Es difícil entender qué pasa en Quito. Días después de que Santiago Guarderas fue posesionado como alcalde (uno pensaría que eso es irrevocable, pero no), la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la remoción de Jorge Yunda que aprobó el Concejo Metropolitano. Fue un giro inesperado: el martes 27 de julio, el Concejo incluso había elegido a Brith Vaca como nueva vicealcaldesa. Parecía que volteaban la página hasta que el alcalde-exalcalde volvió triunfante a su despacho en el Municipio, dijo que no guardaba resentimientos y que trabajaría 24 horas para recuperar lo perdido por la pandemia. Es mentira. Eso, al menos, es claro. Yunda ha demostrado que para él lo importante es el cargo y los suyos, no Quito. Más allá de las riñas políticas, sus 26 meses de administración han estado marcados por la parálisis y el escándalo. Y ahora será peor.
En términos técnicos, Yunda se salvó porque la Corte Provincial de Pichincha aceptó las razones de la jueza Belén Dominguez. Según la Corte, el informe de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano violaba los derechos del alcalde-exalcalde y no garantizó un proceso imparcial. Entre otras cosas, los jueces del tribunal establecieron que la Comisión de Mesa no contestó los pedidos de recusación de Yunda en contra de Guarderas y que incurrió en una “violaciòn del principio y garantía constitucional” al ser presidida por el mismo Guarderas. Yunda dijo en su rueda de prensa de retorno triunfal que al haber ganado por voto electoral, su remoción era una violación a los derechos de sus votantes. Así finalmente sacó a Guarderas, quien dice que todavía se considera alcalde de Quito, para enfrentarse a su propia ciudad. Y aunque Yunda se salvó, ha mantenido al Municipio en vilo. Hay bibliotecas municipales sin titulares y tampoco hay dirección de parques. Según esta nota, una funcionaria de la Subsecretaría de Educación renunció con otras seis personas más porque no hay ni dirección ni confianza.
Y mientras Guarderas dice que esto no ha terminado y la ¿vicealcaldesa? Vaca guarda silencio, la solidez institucional del Municipio permanece hecha añicos.
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Jorge Yunda llegó a la alcaldía con el 21% de votación, con las justas y contra los prejuicios que de boca en boca se expresaban sobre sus orígenes. No pertenecía a los círculos aristocráticos de la ciudad que veían con mejores ojos a candidatos como Paco Moncayo y César Montúfar. Por eso, incomodó y entusiasmó a la vez.
Desde el inicio era una cajita de sorpresas: arrancó con un serie de gestos de alta carga política como cerrar el contrato de arrendamiento de la plaza de toros Belmonte y no realizar la elección de la Reina de Quito. Al no haber ganado por mayoría, Yunda se mostró dispuesto a escuchar y a asesorarse bien: invitó al urbanista Fernando Carrión a hacer parte de su equipo, por ejemplo. No pasó de eso.
Uno de los problemas más críticos de la ciudad, la apertura del metro, sigue en veremos. En los últimos meses, el alcalde-exalcalde le ha metido más cabeza a defenderse que a entregar de una vez por todas la obra más importante para el sistema de transporte de la ciudad. Su manejo ha sido informal, dejado, con más divagaciones que decisiones.
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En enero de este año, por ejemplo, dijo que buscaría una empresa internacional que opere el metro sin un plan o estrategia clara. Aunque como parte de su lavado de imagen, el Municipio ha hecho una campaña en redes sociales y medios de que “el metro ya llegó”, la administración sigue postergando su apertura —la última fecha la dio Guarderas: finales de 2023.
Según informes hechos por Veedurías Ciudadanas avaladas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hay cifras que no cuadran, aumentos de costos y mucha mala gestión. Ha faltado cuidado en la proyección de costos de la operación. El Municipio ha planteado operar el sistema localmente con ayuda internacional sin consideraciones técnicas y financieras necesarias que podrían hacer del metro insostenible a futuro. No hay ninguna certeza hasta ahora.
El manejo de Yunda de la crisis del covid-19 también fue paupérrimo. El alcalde-exalcalde compró pruebas inefectivas para detectar el virus y con aparentes arreglos directos con los proveedores. Según el estudio que hizo el Instituto Nacional de la Investigación en Salud Pública (INSPI) las pruebas que compró Yunda eran inservibles para generar cercos epidemiológicos y no eran las que se habían determinado en el contrato con la empresa Salumed. Las pruebas compradas tenían un 15,38% de sensibilidad, mientras que el contrato establecía que debían tener una sensibilidad del 99%. Es algo por lo que Yunda sigue encausado penalmente.
Todo esto ha ocurrido mientras Yunda pelea por el cargo. No va a cambiar. En su defensa, el abogado de Yunda ha arremetido contra los concejales —que insisten en que uno de sus deberes es fiscalizar al alcalde— y ha caldeado los ánimos. Si Yunda no dio soluciones a los problemas urgentes de la ciudad antes, será más difícil ahora. Pero no es probable que le moleste mucho: total, él ya ganó. La pregunta es a qué costa: la ciudadanía está molesta, escéptica y decepcionada, y el alcalde-exalcalde vuelve al Municipio para mantener a la ciudad a la deriva, sin dirección, y sin liderazgo. Eso sí: al parecer, él está a salvo.
