretende desarrollar su megaproyecto minero en la tierra de la Buenos Aires, donde ha recibido del Estado 23.182 hectáreas divididas en seis concesiones por un plazo de 25 años. Pero la gente de Buenos Aires se opone. El fallo de Vallejo Naranjo desbandaba la resistencia de los comuneros y daba vía libre para, después de meses de enfrentamientos, la compañía pudiera entrar a tierra bonarense. Para este reportaje, le hice un pedido de entrevistas con 14 preguntas. Siempre declinaron contestarlas. 

La sentencia ordenaba a la Policía Nacional que, en 8 días, “tome las medidas necesarias” para que los derechos a la libertad de tránsito, a ejercer actividades económicas, a la seguridad jurídica y el derecho al trabajo de Hanrine fueran reparados. El Estado, decía el fallo, podía hacer “uso progresivo de la fuerza, de ser indispensable”. Y así lo hizo. 

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El martes 3 de agosto, a las tres de la madrugada, alrededor de 900 policías llegaron a Buenos Aires para custodiar el ingreso de la compañía y desarticular a los pobladores que durante tres meses y medio habían impedido el paso de trabajadores y maquinaria. Era el triunfo sobre una resistencia que —meses antes, había dicho el gerente de Hanrine, Carlos Miguel De Miguel III— era de un reducido grupo de personas que no pasan de 50 personas, conformado por antimineros.

llegaron militares a Buenos Aires

El 23 de abril 2021 llegaron militares a Buenos Aires a disuadir la resistencia con el justificativo del Estado de Excepción. No lograron su objetivo. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Dos semanas después del operativo, Rodrigo Solano, un profesor jubilado de aspecto robusto pero pequeño, me dijo que ese “reducido grupo de personas” eran, en realidad, dos mil personas. Sentado junto a una fogata, me dijo que “la resistencia” son trece comunidades que conforman Buenos Aires, una parroquia rural de difícil acceso, en los páramos boscosos del noroccidente de Urcuquí, en la provincia de Imbabura.

resistencia de Buenos Aires

Los pobladores de Buenos Aires acamparon durante más de tres meses como parte de la resistencia. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

En sólo cuatro años, luego de décadas de vivir en el olvido, los pobladores de esta parroquia han sufrido invasiones, masacres, represión policial y decenas de procesos judiciales. Todos —todo— por la minería. 

De ser un punto poco conocido en el país, pasó a ser protagonista de periódicos locales e internacionales. Algunos reportajes los tacharon de mineros ilegales, otros de terroristas, otros de oportunistas.

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La última noticia sobre este pueblo fue que la victoria corporativa de Hanrine tenía endebles fundamentos legales y éticos. El Consejo de la Judicatura resolvió que el juez Vallejo Naranjo habría cometido graves irregularidades al dictar la acción de protección.

Es un capítulo más a la saga de cuatro años de denuncias, persecuciones entre una parroquia de 2000 personas y una empresa que ha planeado invertir, apenas como inversión inicial en la fase de exploración, 234 millones de dólares en su proyecto en Buenos Aires, un pueblo que desde finales de 2017, dejó de ser un recodo agricultor y ganadero para convertirse en el centro de la voracidad minera de una empresa y el Estado —pero también de mineros ilegales. 

La llegada de Hanrine

El domingo 18 de abril de 2021 fue un domingo distinto. Los habitantes de Buenos Aires no jugaban voley en la cancha central como todas las semanas, sino que estaban recolectando firmas para impulsar una consulta popular sobre minería metálica. El ambiente era alegre porque mientras avanzaba el día, las hojas de firmas se acumulaban. 

mujeres preparando alimentos

Mujeres voluntarias preparando los alimentos para los pobladores parte de la resistencia. Fotografía de Amaru Luxumbría para GK.

Pero la alegría duró poco. Esa noche llegó un rumor al pueblo: Hanrine intentaría entrar a Buenos Aires. “A las once de la noche nos confirmaron y al día siguiente, a las seis de la mañana, la policía y el ejército se instalaron en las calles del pueblo porque algo iba a pasar”, recuerda Franklin Romero, agricultor y ganadero de Buenos Aires.

Un día después, decenas de camiones, camionetas, maquinaria y alrededor de 200 trabajadores de la empresa Hanrine llegaron para empezar la exploración inicial en una concesión llamada IMBA 1, que abarca 3.891 hectáreas. 

Pero la empresa no pudo pasar: se encontró con una barrera humana en la entrada del pueblo. 

“Nuestra estrategia fue sencilla: les dijimos a los policías que nosotros no nos oponíamos al proyecto minero”, dice Franklin Romero. “Es más, [les dijimos] que les íbamos a dejar pasar y nosotros mismos nos encargábamos de guiarles, siempre y cuando nos entreguen la documentación en regla”, continúa Romero, quien junto a sus vecinas y vecinos solicitaron a la Junta Parroquial de Buenos Aires, y a la Policía Nacional, exigir la documentación que respalde la legalidad de la empresa. 

