El 18 de septiembre de 2025, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, convocó a un paro nacional “inmediato e indefinido”. Tomaron esa decisión, dijo, tras debatir con las bases del movimiento el alcance del decreto 126, emitido por el presidente Daniel Noboa, que eliminó el subsidio al diésel.
Desde el 13 de septiembre de 2024 este combustible pasó de costar 1,79 dólares por galón a 2,80 dólares.
Después de una asamblea extraordinaria en la Casa del Indígena, sede del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), en la ciudad andina de Riobamba, la Conaie convocó a manifestaciones en diferentes provincias del país y publicó 10 resoluciones para el gobierno.
“Las decisiones del gobierno nacional responden a los intereses de las élites económicas y de organismos financieros internacionales, sacrificando al pueblo y violando el derecho a una vida digna”, dice el comunicado oficial.
⭕ #ATENCIÓN | Resoluciones de la Asamblea Extraordinaria de la #CONAIE del 18S en Riobamba, donde definimos las acciones colectivas frente a la eliminación del subsidio al diésel y la crisis nacional.
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 19, 2025
Estas son las razones de la convocatoria a un #ParoNacional.#EnUnidad pic.twitter.com/vWSWeKuD4O
Dos días antes, el 16 de septiembre, el presidente Noboa decretó un nuevo estado de excepción luego de manifestaciones de transportistas, una convocatoria a una paralización del servicio en el país y los cierres viales tras la eliminación del subsidio al diésel.
El estado de excepción habilitó la movilización de militares y policías para neutralizar aglomeraciones que interrumpan servicios públicos, lo que en la práctica restringe el derecho a la libertad de reunión.
El estado de excepción durará 60 días. Es decir, hasta el 14 de noviembre, salvo que la Corte Constitucional determine que el decreto no cumple con los estándares constitucionales y lo suspenda.
Pese a ese decreto, la Conaie hizo la convocatoria al paro. Los dirigentes explicaron que las bases de cada pueblo y nacionalidad serán las que definan la fecha de inicio y las acciones que se adoptarán en el marco del paro nacional indefinido.
En un comunicado del 20 de septiembre, la Conaie aclaró su motivación: “¡No es solo por el subsidio, es por la vida, la dignidad y los derechos!”.
Te explicamos qué pide la Conaie en el paro de 2025.
Las 10 resoluciones y 7 exigencias de la Conaie
En la asamblea extraordinaria del 18 de septiembre de 2025, la Conaie resolvió 10 puntos y dos días después publicó sus 7 exigencias. Te explicamos cuáles son y su contexto:
1.Ratificar la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas “para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país”.
El ajuste económico se refiere a políticas macroeconómicas del gobierno de Daniel Noboa que buscan reducir el gasto público y aumentar los ingresos económicos para corregir la crisis económica del país, mejorar la balanza de pagos y promover la estabilidad fiscal.
Algunas de las medidas promovidas por Noboa son: la reactivación del catastro minero para atraer nuevas inversiones, la auditoría a las empresas públicas del sector energético, la eliminación del subsidio al diésel, el polémico impuesto 4×4 a las importaciones, la fusión de ministerios y los despidos de miles de empleados públicos.
2. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 “por ser una medida que encarece la vida”. También rechazan el incremento progresivo del precio de los combustibles.
Este decreto elimina el subsidio al diésel, que está vigente desde 1974.
El 12 de septiembre de 2025, la Conaie publicó un comunicado advirtiendo que la eliminación del subsidio al diésel afectará a millones de familias. También alertó sobre impactos en la producción campesina y transporte comunitario, pero no presentó cifras.
En su comunicado, la Conaie calificó la decisión como un “nuevo paquetazo neoliberal” que encarece la canasta básica y precariza la vida de los sectores más pobres.
La Conaie dice que esta medida “sacrifica la vida, salud y educación del pueblo”. Para la Conaie el Presidente prioriza cifras macroeconómicas para cumplir con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El 31 de mayo de 2024 el FMI prestó a Ecuador 4.000 millones de dólares y el 18 de julio de 2025 aprobó una ampliación de 1.000 millones de dólares.
“Este incremento golpeará nuestras actividades productivas, culturales y turísticas, limitando el acceso a la salud, la educación y la comercialización de productos”, enfatizó la Conaie.
