Cuando Jorge Yunda ganó la Alcaldía de Quito en 2019, la reacción más notable de quienes estaban inconformes con su victoria fue señalar que “no tenía legitimidad porque fue electo por apenas uno de cada cinco quiteños”. En efecto, Yunda ganó con el 21% de los votos válidos. Dos años más tarde, cuando el Concejo Metropolitano sesionó para votar por su remoción del cargo, el argumento de su escasa votación y falta de legitimidad reapareció.
De hecho, fue mencionado más de una vez durante la sesión extraordinaria del 2 de junio de 2021, así como en las semanas previas a la sesión del Concejo, y en la discusión política posterior. Después de todo, sería diferente remover del cargo a un funcionario de elección popular si este hubiera alcanzado, por ejemplo, el 60% de la votación.
Esta observación no es superficial. Yunda, su limitada votación, su legitimidad cuestionada desde el principio, y su reciente remoción, nos enseñan algo sobre la infraestructura de la política local en el Ecuador.
Removido este alcalde, ¿es posible que Quito tenga otro Jorge Yunda? Nada contra el individuo: la pregunta es sobre lo que Yunda representa. Es más o menos como preguntar si las condiciones están dadas para que haya un nuevo Trump en la presidencia de los Estados Unidos (spoiler: la respuesta a ambas preguntas es, lamentablemente, sí).
Yunda resultó electo con el 21% de los votos válidos, apenas por encima de Luisa Maldonado de Fuerza Compromiso Social, quien obtuvo el 18%. Maldonado, a su vez, quedó segunda, apenas por encima de Paco Moncayo (auspiciado por una alianza donde estaba la Izquierda Democrática y Democracia Sí), que también obtuvo el 18% de los votos. A Moncayo le siguió César Montúfar, de Concertación, que alcanzó el 17%. En votos, la distancia entre el primero y el cuarto lugar fue de apenas 60 mil votos (en una ciudad de 1,6 millones de electores).
Con esos resultados, en realidad el ganador podía haber sido cualquiera de los cuatro primeros. El desenlace oficial fue, en buena parte, una consecuencia de las características que hicieron de las elecciones de 2019 unas elecciones seccionales muy particulares.
Ese año, el número de candidatos compitiendo en elecciones locales fue considerablemente superior comparado con todas las elecciones seccionales de las últimas dos décadas. En las seccionales de 2004, 2009 y 2014 hubo más o menos 1.200 candidatos participando en las contiendas para las alcaldías de todo el país. (Los números exactos son 1.201 en 2004; 1.259 en 2009; y 1.261 en 2014). En 2019 hubo 1.875 candidatos en total —es decir, 50% más que en contiendas anteriores.
Con una oferta política considerablemente superior, la demanda, al nivel agregado, fue más dispersa —aunque no por mucho. Por ejemplo, si se consideran las elecciones de todos los cantones en conjunto, mientras en las elecciones anteriores entre el 85 y 88% de los votos, en promedio, fueron a los tres primeros lugares, en las elecciones de 2019, esa proporción fue del 78%.
Promedio de porcentaje acumulado del voto por los primeros 3,4,5 candidatos de los cantones, en las elecciones seccionales 2004-2009.
En general, los cantones donde los tres primeros lugares acumularon menor porcentaje fueron aquellos donde hubo un número grande de candidatos. Por supuesto hay excepciones: el contexto del poder local importa. En Quito, por ejemplo, con 18 candidatos en 2019, los tres primeros acumularon apenas el 57,9% (alta dispersión del voto). En Guayaquil, en cambio, con 17 candidatos, es decir casi el mismo número, los primeros tres lugares recibieron más del 87% de los votos (baja dispersión).
Los cantones donde hubo muy pocos candidatos, en cambio, fueron cantones donde los tres primeros lugares acumularon un alto porcentaje de los votos. Esto ocurre casi siempre: con pocos candidatos, generalmente hay una baja dispersión del voto.
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Finalmente, hubo un rango medio: en los 92 cantones donde compitieron entre 8 y hasta 13 candidatos, no hubo una relación obvia entre el número de candidatos y la fragmentación o concentración de los votos totales.
El porcentaje con el que ganó un candidato, funcionó más o menos parecido. En contiendas con muy pocos candidatos, el ganador fue electo con un porcentaje considerable (otra vez, por la baja dispersión).
