El 12 de octubre de 2020 se retomó la audiencia de juicio en el caso Singue que se suspendió en marzo de 2020 por el comienzo de la pandemia del covid-19. La Fiscalía General del Estado, en agosto de 2017 comenzó la investigación contra funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, presuntamente involucrados en irregularidades en la entrega del campo petrolero Singue, ubicado en la provincia de Sucumbíos.

La Contraloría General del Estado hizo un examen especial entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016, a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución del contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador, al que se le adjudicó el campo Singue.

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La Fiscalía examinó los procesos contractuales entre el Estado y la compañía Dygoil-Gente Oil Ecuador, empresa a cargo del campo Singue. El contrato fue firmado el 30 de abril de 2012 por el exministro de Hidrocarburos, Wilson Pastór. Antes de la entrega del campo a la compañía, se inició un proceso obligatorio de estimación de la cantidad de petróleo a explotar. Del campo Singue se podía extraer 2 millones de barriles durante 20 años, según esa estimación. Sin embargo, tres años después del inicio de la explotación, la contratista había extraído más de 4,7 millones de barriles: el 244% de la producción planificada para veinte años se hizo en tres años.

Además, la empresa fue acusada por presuntos incumplimientos, según informe de la Contraloría, en el proceso precontractual, como no detallar los valores de tarifa por cada barril y el no aplicar los valores que exige la Ley de Hidrocarburos.

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A pesar de eso se contrató y aprobó la oferta a Dygoil-Gente Oil Ecuador para la extracción de petróleo. Por las irregularidades detectadas, la Contraloría dijo que había indicios de responsabilidad penal. Y a cargo del Fiscal General de ese momento, Carlos Baca Mancheno, se inició la investigación por delito de peculado.

El peculado según el art. 278  del Código Orgánico Penal es el delito que consiste en dar un mal uso a bienes y fondos públicos por parte de funcionarios con alguna autoridad dentro de las instituciones Estatales. La Contraloría General del Estado es la entidad encargada de controlar el buen uso de estos bienes públicos.

Según una publicación de la Contraloría General del Estado convocaría a una audiencia por “irregularidades registradas” contra Carlos Pareja  y Wilson Pastor exministros de Hidrocarburos, junto al ex vicepresidente Jorge Glas, y otros 11 funcionarios por delito de peculado.

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En la página web del Campo Singue dice que se han invertido 140 millones de dólares, subiendo en un 500% la inversión inicial  y más de 400 millones de dólares han sido entregados al país en seis años, incluyendo tasas y tributos. También dice que inicialmente “ el oferente presentó la tarifa de 34.50 dólares por barril de petróleo”  y posteriormente, por medio de un proceso de renegociación que duró tres meses se redujo la tarifa a  33.50 dólares por barril de petróleo. La Fiscalía argumentó que para el estado el perjuicio es de 28,4 millones de dólares. Según los abogados defensores, no hubo ningún perjuicio al Estado. Dicen que el país incluso terminó recibiendo 400 millones de dólares más de lo que debía.

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Nicole Calderón
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