Cuando cumplió 15 años, Susana* le contó a su mamá que le gustaban las mujeres y que tenía novia. Ese día, su madre la golpeó tanto que Susana huyó de casa y se refugió donde una tía. Dos días después regresó. Pero las cosas empeoraron. Su hermana menor comenzó a llamarla hombre, con un tono burlón. Su madre pasó siete meses sin hablarle y, cuando lo hizo, le repetía que no quería que su hija “fuera así”.
Su papá no la juzgaba ni atacaba por ser lesbiana, pero sí la golpeaba por otros motivos. La última vez fue un lunes de febrero de 2026 —poco antes de que Susana cumpliera 18 años. De la casa habían desaparecido cinco dólares y su padre creyó que ella los había cogido. La golpeó hasta casi romperle la nariz. Al día siguiente, Susana escapó de su casa y no volvió más.
Siete meses después, sentada en la sala de la casa de otra tía, donde ha encontrado un lugar seguro, cuenta su historia.
Lo que Susana sufrió refleja uno de los datos más preocupantes de la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población LGBTI+, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 2026: el hogar es el espacio donde más personas encuestadas dijeron haber sufrido discriminación o violencia.
Para llegar a esos resultados, el INEC entrevistó a 6.147 personas LGBTI+ mayores de 18 años de las 24 provincias. Más de la mitad, el 53,5%, dijo haber sufrido discriminación o violencia en algún momento de su vida. Y entre quienes la vivieron, siete de cada diez dijeron que ocurrió dentro de su propia familia.
La activista trans Sarah Flores, quien colaboró con el INEC en el proceso técnico de la encuesta, explica que la violencia dentro de las familias nace de las expectativas sobre cómo deberían vivir sus hijos. Si nace hombre, explica, se espera que sea “bien varoncito” y que forme una familia. Pero cuando ese hijo dice que es gay, rompe con el futuro que otros habían imaginado para él.
Esa ruptura de las expectativas sociales, dice Flores, puede convertirse en rechazo y violencia dentro de la propia casa.
“Yo todavía tengo fe de que te pueda gustar un chico”, le dijo su madre a Susana hace un año mientras discutían. También le repetía que podía aceptar que otras mujeres fueran lesbianas, pero no que lo fuera su hija. En cada pelea, Susana tenía miedo de que la volviera a golpear.
El miedo suele ser una de las primeras emociones que aparecen después de vivir violencia, dice Katherin García, psicóloga clínica e integrante de la Red Existimos —conformada por mujeres lesbianas, bisexuales y queer. “Nos hace luchar o huir”, explica. Por eso, según García, es importante no atravesar la violencia a solas.
Cuando la familia deja de ser un lugar seguro, las redes de apoyo para prevenir esta violencia pueden estar en otros lados: amigos, familiares o la propia comunidad.
Susana encontró esa red en sus tías. Con ellas ha tenido un lugar donde sentirse protegida y querida. Puede dormir tranquila, sin que nadie llegue en la madrugada a insultarla. Su tía con la que vive ahora cuenta que encontró ayuda psicológica para su sobrina desde junio de 2026.
Pero, ¿cómo se podría evitar que una persona de la población LGBTI+, como Susana, tenga que buscar ese lugar seguro fuera de su casa?
La psicóloga García dice que una manera para prevenir esa discriminación o violencia en casa comienza por algo tan cotidiano como que los padres hablen de diversidad sexual y de género dentro de casa. Que se informen y, por ejemplo, que no supongan que sus hijos son heterosexuales —que se sienten atraídos por personas de otro género— o cisgénero —que se identifican con el sexo con el que nacieron.
En lugar de solo suponer, dice García, los padres pueden preguntar sobre cómo se identifican sus hijos, quiénes les atraen o cómo quieren expresar su género. Y, sobre todo, escucharlos.
También es importante que los padres reflexionen sobre cómo crían a sus hijos. Para García, prácticas que durante años se han normalizado como formas de castigo —los golpes con la correa, la chancla o el cabestro— siguen siendo violencia. Reemplazarlas por una crianza respetuosa puede ayudar a que la casa deje de ser otro espacio del que niños y adolescentes tengan que protegerse.
