Desde que Rafael Correa cesó sus funciones como presidente del Ecuador, varios de los militantes de su corriente política, colegas, exfuncionarios de su gobierno, y hasta él mismo empezaron a ser investigados por presuntos casos de corrupción. Esta es una lista de los personajes del correísmo que se enfrentan, o ya han enfrentado, a la justicia.

Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa es investigado por diferentes presuntos delitos. Sin embargo, solo ha sido sentenciado por el delito de cohecho en el Caso Sobornos 2012-2016.  Según la Fiscalía, Correa y otros 16 procesados habrían lavado dinero de los aportes voluntarios al movimiento Alianza País. Por ese caso, Correa y las otras 16 personas —entre las que estaban exfuncionarios de su gobierno— fueron sentenciadas a ocho años en prisión. Sin embargo, cuando el caso se resolvió el expresidente ya no estaba en Ecuador, sino en Bélgica  y por eso no está cumpliendo su sentencia. 

Según el sitio web del Consejo de la Judicatura, el expresidente tiene al menos 43 procesos registrados en su contra. El más reciente tiene fecha de 2021 y es un proceso por presunta calumnia presentado por la asambleísta del movimiento Fuerza Compromiso Social, Vanessa Freire. Otros procesos contra Correa incluyen presuntos delitos como secuestro, daños y perjuicios, injurias, daño moral, y hasta genocidio. También hay acciones de protección y medidas cautelares en su contra. 

Además, Correa tenía abiertas investigaciones en la Fiscalía, por los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada, plagio y tráfico de influencias. 

El primer proceso por el que fue investigado, y en el que hubo una sentencia contra otros procesados, fue el secuestro de Fernando Balda, supuestamente ordenado por Correa y ocurrido en 2012. Sin embargo, por este delito, Correa no puede ser juzgado en ausencia por lo que su proceso se suspendió hasta que se presente a juicio. El ex secretario de Inteligencia, Pablo Romero Quezada, y dos agentes sí fueron sentenciados por este caso. 

Jorge Glas

El ex vicepresidente  Jorge Glas es el ex funcionario de más alto rango del gobierno de Rafael Correa que está en prisión. También es uno de los militantes del correísmo con más sentencias por actos de corrupción en el gobierno de Correa. 

Actualmente, Glas ha sido sentenciado a 6 años en prisión por el Caso Odebrecht —en el que Correa lo apoyó presencialmente— por el delito de asociación ilícita, a 8 años en prisión por el Caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho, y a otros 8 años en prisión por el Caso Singue por el delito de peculado. La sentencia por este último caso está en apelación y la sentencia aún no está en firme. El Código Orgánico Integral Penal dice que cuando una persona es sentenciada por varios casos las penas que haya recibido se acumulan hasta sumar un máximo de 40 años, a menos que se le haya aprobado un recurso de unificación de pena, —que es cuando se aplica la pena más larga. 

Glas está detenido desde octubre de 2017 y ahora cumple sus sentencias desde la cárcel de Latacunga. Hace poco, solicitó un recurso de unificación de penas, que le permitiría cumplir únicamente su sentencia más larga, la de 8 años por el caso Sobornos o el caso Singue. Sin embargo, el recurso le fue negado porque la sentencia por el Caso Singue aún no está en firme. Si se hubiera aceptado su recurso, Glas hubiera podido acceder al beneficio de la prelibertad que le permitiría terminar su sentencia en libertad. Hasta que no se tramite el recurso de unificación de penas, Glas debe cumplir 24 años en prisión.

Wilson Pástor

Wilson Pástor fue Ministro de Hidrocarburos durante el gobierno de Correa y tiene al menos 40 procesos registrados en el Consejo de la Judicatura. En enero de 2021, Pástor y otras seis personas —entre los que están el ex vicepresidente Jorge Glas y el ex ministro Carlos Pareja Yanuzzelli— fueron sentenciados a ocho años en prisión por el presunto delito de peculado en el Caso Singue. El caso está relacionado con supuestas irregularidades en la firma de un contrato de explotación petrolera en el campo de nombre Singue en la Amazonía ecuatoriana. Según investigaciones de la Fiscalía, las irregularidades del contrato habrían causado al Estado un perjuicio de 28,4 millones de dólares. 

