La sentencia contra Correa y otros acusados del caso Sobornos 2012-2016, explicada

  • Rafael Correa es condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho

    • Rafael Correa es condenado a ocho años de prisión

    El expresidente del Ecuador, Rafael Correa es condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el contexto del caso Sobornos 2012-2016. Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, el máximo estamento judicial del país, también condenó a otros 19 procesados, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, ex ministros y funcionarios cercanos al régimen que gobernó entre 2007 y 2017, cuando fue sucedido en el poder por su exvicepresidente y ahora enemigo político, Lenín Moreno. Además, el tribunal dispuso la pérdida de los derechos de participación política por 25 años de todos los condenados. 

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    Pasado el mediodía del 7 de abril de 2020, se conoció la decisión tomada por los jueces del Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, que presidieron la sesión con mascarillas y guantes de protección, ya que el Ecuador vive una emergencia sanitaria —incluido aislamiento obligatorio— por la propagación del covid-19. 

    El juez ponente del tribunal dijo que se ha comprobado que los pagos indebidos realizados a la estructura de funcionarios y empresarios investigada eran reportados al nivel jerárquico superior; es decir, a Rafael Correa y Jorge Glas. En el caso de la ex candidata a alcaldesa de Guayaquil, Viviana Bonilla, el tribunal dijo “se subía a la tarima como candidata a la alcaldía y no le importaba el origen del dinero. Evidentemente esa no es la manera en la que un funcionario público debe comportarse por lo tanto tiene calidad de coautora”. María de los Ángeles Duarte, ex ministra del gobierno de Correa, también fue declarada coautora del delito cohecho.  Varios empresarios fueron condenados junto a ellos. El fallo ratificó la inocencia de un asesor de Duarte. 

    En un comunicado, la Procuraduría General del Estado recalcó que esta es la primera instancia del juicio y que, con la sentencia del tribunal, concluye la etapa de juicio. En el caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con la sentencia, podrán apelar ante otro tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Después de que el Tribunal emita su fallo, las partes podrán imponer el recurso de casación. 

    El expresidente ecuatoriano ha insistido que los cargos en su contra son producto de una persecución política. En su cuenta de Twitter, Rafael Correa condenado a ocho años de prisión, dijono tengan la MENOR DUDA de que hoy nos van a condenar”. Además dijo que la solución está “en tus manos, en saber votar conmigo o sin mí en la papeleta, y que nunca más suframos lo vivido estos años. No lo merecemos”.  

    La abogada de Alexis Mera, María del Mar Gallegos —que estuvo en la audiencia conectada desde su casa— dijo que los jueces se fueron antes de que los abogados defensores pudieran plantear algunos recursos como aclaración sobre ciertos puntos de la sentencia. “Se vio al juez León pararse e irse sin darnos derecho a nada”, dijo. 

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    Esta es una nueva sentencia contra Jorge Glas —la primera es por asociación ilícita dentro de la trama Odebrecht—, que sirvió como vicepresidente de Correa y Moreno, entre 2013 y enero de 2018, cuando su cesado de su cargo por estar preso por cargos de corrupción relativos a la trama Odebrecht. 

  • Las primeras reacciones de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016

    • sentenciados en el caso sobornos

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Viviana Bonilla.

    Después de conocerse la decisión del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sobre la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado en el caso Sobornos 2012- 2016 y la sentencia  a 8 años de prisión a los autores mediatos y coautores, en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y varios de sus principales colaboradores reaccionaron. 

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    Tras la decisión de los jueces, se dieron las primeras reacciones de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016. A través de su cuenta de Twitter, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera dijo que apelará la decisión de los jueces. Mera dijo “No me extraña el absoluto el fallo, lleno de mentiras contra mí. Jamás recibí dinero de campañas y lo probé. Pero estos jueces venales tienen que obedecer órdenes. Vamos a la apelación”. Viviana Bonilla también se pronunció. Bonilla dijo que desde el primer día demostró su inocencia y “desvirtuo los pocos argumentos que la Fiscalía tenía”. Además condenó a quienes en medio de la tragedia por la emergencia sanitaria por coronavirus se dedican a la “persecución política en lugar de salvar vidas”. Jorge Luis Ortega, el abogado de la Walter Solís, otro de los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, dijo que lamentaba que se politice la justicia y se judicialice la política. Ortega indicó que el Caso Sobornos “seguirá en instancias internacionales no lo duden”. 