La idea, dice García, es que la familia sea el primer lugar al que puedan acudir cuando enfrentan violencia. Esto es especialmente importante para niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+, que también pueden sufrir rechazo, discriminación o agresiones en la escuela, el colegio y, más adelante, en la universidad o espacios de trabajo.
Aún hay violencia en colegios y universidades, ¿cómo prevenirla?
Hace unos 20 años, Fernando* caminaba por los pasillos del colegio intentando pasar desapercibido. A veces le silbaban cuando pasaba o imitaban su forma de caminar. Otras, sus compañeros doblaban las muñecas para insinuar que era homosexual y reírse de él.
Fernando sabía que le gustaban los chicos, pero prefería que nadie lo supiera. Lo ocultaba a sus compañeros y a sus padres, por miedo a que se enteraran.
Las burlas hicieron que quisiera volverse invisible. Cuando terminaban las clases y regresaba a casa, pensaba en lo que tendría que hacer al día siguiente para que nadie se fijara en él. Si nadie lo veía —pensaba— nadie tendría motivos para molestarlo.
Tampoco tenía muchas respuestas para entender lo que sentía. Hace dos décadas, el Internet no estaba al alcance de casi todos y encontrar información sobre diversidad sexual era mucho más difícil que hoy. Muchos adolescentes LGBTIQ+ crecían creyendo que estaban solos. Que no había nadie como ellos. O, incluso, que sentir atracción por alguien de su mismo sexo era un “pecado”.
Dos décadas después, las personas LGBTIQ+ tienen más derechos reconocidos. Pero las burlas, el rechazo y la violencia no han desaparecido de las aulas. La encuesta del INEC muestra la dimensión del problema: el 51,7% de las personas LGBTIQ+ encuestadas dijo haber vivido discriminación en el “ámbito educativo”.
Mientras se levantaba la encuesta, Sarah Flores conoció casos de estudiantes LGBTIQ+ de colegios de Guayaquil que habían intentado suicidarse. Aunque la encuesta no documenta esos casos ni permite vincular los intentos de suicidio específicamente con la violencia en las aulas, existen.
Para la activista, detrás de lo que ocurre en las aulas están los prejuicios sobre cómo debería verse o comportarse una persona. Dice que algunos estudiantes se convierten en blanco de burlas y agresiones porque sus compañeros los perciben, por ejemplo, como “muy afeminados”.
¿Cómo se empieza a romper ese prejuicio? Para García, la respuesta está en la información. Y ahí sí hay una diferencia importante con lo que vivió Fernando hace 20 años.
Hoy un adolescente puede buscar en segundos qué significa ser gay, lesbiana, bisexual o trans. Incluso puede recurrir a herramientas de inteligencia artificial para hacer preguntas que quizá no se atrevería a plantear a otra persona. García dice que ella misma ha probado qué tipo de respuestas ofrece Chat GPT y considera que pueden ser útiles porque no encontró en ellas prejuicios o estigmas contra las personas LGBTIQ+.
Tener información, dice García, puede ayudar a un adolescente a entender lo que siente y reconocer que no hay nada malo en quién es. Mientras más se naturalice que ser LGBTIQ+ es algo normal, las personas se liberan de la carga de pensar que están haciendo algo malo o que lo que sienten no está bien, explica la experta.
También puede darle herramientas para identificar una burla, una agresión y frenarla a tiempo o pedir ayuda.
Pero saber qué está pasando o sintiendo no significa tener que enfrentarlo solo. Las instituciones educativas en Ecuador también tienen herramientas para actuar sobre casos de violencia.
Desde 2018 existe en en el país una guía pública para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo. El documento dice cómo estudiantes, profesores, autoridades, familias y profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) deben actuar en situaciones de discriminación y violencia contra personas LGBTIQ+.
Según la guía, los compañeros de una persona LGBTIQ+ deben evitar burlas, apodos, imitaciones, exclusión y otras conductas discriminatorias por orientación sexual o identidad de género.
La guía también plantea medidas concretas para respetar a las personas LGBTIQ+ dentro de las instituciones educativas.