Unidad del Mantenimiento del Orden

La presencia de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la policía fue permanente y se encuentra en la parroquia hasta hoy. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Alexandra Benavidez, presidenta de la junta parroquial de Buenos Aires, atendió el pedido de los pobladores. “Cuando nos acercamos, nos dijeron que lo único que querían era ingresar a su campamento con su gente y sus equipos; pero cuando solicitamos los papeles no supieron darnos”, afirma Benavidez. “Nos dijeron ‘ya viene el abogado de la empresa’, que ya viene a las doce con todos los permisos legales, que ya viene a las cinco, pero yo creo que se perdió en el camino porque hasta el sol de hoy no llega el abogado y como nunca llegó nos tocó quedarnos frente a frente con los mineros”, dice Franklin Romero, quien acompañó a la presidenta de la junta a pedir la información.

El día terminó sin que los representantes de la empresa entregaran los documentos. Pedí una entrevista a Hanrine pero hasta el cierre de este reportaje, su respuesta fue la misma: no aceptaría la entrevista que “muy gentilmente había solicitado”.

Pero en todo ese alboroto, la recolección de firmas para pedir la consulta popular que comenzó ese domingo poco habitual en Buenos Aires, se frenó. Romero dice que ellos aún tienen ese listado.

Tres meses de bloqueos

Desde el 19 de abril de 2021, cuando no dejaron entrar a Hanrine, la vida en el pueblo se transformó. 

zona de resistencia

Clarita salía cada mañana a la zona de resistencia para cuidar el agua que usa para “beber, comer, cuidar a los animales y la agricultura”. Fotografía de
Amaru Luxumbría para GK.

Se cavaron dos trincheras al ingreso de Buenos Aires. A un lado de la vía de ingreso, se apostaron los trabajadores y los vehículos de la empresa. Del otro lado, a tan sólo veinte metros, se instalaron los pobladores, esperando que la empresa se retirara. 

Lo único que los separaba era un pequeño grupo de policías comunitarios. “Hanrine, en una actitud no muy comprensible, empezó a poner vehículos y personas frente a la gente que estaba en resistencia en Buenos Aires como para decir si ustedes están presentes nosotros también vamos a estar presentes”, dice Tyrone Vega, alcalde de Urcuquí, el cantón donde está la parroquia de Buenos Aires.

Los trabajadores de la empresa instalaron campamentos provisionales y adecuaron sus vehículos como viviendas. Al principio fueron 6 camiones, 15 camionetas y 1 retroexcavadora, que ocuparon la calle San Francisco, al ingreso del pueblo. Pero en el transcurso de los días fueron llegando más que se estacionaban uno detrás de otro, en una fila que crecía al igual que la tensión.  

camiones en Buenos Aires

Maquinaria, camionetas y camiones que se mantuvieron apostados en la vía pública por tres meses y medio. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Lucía Chicaiza, de 27 años, dice que vivir en esa calle fue duro. Su casa es la primera al llegar a Buenos Aires. “Nosotros no podíamos ni sacar las motos con las que vamos al trabajo”, dice Chicaiza, que se dedica a la crianza de animales de campo como conejos, cuyes y gallinas.

Conforme pasaron los días, Chicaiza dice que la insalubridad por la masiva presencia de trabajadores, los desperdicios de la comida, y la inexistencia de servicios higiénicos le dieron fuerza para enfrentarlos. “Ya no se podía transitar por ahí. Se emborrachaban y como no tenían baños, en las noches se orinaban en mi casa y al día siguiente el olor era muy desagradable”, dice. La Defensoría del Pueblo de Imbabura emitió una alerta y conminó a las autoridades a realizar una mesa de diálogo entre la comunidad y las instituciones para evitar “que la situación genere violencia”. 

La reunión fue el 22 de abril. Ese día, cruzando cientos de kilómetros y alterando sus agendas habituales, llegaron a Buenos Aires técnicos y representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía. 

Con ellos también llegó Gabriela Jaramillo, entonces gobernadora de Imbabura, y el alcalde Vega. Los funcionarios públicos pidieron que la reunión fuese privada, por motivos de seguridad sanitaria por la pandemia del covid-19. 

Pero los pobladores rechazaron la propuesta e improvisaron una tarima —cerca de donde acampaban— para que todos pudieran participar, y al mismo tiempo, continuar con la vigilia.“Ese día creímos que las autoridades venían a ayudarnos, pero no fue así”, recuerda Armando Ortega, de San Vicente, uno de los sectores rurales de Buenos Aires. 

mesa de diálogo

Visita de los representantes del gobierno a la mesa de diálogo del 22 de abril de 2021. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Los técnicos dijeron que la empresa minera Hanrine tiene concesiones legales. También explicaron que la avanzada tecnología de la empresa impediría afectaciones al medioambiente. “Luego la gobernadora dijo que a nosotros nos manipulan y que somos mineros ilegales”, recuerda Armando Ortega.

