El 31 de agosto del 2023, el Consejo Nacional Electoral proclamó formalmente los resultados de la primera consulta popular ambiental nacional de la historia de la república ecuatoriana. El 58,95% del pueblo ecuatoriano dio su mandamiento del Yasuní: dejar el petróleo bajo la superficie en un pedacito de Amazonía que se conoce como Yasuní ITT.
Según el dictamen de la Corte Constitucional, que fue el acto jurídico que dio luz verde a la consulta popular, ese SÍ se concreta en cuatro claras obligaciones. La primera, dejar de extraer el petróleo como meta al año de proclamados los resultados. La segunda, retirar de forma ordenada y progresiva toda la infraestructura petrolera y no iniciar nuevas relaciones contractuales. La tercera, restaurar la selva amazónica donde funcionan los pozos petroleros. La última, proteger el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane.
La premisa para entender jurídicamente la consulta popular del Yasuní está en el artículo 106 de la Constitución:
El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento.
Ha transcurrido un año desde ese triunfo ecológico, que inaugura la más radical y eficaz medida en el mundo para dejar la adicción a la energía basada en fósiles, que tanto daño ha ocasionado al planeta y a los pueblos indígenas amazónicos. Mucha energía popular y ciudadana se ha invertido en esa lucha. Ahora, es momento de evaluar si el gobierno ha cumplido o no con el mandato popular.
El gobierno, sobre la consulta del Yasuní, durante este año, ha hecho algunos pronunciamientos sobre la obligación que tiene.
El 22 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa manifestó que se debería tener una moratoria de un año para detener la explotación del Yasuní ITT.
El 8 de mayo de 2024, el Presidente creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT, conformado exclusivamente por ministerios y Petroecuador.
El 15 de agosto de 2024, este Comité hizo público su informe sobre impactos, puntos de atención y acciones ejecutadas respecto al cumplimiento de la consulta popular para el cierre anticipado de operaciones y abandono del Bloque 43 ITT. El informe sugiere que la suspensión de la explotación terminaría en más de 5 años.
El 20 de agosto de 2024, el Presidente pidió a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento, convoque a audiencia pública, visite el bloque 43 y avance con el trámite para “continuar con el cumplimiento efectivo” de la decisión popular.
El 28 de agosto de 2024, el gobierno asegura que cerró un pozo petrolero en el Yasuní ITT.
El 4 de septiembre de 2024, la flamante ministra de Ambiente, Inés Manzano, anunció, con tono molesto, que se requiere licencia ambiental para desmantelar el ITT, que se debe hacer una consulta previa libre e informada —que la Corte le tiene prohibido hacer, según ella— a quienes se oponen a la explotación del ITT. Dijo, además, que la Corte Constitucional tiene que revisar sus precedentes, le debe dar audiencia para decirle personalmente a la Corte que hizo cosas que no le correspondía. Finalmente, dijo que le va a explicar a los jueces y juezas cuál debería ser su proceder.
Entonces, lejos de esclarecerse el panorama, las preguntas siguen flotando en el pesado sopor de la incertidumbre.
Vamos punto por punto.
¿Se ha cumplido hasta el momento el mandato popular?
Con los seis pronunciamientos y acciones del gobierno expresados anteriormente, la gran duda es si se han cumplido las obligaciones que se desprenden de la consulta popular.
Hagamos un checklist.
Dejar de explotar el petróleo al año de la consulta popular: se ha cerrado uno de los 247 pozos que existen en el Yasuní ITT. El bloque 43 está compuesto por tres campos: Ishpingo, Tambococha o Tiputini (ITT) y estos campos a su vez, tienen casi 250 pozos.
El gobierno ha planteado un escenario de hacerlo en cinco años (le llaman declinación natural del bloque).
Con el cierre de un pozo demuestran que sí es posible dejar de explotar petróleo y, al mismo tiempo, que no lo han hecho en 246 pozos.
¿Entonces? Obligación incumplida, y con propuesta de seguir incumpliendo el mandato popular por cinco años.
Entre las buenas noticias ambientales en 2023 estuvo la victoria en la consulta popular del Yasuní. Fotografía de Martín Kingman | Amazon Frontlines.
Retirar progresiva y ordenadamente la infraestructura petrolera: en el informe se dice que se requiere contratar una consultoría para determinar la forma de hacerlo (evaluación y diagnóstico le llaman).
Al año, esa consultoría debía haber existido ya en los primeros meses después de proclamados los resultados. Es más, parte de esa infraestructura debió haberse ya retirado. Ahora solo hay la constatación de que se requiere una evaluación y diagnóstico.
¿Entonces? Obligación incumplida.
Restaurar la selva: en el informe se mencionan los costos y las acciones a realizar. Nada más.
¿Entonces? Obligación incumplida.
Proteger el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento: en el informe se mencionan costos y acciones a realizar.
¿Entonces? Obligación incumplida.
El gran pretexto para incumplir el mandato popular son argumentos económicos: no es conveniente financieramente para el país y el Estado no tiene el presupuesto necesario. Hemos vuelto a escuchar los mismos argumentos que se expusieron durante la campaña previa a la consulta popular.
La libreta del gobierno en el cumplimiento del mandato popular está llena de rojos.