Por ejemplo, dice que se debe llamar a las personas por su nombre social —es el nombre con el que una persona se identifica y quiere ser llamada, aunque sea distinto del que consta en sus documentos oficiales— e incluirlo en las listas de asistencia, reportes de calificaciones y otros documentos de la institución.
También recomienda evitar actividades que separen a los estudiantes por sexo, permitir que las personas trans usen el uniforme y los baños de acuerdo con su identidad de género, y mantener la confidencialidad sobre la orientación sexual.
Además, la guía plantea que compañeros o docentes no censuren expresiones, conductas o emociones por ser percibidas como homosexuales.
Antes, dice Fernando, el estudiante que era víctima de violencia por parte de sus compañeros, prefería callar. No acudía al DECE, porque —entonces— cree que la respuesta habría sido: “Aprende a defenderte”. Para García, hoy los DECE tienen un papel especialmente importante. Sus profesionales deberían estar capacitados en diversidad sexual y de género y abrir espacios para hablar del tema con los estudiantes. “Lo que no se habla no existe”, dice.
Pero un protocolo sirve de poco si, cuando ocurre una agresión, el estudiante no sabe a quién contarle lo que está viviendo. Por eso García habla de identificar una “persona segura”: alguien a quien pueda acudir sabiendo que será escuchado y no juzgado. Puede ser un profesor, alguien del mismo DECE o una persona de confianza fuera del colegio: una tía, un abuelo o una prima. Para eso, esas “personas seguras” también necesitan estar sensibilizadas.
Lo importante, dice García, es que el estudiante sepa que hay alguien a quien puede pedir ayuda.
En el trabajo también se puede prevenir la discriminación
Entre las personas LGBTIQ+ encuestadas que dijeron haber sufrido discriminación o violencia, el 29,2% señaló que ocurrió en el trabajo.
Para Sarah Flores, esta discriminación puede ser más evidente en el caso de las personas trans. Dice que todavía existe un fuerte sesgo al momento de contratarlas: algunos empleadores se fijan primero en su apariencia y no en sus capacidades para hacer un trabajo. “Nunca vas a ser atendido en un banco por una mujer trans”, reclama la activista.
Pero conseguir un empleo tampoco significa que la discriminación termine.
Karla*, una mujer trans de 24 años, contó que el primer día en uno de sus trabajos preguntó a su jefe dónde debía comer. Él la mandó junto al baño. Su historia fue recogida en una tesis de la Universidad Central del Ecuador sobre el análisis del discurso de las mujeres trans, a partir de una entrevista realizada en 2024.
En el caso de personas gays o lesbianas, cuya orientación sexual no necesariamente es visible, García dice que la violencia puede ocurrir “por debajo del mantel”. No hace falta que exista un insulto o una agresión directa. Puede manifestarse en el hostigamiento, en cargar a una persona con más trabajo que al resto, excluirla de reuniones o actividades importantes, o hacer comentarios basados en prejuicios sobre su orientación sexual o identidad de género.
Incluso algunas conductas que parecen cotidianas pueden reproducir esos prejuicios: asumir que todos los compañeros son heterosexuales, convertir la orientación sexual o identidad de género de alguien en un chisme o no respetar la forma en que una persona quiere ser llamada.
Por eso, para la experta, una parte de la prevención consiste en aprender a reconocer cuándo una situación cruza la línea de la discriminación o la violencia. Y lo primero es conocer los derechos.
La Constitución ecuatoriana prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además, el Ministerio del Trabajo señala que una persona del sector privado afectada por discriminación, violencia o acoso laboral puede presentar una denuncia en sus ventanillas de atención o direcciones regionales.
Denunciar, dice García, también permite que estos casos queden registrados. Esos datos pueden ayudar a dimensionar un problema que muchas veces permanece oculto y servir para impulsar políticas públicas para enfrentarlo.
Pero evitar la discriminación no debería depender únicamente de quien la sufre.
Las empresas también tienen responsabilidad. Deben conocer los derechos de las personas LGBTIQ+.
