Los cuestionamientos a la eliminación de la unidad de jueces anticorrupción

La unidad de jueces anticorrupción en Ecuador fue suprimida por el Consejo de la Judicatura el 7 de septiembre de 2026. La resolución, aprobada por los cinco vocales en una sesión extraordinaria, eliminó las tres dependencias que conformaban la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, y que se dedicaban exclusivamente a atender estos delitos. Se eliminó:

• La Unidad Judicial Especializada, que resolvía la etapa preparatoria de juicio. 
• El Tribunal Especializado, encargado de los juicios.
• La Sala Especializada de la Corte Provincial de Pichincha que resolvía, entre otros procesos, las apelaciones de los acusados o acusadores.

Hasta septiembre de 2026 la integraban 19 jueces anticorrupción —tres de ellos estaban suspendidos. Desde Quito, resolvían casos de lavado de activos, narcotráfico, minería y otros delitos relacionados con el crimen organizado ocurridos en cualquier parte del país.

¿Por qué se eliminó la unidad que funciona desde 2022? Según la resolución, la Judicatura revisó los datos del SATJE —el sistema donde constan los procesos judiciales del país— y concluyó que la unidad tenía una “carga procesal baja”. Es decir, pocos casos a su cargo en relación con su capacidad para resolverlos.

“En 12 meses el Tribunal Especializado registró solo 234 expedientes para sus nueve magistrados, mientras despachos penales ordinarios como la Corte Provincial de Pichincha superaron el 100% de su capacidad”, dice un boletín de la Judicatura.

Ahora, los casos de corrupción y crimen organizado pasarán a otras unidades y tribunales de Quito y Pichincha. Allí, además de los 19 jueces anticorrupción, estos casos podrán ser resueltos por jueces penales ordinarios. Es decir, los que están a cargo de delitos comunes, como robos, extorsiones o asesinatos.

La decisión de la Judicatura ha sido cuestionada. 

“Recibo con preocupación la noticia de que la unidad especializada, que ya operaba al 50% de su capacidad tras la suspensión de tres jueces, ha sido suprimida”, escribió Margaret Satterhwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces. 

Satterhwaite cuestionó que se haya tomado esta decisión en un momento en que la Judicatura declaró emergencia judicial en julio de 2026 por el déficit de jueces en Ecuador.

André Benavides, abogado constitucionalista, dice que la Judicatura estaría tratando de solucionar el problema de la “carga procesal” que tienen los jueces ordinarios —es decir, la cantidad de casos que tienen a su cargo y deben atender— con los jueces anticorrupción.

Eso significa que estos jueces ya no resolverán solo casos de corrupción y crimen organizado, sino también delitos comunes. En la práctica, “la especialidad deja de existir y queda solo en el membrete”, dice Benavides.

Para justificar la decisión,  la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo dijo que están reorganizando y optimizando recursos. Según Caicedo, el cambio “no debilita la lucha contra la corrupción ni contra el crimen organizado”.

Damián Larco, vocal de la Judicatura, dijo que “no se elimina la justicia especializada ni se reducen las competencias”. Explicó que la reorganización aumentará de 19 a 54 el número de jueces disponibles para atender casos de corrupción y crimen organizado.

Sin embargo, la abogada Dominique Dávila dice que los delitos de crimen organizado son de “alta complejidad” y resolverlos requieren una preparación especializada, como una maestría en criminalidad compleja. Si los jueces ordinarios asumen estos casos sin tener una especialización, podrían cometer errores durante el proceso.

Te explicamos los cuestionamientos a la eliminación de la unidad de jueces anticorrupción. 

¿Podría ser inconstitucional?

Sí.

En 2020, la Asamblea Nacional reformó el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y dispuso que haya jueces, tribunales y salas especializados para analizar y resolver casos de corrupción y crimen organizado.

Entre 2021 y 2022 se creó la unidad especializada.

Para eliminarla, la Judicatura usó el artículo 264 del COFJ que le permite “crear, modificar o suprimir salas de cortes provinciales, tribunales penales y juzgados”. 

Sin embargo, Benavides dice que si el Consejo de la Judicatura quería “eliminar a estos jueces” y permitir que cualquier juez de Quito resolviera casos de crimen organizado, debía impulsar directamente una reforma a la ley.

Explica que la resolución de la Judicatura es “una reforma al Código de la Función Judicial encubierta” y que el organismo encontró una forma de evitar que el cambio pasara por la Asamblea Nacional, que es la encargada de reformar las leyes.

Por eso, el abogado señala que la resolución podría ser demandada ante la Corte Constitucional. 

¿Cómo funcionaba la unidad especializada?

Según la abogada Dominique Dávila, la unidad especializada funcionaba “a media máquina”. Explica que solo en 2026, las destituciones y suspensiones de varios jueces redujeron su capacidad casi a la mitad.

El 24 de febrero de 2026, dos jueces anticorrupción fueron destituidos: Christian Quito, de la Unidad de Garantías Penales, y Gabriela Lara, del Tribunal de Garantías Penales. 

Según la Judicatura, los dos habrían “facilitado” la libertad de procesados vinculados con Comandos de la Frontera —un grupo delictivo que opera entre Ecuador y Colombia, y que está integrado por disidentes de las FARC y La Constru.

