Cerca de la una de la madrugada de hoy, jueves 3 de junio de 2021, el Concejo Metropolitano de Quito removió al alcalde de Quito, Jorge Yunda. La decisión se dio con 14 votos favorables, el mínimo necesario para dar paso a la remoción de Yunda. El Concejo está integrado por 21 miembros —hubo un voto en contra (Luis Robles) y seis abstenciones (Soledad Benitez, Gissela Chalá, Marco Collaguazo, Orlando Nuñez, Blanca Paucar y Luis Reina). Esta es la primera vez que un alcalde es cesado en sus funciones tras un proceso de remoción, un trámite que está descrito en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que es la ley regula la organización administrativa del Estado ecuatoriano —incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, entre los que están los municipios de los 221 cantones que tiene el país.
En una sesión maratónica del Concejo Metropolitano, que duró poco más de dieciséis horas, se analizaron dos pedidos de remoción contra Yunda.
El primero fue presentado por Marcelo Hallo, político y excandidato a la prefectura de la provincia de Pichincha y representante del colectivo llamado Quito Unido. Minutos después de su intervención, Hallo desistió de su pedido porque, según él, los concejales ya habían decidido rechazar su propuesta. Hallo dijo que un medio de comunicación había revelado que los concejales del movimiento Fuerza Compromiso Social—que auspició al correísmo en las elecciones seccionales de 2019— votarían en contra de la remoción del alcalde, lo cual hacía matemáticamente imposible que la moción se aprobara.
A las tres y treinta de la tarde, se presentó el segundo pedido de remoción. Aquél estaba impulsado por una agrupación denominada Frente Profesionales por la Dignidad de Quito. En la sesión intervino Camila Moreno, representante del Frente. Ella dijo que existen quejas de muchas personas que están sufriendo lo que llamó la falta de “institucionalidad y liderazgo” del alcalde Yunda. Moreno también aseguró que la capital ecuatoriana nunca “ha necesitado antes concejales que nos saquen de la situación que estamos viviendo” y que era preciso aprobar la moción de remoción de su colectivo. Después, la abogada del Frente, Jessica Jaramillo, dijo que en el Municipio se habían visto una “serie de escándalos de corrupción” y que por ello los concejales, únicos legalmente facultados para hacerlo, debían dar paso a la remoción de Yunda.
En su pedido, el Frente sostiene que la administración de Yunda se ha “caracterizado por un aparente mal manejo de los fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado”. Además, alega que el alcalde ha incumplido disposiciones legales y “resoluciones expedidas” por el Concejo Metropolitano, ambas causales previstas en el artículo 333 del Cootad. Este colectivo asegura que de las siete causales que se establecen en este código el alcalde de Quito ha incumplido tres.
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Tras la presentación de las acusaciones contra Yunda, intervino su abogado, Marcelo Icaza, quien asistió a la sesión en representación del alcalde quiteño, quien prefirió no asistir a la sesión del Concejo Metropolitano. El abogado de Yunda dijo que si el Alcalde era removido, recurrirían a todas las instancias legales para que sea restituido. Incluso, dijo, llevarían el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, adujo, el Estado sería condenado a pagar una indemnización a Yunda por su remoción.
Después, los veintiún concejales intervinieron antes de dar su voto. El vicealcalde Santiago Guarderas dijo que ninguno de los miembros del máximo cuerpo colegiado de la ciudad podía abstenerse. Sin embargo, el concejal Luis Reina, del movimiento Fuerza Compromiso Social, dijo que era inaceptable que se le obligue a no abstenerse.
Otro concejal, Bernardo Abad, calificó a la sesión de “histórica”, y votó a favor de la remoción de Jorge Yunda. Abad dijo, además, que no sería intimidado por amenazas del abogado del alcalde de Quito, aunque no dijo exactametne a qué se refería. El concejal por Concertación, Fernando Morales, votó también a favor de la remoción. Según Morales, la decisión no tenía que ver con los chats del hijo y la familia Yunda “repartiéndose los contratos”, dijo en referencia al escándalo que involucraba a Sebastián Yunda, hijo mayor del alcalde Yunda, que discutía negociaciones entre el municipio y proveedores. Además, dijo Morales, Yunda debía estar dando la cara a la ciudad y “no haciendo lo que hizo su hijo”. Como ellos, otros 11 concejales votaron a favor de la remoción.
Jorge Yunda puede consultar la decisión del Concejo Metropolitano ante Tribunal Contencioso Electoral (TCE), órgano judicial de la Función Electoral, que podría revertirla. El TCE juzga estos temas pues se trataría de la cesación de un funcionario electo por votación popular, le dijo a GK Daniela Chacón, exvicealcaldesa de Quito y directora de la iniciativa Quito cómo vamos. Hasta que esa consulta se resuelva, la decisión del Consejo Metropolitano quedaría en suspenso por 10 días hasta que el TCE determine si las pruebas que se presentaron para la remoción son válidas. “Durante estos días Santiago Guarderas no podría ser alcalde, y seguiría al frente de la Alcaldía de Quito Jorge Yunda hasta que se emita un dictamen definitivo”, le dijo a GK el abogado Ismael Quintana.