Según un acuerdo ministerial del 2025, firmado por la entonces ministra del Trabajo, Ivonne Nuñez, los empleadores deben tomar medidas para prevenir la discriminación, la violencia y el acoso laboral. Esto incluye capacitar y sensibilizar a sus trabajadores y contar con mecanismos internos para prevenir y atender estos casos.
Si la discriminación ya ocurrió y alguien la denuncia, la empresa debe actuar. El mismo acuerdo dice que el empleador debe evitar represalias contra quien denunció, garantizar un proceso justo y no discriminatorio, mantener la confidencialidad e informar a las personas involucradas sobre el estado de la denuncia.
Además, el protocolo de cada empresa debe incluir un procedimiento para atender estos casos, medidas de protección para la persona LGBTIQ+ y acciones para evitar que vuelvan a ocurrir.
Para García, las empresas deberían tener políticas claras de igualdad, diversidad y no discriminación, además de capacitar a sus trabajadores sobre diversidad sexual y de género. Dice también que cada persona debería reconocer sus propios prejuicios y preguntarse si estos influyen en la forma en que trata a sus compañeros.
Reconocer los prejuicios implica prestar atención a lo que ocurre alrededor. Por ejemplo, no reírse de un chiste homofóbico y decir que no está bien, interrumpir una conversación en la que se insulta a una persona por su orientación sexual o identidad de género, cuestionar comentarios que presentan a las personas LGBTIQ+ como “raras” o “anormales”, y corregir información falsa cuando aparece entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.
¿Por qué los “círculos seguros” salvan vidas?
Los círculos seguros y las redes de apoyo pueden ser especialmente importantes para las personas LGBTIQ+ que viven situaciones de violencia o discriminación.
Ese círculo puede ser una tía, un abuelo, una amiga, un profesor o un vecino. Alguien a quien contarle lo que está pasando sin miedo a ser juzgado. Alguien que, si hace falta, acompañe a denunciar o ayude a buscar dónde pedir ayuda. A veces, incluso, esa persona puede darse cuenta de que algo anda mal antes de que la víctima pueda pedir ayuda.
García explica que, en el caso de niños, niñas y adolescentes, es importante que tengan al menos una persona a quien acudir: alguien que los escuche sin juzgarlos y pueda ayudarlos.
Ese apoyo también puede ser importante después de una agresión.
García explica que el miedo, la culpa o la vergüenza pueden hacer más difícil pedir ayuda o denunciar. En esos momentos, una persona de confianza puede acompañar a la víctima, ayudarla a encontrar dónde pedir ayuda y evitar que no denuncie por miedo o porque termine pensando que lo ocurrido “no fue para tanto”.
Pero una red de apoyo también puede actuar antes de que la violencia continúe o se agrave.
A veces, la persona que está en riesgo no puede pedir ayuda y es alguien cercano quien nota que algo cambió. García recuerda el caso de un joven cuyos padres decidieron internarlo en una de las mal llamadas “clínicas de deshomosexualización”, donde pretendían cambiar su orientación sexual.
Una amiga del joven conocía los problemas que tenía con sus padres y notó que había desaparecido de repente. Cuando supo que lo habían internado, alertó sobre lo que estaba pasando y denunció. En ese momento, organizaciones LGBTIQ+ reportaron el caso a la Policía. El joven fue rescatado.
En Ecuador, la ley no reconoce como legítimos los tratamientos destinados a “curar” o cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Muchas veces, estos espacios se camuflan en clínicas para rehabilitar a personas que consumen drogas o alcohol. En muchos casos, son clandestinas.
Para García, rescatar a las personas LGBTIQ+ de ser intentarnos a la fuerza no requiere de un grupo organizado ni estar formada por muchas personas.
A veces basta con alguien que note una ausencia, conozca que es prohibido, pregunte qué pasó y busque ayuda cuando algo no está bien. Esto puede ser especialmente importante en situaciones de encierro: García explica que algunas familias pueden decir que la persona “se fue de viaje” o a un “retiro espiritual”. Una amiga, un familiar, un profesor o un vecino que detecte esas señales puede alertar a la Policía, a instituciones del Estado o a organizaciones sociales para que intervengan.
*Susana y Fernando son nombres protegidos
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