⭕ [COMUNICADO]
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 13, 2025
La eliminación del subsidio al diésel afectará a millones de familias, a la producción campesina y al transporte comunitario, encareciendo la canasta básica y precarizando aún más la vida de los sectores populares. La CONAIE se ampara en el derecho a la… pic.twitter.com/RNWNmaIb32
El 15 de septiembre de 2025, Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, dijo que el gobierno no negociará la eliminación del subsidio del diésel y negó un aumento de precio en el gas doméstico y los pasajes de buses.
Jaramillo también dijo que más de 23 mil transportistas recibirán un bono mensual que va entre 450 y 1.000 dólares para evitar el alza del precio de pasajes. Pero según la Conaie, en su comunicado del 12 de septiembre, “los bonos anunciados son migajas temporales”.
El nuevo precio del diésel estará vigente hasta el 11 de diciembre de 2025. Después de esa fecha, se calculará mensualmente. El subsidio a los combustibles le ha costado casi 54 mil millones de dólares al Ecuador entre 2010 y 2023.
3. Denunciar y rechazar persecución, amenazas y criminalización del gobierno nacional. También pidió a organismo internacionales como la Organización Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a permanecer vigilantes.
La Conaie se acoge al derecho a la resistencia, contemplado en el artículo 98 de la Constitución. Este dice que los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y pueden demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
Ecuador tiene una historia reciente de represión violenta a las protestas.
El paro de octubre de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno duró 11 días y murieron 11 personas. “Agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas emplearon excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas al arrojar, por ejemplo, cartuchos de gases lacrimógenos desde muy corta distancia apuntando en forma directa a las personas, y golpear ferozmente y detener arbitrariamente a manifestantes”, reportó la organización internacional Human Rights Watch.
“De las 11 personas que fallecieron en el contexto de las protestas, al menos 4 habrían muerto por la acción de integrantes de las fuerzas de seguridad”, dice el mismo reporte.
Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en octubre de 2019 1.330 personas fueron detenidas, se abrieron 819 procesos judiciales a civiles y líderes indígenas, y 1.507 personas fueron heridas.
El paro de junio de 2022 contra el gobierno de Guillermo Lasso duró 18 días y dejó 9 muertos.
“La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019. Para evitar que esta historia se repita, el presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protesta”, dijo, en ese entonces, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según Inredh hubo 313 personas heridas, y 7 personas fueron ejecutadas en el marco de la protesta social.
4. Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades “que afectan la naturaleza, el agua y la producción de alimentos”.
El 16% del territorio ecuatoriano está concesionado a petroleras públicas y privadas, según el Ministerio de Minas y Energía. Es el país latinoamericano con más tierras indígenas afectadas por la extracción petrolera: casi la mitad —207 de los 437 territorios— tienen bloques petroleros.
El gobierno de Noboa ha manifestado la intención de ampliar la frontera petrolera en el suroriente de la Amazonía, las comunidades en estos territorios han rechazado esa expansión y exigen que se respete la consulta libre previa e informada.
La Conaie, en su comunicado oficial con las 10 resoluciones, también rechaza el extractivismo.
Piden revocar las licencias ambientales de los páramos de Quimsacocha en la provincia del Azuay, las Naves en la provincia de Bolívar y Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi.
5. Declarar estado de excepción comunitaria en los territorios de los pueblos y nacionalidades en el marco del Estado Plurinacional. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública. Llaman a activar a las guardias comunitarias para protección de nuestros pueblos.
La Constitución de 2008 reconoce la existencia de múltiples pueblos y nacionalidades indígenas. También les otorga derechos colectivos como la autonomía para conservar sus formas de organización social, política y jurídica.
En ese marco, la Conaie justifica que los pueblos indígenas puedan declarar su propio estado de excepción comunitaria.
Las guardias comunitarias que piden que se activen son grupos de indígenas jóvenes cuyo trabajo es proteger y controlar el territorio. Fueron creadas por los propios pueblos y nacionalidades indígenas.
Según la resoluciones del II Encuentro Nacional de Guardias Indígenas Comunitarias de la Conaie de octubre de 2024, “la guardia indígena y comunitaria nace del mandato de nuestros abuelos y abuelas y es una estrategia de resistencia milenaria y colectiva para la defensa de la vida y el territorio frente a las graves amenazas contra nuestros territorios y nuestro pensamiento propio”.