En el rango medio no hay relación: en contiendas de entre 7 y hasta 13 candidatos, el alcalde electo alcanzó un porcentaje que no guardaba necesariamente relación con el número de contendores contra los que compitió (a veces es alto, a veces es bajo). Y en las contiendas de más de 14 candidatos, el ganador tuvo, en general, porcentajes bajos.
Número de candidatos y porcentaje del alcalde electo, por cantón y número de electores. Elecciones seccionales 2019.
Nuevamente, el contexto local y las contingencias específicas importan. El contexto local específico guayaquileño, por ejemplo, con la presencia dominante del Partido Social Cristiano, ha garantizado que el candidato de ese partido resulte electo con porcentajes superiores al 50-60%, independientemente de si compite contra otros dieciséis candidatos (como en 2019), tres candidatos (2014), cuatro candidatos (2009), o contra otros siete candidatos (2004).
Las contingencias importan: en 2019 en Quito hubo 3 candidaturas separadas porque la alianza de César Montúfar, Juan Carlos Solines y Juan Carlos Holguín no se concretó.
Lo que nunca sabremos —porque no podemos ver lo que pasa en un mundo paralelo— es cuál habría sido el porcentaje de Jorge Yunda si hubiese ganado pero compitiendo contra menos candidatos. ¿Habría ganado de todas maneras? Es imposible saberlo. Tampoco sabremos nunca si se hubiera dicho lo mismo del porcentaje del alcalde ganador y su legitimidad, si el ganador hubiera sido, por ejemplo, Paco Moncayo.
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El punto es que Yunda fue un “resultado contingente”, es decir, fue el producto de las circunstancias particulares de una elección donde cualquiera de los cuatro primeros candidatos podía haber ganado.
Pero las razones que hicieron posible su victoria son características estructurales del sistema de partidos y del sistema electoral vigente. La discusión de cuál es el número adecuado de candidatos es muy compleja, pero las consecuencias de un número elevado de competidores por una alcaldía son perfectamente identificables.
En las elecciones seccionales de 2004, 2009 y 2014, el número de candidatos por cantón fue, en promedio, 5,8, 5,7 y 5,4 candidatos, respectivamente. En 2019 el promedio fue de 8,5 candidatos por cantón. Las contiendas con más candidatos fueron donde se produjeron “sorpresas” electorales.
Se consideran “sorpresas” las victorias inesperadas dadas las expectativas hasta el día de las elecciones. En Cuenca, Pedro Palacios venció a Jefferson Pérez y Marcelo Cabrera—hoy, ministro de Obras Públicas. En Ibarra, la independiente Andrea Scacco venció con una diferencia apretadísima (menos de 0,4%) a Álvaro Castillo, que se postulaba con el apoyo de una alianza de la que formaban parte la ID, Centro Democrático, el PSC y Democracia Sí. En Machala, Darío Macas de Unidad Popular venció a Carlos Falquez del PSC. En Ambato, Javier Altamirano de la ID venció a Luis Fernando Torres del PSC. Y, por supuesto, en Quito, Luisa Maldonado y Jorge Yunda ocuparon los dos primeros lugares, venciendo al favorito en las encuestas, Paco Moncayo.
El número de candidatos que participaron en las contiendas mencionadas fueron: 13 en Cuenca, 10 en Ibarra, 13 en Machala, 12 en Ambato, y 18 en Quito. Todos bastante por encima del promedio.
Si bien no se puede decir que estas sorpresas se dieron “debido” al gran número de candidatos (porque aquí no se puede establecer “causalidad”), los datos sugieren que competencias de mayor dispersión son competencias abiertas, donde las características del contexto y las estrategias específicas de campaña influyen mucho, los resultados son volátiles, y candidatos inesperados pueden ganar con márgenes muy apretados. Sentenciar a Yunda por su falta de legitimidad es perder de vista que el sistema electoral vigente podría, en principio, crear el mismo problema para cualquier otro candidato que resulte electo, más allá de quién sea el individuo.
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En la práctica, determinantes muy diversas provocaron la remoción del alcalde Yunda. Algunas son inmediatas y mecánicas, y otras son más distantes e indirectas.
Sería ingenuo pensar que no respetar repetidamente los procedimientos de la administración pública fue lo que provocó la decisión del Concejo Metropolitano: Yunda seguramente no será recordado como el alcalde que fue destituido por “incumplir con las disposiciones establecidas para garantizar la participación ciudadana”.