    También fueron condenados a 8 años de cárcel empresarios involucradas con compañías que recibieron contratos a cambio de entregar dinero a Alianza País. Como Alberto Hidalgo Zavala, Victor Manuel Fontana, Edgar Salas León, Ramiro Galarza Andrade, Bolivar Sanchez Rivadeneira, Pedro Verduga, William Wallace Phillips, Rafael Cordova, Teodoro Calle y Mateo Choi.

    En el caso de la asesora del despacho del expresidnete Correa, Pamela Martínez también fue considerada como coautora. Pero por haberse acogido a la cooperación eficaz fue sentenciada a 38 meses y 12 días de prisión. Mientras que Laura Terán, antigua asistente de Correa, fue sentenciada a 19 meses y seis días de prisión. Ambas se beneficiaron de la cooperación eficaz.

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    Los jueces del Tribunal de la Corte ratificaron el estado de inocencia de Yamil Massuh.

  • La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia del caso Sobornos 2012-2016

    • apelación del caso Sobornos

      Fotografía de la Corte Nacional de Justicia.

    Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó parte de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 en la audiencia de apelación. El tribunal desechó los recursos de apelación de 16 de los 20 sentenciados, ratificó la pena por cohecho para 18 —incluyendo al expresidente Rafael Correa—  y modificó la sentencia de dos. 

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    El 7 de abril de 2020, Correa y otros 17 procesados —entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, ex ministros y funcionarios cercanos a su gobierno— fueron sentenciados a ocho años de prisión por el delito de cohecho. Que se comete cuando un funcionario público solicita o acepta algo a cambio de realizar u omitir un acto dentro de su competencia. Según la Fiscalía, había una “estructura criminal” en la que varias empresas recibieron contratos a cambio de entregar dinero a Alianza País. 

    Allí los funcionarios públicos fueron condenados a 8 años de cárcel empresarios involucrados con compañías que recibieron contratos otorgados por el Estado, a cambio de supuestamente más de seis millones y medio de dólares. El tribunal también dispuso la pérdida de los derechos de participación política por 25 años de todos los condenados. Sin embargo, en la audiencia de apelación, el tribunal aceptó parcialmente los recursos de apelación interpuestos por Alexis Mera y Walter Solís, exsecretario Jurídico de la Presidencia y exsecretario del Agua durante el gobierno de Correa, respectivamente. Al aceptar parte de la apelación, el tribunal decidió que sus derechos de participación política estarán suspendidos solo por el tiempo de la condena —8 años—,  y no por los 25 sentenciados originalmente. De esa decisión se benefician también los otros 18 procesados, incluídos los expresidente y vicepresidente, pues según el artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, cuando hay varios procesados, “el recurso interpuesto por una de ellas, beneficiará a las demás, siempre que la decisión no se funde en motivos exclusivamente personales”. Esto significa que, en caso de ejecutoriarse —de que la sentencia quede en firme, tras agotar otros recursos que las defensas podrían utilizar—, ni Rafael Correa ni Jorge Glas ni los otros 18 procesados podrán participar como candidatos en las próximas elecciones

    En la audiencia de apelación, la Corte también redujo la sentencia de Alberto Hidalgo Zabala, de la constructora Hidalgo Hidalgo, a 32 meses. Además, la antigua asesora del despacho del expresidente Correa, Pamela Martínez también fue considerada como coautora, pero su sentencia se redujo a 38 meses y 12 días de prisión por haberse acogido a la cooperación eficaz. También se modificó las sentencia de la exasistente de Pamela Martínez, Laura Terán, antigua asistente de Martínez, que originalmente fue sentenciada a 19 meses y seis días de prisión. Según la CNJ, Terán debe cumplir con tres meses y 6 días de privación de la libertad por su cooperación eficaz durante el caso.  

    La CNJ ordenó que los 14.745.297 dólares que se deben pagar todos los procesados como reparación integral se distribuya según el nivel de participación en el delito. Los autores por instigación, coautores y autores directos pagarán cada uno 778.224 dólares. Los cómplices deberán pagar 368.632 dólares cada uno. En todo lo demás la Corte Nacional de Justicia se ratificó en la sentencia que fue notificada oficialmente el 26 de abril de 2020. 

    La audiencia de apelación se instaló a las 10:39 de la mañana del 16 de julio, más de una hora y media después de lo previsto. Varias personas —incluyendo a Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa y Alembert Vera, abogado de Walter Solís— se quejaron de las fallas en el sistema para participar en la audiencia virtualmente.  Según Jarrín, intentó conectarse por más de una hora, pero fue “imposible”.  

    Rafael Correa dijo en Twitter que más del 70% de los abogados del caso no se pudieron conectar “por problemas técnicos”. Gustavo Guerrero, otro de los abogados del caso, dijo que como las defensas técnicas no pudieron ingresar al sistema les asignaron un defensor público para “validar lo inválido”. El expresidente Correa calificó el caso y la sentencia de la CNJ de “ridículos” y dijo que le “duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí”. 