“Como una respuesta y alternativa justa, culturalmente respetuosa y eficiente para que la justicia y la armonía viva en nuestros territorios. Mucho más, debido al contexto de impunidad y la falta de credibilidad de la justicia ordinaria del Estado y sus instituciones”, dice la resolución.
Estas guardias, que suelen estar en sus territorios para defenderlo, se sumaron a las protestas de 2019 y 2022 en Quito; sus integrantes formaron parte de barricadas que se enfrentaron a la represión policial.
6. Rechazar la consulta popular y la intención de convocar a una Asamblea Constituyente que “no resuelven los problemas del país, y pretenden gastar más de 60 millones que pueden ser destinados para garantizar la salud y educación”.
En los últimos doce meses, y de manera separada, el Presidente ha enviado ocho preguntas a la Corte Constitucional. La Corte aprobó cuatro y rechazó otras cuatro. El alto tribunal concluyó que cuatro preguntas no estaban bien formuladas.
En respuesta a la decisión de la Corte, el Presidente envió siete nuevas preguntas, tres fueron reformuladas a partir de las observaciones de la Corte. Hasta el 22 de septiembre de 2025 la Corte Constitucional todavía no se pronuncia sobre las siete nuevas preguntas.
El 17 de septiembre de 2025, Noboa anunció que quería incluir en la consulta popular una pregunta para convocar a una Asamblea Constituyente. Lo hizo por decreto, pero sin enviar la pregunta primero a la Corte Constitucional, como exige la Constitución y como varios expertos legales han advertido.
La noche del 19 de septiembre de 2025, la Corte suspendió el decreto por inconstitucional.
El 20 de septiembre de 2025, Noboa derogó su primer decreto y firmó otro con el mismo contenido insistiendo en el llamado a Constituyente. El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió el decreto, pero antes de empezar con el proceso electoral, lo envió a la Corte Constitucional para que se pronunciara.
El 21 de septiembre de 2025, la Corte determinó que la vía de Asamblea Constituyente planteada por el presidente Noboa es válida. Sin embargo, devolvió el expediente a la jueza sustanciadora para que revise a fondo la pregunta, los considerandos y el estatuto que Noboa adjuntó a la propuesta, antes de que pueda convocarse a consulta popular.
El CNE ya fijó la fecha de la consulta popular y el referéndum para el 16 de noviembre de 2025, para el que ya hay dos preguntas aprobadas.
7. Exhortar a los medios de comunicación a actuar con objetividad y transparencia. “informar con la verdad y no replicar relatos que favorecen la criminalización”.
Esto quiere decir que la Conaie demanda una cobertura imparcial que no justifique la represión ni contribuya con prejuicios por ejercer el derecho a la protesta y a la resistencia.
En el paro de octubre de 2019, Fundamedios reportó 113 agresiones y 138 periodistas agredidos —incluyendo fotógrafos, camarógrafos y comunicadores comunitarios— 53 por manifestantes, 35 por la Fuerza Pública, 18 por desconocidos, uno por el Estado, tres por directivo de un medio y cinco por ciudadanos.
En el paro de junio de 2022, Fundamedios reportó 164 agresiones y 242 agredidos: 114 periodistas —10 fueron agredidos dos veces— 80 medios de comunicación, 40 reporteros gráficos y camarógrafos, 6 activistas, organizaciones sociales y ciudadanos organizados, un artista y un ciudadano.
Con “no replicar relatos que favorecen la criminalización”, la Conaie pide a los medios de comunicación evitar difundir discursos oficiales o narrativas que presenten a los pueblos indígenas y organizaciones sociales como delincuentes o violentos —pues eso contribuye a su criminalización.
Al sugerir de qué manera deben informar los medios, la Conaie está queriendo direccionar las coberturas cuando los periodistas tienen el derecho de ejercer su libertad de prensa al narrar los hechos como los están viviendo.
En el paro de 2022, un equipo de GK fue agredido por un grupo de manifestantes que se quejó por lo que estaban grabando y reportando las periodistas. A una reportera le quitaron el celular y la querían obligar a que se acercara a otras zonas de la protesta para que cubriera lo que ellos querían, es decir tratando de imponer su narrativa.