Está llena de pretextos malos y siempre pensando que quienes deben recibir la justificación —en este caso la Corte Constitucional y casi el 60% del pueblo ecuatoriano— son ilusos.
Si tuvieran un poquito de creatividad y dejaran la obsesión de pensar que la única forma de mirar a la Amazonía es explotar la naturaleza, quizá podrían encontrar otras fuentes de financiamiento relacionadas con la captación de carbono y protección de la selva.
Nada difícil, después de los acuerdos sobre cambio climático (en particular el de París 2016), para reformular la Iniciativa Yasuní ITT del año 2007 (reloaded o 2.0). El mismo presidente Noboa, cuando era candidato, anunció públicamente que su voto iba por el SÍ porque tenía información confiable de que no era económicamente rentable, dijo que iba a haber contaminación en el Yasuní y que “la nueva generación” apostaba por la transición energética.
Ojalá no quede impune esta fatal desobediencia al mandato popular, y la Corte Constitucional inicie el procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en esta forma negligente y poco oportuna de cumplir el mandato popular por parte del gobierno.
Para hacerlo, ha esgrimido solo argumentos de conveniencia económica, tal como los alegó antes del dictamen de la Corte, y ha dejado de valorar los beneficios de proteger la Amazonía ecuatoriana.
Pero no comprende que es muy difícil —quizá imposible— ponerle precio a la existencia y la forma de vida de los pueblos waorani Tagaeri y Taromenane. O saber cuánto cuesta tener al río Yasuní, Tiputini, Napo, Curaray limpios y libres de contaminación petrolera.
Parecería que tampoco se preguntan cuánto cuesta la inmensa fauna, vegetación y biodiversidad del Yasuní, todo ese reservorio de vida, esa captación de carbono, esas sustancias que pueden ser útiles para la medicina. ¿Cuánto cuesta cuidar y proteger (no explotar) la vida humana y de la biodiversidad de la selva? ¿Cuánto?
Esas actividades y esa vida, que se pueden apreciar en el último documental del cineasta y activista Pocho Álvarez, son difíciles de valorar monetariamente. La vida digna no cuenta. Los vínculos comunitarios no cuentan. El curarse con una hierba de la selva no cuenta. El bañarse y tomar agua de un río limpio no cuenta.
La mayoría del pueblo ecuatoriano rechazó el modelo de crecimiento económico basado en la extracción de petróleo en el Yasuní e hizo una apuesta por otro modelo y mundo posible.
Esto no entienden los políticos (quizá intentan entenderlo cuando son candidatos) y peor los empresarios que viven del petróleo. En la consulta de agosto de 2023 se les dijo claramente que NO les creemos más.
¿Qué le corresponde al gobierno, a la Corte Constitucional y a la sociedad civil hacer?
El gobierno debe mantener el crudo del ITT indefinidamente bajo la superficie en el término de un año (que ya ha transcurrido).
Esto es parar el flujo de crudo del subsuelo a la superficie. Cerrar la llave se puede hacer si hay voluntad política. De hecho, como ha afirmado el experto petrolero Boris Abad, cerrar todos los pozos petroleros no debe tomar más de 6 meses. Se lo hace con relativa frecuencia para su mantenimiento. Otra cosa es abandonar el pozo, que podría tomar más tiempo.
El gobierno no puede suplantar o defraudar la voluntad popular. La decisión soberana de no tener ingresos económicos provenientes del Yasuní ITT la tomó el pueblo ecuatoriano, le guste o no le guste al gobierno y a los empresarios petroleros. Fue el ejercicio de la democracia directa.
Con relación a la postura molesta de la Ministra de Ambiente, hay que aclararle que no se requiere licencia ambiental para desmantelar el ITT. Tampoco procede hacer consulta previa a quienes se han opuesto en la consulta popular.
Además, lo que ha dicho la Corte es que los derechos se regulan mediante ley y no reglamento, y que hasta que la ley se expida se atenderán para la consulta los criterios esgrimidos en la jurisprudencia de la Corte.
En un encuentro por el Yasuní en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en julio de 2023. Fotografía de Helena Gualinga.
También hay que hacerle saber que que no se puede rever el dictamen sobre el Yasuní porque hay ya un pronunciamiento popular. En materia constitucional me parece que los actuales jueces y juezas de la Corte sabrán cómo actuar sin sus consejos.
La Corte Constitucional tampoco puede alterar los tiempos aprobados por el pueblo ecuatoriano.
En cuanto al abandono y desmantelamiento de la infraestructura petrolera, así como la restauración y reforestación del bloque, si tuviera información técnica clara y precisa, si se demuestra que es imposible, podría considerar la posibilidad de hacerlo en tiempos mayores a un año.
Cualquier decisión que tome la Corte deberá considerar los derechos que están detrás de esta decisión: la participación democrática, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y los derechos de la naturaleza. Hay demasiado en juego.
La sociedad civil debe seguir luchando, como lo ha hecho desde el 2013, para que la integridad del Yasuní (o lo que queda de él) se respete, y para que busquemos un modelo económico que priorice la vida de los pueblos indígenas y de la megadiversidad de la Amazonía.
El mandato popular debe cumplirse.
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