El exministro está en Ecuador, pero no está cumpliendo la sentencia dictada por el caso Singue, ya que este está en proceso de apelación. Pástor deberá cumplir la sentencia una vez que esta quede en firme. 

Carlos Pareja Yannuzzelli

Al igual que Wilson Pástor, Carlos Pareja Yannuzzelli, también fue Ministro de Hidrocarburos en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, además fue presidente de Petroecuador. Yannuzzelli tiene más de 100 procesos registrados en el Consejo de la Judicatura. Allí constan presuntos delitos como:

Sin embargo, Yannuzzelli es el funcionario del gobierno correísta con el mayor número de sentencias. Tiene una sentencia de cinco años en prisión por el delito de cohecho, y otra sentencia de 6 años en prisión por el delito de asociación ilícita en el caso Petroecuador —en el que la Fiscalía denunció que altos funcionarios armaron una red de corrupción durante la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas que incluyó sobreprecios para pagar coimas—. 

También tiene una sentencia de 10 años en prisión por enriquecimiento ilícito, otra sentencia de 10 años por el delito de peculado en un contrato adjudicado por la Refinería de Esmeraldas, y la sentencia de 8 años en prisión por el Caso Singue. 

Pareja Yannuzzelli se encuentra cumpliendo sus condenas en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi. En ese mismo centro de privación de libertad, está detenido el ex vicepresidente Jorge Glas. En agosto de 201, Pareja Yannuzzelli fue llevado de urgencia al hospital regional de Ambato, después de que ingiriera una dosis excesiva de pastillas. Un mes antes, en julio, durante las comparecencias por el juicio político del ex Contralor Pablo Celi, el exministro de Hidrocarburos y presidente de Petroecuador acusó al expresidente Rafael Correa de liderar una estructura de corrupción.

Alexis Mera

Mera fue Secretario Jurídico de la Presidencia de la República en la época de Correa y es uno de los sentenciados por el Caso Sobornos 2012-2016. Mera, al igual que los otros procesados, fue sentenciado a 8 años en prisión por el delito de cohecho, que es cuando un funcionario público usa su cargo para obtener un beneficio económico indebido a cambio de “hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”. 

Al igual que Pareja Yannuzzelli y Jorge Glas, Mera está detenido en la cárcel de Latacunga. Antes de ser trasladado allí, en septiembre de 2020 después de que la sentencia fuera ratificada, Mera cumplía arresto domiciliario como medida preventiva. Cuando fue llevado a Latacunga, el ex secretario jurídico de la Presidencia dijo que iba a la cárcel “con honor”. 

Sin embargo, Mera tiene otro proceso en su contra. El 1 de septiembre de 2021, Mera fue vinculado por la Fiscalía a una investigación por presunto tráfico de influencias y asociación ilícita en la que se investigaba a la exfiscal de la provincia del Guayas, Patricia Morejón. Según la Fiscalía, la investigación se derivó del Caso Sobornos 2012-2016, después de que se encontraran chats entre Mera y Morejón. En los supuestos chats, Mera y la exfiscal discutían, aparentemente, casos abiertos contra funcionarios del Estado. En una de las supuestas conversaciones entre ambos, se habla de una versión que Morejón le debía tomar a Mera. 

En otro chat, en cambio, Mera le pide a Morejon que le “ponga un visto en el tema en mención”, mientras hablan del caso de supuesto peculado en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. En esta última conversación, supuestamente Morejón le dice a Mera “si usted me dice sacamos a todos (del expediente) doc”.  El caso aún no ha sido resuelto.

Ramiro González

Cuando Rafael Correa era presidente, el político y economista, Ramiro González, fue Ministro de Industrias y Productividad y Presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En 2015, la Fiscalía abrió una investigación contra González y otros exfuncionarios del IESS por el caso SuperClean que trataba de presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de limpieza por dos millones de dólares para los hospitales del IESS de Santo Domingo y Babahoyo.  El caso se llegó a conocer tras un informe de Contraloría, sin embargo, González no fue procesado. 

En agosto de 2017, la Fiscalía General del Estado hizo un operativo para capturar a González, quien estaba acusado del presunto delito de defraudación tributaria. La policía allanó sus propiedades y la sede del Partido Avanza —un movimiento político fundado por González  en 2012— pero no logró capturarlo. Según el portal digital Primicias, González fue alertado y salió del país antes de que pudieran dar con él. 