8. Exigir la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 12% “tomando en cuenta que no se ha cumplido su objetivo de resolver la inseguridad”.
Desde el 1 de abril de 2024, durante la primera presidencia de Daniel Noboa, el IVA subió de 12% a 15% en Ecuador con la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, promovida por el gobierno.
Esta ley dispone que la tarifa de IVA sea de 13%, pero el artículo 65 de la ley añade que el Presidente puede modificar la tarifa con la aprobación del Ministerio de Finanzas.
Noboa decidió fijar en 15% el IVA a partir de abril de 2024. “Vamos a empezar con el IVA del 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad”, dijo el entonces ministro de Economía, Juan Carlos Vega.
Pero la medida parece haber dado pocos resultados. En el primer semestre de 2025, en Ecuador hubo 4619 homicidios intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo periodo en 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO)
En enero de 2024, el presidente Noboa declaró el conflicto armado interno, es decir, una guerra entre el Estado y más de 22 grupos armados que operan en el Ecuador y se disputan varias industrias ilegales. Según un informe de la organización internacional Armed Conflict Location & Event Data (Acled), en 2024 había al menos 37 bandas criminales activas —un 54% más que en 2023.
9. Reinstalar el Parlamento Plurinacional de Pueblos, Nacionalidades y organizaciones sociales afines.
El Parlamento Plurinacional de Pueblos, Nacionalidades y organizaciones sociales afines es un espacio de articulación política creado por la Conaie y las organizaciones regionales indígenas Ecuarunari —de la Sierra—, Confeniae —de la Amazonia— y Conaice —de la Costa.
No es un órgano del Estado, sino una instancia propia de deliberación y decisión en la que participan pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra, Amazonía y Costa.
El objetivo del parlamento es debatir colectivamente los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales del país. Definen posturas comunes frente al gobierno y planifican acciones como movilizaciones, paros o propuestas de leyes.
10. Convocar a las bases indígenas, organizaciones sociales y a la sociedad civil al paro nacional de carácter inmediato e indefinido.
El 18 de septiembre de 2025, en Quito el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) realizó una movilización por la subida del diésel. Edwin Bedoya, presidente del FUT, dijo que respaldan el paro anunciado por la Conaie.
Esa misma tarde, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) anunció que se suma al paro nacional convocado por la Conaie.
“No es posible que este señor [Daniel Noboa] gobierne a espaldas del pueblo”, dijo Gary Espinosa, presidente Fenocin en una rueda de prensa desde Quito. La Fenocin también la derogación del decreto 126.
A las 7 de la noche, de ese mismo día 18 de septiembre, el presidente Daniel Noboa difundió un comunicado diciendo que “ningún grupo, organización o territorio puede imponer su voluntad sobre el resto de la nación mediante la violencia, la intimidación o la paralización de servicios públicos”.
El mensaje también señala que “ciertos actores políticos buscan sembrar dudas e imponer sus exigencias”, en referencia a las resoluciones adoptadas por la Conaie en su asamblea extraordinaria.
En ese mismo comunicado, Noboa afirmó que su gobierno ha destinado recursos, obras e inversión en seguridad e infraestructura, especialmente en la Sierra Centro, donde se concentra la mayor parte de las comunidades indígenas.
El comunicado concluye con una advertencia: el gobierno no se “detendrá por presiones políticas ni cálculos electorales”.
Señoras y señores, pueblo ecuatoriano: pic.twitter.com/RbXFZsMxnp
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 19, 2025
Dos exigencias por fuera de las resoluciones
En un comunicado oficial del 20 de septiembre, la Conaie enumeró siete exigencias a partir de las 10 resoluciones. Además agregó dos exigencias: destinar presupuesto urgente en salud, educación y seguridad real, y cumplir con sentencias a favor de los pueblos indígenas.
Las dos sentencias son la del Yasuní y la pueblos Tagaeri y Taromenane. La del Yasuní ordena protegerlo, reducir la explotación petrolera y respetar el derecho a la consulta previa. La sentencia del caso Tagaeri Taromenane ordena reivindicar la defensa de estos pueblos reconocidos en aislamiento voluntario, con derecho a la intangible protección de sus territorios.
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