Cinco meses después, la Judicatura suspendió por 90 días y sin sueldo a otros tres jueces anticorrupción: Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez, integrantes de la Sala Especializada de la Corte Provincial de Pichincha.

Los tres habían revocado la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus dos hermanos en el caso Goleada. La Corte Nacional de Justicia dijo que los jueces habrían cometido un “error inexcusable” al tomar esa decisión, es decir, un error grave que un juez no debería cometer porque tenía los conocimientos para evitarlo. 

“Los que quedan son pocos jueces activos que no sabemos si es porque están operando bajo los lineamientos que le pide el poder”, cuestiona Dávila. También dice que la Judicatura pudo haber completado el número de jueces para que la unidad especializada funcionara bien. 

Pero ocurrió lo contrario: la eliminó. 

Ahora, los casos de corrupción y crimen organizado se repartirán en la Unidad Penal de Iñaquito, que se encargará de los procesos antes del juicio; la Unidad de Flagrancia de La Mariscal atenderá los casos cuando la persona sea detenida mientras comete un delito o inmediatamente después. 

El Tribunal Penal de Iñaquito estará a cargo de los juicios y la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha resolverá las apelaciones y casos de fuero —son cuando una persona, por el cargo que ocupa, no es juzgada inicialmente por un juez penal común. 

Los jueces anticorrupción continuarán analizando los casos que están en proceso hasta finalizarlos.

¿Los jueces ordinarios están preparados para resolver casos de corrupción? 

Los primeros jueces anticorrupción que conformaron la unidad especializada fueron elegidos mediante un concurso, en el que rindieron pruebas de confianza para evaluar qué tan vulnerables podían ser frente a las estructuras criminales. También completaron un programa de formación en la Escuela de la Función Judicial, que duró 52 días. 

Uno de ellos fue Carlos Serrano, quien renunció en diciembre de 2025 tras recibir amenazas y presiones relacionadas con un caso de lavado de activos.

Serrano recordó, en una entrevista con Primera Plana, que hubo 425 postulantes para las unidades anticorrupción, y fueron escogidos solo 14. “Todos fuimos evaluados en función del conocimiento de los 44 delitos específicos que sanciona esa unidad”, dijo. 

Pero lo que acaba de hacer la Judicatura fue “mal interpretar la especialización”, dijo Serrano. 

Según el ex juez, la resolución ha convertido a jueces penales ordinarios en jueces especializados. “Es un error, porque la especialización no nace con la designación y el nombramiento, nace con todo un proceso anterior que el Consejo de la Judicatura ignora”. 

La abogada Dávila explica que “no es lo mismo” resolver un robo que un caso de lavado de activos. En este último, por ejemplo, hay que entender una estructura que va desde el origen del dinero y la forma en que se lo lava, hasta cómo puede terminar en distintas partes del mundo.

“No todo juez está preparado para conocer materia anticorrupción”, agrega Benavides.

A la falta de preparación se suma otro cuestionamiento: la seguridad de los jueces. Benavides señala que hasta ahora eran 19 los jueces expuestos a casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Con el cambio, serán más de 50 los que podrán conocer este tipo de procesos.

En la entrevista radial, Serrano recordó que, cuando comenzaron a trabajar los primeros jueces anticorrupción, el gobierno y la Judicatura les ofrecieron seguridad. Sin embargo, dijo, que esa protección resultó insuficiente. Según el exjuez, cada uno tenía dos guardaespaldas y un chaleco antibalas donado por la Embajada de Estados Unidos, pero no tenían vehículos blindados ni armamento especial para protegerlos.

“Si a 19 jueces no les pudieron dar protección, ¿cómo van a hacer con los 50 jueces?”, cuestiona Benavides. 

Además, el experto en seguridad Gabriel Cedeño dice que el principal adversario de Ecuador son los grupos de crimen organizado. Los grupos delictivos y carteles tienen recursos y habilidades operativas para cooptar a funcionarios judiciales y rastrear con precisión lo que ocurre en el sistema de justicia. 

Al eliminar la unidad especializada, se pierde la lógica de seguridad que permitía aplicar mejores pruebas de confianza y proveer garantías de seguridad para los funcionarios. Como consecuencia, se incrementaría el riesgo de que el crimen organizado rastree con mayor exactitud el sistema judicial e influya en él. 

¿Cómo se va a garantizar que los jueces no sean cooptados por el crimen?, cuestiona Cedeño. 

¿Podría aumentar la impunidad? 

La falta de especialización de los jueces ordinarios, según Dávila, podría provocar la nulidad de los casos —es decir, cuando un proceso judicial tiene un error grave que invalida una parte de lo que se hizo y obliga a repetirla.

Según Dávila, algunos procesos podrían caerse si los jueces no tienen la preparación necesaria para resolver delitos complejos. “No digo que no puedan, pero tiene que haber algún juez ordinario que tenga esa especialidad”, dice.

La abogada señala que el problema ya existe incluso con jueces especializados. Dice que hay procesos que se caen porque las investigaciones de Fiscalía tienen fallas. Por eso, cuestiona qué podría ocurrir si esos casos llegan a jueces que no tienen formación específica.

Según Cedeño, la impunidad en los casos de corrupción sería la afectación más directa para la ciudadanía. Además, advierte que la falta de sentencias puede hacer que las personas pierdan la confianza en la justicia y estén menos dispuestas a denunciar delitos o participar como testigos.