La mañana del lunes 28 de junio, Pierina Correa, asambleísta por Unión por la Esperanza (UNES) y hermana del expresidente Rafael Correa, asistió a un evento provida. Vestida con jeans, camisa blanca y un pañuelo celeste —color que usan los movimientos que están en contra de cualquier forma de aborto— atado a la mano derecha. Fue una declaración de intenciones: ese mismo día, la Defensora del Pueblo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación cumpliendo con el fallo de la Corte Constitucional. Fue, además, revelador: Correa milita en la fuerza política que se presentaba como “progresista” —pero de progresismo nada. Ni de guardar las formas para sostener el discurso.
El acto convocado en Guayaquil por la asambleísta socialcristiana Geraldine Weber pretendía reunir firmas de rechazo a la propuesta de ley de interrupción del embarazo presentada por la Defensoría del Pueblo, que la Asamblea Nacional debe enviar a la Presidencia de la República. Era, en realidad, más un acto desesperado de quienes se resisten a aceptar que los derechos de las mujeres violadas no pueden seguir siendo vulnerados, que una posibilidad real de incidir en lo que será ley: el aborto por violación.
El evento recurrió a la utilización de una niña de 14 años y de su hijo de dos meses, producto de una violación. Pierina Correa estaba junto a la niña, sosteniendo en brazos al bebé. “Con su pronunciamiento (la Corte Constitucional), está yéndose, abierta y descaradamente, en contra de la Constitución que dice que la vida va desde la concepción. Está avalando un delito cuando debería de estar encargada de proteger a las reales víctimas de esta situación, no solamente la mujer violada sino el producto de esa violación”, dijo, sosteniendo, con la mano libre, un micrófono para que pudieran escucharla. “Miren esta alegría, una vida inocente”, dijo mirando al bebé que sostenía en brazos “¿Por qué truncarla? No podemos estar a favor de eso, definitivamente”, dijo amalgamando en pocas líneas inexactitudes legales, falacias argumentativas y rancio conservadurismo.
Es absurdo que una asambleísta que se abandera del progresismo, participe en un evento como este. Pero, tristemente, no es sorpresa. Rafael Correa, líder máximo de la organización, ha sido claro en su postura personal que, durante su mandato, se trasladó al ámbito de lo público: del aborto, ni discutir, so pena de ser sanciondas, expulsadas o vetadas, como ya ocurrió en 2012. Casi una década después, Pierina Correa, hace su parte. Ante las críticas posteriores de muchos coidearios y compañeros de partido en la Asamblea, ha preferido el silencio. Y quizás es lo mejor. Poco o nada puede decir que atenúe el peso de sus actos.
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Es paradójico pero más progresismo hay en lo que anteayer hizo el gobierno de derecha de Guillermo Lasso que, por el día del orgullo GLBTI iluminó el Palacio de Carondelet con los colores de la diversidad.
El gesto puede parecer trivial pero no lo fue. Aún menos en un país en el que hemos estado acostumbrados a que el credo personal del gobernante de turno, domine todos los niveles de su gobierno. Y Lasso, sabemos, es un hombre católico y conservador, pero que parece entender que su moral personal no puede interferir en su gestión como el jefe de un Estado laico. E iluminar el palacio de gobierno, de donde emanan las principales políticas públicas, con esos colores demuestra la comprensión desde el Estado de que los derechos rigen para todos —en especial para los grupos sociales históricamente marginados. Que es pinkwashing —la estrategia marketera de usar la causa legítima de la lucha por los derechos GLBTI para verse cool, progresista o protector de derechos e incluso lucrar— , dicen unos. Aún no lo sabemos. Lo veremos en los próximos tres años y 11 meses que aún le queda a este gobierno para demostrar que no, que su interés por los derechos no era un asunto ni de campaña ni de estrategia de marketing.
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Sí es disonante que una de las más visibles representantes de quienes, se pasaron una década hablando de progresismo —más predicándolo que practicándolo— aplauda en una marcha provida mientras aquel al que acusaban de curuchupa, se muestre tolerante, respetuoso e inclusivo. No solamente por iluminar el palacio de colores. También por respaldar la creación de una Subsecretaría de Diversidades. Impensable en el Guillermo Lasso de la precamapaña electoral. También por incluir en su gabinete a personajes cuya lucha por los derechos de las mujeres ha sido pública: Sebastián Palacios, Bernarda Ordóñez, Mae Montaño.
Y no, no son aplausos a funcionarios públicos que hacen su trabajo apegados a los derechos humanos, es un reconocimiento —manteniendo la mirada crítica hacia las acciones futuras— al cumplimiento de mínimos. Mínimos que, lastimosamente, en los últimos gobiernos no existieron. Y mínimos que tendrán que verse materializados en que haya presupuesto suficiente para la Subsecretaría de Diversidades, y que se implemente política pública para garantizar los derechos de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo tras una violación, tal como lo ordena el fallo de la Corte, entre tantas otras acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres.
Eso es lo que tenemos que seguir exigiendo: un gobierno que respete e impulse la aplicación de derechos humanos, que demuestre, con discurso, acciones y decisiones que los derechos no son una moneda de cambio.
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Pero también hay que exigir a los legisladores que se apeguen a los proyectos con los que llegaron. Jahiren Noriega, asambleísta alterna de UNES, preguntaba en Twitter a la organización política si es que hay consciencia de “la gravedad” de que Pierina Correa “haya participado en un acto público que expone a una niña embarazada, sobreviviente de violencia sexual” y se preguntaba qué hará el movimiento al respecto.
No fue la única: legisladores como Fausto Jarrín, Victoria Desintonio y Paola Cabezas, coordinadora del bloque, arremetieron contra Correa. ¿Habrá, en este caso, sanciones del comité de ética como hubo cuando Paola Pabón y otras legisladoras pidieron discutir el aborto por violación?
Lo que hizo Pierina Correa es grave no solo porque transgrede los supuestos valores de su movimiento, sino porque ella preside la comisión legislativa que debe crear leyes para proteger a la niñez, se presenta en un acto de revictimización a una niña violada. Además, porque es el acto de inicio para intentar desconocer un fallo de la Corte Constitucional, máximo tribunal ecuatoriano. ¿Habrá alguna consecuencia o se guardará silencio?
Lo que hizo Correa quiebra el discurso progresista del correísmo. ¿Podrán sus representantes tomar decisiones que marquen un precedente? Veremos. Y veremos también si la postura proderechos de Lasso perdura y se materializa.
Un presidente, una secretaria, un subsecretario, una asambleísta, siempre estarán a prueba. Si anteaayer Carondelet se pintó de colores pero mañana seguimos viendo comisiones ad honorem o gabinetes sin diversidad —ni mujeres, ni minorías sexuales, ni diversidad étnica o etárea—, de nada habrá servido. El símbolo tiene fuerza cuando viene con acciones concretas. Si no, es un burdo intento de ser lo que no eres.
Como ciudadanos, tenemos la obligación de estar vigilantes. Que los legisladores con caretas de progresismo no nos engañen. Que la voluntad política de trabajar por la igualdad venga con presupuesto. Y entonces, veremos.