La mesa de diálogo no tuvo diálogo. Cuando las autoridades terminaron sus intervenciones, los habitantes de Buenos Aires tomaron el micrófono para hablar. Pero durante la tercera intervención, las autoridades se levantaron sin dar explicaciones. Se subieron a sus autos y dieron por terminada la mesa de trabajo. 

Hubo forcejeos mientras intentaban salir de la parroquia porque los habitantes se pararon frente a los carros con las manos levantadas gritando “¡Queremos solución!”.

“Todas las autoridades, a excepción del alcalde Tyrone Vega, se retiraron sin ninguna resolución, que era lo que la gente solicitaba. Ni siquiera se despidieron”, dice la presidenta de la junta parroquial, Alexandra Benavídez. 

La transformación de Buenos Aires continuó su curso. Los vehículos de la empresa no paraban de llegar y con ellos, más personal que la empresa contrataba de las comunidades de las parroquias aledañas. Para entonces, a las afueras de Buenos Aires, como un ejército invasor esperando una orden superior, había ya 50 camiones y 50 camionetas. Incluso había un camión que funcionaba como prostíbulo, me confirmaron al menos cinco pobladores que prefirieron no decir su nombre.

comunera de Buenos Aires

Los comuneros se turnaban en la vigilia de resistencia para no descuidar sus huertas. Fotografía de Amaru Luxumbría para GK.

Otro morador que prefiere mantenerse anónimo dice que cada camión cobraba a la empresa 200 dólares diarios por mantenerse estacionado las 24 horas. Cada camioneta, 80 dólares. Las personas que llegaban de las parroquias aledañas, así como los pobladores de Buenos Aires que estaban a favor de la empresa, cobraban 25 dólares al día. En total, Hanrine gastaba más de medio millón de dólares mensuales para mantener a su gente ahí. 

En ese mes, Benavídez recibió un oficio firmado por Carlos Miguel de Miguel III, gerente general de la compañía, donde la responsabilizaba por “todos los daños ocasionados a Hanrine y sus colaboradores”. También la señalaban por apoyar y permitir que un grupo de personas puedan “bloquear el tránsito de las personas que se encuentran en los sectores estratégicos y que pretenden reactivar la economía del país”. Además, en el oficio —al que tuve acceso— le advirtieron que sus acciones tendrían consecuencias penales que implican el resarcimiento de “las pérdidas millonarias que reporta Hanrine”. En resumen: una de las trasnacionales mineras más grandes amenazaba con acciones legales multimillonarias a la presidenta de una junta parroquial andina en el que no hay servicio de agua potable —solo agua entubada, no hay alcantarillado —solo pozos sépticos, y la luz eléctrica no cubre a todas las comunidades. 

El 29 de abril, el alcalde de Urcuquí convocó a una sesión extraordinaria del consejo municipal de la ciudad. Estuvieron los presidentes de las trece comunidades de Buenos Aires, y representantes del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).

La primera resolución fue que la Comisaría Municipal desaloje a la empresa. Hanrine no tenía el permiso de uso de suelo para ocupar la vía pública como vivienda. “No podíamos dejar pasar por alto esa actitud confrontativa de Hanrine, más aun entendiendo que había centenares de personas en la vía, que, al no disponer de espacios sanitarios adecuados, estaban afectando el ambiente”, dice el alcalde Vega. Pero el desalojo no tuvo éxito. La empresa adujo que no estaba allí por voluntad propia sino porque la población impedía su paso a la concesión minera. 

peleas violentas en Buenos Aires

La noche del 27 de julio de 2021 hubo varias peleas violentas en Buenos Aires dejando como resultado el apuñalamiento de un comunero. Fotografía de Buproe para GK.

La segunda resolución fue hacer un reclamo formal al gobierno central de que en la parroquia se ha violado el derecho a dos consultas. Allí, aseguran sus habitantes, no se realizado una consulta ambiental —que requieren todos los proyectos extractivos, ni una consulta libre previa e informada —que aplica cuando hay comunidades indígenas en el territorio; en este caso, la nacionalidad Awá.

900 policías contra un pueblo

La última semana antes del operativo del 3 de agosto de 2021 fue difícil. Los pobladores y los trabajadores de la empresa pasaron de los insultos a los golpes. La violencia escalaba a diario. 

La noche del 27 de julio de 2021, el comunero Ezequiel Cuatis, de 51 años, denunció que recibió 3 puñaladas en su pecho en una trifulca con trabajadores de la empresa. 

trabajadores de Hanrine

Los trabajadores de Hanrine formados en la calle San Francisco y en la vía hacia la parroquia de Cahuasquí. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Al día siguiente sus familiares fueron a Urcuquí para presentar la denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, la fiscal de turno dijo que no cumplía con el plazo mínimo de recuperación para ser considerado delito. 