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    En la audiencia, la fiscal Diana Salazar dijo que durante todo el proceso, los abogados defensores “se han limitado a tratar de desviar la responsabilidad de los hechos hacia otras personas, pero nunca se negó la tesis de Fiscalía”. Según la institución, se presentó una “gran cantidad de prueba testimonial, pericial y documental”, que fue analizada por la Corte Nacional de Justicia. Las evidencias, dice la Fiscalía, permitieron demostrar “más allá de cualquier duda razonable– la responsabilidad de los procesados en el delito”.

    Ya que el tribunal de la CNJ emitió su fallo de la solicitud de apelación, las partes pueden imponer el recurso de casación, que busca la anulación de una sentencia. 

  • María de los Ángeles Duarte se encuentra alojada en la Embajada de Argentina

    • María de los Ángeles Duarte está alojada en la Embajada de Argentina

      Fotografía tomada de la cuenta de Flickr del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2012

    La exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte está alojada en la embajada de Argentina en Ecuador desde el 12 de agosto de 2020. Duarte permanece en esa embajada como huésped por razones humanitarias, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Este tipo de alojamiento se otorga cuando la vida de una persona corre peligro. 

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    En abril de 2020, María de los Ángeles Duarte fue sentenciada a ocho años de prisión dentro de la investigación Sobornos 2012-2016, como coautora del delito de cohecho, —cuando un servidor público recibe beneficios económicos indebidos. La sentencia fue ratificada en julio de 2020, pero está en la fase de casación , el último recurso para anular una sentencia judicial. Ni Duarte ni los 20 procesados están en prisión y esperan la decisión de la Corte Nacional de Justicia. El expresidente del Ecuador Rafael Correa es otro de los sentenciados en este caso. Sobre la sentencia contra Duarte, la Fiscalía dijo que “cuando se desempeñaba como funcionaria pública (en dos ministerios distintos) recibió dineros ilícitos”. 

    Por su parte la Cancillería de Ecuador dijo en un comunicado que Duarte fue procesada y sentenciada en un proceso judicial en el que pudo ejercer su derecho a la defensa y fue juzgada sobre un delito común que determina el Código Integral Penal (COIP) por lo que, dice la cancillería, Duarte no es una “perseguida política”. Además, la cancillería ofrece entregar a Argentina la documentación del proceso para demostrar lo que afirma.

    Según, la Convención sobre Asilo Diplomático de la Organización de Estados Americanos de la que Ecuador es parte, un estado tiene derecho de dar asilo, pero “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes” 

    Pero Duarte no es la única exfuncionaria que ha pedido asilo. Los exasambleístas Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira estuvieron asilados en la embajada de México por tres meses hasta que salieron del país en enero de 2020. 

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    María de los Ángeles Duarte fue ministra en el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017 por tres ocasiones. Fue ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda entre 2007 y 2009. Luego, fue Ministra de Inclusión Económica y Social. Su último cargo fue el de Ministra de Transporte y Obras Públicas.

  • Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó casación en Sobornos 2012-2016

    • recurso de casación

      Fotografía de comunicación de la Corte Nacional de Justicia

    Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de casación en el Caso Sobornos 2012-2016. Los jueces Javier de la Cadena y José Layedra votaron en favor de ratificar la sentencia, mientras que el tercer miembro del tribunal, Milon Ávila, salvó su voto, es decir que no estuvo de acuerdo con una parte o todo el fallo . La audiencia de casación finalizó en la tarde del 7 de septiembre de 2020, luego de 3 días de audiencia en la que se presentaron recursos e intervenciones de los 16 acusados, de la Fiscal General, Diana Salazar y de Íñigo Salvador, Procurador del Estado.

    En la parte final de la audiencia el juez ponente, Javier de la Cadena, leyó el fallo de casación en el que resolvió que se mantiene la sentencia de ocho años de cárcel en contra de los 16 acusados en este caso entre ellos Rafael Correa, expresidente del Ecuador, Jorge Glas, exvicepresidente, los funcionarios del gobierno de Correa: Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri.  Además, el tribunal declaró válido el proceso. El tribunal también dijo que el expresidente Correa “instigó y aconsejó al resto de funcionarios para que reciban los sobornos”. 

    A los pocos minutos de iniciada la lectura del fallo, Rafael Correa escribió en Twitter Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular”. 

