Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de casación en el Caso Sobornos 2012-2016. Los jueces Javier de la Cadena y José Layedra votaron en favor de ratificar la sentencia, mientras que el tercer miembro del tribunal, Milon Ávila, salvó su voto, es decir que no estuvo de acuerdo con una parte o todo el fallo . La audiencia de casación finalizó en la tarde del 7 de septiembre de 2020, luego de 3 días de audiencia en la que se presentaron recursos e intervenciones de los 16 acusados, de la Fiscal General, Diana Salazar y de Íñigo Salvador, Procurador del Estado.

En la parte final de la audiencia el juez ponente, Javier de la Cadena, leyó el fallo de casación en el que resolvió que se mantiene la sentencia de ocho años de cárcel en contra de los 16 acusados en este caso entre ellos Rafael Correa, expresidente del Ecuador, Jorge Glas, exvicepresidente, los funcionarios del gobierno de Correa: Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri.  Además, el tribunal declaró válido el proceso. El tribunal también dijo que el expresidente Correa “instigó y aconsejó al resto de funcionarios para que reciban los sobornos”.

A los pocos minutos de iniciada la lectura del fallo, Rafael Correa escribió en Twitter “Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular”.

Además, al ratificar la sentencia, queda en firme la prohibición de que Correa sea candidato a alguna dignidad de elección popular, tal como pretendía serlo para las elecciones de 2021, a las que buscaba postularse como candidato a vicepresidente.

La audiencia de casación por el caso Sobornos —el último recurso judicial que busca la anulación de la sentencia– se instaló el 3 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia en Quito. La casación es un recurso extraordinario que pretende anular una sentencia judicial en la que se ha malinterpretado la Ley;  se la ha aplicado de forma inadecuada o en que no ha aplicado el debido proceso.

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Los abogados de los 16 sentenciados que se acogieron al recurso debían explicar cuáles fueron los errores que cometió el tribunal al dictar la sentencia de sus defendidos.

La tesis de la Fiscalía señala que los implicados—  entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, ex ministros y otros funcionarios del gobierno de Correa— formaron una red en la que varios empresarios entregaban dinero a cambio de contratos con el Estado.

En la audiencia de casación,  los sentenciados presentaron su intervención frente al tribunal conformado por los jueces:  Javier de la Cadena Correa, José Layedra Bustamante y Milton Ávila Campoverde.

Diana Salazar, Fiscal General del Estado pidió que los recursos presentados por los sentenciados, sean rechazados porque no tiene los criterios requeridos para que se acepten. Salazar dijo que “la sentencia entregada por el Tribunal de Apelación contiene el sustento jurídico necesario y no existe errónea interpretación ni aplicación de la normativa ecuatoriana”. El mismo pedido hizo el procurador general, Íñigo Salvador.

Los recursos que no fueron admitidos por el tribunal son los de la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, la exfuncionaria pública está hospedada en la embajada de Argentina en Ecuador desde el 12 de agosto de 2020,  del exsecretario del Agua, Walter Solís y del empresario Alberto Hidalgo y de Rafael Correa, según un boletín de la Fiscalía, pero no detalla qué recursos fueron rechazados.

El caso salió a la luz tras una publicación del portal digital Mil Hojas en abril de 2019. Según el portal varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa estaban involucrados en negociar, gestionar y recaudar dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza PAIS. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el caso el 4 de mayo de 2019, menos de un mes después de la publicación en el portal. Al inicio el caso era conocido como Arroz Verde y luego la Fiscalía lo denominó Sobornos 2012-2016 que es el periodo en el que había sucedido los hechos investigados.

Un día después de abierta la investigación, la Fiscalía solicitó la audiencia de formulación de cargos e inició lainstrucción fiscal. Esta es la etapa en la que la Fiscalía investiga los hechos que podrían probar un posible delito. En el caso Sobornos, este proceso terminó el 9 de septiembre de 2019. Dos de los acusados fueron absueltos, y otros veinticuatro fueron acusados por el delito de cohecho— veintidós en calidad de autores y dos en calidad de cómplices. El delito de cohecho, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se comete cuando un funcionario público acepta o solicita algo a cambio de “hacer, omitir, o condicionar” actos dentro de sus funciones.

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El 11 de noviembre de 2019, la Fiscal General, Diana Salazar, presentó las evidencias contra los veinticuatro implicados. La Fiscal sostuvo que Pamela Martínez, asesora de Rafael Correa en la Presidencia de la República, recaudó más de 1 millón de dólares en efectivo y que utilizó la empresa Nexo Global para recibir fondos de Odebrecht y otras empresas que pagaban sobornos a cambio de contratos con el estado. Salazar dijo además que los funcionarios públicos implicados aprovecharon sus roles para otorgar contratos del Estado y así obtener recursos “de manera irregular” de empresarios.

La jueza Daniella Camacho, llamó a juicio a veintiuno de los sospechosos el 3 de enero de 2020 después de analizar la evidencia entregada por la Fiscalía. Tras poco más de un mes, el 10 de febrero, inició la audiencia de juzgamiento del que es considerado uno de los casos de corrupción más grandes de la historia del país. Finalmente el 7 de abril un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, el máximo estamento judicial del país, sentenció al expresidente Correa y otros 17 funcionarios a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La sentencia determinó además la pérdida de los derechos de participación política de los sentenciados durante ocho años.

Los acusados se acogieron al recurso de apelación, que es un medio legal a través del cual se busca modificar o revocar una sentencia. Pero el 20 de julio de 2020, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de apelación y ratificó parte de la sentencia contra los procesados. Así, su último recurso sería la casación.

Al dar como terminada la casación, la sentencia queda ejecutoriada. Es decir, que la sentencia queda firme y el proceso se da por terminado. El caso entonces no puede ser reabierto y los sentenciados tendrán que cumplir su condena.