Su agresor, habría usado una navaja pequeña que a criterio del médico necesitaba 8 días de reposo —para que sea delito son mínimo 4 días; es decir, se violó su derecho a denunciar el ataque porque tenía el doble de días requeridos por la ley.

medidas cautelares a favor de la parroquia

Plantón de comuneros de Buenos Aires para exigir al juez del cantón que apruebe las medidas cautelares a favor de la parroquia. Fotografía de Omansne para GK.

La madrugada del 3 de agosto de 2021, el frente Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema (Buproe), que reúne a habitantes de Buenos Aires que se oponen a la minería, transmitió en vivo en Facebook durante una hora y media el operativo de la Policía Nacional. “Hermanos policías, hermanos militares, bajen sus armas, no nos disparen, queremos paz, respeten nuestro derecho a la resistencia”, se los escucha decir. Dos policías avanzan dejando a su pelotón en la oscuridad. 

— “Dirigentes, por favor vengan”, son sus primeras palabras. 

— “Aquí no hay dirigentes, aquí somos un pueblo unido”, responde la multitud al unísono. 

Los policías regresan hacia el resto de sus compañeros. Vuelan un dron. Luego de unos minutos, vuelven hacia los pobladores para recordar que están ahí por la disposición de una “autoridad competente”. Esa autoridad competente es el juez Byron Andrés Vallejo Naranjo, que aceptó la acción de protección a favor de la compañía Hanrine (meses después, se demostraría que tenía irregularidades).

Los policías conminan a los pobladores a retirarse para evitar una confrontación.  “¡Por qué no hicieron respetar las medidas cautelares a favor del pueblo!”, grita uno de los pobladores. Se refiere a las medidas emitidas el 7 de junio de 2021 por el juez multicompetente del cantón Urcuquí, Manuel Sucuzhañay, para que la empresa se retire del ingreso de la parroquia.

comuneros de Buenos Aires

Los comuneros de Buenos Aires levantan sus manos en señal de protesta pacífica.
Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

La sentencia, según tres informes de seguimiento de la Defensoría del Pueblo, nunca fue cumplida. Estas medidas a favor del pueblo de Buenos Aires fueron archivadas horas antes de que inicie el operativo del 3 de agosto.

“Les hemos dicho que nosotros como policías no queremos la confrontación, pero si ustedes están en ese plano, haciendo uso progresivo y diferenciado de la fuerza, la policía está en la facultad de hacer cumplir la orden”, dice un policía.

En la fría madrugada, de rodillas, los pobladores rezan un Padre Nuestro y luego los policías avanzan hacia la población dispuestos a cumplir con su trabajo. “Llegaron con cuantísimo policía a lo tosco para retirarnos, pero como no nos retiramos, nos empezaron a empujar, a patearnos en las canillas y a tirarnos gas, hasta que se levantó una humareda tremenda que no se veía a nadie y nos dejó ciegos”, dice Mercedes Peñafiel, de 77 años. Ella estaba en la primera línea frente a los agentes. 

A su lado, vecinas de todas las edades que decidieron ponerse al frente. María Rosero, de la comunidad La Primavera, recuerda que su hijo Cristian, de 18 años, tuvo problemas de respiración por un golpe en el pecho. “Además los gases le afectaron la garganta, le salieron unas ampollas y no pudo comer por varios días”, recuerda. “A mí me sangraron los dedos, me dieron en la cabeza y me dejaron con el pie malo”, dice Felipe Caicedo, otro de los vecinos que se arrodilló para rezar esa noche.  Pero “por una semana no pude ni ponerme las botas”, dice Caicedo, cuyo hermano y tres personas más fueron detenidas esa noche. “Nos daban con los toletes para que aflojemos, yo sí estuve aguantando bastante pero como ya no avanzaba con el gas salí corriendo y sentía que se acababa la resistencia”, dice Alicia Montenegro. “A las siete de la mañana ingresó la empresa”, dice. 

Cuando salió el sol, Buenos Aires amaneció envuelta por el silencio tenso de los pueblos militarizados. Había varios heridos y cuatro detenidos. Alrededor de cien policías se quedaron en la parroquia —y permanecen hasta la actualidad (enero de 2022)— para resguardar la integridad de los trabajadores de la empresa y “evitar nuevos bloqueos en la vía de ingreso en el futuro”. 

Campamento provisional de Hanrine

Campamento provisional de Hanrine en el sector La Libertad, levantado el 3 de agosto de 2021. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Al medio día del 3 de agosto, pocas horas después del enfrentamiento, moradores de Urcuquí, de las ciudades de Ibarra, Otavalo y Quito, se autoconvocaron para realizar un plantón en la Fiscalía de Urcuquí para rechazar el silencioso operativo de la madrugada. También para exigir la libertad de los cuatro detenidos. Los manifestantes permanecieron hasta su liberación, que fue a las ocho de la noche.