Años después, en abril de 2019, González fue capturado en Lima, capital del país vecino de Perú. Pero cuando Ecuador solicitó su extradición, la justicia peruana lo negó. Ecuador pidió al gobierno peruano que reconsiderara la decisión, pero hasta ahora, no se ha aprobado ninguna orden de extradición y González continúa en Perú. 

Carlos Pólit

Carlos Pólit fue Contralor General del Estado durante 10 años en el gobierno de Rafael Correa. En 2018, Pólit fue sentenciado a seis años de prisión por la trama de corrupción en el caso Odebrecht. Se le acusó del delito de concusión que es cuando los funcionarios públicos abusan de sus cargos o funciones, para ordenar o exigir la entrega de “derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, o sueldos” para su beneficio. Según la Fiscalía, Pólit recibió al menos 10 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. En este proceso, también fue vinculado su hijo, John Pólit, quien solo recibió una sentencia de tres años en la cárcel porque fue juzgado como cómplice.

Sin embargo, ninguno de los dos ha cumplido su sentencia o una parte de ella. Ambos huyeron de Ecuador en mayo de 2017 hacia Miami, una ciudad costera del Estado de Florida en Estados Unidos. Pólit tiene ciudadanía estadounidense por lo que al no existir un tratado de doble nacionalidad, en el país norteamericano, el excontralor es considerado estadounidense y no puede ser extraditado. La única forma en que Pólit podría cumplir su sentencia es si regresa voluntariamente al país. 

Pólit también tiene otras cinco causas abiertas por presunto tráfico de influencias, traición a la Patria, delincuencia organizada, asociación ilícita y peculado. No ha sido sentenciado por ninguno de estos procesos aún. 

Pedro Delgado

Pedro Delgado es primo del expresidente Rafael Correa, y durante su gobierno, fue presidente del directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) desde noviembre de 2011 hasta finales de 2012. Delgado tiene dos sentencias en firme en su contra: una por peculado en el caso Cofiec y otra por enriquecimiento ilícito. 

En el Caso Cofiec, la Fiscalía asegura que Delgado cometió peculado al entregar un crédito del banco Cofiec por 800 mil dólares al argentino Gastón Duzac. El tribunal que juzgó a Delgado concluyó que él abusó del dinero público del banco Cofiec, y “convenció libremente (sin amenazas)  a los demás acusados para ejecutar la apropiación indebida de fondos estatales”. Por este caso, Delgado fue sentenciado a ocho años en prisión. 

Por el delito de enriquecimiento ilícito, en cambio, Delgado fue sentenciado a cinco años de prisión. Según las investigaciones, el primo del expresidente Correa, no pudo justificar un incremento patrimonial de 394 mil dólares mientras presidía el directorio del BCE.  

Delgado no ha cumplido sus sentencias. Desde 2012 estaba prófugo de la justicia y solo se sabía que estaba en Miami. Sin embargo, en agosto de 2021, Delgado fue detenido por el Servicio de Imigración de Estados Unidos por presuntos problemas en su pasaporte. 

Ricardo Patiño

Bajo el gobierno de Rafael Correa, el economista guayaquileño Ricardo Patiño fue Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Defensa, y Ministro de Economía y Finanzas. En 2019, Patiño huyó a México, días antes de que la Fiscalía emitiera una orden de prisión preventiva en su contra mientras lo investigaba por el presunto delito de instigación. El 2 de septiembre de ese mismo año, Patiño confirmó al medio internacional TeleSur que México le había concedido el asilo político, y permanece allí hasta ahora. 

La fiscalía abrió la investigación después de que Patiño llamara, en un evento, a “tomarse las instituciones públicas” del gobierno de Lenín Moreno, considerado traidor por el correísmo. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que la instigación se comete cuando una persona motiva públicamente a cometer un delito contra una persona o institución. Se sanciona con prisión de seis meses a dos años.

Fernando Alvarado

Fernando Alvarado fue secretario de Comunicación y Ministro de Turismo en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Huyó del país en 2018 mientras la Fiscalía General del Estado lo investigaba por presuntas irregularidades en la contratación para la producción de las cadenas sabatinas del gobierno entre el 2013 y 2017. El caso fue denominado Secom.