A pesar de no haber sido considerado estrictamente entre las causales jurídicas, el contexto de corrupción de la alcaldía evidentemente fue una determinante. Hay una literatura considerable que estudia, precisamente, cómo el clima de opinión pública afecta los fallos judiciales, incluso cuando el contenido de los fallos es ajeno a los temas de la conversación pública. Por ejemplo, con un clima de opinión pública más favorable, sin escándalos de corrupción alrededor, la decisión de remoción basada estrictamente en cuestiones procedimentales habría sido simplemente más difícil de adoptar —quizás, impensable. En política, las magnitudes importan.
Igualmente, sería ingenuo descalificar al racismo como variable explicativa del rechazo general al alcalde desde el principio. Una abundante literatura examina cómo personas que cargan con ciertas marcas de identidad racial, de clase o de género, son evaluadas con un estándar diferente que las personas pertenecientes a las élites o que cargan con las marcas de identidad dominantes del contexto específico. El comentario de que el exalcalde Mauricio Rodas también incurrió en faltas graves pero no fue removido porque era objetivamente más blanco —su apellido era “Rodas” y no “Yunda”— y tenía a las élites de su lado, apunta precisamente a este principio.
Así, la lista de determinantes es extensa. Pero consideradas por separado, cualquier determinante conduce a observaciones estériles cargadas de falsas equivalencias. Observaciones del tipo, “la corrupción en el Municipio de Quito le cuesta el cargo a Yunda, pero la corrupción del Municipio de Guayaquil no le cuesta el cargo a la alcaldesa Cynthia Viteri”. O, por ejemplo, “más que por su mala administración, a Yunda le removieron del cargo por su apellido”. La realidad es evidentemente más compleja.
Cynthia Viteri y Jorge Yunda no son exactamente comparables porque, entre otras cosas, mientras Viteri pertenece al partido político que ha controlado la administración municipal de Guayaquil durante 20 años, Yunda carece de una organización política siquiera reconocible. La estructura que describimos más arriba es lo que llevó a Viteri a la alcaldía con más del 50% de la votación y un Concejo Municipal objetivamente más favorable. Yunda y Viteri no se pueden comparar porque, más allá de la observación superficial de que ambos han incurrido en escándalos sobre uso de fondos públicos, son actores fundamentalmente diferentes en sus respectivos sistemas políticos.
O, por ejemplo, Rodas y Yunda no son exactamente comparables porque Rodas, en su momento, fue la alternativa preferida frente al adversario correísta —Augusto Barrera— y gozaba de gran aceptación (que luego devino en tolerancia, que luego devino en hastío), en un contexto donde el sentimiento anticorreísta iba en aumento. Algo parecido podría pasar con el Presidente Lasso, por cierto.
Muchos medios de comunicación fueron visiblemente hostiles a Yunda, así como muchos medios fueron, por ejemplo, visiblemente tolerantes de Moreno durante su administración. Pero sería impreciso decir que los actores políticos gozan de estabilidad o gobernabilidad, simplemente porque tienen el favor de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, decir esto no implica desconocer que la hostilidad de los medios, como variable explicativa, contribuyó al clima de opinión pública desfavorable que contribuyó para la remoción.
En resumen, la remoción del alcalde se produjo por varios factores que, en combinación unos con otros, pero ninguno por separado, confluyeron para este desenlace.
Jorge Yunda ha sido, sin duda alguna, objeto del racismo, al mismo tiempo que ha sido un mal alcalde, al mismo tiempo que carece de una organización política que lo respalde, al mismo tiempo que fue electo en condiciones estructurales objetivamente desfavorables, al mismo tiempo que ha facilitado arreglos de corrupción alrededor del municipio, al mismo tiempo que goza del apoyo de un sector (¿minoritario?) de la población quiteña, al mismo tiempo que fue electo por apenas uno de cada cinco electores. Todo eso es cierto, y lo uno no invalida ni contradice lo otro.
De todas estas determinantes, la escasa legitimidad de su elección sobresale porque es una especie de agravante de segundo orden por encima de las demás. Si el sistema electoral y la estructura de partidos se mantiene vigente, Jorge Yunda no será el último actor que participe en una contienda con un electorado fragmentado, alcance una escasa votación, y enfrente problemas de legitimidad desde el comienzo.