La Defensoría del Pueblo denunció los hechos y exhortó a varias instituciones a velar por los derechos del pueblo de Buenos Aires. “La empresa Hanrine interpuso una acción de protección que, al ser presentada en la ciudad de Quito y no en la provincia de Imbabura, impidió que la comunidad conozca oportunamente de la misma”, dice el documento

Ese día más tarde, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad de la Asamblea Nacional del Ecuador se pronunció. Condenó el “abuso de autoridad y extralimitación de la fuerza por parte de los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en contra de la población de la Merced de Buenos Aires, la madrugada del 3 de agosto del 2021”. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también denunció las agresiones contra los pobladores. “A la fuerza se pretende imponer actividades mineras mientras hombres, mujeres, jóvenes resisten por la defensa de la naturaleza”.

Buenos Aires posee clima templado

Buenos Aires posee clima templado, frío y subtropical, que permiten una variada producción agrícola. Fotografía de Amaru Luxumbría para GK.

Nada revirtió el ingreso de la empresa minera Hanrine que desde el 3 de agosto de 2021 está instalada en Buenos Aires. “Muchos de los comuneros hasta hoy no pueden superar esa noche”, dice Franklin Romero, quien días después del operativo sufrió una parálisis facial que le obligó a guardar reposo por varias semanas. “La imposición de un proyecto estatal a través de la represión puede generar traumas a nivel personal, familiar y comunitario.”, dice la psicóloga clínica Karen Avilés, sorprendida de la dimensión del operativo. La psicóloga, quien ha trabajado sobre el impacto psicosocial en las poblaciones donde se ha impuesto la minería, dice que “el objetivo final es desestabilizar o fracturar a la comunidad”.

Todo se hizo con una acción ilegítima

Dos meses y medio después del ingreso de la empresa, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, máximo órgano administrativo del sistema judicial ecuatoriano, confirmó que hubo graves irregularidades y omisiones en el proceso legal. “Esta resolución ha sido un respiro tremendo para el pueblo”, dice Yuly Tenorio, abogada de los habitantes de Buenos Aires. La investigación se abrió luego de que el asambleísta Mario Ruíz Jácome presentara una queja formal en contra del juez que aceptó la acción de protección.

La primera omisión que encontró el Consejo es la ausencia de un sorteo normal en el sistema judicial. La causa fue insertada bajo la modalidad de ingreso directo, direccionando a Byron Andrés Vallejo Naranjo para que conozca el caso. También fue presentada como un “trámite verbal sumario” por el delito de “cobro de honorarios de abogado”, en lugar de ser presentada como una acción de protección constitucional. Esto evidencia otra omisión, pues el juez debió realizar el cambio de materia en la causa. Como nunca lo hizo, fue tramitada como una acción penal en vez de una acción constitucional.

campesino de Buenos Aires

Don Facundo, campesino de Buenos Aires, tiene conocimientos de medicina natural. Él extrae sangre de drago a partir de un árbol Croton lechleri. Fotografía de Amaru Luxumbría para GK.

“En palabras comunes y sencillas, esa causa fue asignada directamente al juez que ellos querían que vaya, al juez que les concedió la acción de protección. Por eso el Consejo de la Judicatura abrió dos procesos en contra de la persona que ingresó la causa y de los funcionarios judiciales que la conocieron”, dice el asambleísta Mario Ruiz.

Según Ruiz, estas anomalías se dieron en la Unidad Judicial de Familia, Mujer y Adolescencia de Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, quien ya recibió sanciones administrativas por las irregularidades en el sorteo de la causa con las que Jorge Yunda intentó aferrarse al cargo del alcalde de Quito después de ser destituido

Actualmente, la Fiscalía General del Estado investiga un posible fraude procesal. Sin embargo, la acción de protección continúa vigente y el pueblo de Buenos Aires, por medio de su abogada defensora, participa como “tercero interesado” en el proceso judicial.

“Si esta acción no se da de baja, la población está bajo amenaza, por eso hemos solicitado la nulidad de la sentencia y si es necesario vamos a llegar a cortes internacionales y pediremos la caducidad de los títulos mineros porque el pueblo de Buenos Aires merece descansar”, dice Tenorio. Gabriela Fraga, una de las habitantes de Buenos Aires, dice con desconfianza que “ha pasado bastante tiempo, pero en el pueblo estamos esperando la nulidad de la sentencia, porque por el informe del Consejo de la Judicatura, nos deberían dar la razón a ojos cerrados”.

trabajadores de Hanrine

Los pobladores de Buenos Aires en la zona de resistencia. Detrás de ellos, los trabajadores de Hanrine. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Hay cerca de 70 personas de Buenos Aires cuya protesta contra la minería ha sido criminalizada, según un informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos publicado en 2021.

