554 días después de que el presidente Daniel Noboa declarara el conflicto armado interno en Ecuador, el gobierno “reconoció su persistencia” con un decreto. Es decir, ratificó que existe un enfrentamiento armado prolongado entre Fuerzas Armadas y uno o más grupos armados, o entre esos grupos en el territorio de un Estado.
Con la ratificación, el Estado puede continuar con el despliegue de militares y policías, quienes pueden usar la fuerza letal contra los Grupos Armados Organizados (GAO), pero el Estado no puede restringir derechos como la libre circulación.
El reconocimiento de que el conflicto armado interno persiste no es casual. Un día antes de hacerlo, el 15 de julio de 2025, Noboa publicó el reglamento a la Ley de Solidaridad Nacional, que busca atacar el financiamiento del poder criminal con medidas financieras, tributarias y de seguridad. Esa ley, propuesta por el Ejecutivo y aprobada —en medio de cuestionamientos— por la Asamblea Nacional, solo puede funcionar si en Ecuador hay un conflicto armado interno.
Inicialmente, el proyecto de ley se llamaba Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal vinculada al Conflicto Armado Interno, pero durante su paso por la Asamblea Nacional cambió de nombre a Solidaridad Nacional.
“Esta ley durará mientras dure el conflicto armado interno”, dice Katherine Herrera, experta en Seguridad de Estado. Para aplicarla, Noboa necesitaba un instrumento que le diera validez: el reglamento, expedido un mes después de que entrara en vigencia la ley.
Pero no es la única razón por la que el Presidente ratificó el conflicto armado interno en Ecuador. La segunda habría sido para justificar los constantes estados de excepción.
Entre 2024 y 2025, Noboa declaró cinco estados de excepción mencionando al conflicto armado interno como una de las causas. La Corte Constitucional analizó los decretos y dijo que el Presidente no dio información suficiente para justificar que hay un conflicto armado interno en Ecuador.
La Corte también dijo que el conflicto armado interno es “una cuestión fáctica”. Es decir, un hecho real, concreto y verificable y, por eso, “no requiere de ningún reconocimiento por parte del Presidente”. Por lo tanto, no era necesario publicar un decreto para reconocer el conflicto, explica el abogado constitucionalista André Benavides.
Por esas dos razones, la Corte dictaminó que la causal de conflicto armado interno, específicamente para argumentar los estados de excepción, es inconstitucional.
Militares en un operativo durante el conflicto armado interno en Ecuador. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de las Fuerzas Armadas de Ecuador.
El presidente Noboa buscó, entonces, otros mecanismos para insistir en que Ecuador sigue en un conflicto armado interno. Para eso, envió a la Asamblea la Ley de Solidaridad Nacional —que fue aprobada, y actualmente tiene más de cinco demandas de inconstitucionalidad y el riesgo de ser suspendida por la Corte Constitucional.
El artículo 6 dice que para que se aplique la ley se “requerirá el reconocimiento oficial” del conflicto armado interno por el Presidente, a través de un decreto. Y el 16 de julio, mediante un decreto, Noboa lo hizo —aunque la Corte ya le había dicho que no necesitaba.
Según Benavides, el Presidente rodeó los límites que impuso la Corte porque el decreto con el que se reconoce el conflicto armado no es susceptible de control constitucional de oficio, como sí lo son los de estado de excepción. Para que la Corte lo analice, alguien tendría que poner una demanda de inconstitucionalidad.
El analista político César Luis Barthelotti dice que esta es una “jugada política” de Noboa para reafirmar su posición contra el crimen organizado, pero también para adelantarse a próximos enfrentamientos entre bandas que se pelean territorios, tras la extradición a Estados Unidos del líder de Los Choneros, alias Fito, en julio de 2025.
Barthelotti recuerda que Noboa hizo una jugada parecida el 9 de enero de 2024, cuando declaró el conflicto armado interno. Eso le permitió alcanzar, entonces, una popularidad del 82% y mantener una narrativa de que los ex presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso no lo habían hecho, explica el experto.
Con la ratificación del conflicto armado interno, Noboa tiene luz verde para aplicar la ley que, entre sus cuestionados y polémicos artículos están el allanamientos sin orden judicial, las detenciones de hasta 24 horas con fines investigativos sin impulso fiscal, y penas de hasta 30 años de prisión para quienes integren grupos armados organizados.
Pero, ¿por qué el Presidente insiste en mantener el conflicto armado interno en Ecuador? ¿Cuáles han sido los resultados de esta declaratoria?
Este es un repaso de los 554 días de la guerra entre el Estado y los GAO.
Desde el primer decreto hasta la ratificación
El 9 de enero de 2024, Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno. Lo hizo luego de la escalada de violencia cuando, en un solo día, hubo coches bomba en varias ciudades, motines en las cárceles y el secuestro en vivo del canal de TC Televisión y sus periodistas.
Ese día, Noboa declaró como organizaciones terroristas a 22 grupos del crimen organizado y dispuso que militares salieran a la calle para empezar una guerra contra las bandas delincuenciales en Ecuador. Un día antes, ya había decretado estado de excepción.