El delito por el que se investigaba a Alvarado era el de peculado, y si era hallado culpable podía enfrentarse a una sentencia de hasta 13 años en prisión, según lo establecido por el COIP. Pero antes de que se pudiera dictar una sentencia en su contra, el exsecretario de Comunicación huyó, incluso aunque llevaba un grillete electrónico como medida preventiva. Se sabe que Alvarado logró despojarse del grillete y huir vía terrestre hacia Caracas, capital venezolana. 

A Alvarado no le bastó con huir, sino que tras hacerlo, envió un mensaje de WhatsApp a un chat del entonces Ministerio de Justicia —que desapareció en 2018 durante el gobierno de Moreno— en el que contó que se había quitado el grillete y que ya no estaba en el país. En el mensaje, Alvarado además agradeció el “trato cordial” que los policías a cargo de haberlo vigilado tenían hacia él y dijo que de haber “cualquier inquietud”, estaría pendiente. 

En 2020, Fernando Alvarado fue declarado inocente por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, no ha regresado al país. En Venezuela también está Vinicio Alvarado, hermano de Fernando, quien es otro prófugo de la justicia. 

Vinicio Alvarado

Vinicio Alvarado es otro de los sentenciados por el Caso Sobornos 2012-2016. A inicios de julio de 2019, habría huído a la misma ciudad donde se encontraba su hermano: Caracas. En julio de 2019, compareció desde la capital venezolana, en la audiencia por el caso Sobornos y negó haber participado en aquel esquema de sobornos. Sin embargo, fue hallado culpable, y al igual que los otros procesados en el caso, fue sentenciado a ocho años en prisión.  

María de los Ángeles Duarte

Durante el gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte fue Ministra de Transporte y Obras Públicas y Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Además fue candidata a la alcaldía de Guayaquil y directora del movimiento Alianza País en la provincia del Guayas. 

Duarte, es otra de las sentenciadas por el Caso Sobornos 2012-2016, por lo que fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de cohecho. Sin embargo, tampoco se encuentra cumpliendo su sentencia. En agosto de 2020, antes de que se conociera la decisión sobre el recurso de casación que interpusieron los procesados, Duarte entró a la embajada de Argentina en Quito, donde está como “huésped”. Un mes más tarde, en septiembre, el recurso de casación fue negado y la sentencia contra Duarte quedó en firme. Si no hubiera entrado a la embajada, la exministra ya estuviera cumpliendo su sentencia. 

María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, dijo en octubre de 2020, que el gobierno no permitiría que Duarte viajara a Argentina. 

Walter Solís

Walter Solís fue Secretario del Agua y Ministro de Transporte y Obras durante el gobierno de Rafael Correa. Solís era investigado por la Fiscalía por presunto peculado en la Secretaría del Agua (SENAGUA) —ahora extinta y fusionada al Ministerio de Ambiente—. Se presumía que Solís había usado mal los fondos públicos de la Secretaría.

Al igual que otros exfuncionarios, Solís también fue procesado por el Caso Sobornos. Fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho. Pero tampoco está cumpliendo la sentencia. Durante varios años, la Fiscalía desconoció el paradero de Solís, hasta que en 2020 fue localizado por la Interpol en Estados Unidos. Tras haber sido localizado, la Corte Nacional de Justicia inició el trámite para extraditar a Solís, sin embargo, en mayo de 2021, Solís pidió asilo en México, y este le fue concedido. Por lo que no podrá ser extraditado. Desde entonces, el exsecretario del Agua está asilado en México.

Pablo Romero Quezada

Pablo Romero Quezada es un sociólogo y político guayaquileño que fue secretario de la ahora extinta Secretaría de Inteligencia (Senain), que fue creada en el gobierno de Rafael Correa. Romero Quezada tenía dos órdenes de prisión en su contra: una emitida en enero de 2017 que fue revocada, y otra que fue emitida en mayo de 2018 por el presunto secuestro del político opositor del correísmo Fernando Balda. Por esa última orden de prisión, en febrero de 2020, Quezada fue detenido en España y extraditado a Ecuador. 