La mayoría son acusadas de daños a bienes ajenos, intimidación, asociación ilícita y actividad ilícita de recursos mineros. Este último delito marca un estigma que ha sido ampliamente promocionado por Hanrine, pues la empresa asegura que quienes se oponen a la minería responsable son mineros ilegales. Entre los procesados por este delito están el asambleísta Mario Ruiz, Tyrone Vega, alcalde de Urcuquí, y Alexandra Benavidez, presidenta de la junta parroquial.

La ruina de un pueblo late debajo de él

Buenos Aires pasó de ser un pequeño pueblo olvidado entre los senos y cosenos de los Andes en diciembre de 2017. De ser una comunidad dedicada a la agricultura y ganadería, a ser uno marcado por la minería ilegal —practicada en su gran mayoría por personas ajenas a Buenos Aires. “Ese es un desprestigio que nos ha hecho tanto daño al pueblo. No somos mineros ilegales sino sobrevivientes de la minería ilegal que se dio porque el mismo Gobierno no actuó a tiempo”, dice Ever Armas, poblador de la parroquia.

minería ilegal

La minería ilegal provocó la deforestación de los bosques primarios de Buenos Aires, cuya madera era utilizada para sostener las galerías y túneles. Fotografía de Vanessa Terán para GK.

Muchos de quienes llegaban a Buenos Aires, atraídos por los cantos de sirena del oro, iban a El Lomón, un empinado monte que se convirtió en la mina ilegal más grande del Ecuador. En el pueblo Ever Armas y su esposa Isabel Díaz tienen una pequeña tienda de abarrotes. “Poco a poco empezaron a llegar al pueblo personas extrañas que decían que eran mineros y venían a comprarnos. Al principio pensábamos que las autoridades ya iban a tomar cartas en el asunto y nosotros no les vendíamos pensando que ya iban a irse”, dice Isabel Diaz. En lugar de irse, dice, llegaron más. Ella recuerda que el primer mes había seis grupos. En el tercero “ya era un caos”, recuerda, contando los meses con los dedos de su mano. 

Cuando empezó la minería en El Lomón, ubicado dentro de la concesión minera IMBA 2, Ever Armas trabajaba como chofer en Quito. Pero la escalada de violencia lo obligó a regresar a Buenos Aires para estar con su familia. Cuando llegó, no reconoció a su pueblo. 

Las calles que algún día fueron tranquilas y silenciosas, estaban atestadas de personas. No conocía a ninguno. “Había tanta gente que rara vez nos encontrábamos entre nosotros mismos”, dice Ever Armas. Frente a sus casas, se instalaron cientos de cambuches —pequeñas casuchas hechas de palos y plástico, que servían como vivienda y negocio al mismo tiempo. Había cambuches restaurantes, cambuches licorerías, cambuches peluquerías, incluso había cambuches donde se vendía droga. Mauricio Almeida, coordinador zonal norte del Viceministerio de Minería, describe la llegada de estas personas como una migración masiva donde la minería ilegal se convirtió en un “caldo de cultivo de todo tipo de delitos conexos”. Almeida los enumera: trata de personas, explotación infantil, tráfico de drogas, tráfico de armas, grupos organizados a manera de guerrillas.

concesiones mineras de Hanrine

Las concesiones mineras de Hanrine están sobre varias fincas de comuneros que se dedican a la agricultura. Fotografía de Amaru Luxumbría para GK.

Los habitantes de Buenos Aires denunciaron la situación. Pero el gobierno tardó en actuar. Multiplicaron los controles con policías y militares a lo largo de la vía Panamericana que atraviesa la Sierra ecuatoriana de norte a sur para decomisar el oro extraído ilegalmente. Según las cifras oficiales de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), entre 2018 y 2019 se detuvieron a 350 vehículos y se decomisaron 3474 toneladas del material. Pero estas medidas no erradicaban el problema de raíz. “Mal haría yo en decir la razón por la que no se intervino pronto, pero se me ocurre que fue falta de operatividad, falta de decisión, intereses por parte de quienes ejercían la minería ilegal y obviamente los intereses de funcionarios de mucho mayor rango”, dice el funcionario del viceministerio Almeida. 

laguna de Chimchibí

La laguna de Chimchibí se crea a partir de las vertientes naturales de los páramos de la La Merced de Buenos Aires. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Esta ausencia del Estado permitió que la violencia se instale en la parroquia, llegando a  extremos aterradores. Para Teresa Trujillo, de la comunidad de Santa Clara, quien vivía sola con sus dos hijas, las pérdidas son incalculables. Primero perdió a su sobrina, quien falleció de tristeza luego de enterarse que su hermano fue baleado cerca del colegio. Más tarde perdió a su hija menor, a quien “se la llevó un hombre que trabajaba en las minas”.

