En 95 días, la Asamblea del Ecuador deberá haber aprobado la ley para acceder al aborto en casos de violación. Dicho de otra manera: deberá haber cumplido con la orden que le dio la Corte Constitucional el 28 de abril de 2021. Aprobar la ley no es opcional y aunque parezca una obviedad escribirlo, cuando una asambleísta participa en un evento público provida, y un representante “por la defensa de la vida desde la concepción” comparece en una de las comisiones de la Asamblea, es necesario recordarlo.

Es necesario recordar —sobre todo hoy que se celebra el Día de Acción global por un aborto libre y seguro— que esta ley no depende de los caprichos o posturas de los legisladores ecuatorianos sino que es el cumplimiento de una orden directa del máximo tribunal del país.

Cuando la Corte Constitucional despenalizó la interrupción del embarazo por violación, obligó a la Defensoría del Pueblo a escribir un proyecto de Ley para normar el proceso y presentarlo máximo dos meses después a la Asamblea Nacional, para que esta debata, incluya detalles del procedimiento —si debe o no haber plazos, si debe o no haber requisitos, entre otros—, y luego apruebe el proyecto. Para hacerlo, le dio seis meses a la Asamblea —que se cumplen en diciembre de 2021.

Pero apenas 60 días después del fallo de la Corte, la asambleísta más votada, Pierina Correa, con un pañuelo celeste —símbolo de quienes se oponen al aborto en todas sus causales— firmó una carta de rechazo a la propuesta de Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación que ese día fue entregada por la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional.

Luego de que su participación generara críticas, Correa —hermana del expresidente que en 2013 amenazó con renunciar a su cargo si en la Asamblea siquiera se discutía el aborto por violación— dijo que había sido invitada por una amiga y que fue como ciudadana y no como legisladora. Lo dijo obviando que es una figura pública, que participó en un evento público y que puso las fotografías —con una niña de 14 años y su bebé— en su red social pública en la que su biografía dice Asambleísta Nacional-Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea.

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Durante más de una década la despenalización del aborto por violación en el Ecuador ha sido una lucha de ciudadanas y organizaciones sociales. Pero frente a ese incansable esfuerzo por garantizar más derechos para las niñas, adolescentes y mujeres, ha habido demasiada  resistencia.

El último intento de evitar que los abortos clandestinos se sigan dando fracasó en septiembre de 2019 cuando la Asamblea Nacional no aprobó una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En ese entonces, era lógico que los asambleístas debatieran y votaran  favor o en contra de la despenalización. Ganaron los que dicen estar en “defensa de la vida” (qué vida será la del hijo de una niña, adolescente o mujer víctima de violación y qué vida será la que le quede a esa niña, no parece importarles). Se tomaron fotos y celebraron su triunfo.

Fue una decisión durísima para los colectivos de mujeres del Ecuador que, sin embargo, acataron la decisión institucional de la Asamblea Nacional. Ahora, los asambleístas ya no tienen la opción de decir “voto en contra” de la despenalización. Eso ya lo hizo la Corte Constitucional en abril. Ahora les toca aprobar la ley que reglamente el aborto por violación. Por eso carecen de sentido campañas como la de la asambleísta Geraldine Weber. Da a entender que legisladores como ella han olvidado sus obligaciones constitucionales. 

Una de ellas es acatar las sentencias de la Corte Constitucional. Según la Constitución, “la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia”. Es decir, la Corte existe para determinar qué es constitucional y qué no, y cuando algo no lo es, su trabajo es cambiarlo y expulsar del ordenamiento las normas inconstitucionales de la legislación ecuatoriana, como lo hizo al despenalizar el aborto por violación. 

Como no es competencia de la Corte legislar, le ordenó a la Asamblea que, siguiendo unos claros parámetros, lo haga para garantizar el acceso al derecho al aborto en los casos de violación. Siendo ese el panorama, si a Pierina Correa, Geraldine Weber, Luis Fernando Torres y otros asambleístas les parece que la sentencia de la Corte va en contra de la Constitución, su comentario quedará como eso, un comentario —que además carece de fundamento, si la Corte es la encargada de decir qué es y qué no es constitucional. Si estos legisladores, que se rasgan las vestiduras en otras instancias pidiendo institucionalidad, quieren desconocer un fallo del máximo tribunal del país, entonces su discurso sobre fortalecer instituciones y respeto de la independencia de poderes se revela contradictorio o, aunque suene duro, hipócrita. Además, bien harían estos asambleístas recordar que, de no cumplir con el fallo, está también entre las competencias de la Corte “conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”