Meses después de su extraditación, en agosto de 2020, la Corte Nacional de Justicia sentenció a Pablo Romero a nueve años en prisión por el secuestro del político Fernando Balda. Según la Fiscalía, en agosto de 2012, el ex secretario de la Senain habría participado en el secuestro de Balda en Bogotá, capital de Colombia. La Fiscalía dice que sus investigaciones determinaron que el secuestro se habría ejecutado por “orden del expresidente de la República, Rafael C. quien –aprovechándose de su autoridad– habría dispuesto al exsecretario de Inteligencia (Senain), Pablo R., ubicar y traer a toda costa a Balda” de vuelta a territorio ecuatoriano.

Al no estar físicamente en Ecuador, el expresidente Correa, no ha podido ser procesado por este caso aún. 

Carlos Ochoa

Carlos Ochoa fue Superintendente de Información y Comunicación en el gobierno de Correa. Es procesado por el delito de falsificación ideológica, que es cuando una persona falsifica y usa un documento falso. El Código Orgánico Integral Penal dice que este delito se sanciona con una pena de privación de la libertad de entre cinco y siete años. En el caso del ex superintendente, se cree que Ochoa falsificó la Ley de Comunicación (LOC) para poder sancionar a varios medios de comunicación.

Cuando era superintendente, Ocho habría, la Supercom habría impreso 300 mil textos de bolsillo de la LOC irregulares que tenían una corrección en el segundo inciso de la transitoria sexta. Esa corrección habría sido usada por la superintendencia para sancionar a al menos 11 radios.

En marzo de 2019, un juez de la Corte Nacional de Justicia definió a Ochoa como el presunto autor del delito de falsificación ideológica, y emitió un auto de llamamiento a juicio. También ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas. Sin embargo, el proceso contra Ochoa quedó estancado porque está prófugo de la justicia, y esta clase de delito no se puede juzgar en ausencia. Al inicio se presumía que Ochoa estaba en Bolivia, sin embargo, se sabe que está en México desde octubre de 2018. Allí habría huído después de haber sido censurado por la Asamblea Nacional. 

Paola Pabón

Paola Pabón es la actual Prefecta de Pichincha. Desde 2009 hasta 2015, Pabón fue asambleísta por el movimiento Alianza País que fue fundado por Rafael Correa en 2006. En julio de 2015, renunció a su cargo como asambleísta después de que el entonces presidente Correa la nombrara Subsecretaria de la Gestión Política —una institución pública encargada de gestionar el diálogo y coordinación política con los actores sociales y los actores políticos. Menos de un año después, en enero de 2016, pasó de ser Subsecretaria a Secretaria después de que Viviana Bonilla, también militante del correísmo, renunciara a su cargo como Secretaria de la Gestión Política.

Ya como Prefecta de Pichincha, electa con el respaldo del correísmo, tras el quiebre de Alianza País, Pabón fue detenida. La madrugada del 14 de octubre de 2019, un día después de que terminara el paro nacional de octubre, y un día después le dictaron prisión preventiva. Fue llevada provisionalmente a la cárcel de Latacunga, acusada del presunto delito de rebelión, por supuestamente haber motivado a varios ciudadanos a cometer hechos violentos para “derrocar el gobierno”. Por ese delito, también se investiga a Virgilio Hernández, ex asambleísta de Alianza País. Pabón estuvo detenida en Cotopaxi poco más de dos meses hasta que el 24 de diciembre, una jueza revocó la prisión preventiva y le dictó nuevas medidas cautelares. Desde el 25 de diciembre, Pabón usa grillete electrónico. 

Pabón también es investigada por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. La investigación se abrió después de que la Contraloría General del Estado identificara irregularidades en un contrato para implementar mejores prácticas comunicacionales entre los funcionarios de la Prefectura. El contrato por 84 mil dólares habría sido firmado por Pabón. 

La última investigación contra Pabón se abrió en junio de 2020. La Fiscalía investiga a la prefecta por el presunto delito de peculado en la adquisición de fundas para cadáveres con sobreprecio, para una institución de la Prefectura de Pichincha. 

Ninguno de los procesos por los que Pabón es investigada ha sido resuelto aún. Por el presunto delito de rebelión, Pabón fue llamada a juicio en 2020, pero hasta ahora no se ha definido la fecha para la audiencia.