El objetivo, dijo entonces, era “garantizar la soberanía e integridad en el territorio nacional”.
Escenas del ataque terrorista a TC Televisión. Captura de la transmisión en vivo.
La medida fue cuestionada. Según el abogado y ex juez constitucional Ramiro Ávila, para que exista un conflicto armado interno, debían cumplirse tres condiciones: que haya al menos dos grupos armados con estructura, mando y capacidad militar —como las FARC o el M-19 en Colombia—; que existan enfrentamientos sostenidos entre ambas partes; y que todos los actores respeten el derecho humanitario, es decir, no ataquen a civiles ni a bienes civiles.
Pero eso no pasaba en Ecuador. Ávila dijo entonces que Noboa podía solo decretar estado de excepción y movilizar a militares, como ya lo había hecho.
Mientras que Mauricio Alarcón, también abogado constitucionalista, dijo que la declaratoria sí era válida porque le facultaba implementar acciones militares “y llevar a cabo cuanta acción se considera necesaria para hacerle frente al problema”.
Tres meses después de la declaratoria, el 7 de abril de 2024, Daniel Noboa reconoció por primera vez, con un decreto, la “persistencia” del conflicto armado interno.
Después llegó una serie de decretos con los que actualizó el estado del conflicto armado interno en Ecuador:
- En enero de 2025, identificó al Tren de Aragua como grupo terrorista y lo aumentó la lista.
- En enero de 2025 también cambió la denominación de grupos de delincuencia organizada (GDO) a grupos armados organizados (GAO), reconociendo su capacidad armamentista.
- En mayo de 2025, identificó al Frente Oliver Sinisterra, Disidencias Comuneros del Sur y Comandos de la Frontera como GAO. A este último se le atribuyó la emboscada y asesinato de 11 militares en la frontera de Orellana con Colombia, en mayo de 2025.
Pero a pesar de que ha desplegado a los militares, abatido presuntos delincuentes, capturado a cabecillas de bandas como Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lobos, y ampliado los controles a zonas conflictivas y las cárceles, en esos 554 días ha incrementado la violencia.
Entre enero y abril de 2025 hubo 3.094 homicidios intencionales, según un reporte del diario El País. Eso es un incremento del 58% con respecto al mismo período en 2024. Las cifras apuntan a que 2025 podría convertirse en el año más violento en Ecuador.
Según la Fiscalía, entre enero de 2024 y junio de 2025, hubo 10.172 denuncias por asesinatos en Ecuador. Las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos alcanzan las mayores tasas en el país.
En ese lapso también hubo masacres. Por ejemplo, en marzo de 2025, 22 personas fueron asesinadas en Nueva Prosperina, un sector popular de la ciudad portuaria de Guayaquil, en Guayas, una de las provincias más golpeadas por el crimen organizado en Ecuador.
Según la policía, ocurrió tras una disputa entre dos facciones de Los Tiguerones, y ha sido la peor masacre en los últimos años en Ecuador.
En julio de 2025, en el cantón El Empalme, también en Guayas, hubo 17 asesinados dentro de una cantina.
La Policía atribuye estos crímenes a las pugnas de bandas criminales por el control de territorio y rivalidades, en su mayoría relacionadas con el narcotráfico.
En el contexto del conflicto armado interno, también se ha intensificado la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Solo en 2024 hubo 322 desaparecidos, casi el doble que en 2023. Durante el primer año del conflicto armado interno, las desapariciones de menores aumentaron un 88%. Hasta el 18 de marzo de 2025, el promedio fue de tres menores de 18 años desaparecidos cada día.
Estas cifras no reflejan sólo denuncias —que se cuentan por miles—, sino casos en los que niñas, niños y adolescentes no regresaron a sus casas después de 20 días, por lo que se presume su desaparición forzada o prolongada.
Muchos de ellos son reclutados por grupos armados para tareas criminales, o son asesinados. Un caso de diciembre de 2024 expuso cómo un policía activo en Manabí reclutaba adolescentes para convertirlos en sicarios.
Pero no solo las cifras son alarmantes.
Un informe de Human Rights Watch —organización internacional no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos— dice que tras el anuncio de que el país está en conflicto armado interno, “las fuerzas de seguridad habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos”.
Uno de los casos más relevantes es la desaparición y asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil, en diciembre de 2024.
Los menores de edad desaparecieron el 8 de diciembre de 2024, luego de que una patrulla militar los subiera a la fuerza y luego los dejara abandonados en una zona tomada por la delincuencia organizada.
Aparecieron muertos el 24 de diciembre de 2024; 17 militares están procesados en el caso.
Esta es la cronología de la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. Ilustración de Diana Salazar para GK.
El 23 de julio de 2025, poco después de que Noboa ratificara el conflicto armado interno, hubo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones forzadas en el contexto de la militarización de la seguridad pública.
La audiencia fue pedida por el Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador y el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas.
En esta audiencia, Alejandro Baños, representante de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, dijo que hasta esa fecha la Fiscalía investiga 31 casos de desaparición forzada.
Vivian Idrobo, abogada de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, dijo en la audiencia que el Estado ha “desplegado a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de control”.