En tres ocasiones, los bonaerenses realizaron paros en rechazo a los mineros que invadieron su parroquia. El primero, en junio de 2018, fue luego del asesinato de un adolescente. Allí los pobladores quemaron un burdel y expulsaron a varios mineros del casco urbano. Este fue el origen de la creación de la “Ciudad de plástico”, un asentamiento de cambuches donde vivían los mineros. 

El segundo levantamiento fue en agosto de 2018 por el asalto a otro joven. El pueblo salió a las calles pero esta vez no hubo incendio, sino una persona muerta en manos de la multitud enardecida. 

La llegada de los temidos guerros

Por esa época llegaron a poner orden los “guerros”: el nombre que los pobladores le dieron a grupos armados irregulares que arribaron desde el norte. Los guerros desalojaron a los grupos delincuenciales locales. La nueva propuesta de convivencia era sencilla: ofrecían seguridad a los mineros ilegales a cambio de fuertes sumas de dinero. Estas operaciones eran conocidas como “vacunas” —un término importado de la guerra civil colombiana, donde las vacunas eran exigidas por guerrilleros y paramilitares a cambio de protección para los terratenientes y comunidades por donde pasaba la violencia. 

Los guerros permanecían exclusivamente en las minas, pero Ever Armas los conoció una vez que salió a rodear su ganado en la comunidad de Palmira. Según Armas, los guerros instalaron un control para que los vehículos que pasaran por ahí, sin importar si cargaban material aurífero, paguen un peaje. 

Cuando pasó por ahí, uno de los guerros lo detuvo. Armas le explicó que no venía de las minas sino de su terreno. Pero el recaudador le exigió la cuota. Armas revisó su guantera, pero sólo encontró tres dólares, lo que ofendió al recaudador quien le mostró su revólver. “Como no tenía nada más lo único que hice fue poner primera marcha y salir soplado”, dice Armas. Mientras huía, dice, escuchó tres disparos. 

En mayo de 2019, el supuesto secuestro de un joven desembocó en el tercer paro. Los pobladores se cansaron de la inoperancia estatal y decidieron cerrar la vía de ingreso a las minas para impedir la entrada y salida de vehículos con material aurífero. Tampoco permitieron el paso de combustibles y alimentos. “En la ciudad de plástico tenían todo, pero cuando ya empezaron a terminarse sus reservas un día [los mineros ilegales] salieron al pueblo para exigir un diálogo con los representantes del paro”, recuerda Isabel Diaz, quien fue elegida como vocera.

comuneras de Buenos Aires

La Defensoría del Pueblo escucha los testimonios de una de las comuneras de Buenos Aires. Fotografía de Amaru Luxumbría para GK.

Pero el diálogo en realidad era una advertencia: si no levantaban el paro vendrían los guerros a “saquear los negocios, a violar a las mujeres y a decapitar a los tres policías del pueblo”. 

Isabel Diaz les pidió tiempo. Fue a la junta parroquial, donde Benavidez contactó a la Gobernación de Imbabura para pedir ayuda. “Ya vienen los refuerzos, aguanten”, fue, según Isabel Diaz, la respuesta esperanzadora del entonces gobernador Galo Zamora. Pero la esperanza se esfumó cuando solo una veintena de policías llegó.

Con resignación, la respuesta del pueblo fue que levantaban el paro con una condición: los mineros podían continuar siempre y cuando respeten la integridad y la vida de los pobladores. El mensaje llegó a los guerros, que aceptaron.

La gran masacre

La madrugada del 23 de junio de 2019, un enfrentamiento entre los grupos armados que se disputaban el control de las minas dejó decenas de heridos, mutilados y una cantidad de muertos indeterminada. La noticia conmocionó al Ecuador, pero nunca hubo cifras oficiales sobre las muertes. 

Al inicio los diarios hablaban de un cadáver, después tres y luego siete. Los pobladores tienen su propia versión.

La noche de la matanza, un joven —que por su acento dice Isabel Diaz que era colombiano— llegó a su tienda. Había logrado escapar del enfrentamiento, y en su celular tenía audios del tiroteo. “Nos contó que cuando terminaron los disparos, empezó a bajar de las minas y sólo en la ruta que él cogió alcanzó a contar treinta cadáveres, entre niños, mujeres y hombres”, dice Ever Armas. Según él, el joven les aseguró que los cadáveres eran arrojados a los mismos túneles y pozos mineros.

Solo después de esta tragedia, el Estado intervino. Lenín Moreno decretó un estado de excepción en Buenos Aires el 2 de julio de 2019, y lograron recuperar la zona en uno de los más grandes operativos policial y militar en la historia del Ecuador: tuvo 2400 uniformados. En sólo una semana, el gobierno demostró tener la capacidad para devolver la tranquilidad a esta parroquia.