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Luego de que el 28 de junio la Defensoría del Pueblo presentara el proyecto de Ley a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificó —es decir verificó que cumple con todos los requisitos—, y el 17 de agosto, lo envió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para ser tratado. En este mes y un poco más, la Comisión hizo un taller sobre el tema, un foro, y ha mantenido —hasta ayer— 51 comparecencias en las que ha recibido a científicas, abogadas, médicos, activistas, y demás miembros de organizaciones de la sociedad civil —a favor y en contra del aborto. 

El 23 de septiembre, uno de los expertos fue el abogado Ramiro García quien, al inicio de su intervención recordó precisamente las funciones de la Corte Constitucional. “El cuestionamiento que se hizo ayer respecto a lo hecho por la Corte no tiene el menor sentido, es algo que hace rato se debatió, excepto en el Ecuador donde todavía algunos legisladores parece que aún no se han enterado que los órganos de control de constitucionalidad tienen esta facultad”, dijo en referencia a los asambleístas que el día anterior cuestionaron la sentencia de la Corte. 

Luego García les recordó que como legisladores tienen la tarea de recabar toda la información de todas las tendencias y “asegurarse que la ley que salga, vaya acorde a los lineamientos que la Corte Constitucional estableció” independientemente de sus posturas políticas, ideológicas, jurídicas. De una manera clara, argumentada y elegante, García les recordó en este punto lo que tienen que hacer es cumplir con lo que les obligó la Corte y que no presenten un proyecto que luego vaya a tener objeciones porque no es constitucional.

Está claro que como no pueden frenarlo, les queda reclamar sin éxito. Lo preocupante sería que a ese reclamo le sumen trabas que hagan que el acceso al aborto por violación sea engorroso y limitado.  Ayer, por ejemplo, en una de las comparecencias ante la Comisión de Justicia que recibió al coordinador de Plataforma FeVidaFamilia, Roberto Gómez Valdivieso, quien en los 15 minutos que tenía para intervenir, en la mitad del tiempo reprodujo un video de Pilar Calva Mercado, una científica mexicana frecuentemente citada por grupos religiosos. “El inicio preciso de todo ser humano es cuando la información genética necesaria se reúne dentro de una célula: el óvulo fertilizado, y este momento es la concepción”, concluye Calva en el video. 

Es un manido argumento que ignora lo que la comunidad científica ha dicho en su conjunto: establecer en qué momento empieza la vida es una discusión contínua. Por ejemplo, el científico Alberto Kornhblitt, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de ese país, compareció ante el Congreso de la Nación en 2018 para explicar por qué un embrión no es lo mismo que un ser humano. Pero más allá de eso: esa cuestión no está en discusión ahora en la Asamblea. Lo que está en discusión es cómo implementar el fallo de la Corte. Intervenciones como la de Weber —que dijo que un aborto es un asesinato— o de Gómez son distracciones ante lo que debería ser un debate de cómo cumplir la orden de la Corte. 

Cuando acaben las comparecencias, la Comisión de Justicia deberá hacer un informe sobre el proyecto que será utilizado en el primer debate del pleno del Legislativo. Después, analizará las observaciones presentadas en el debate y hará un segundo informe que también se discutirá en el pleno. Ahí se decidirá si se lo archiva o si se aprueba de forma íntegra, por títulos, por capítulos, secciones o artículos. 

Si se aprueba, el proyecto será enviado al Ejecutivo. El presidente Guillermo Lasso podrá aprobarlo u objetarlo de forma total o parcial. Tiene 30 días para tomar esa decisión. Si se cumplen todos los plazos en la Asamblea Nacional y el Ejecutivo y no hay objeciones, la ley podría publicarse hasta enero de 2022. 

Aún quedan varios pasos y tres meses para que la Asamblea cumpla lo que le ordenó la Corte y garantice un acceso seguro a quienes fueron violadas, quedaron embarazadas y deciden terminar ese embarazo. Que las opiniones de los asambleístas que se resisten a lo irresistible no nos distraigan de la conquista que derechos de abril de 2021: en Ecuador, el aborto por violación es legal, y nadie puede quitarnos eso.