    Además, al ratificar la sentencia, queda en firme la prohibición de que Correa sea candidato a alguna dignidad de elección popular, tal como pretendía serlo para las elecciones de 2021, a las que buscaba postularse como candidato a vicepresidente.  

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    La audiencia de casación por el caso Sobornos —el último recurso judicial que busca la anulación de la sentenciase instaló el 3 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia en Quito. La casación es un recurso extraordinario que pretende anular una sentencia judicial en la que se ha malinterpretado la Ley;  se la ha aplicado de forma inadecuada o en que no ha aplicado el debido proceso. 

    Los abogados de los 16 sentenciados que se acogieron al recurso debían explicar cuáles fueron los errores que cometió el tribunal al dictar la sentencia de sus defendidos. 

    La tesis de la Fiscalía señala que los implicados—  entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, ex ministros y otros funcionarios del gobierno de Correa— formaron una red en la que varios empresarios entregaban dinero a cambio de contratos con el Estado. 

    En la audiencia de casación,  los sentenciados presentaron su intervención frente al tribunal conformado por los jueces:  Javier de la Cadena Correa, José Layedra Bustamante y Milton Ávila Campoverde

    Diana Salazar, Fiscal General del Estado pidió que los recursos presentados por los sentenciados, sean rechazados porque no tiene los criterios requeridos para que se acepten. Salazar dijo que “la sentencia entregada por el Tribunal de Apelación contiene el sustento jurídico necesario y no existe errónea interpretación ni aplicación de la normativa ecuatoriana”. El mismo pedido hizo el procurador general, Íñigo Salvador. 

    Los recursos que no fueron admitidos por el tribunal son los de la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, la exfuncionaria pública está hospedada en la embajada de Argentina en Ecuador desde el 12 de agosto de 2020,  del exsecretario del Agua, Walter Solís y del empresario Alberto Hidalgo y de Rafael Correa, según un boletín de la Fiscalía, pero no detalla qué recursos fueron rechazados. 

    El caso salió a la luz tras una publicación del portal digital Mil Hojas en abril de 2019. Según el portal varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa estaban involucrados en negociar, gestionar y recaudar dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza PAIS. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el caso el 4 de mayo de 2019, menos de un mes después de la publicación en el portal. Al inicio el caso era conocido como Arroz Verde y luego la Fiscalía lo denominó Sobornos 2012-2016 que es el periodo en el que había sucedido los hechos investigados. 

    Un día después de abierta la investigación, la Fiscalía solicitó la audiencia de formulación de cargos e inició la instrucción fiscal. Esta es la etapa en la que la Fiscalía investiga los hechos que podrían probar un posible delito. En el caso Sobornos, este proceso terminó el 9 de septiembre de 2019. Dos de los acusados fueron absueltos, y otros veinticuatro fueron acusados por el delito de cohecho— veintidós en calidad de autores y dos en calidad de cómplices. El delito de cohecho, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se comete cuando un funcionario público acepta o solicita algo a cambio de “hacer, omitir, o condicionar” actos dentro de sus funciones.

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    El 11 de noviembre de 2019, la Fiscal General, Diana Salazar, presentó las evidencias contra los veinticuatro implicados. La Fiscal sostuvo que Pamela Martínez, asesora de Rafael Correa en la Presidencia de la República, recaudó más de 1 millón de dólares en efectivo y que utilizó la empresa Nexo Global para recibir fondos de Odebrecht y otras empresas que pagaban sobornos a cambio de contratos con el estado. Salazar dijo además que los funcionarios públicos implicados aprovecharon sus roles para otorgar contratos del Estado y así obtener recursos “de manera irregular” de empresarios. 

    La jueza Daniella Camacho, llamó a juicio a veintiuno de los sospechosos el 3 de enero de 2020 después de analizar la evidencia entregada por la Fiscalía. Tras poco más de un mes, el 10 de febrero, inició la audiencia de juzgamiento del que es considerado uno de los casos de corrupción más grandes de la historia del país. Finalmente el 7 de abril un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, el máximo estamento judicial del país, sentenció al expresidente Correa y otros 17 funcionarios a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La sentencia determinó además la pérdida de los derechos de participación política de los sentenciados durante ocho años.

    Los acusados se acogieron al recurso de apelación, que es un medio legal a través del cual se busca modificar o revocar una sentencia. Pero el 20 de julio de 2020, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de apelación y ratificó parte de la sentencia contra los procesados. Así, su último recurso sería la casación.

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    Al dar como terminada la casación, la sentencia queda ejecutoriada. Es decir, que la sentencia queda firme y el proceso se da por terminado. El caso entonces no puede ser reabierto y los sentenciados tendrán que cumplir su condena.  

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