La reparación que no llega

La devastación ambiental dejada por la minería ilegal en una de las concesiones de Hanrine abarca más de 54 hectáreas, una extensión equivalente a 75 estadios de fútbol. Las cifras son de un informe del Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica (Maate) elaborado una semana después del gran desalojo de 2019.

minería ilegal deja pasivos ambientales

Pasivos ambientales dejados en la concesión minera IMBA 2. Esta es la zona conocida como “Mina vieja”. Fotografía de Iván Castaneira para GK.

Al consultar al Ministerio por qué aún no se realiza una remediación ambiental, su respuesta fue que antes se debe determinar el daño ambiental e identificar al responsable.

Como no se ha encontrado al culpable, entre los miles de mineros ilegales que invadieron Buenos Aires, los costos de remediación los asumiremos los ecuatorianos. Según el Código Orgánico del Ambiente, cuando no se identifica al responsable  de la afectación ambiental, esta intervención puede darse de forma subsidiaria a través del Estado. 

mineros ilegales

Restos de uniformes de mineros ilegales que quedaron en Buenos Aires luego del desalojo.

El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio tiene previsto el diseño e implementación de Planes de Reparación Integral durante 2022. 

Mientras los bonarenses esperan que haya reparación, la minería ilegal continúa. Vega, alcalde de Urcuquí, denuncia que la situación ha empeorado a pesar de la presencia de la Policía y el Ejército. 

El 6 de noviembre de 2021, un poblador de Buenos Aires hizo una nueva transmisión en vivo en la que se ve a personas compilando sacos de material aurífero, utilizando las mismas poleas del tiempo de la minería ilegal, ante la presencia de varios militares. 

Al consultarle a Samer Pulles, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado 36 Yaguachi del Ejército ecuatoriano, sobre la presencia de los militares que se ve en el video, respondió que ellos respondían a una orden de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr). 

El 21 de noviembre de 2021, en una visita a Buenos Aires, vi que junto a un control militar y policial había alrededor de 1500 sacos de material mineralizado, justo en la zona conocida antes como la “Ciudad de plástico”. Al preguntarle a un militar sobre la legalidad del mineral en los sacos, me respondió leyendo un documento que supuestamente avalaba la compilación del material. Incluso “ahí están los de Arcernnr [Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables]”, nos dijo el militar señalando a una caseta de madera a pocos metros. Allí estaba sentado un hombre alto y gordo mirándonos de manera intimidante, fijamente.

Dos semanas después de esa visita, en una entrevista por videollamada, Jaime Cabezas —especialista legal regional minero de Arcernnr— me dijo que luego de revisar la transmisión en vivo de Buproe confirmó que “unas personas ajenas a la institución se hacían pasar como personeros de la agencia”. Cabezas dijo que presentó una denuncia ante  la Fiscalía por actividad ilícita de recursos mineros”. 

Los supuestos funcionarios de la Agencia que vi a fines de noviembre de 2021 permanecen hasta hoy, enero de 2022, custodiando los sacos de minerales en la ex Ciudad de Plástico.

En noviembre de 2021, Katherine Andrade, entonces defensora del Pueblo de Imbabura, me dijo que fue una de las personas que denunció la presencia de supuestos funcionarios de la Agencia. “En definitiva, la minería ilegal está presente y ahora están sacando material a vista y paciencia de las autoridades”. 

Durante su trabajo, dice, tuvo que tomar medidas como “no avisar a nadie a dónde voy” o “con quién estoy” porque cuando levanta información de Buenos Aires “ellos ya están enterados”.

En el proceso de este reportaje, César Marcel Córdova, el nuevo Defensor del Pueblo, retiró a Katherine Andrade de su cargo, un mes después de nuestra entrevista para este reportaje. No se conoce las razones que motivaron su desvinculación. Solicité un pedido de información a la Defensoría pero hasta hoy no tuve respuesta.

comuneros heridos

Varias comuneros resultaron heridos luego del operativo. Felipe Caicedo tuvo heridas en los dedos de su mano y en su pie. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Alexandra Benavídez dice que hasta hoy la empresa está en su concesión, pero no entrega la documentación total. 

Después del operativo, empleados de Hanrine se han acercado varias veces a la junta parroquial. “Les volvimos a pedir toda la información referente a la concesión, pero no nos dan una respuesta concreta para que no quedara dudas de la legalidad, los únicos documentos que nos presentan es el título minero y el permiso ambiental”, dice Benavídez. La acción de protección, declarada ilegítima por el Consejo de la Judicatura, le sigue sirviendo a la compañía para mantenerse en Buenos Aires, la comunidad con la que se enfrentó. 

Kevin Zúñiga
Comunicador comunitario, documentalista y defensor de derechos. Ha trabajado en medios alternativos especializándose en la investigación de los procesos de resistencia a la minería de diversos pueblos a lo largo de la región interandina del Ecuador.