Mientras que Jan Jarab, alto representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, recordó que el uso de militares en seguridad ciudadana debe ser temporal, subordinado a autoridades civiles y sujeto a rendición de cuentas.
Tres impactos del conflicto armado interno en Ecuador
La consultora en temas de seguridad de Estado, Katherine Herrera, dice que 2025 podría terminar como el año más violento de la historia reciente de Ecuador porque, según ella, se pensó en un conflicto armado interno de manera “militarista”. Es decir, enfocado en movilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad.
Y advierte que se dejaron de lado las intervenciones de otros ejes estatales que son significativos para reducir la violencia y erradicar esas estructuras criminales, como la prevención en el reclutamiento de menores de edad o la recuperación del espacio público y tejido social en barrios afectados.
Herrera también dice que uno de los hechos evidentes en la declaratoria del conflicto armado interno fue que el Estado no tiene identificado al enemigo. En enero de 2024, Noboa identificó a 22 grupos como terroristas. 554 días después, el Estado estaría en guerra con, al menos, 37 grupos armados organizados —muchos se han incrementado por disidencias o guerras internas.
Policías y militares bloquean el paso a la Plaza Grande, en la esquina en la que se junta el Palacio de Carondelet y la Catedral. Fotografía de Diego Lucero para GK.
Para Herrera, no tener identificado al enemigo y nombrar a las bandas como terroristas ha provocado que las estructuras criminales incrementen sus rutas de narcotráfico y operaciones. ¿Por qué? Porque las volvieron más “reactivas” a los cárteles y a las mafias internacionales, explica. Eso, a su vez, provocó más operaciones dentro del Ecuador. Es decir, hubo más ataques, extorsiones, vacunas, crímenes y tráfico de droga.
Herrera es investigadora de campo y, con frecuencia, recorre territorios con altos índices de criminalidad. Dice que durante el conflicto armado se han consolidado mucho más Los Lobos y Los Choneros y también disidentes de las FARC como los Comandos de la Frontera. También afirma que la violencia urbana —asesinatos, sicariatos, robos, extorsiones, vacunas— ha aumentado. “Estas bandas están generando una gobernanza criminal. No hay que verlos como una amenaza, sino considerarlos actores geopolíticos que tienen estabilidad, monopolio, control territorial y legitimidad con la ciudadanía”, dice Herrera.
Que estén generando una gobernanza criminal significa que están supliendo funciones del Estado: imponen reglas, resuelven disputas, controlan actividades económicas, e incluso ofrecen “protección” a ciertas comunidades.
Herrera explica que estos grupos son ahora “regularizadores de violencia”. Es decir, son quienes deciden cuándo, cómo y contra quién se ejerce la violencia. Por ejemplo, cuando el Bloque de Seguridad (un grupo de militares y policías que trabajan para garantizar la seguridad del país y combatir el crimen organizado) del gobierno de Noboa se asentó en Manabí, la ola de violencia —masacres, ataques, atentados— se fue a Machala. Ahora que el Bloque está en Guayaquil, la ola se está trasladando a Manabí otra vez.
“Como el conflicto armado interno no tiene una estrategia, una planificación y una determinación de quién es el enemigo, ha hecho que ellos utilicen la violencia como un mecanismo para mandar mensajes, apropiación de territorio, reclutamiento…”, dice la experta.
Otro de los problemas del conflicto armado, dice Herrera, es intervenir en zonas específicas, consideradas altamente peligrosas, como Nueva Prosperina, Socio Vivienda, Trinitaria. Esto no solo provoca “discriminación” porque apunta generalmente a sectores pobres y marginales, sino que hace que el gobierno descuide otras zonas estatégicas, como las fronteras norte y sur de Ecuador, que son clave para las economías criminales transnacionales —por el tráfico de drogas, armas.
Esas economías transnacionales responden a jefes internacionales que tienen conexiones con distintos países y mueven el crimen organizado en el mundo: financian armas, terrorismo y tienen sus tentáculos dentro del sistema político.
El tercer hecho que ha identificado Herrera en estos más de 500 días es que han disminuido las denuncias de violencia de género y trata de personas porque, según Herrera, el conflicto armado interno deja en más vulnerables a mujeres, niñas y adolescentes, y, por tanto, no denuncian las agresiones.
Según la Fiscalía, en 2023 hubo 7.253 denuncias de violación. En 2024, la cifra bajó ligeramente a 7.155 casos. Y hasta junio de 2025, ya se han reportado 3.653 denuncias por este delito. Las denuncias por trata de personas, en 2023 sumaron 114. En 2024, fueron 95. En lo que va de 2025, hasta junio, son 64 denuncias.
El conflicto armado podría durar poco
Aunque la Corte Constitucional declaró inconstitucional la causal de conflicto armado interno para los estados de excepción, Noboa ya no tendría impedimentos para reconocer la guerra contra los GAO porque la Ley de Solidaridad Nacional lo habilita.
La ley es una herramienta para continuar con el conflicto. Incluso, mediante el mismo decreto con el que ratificó la medida, el Presidente le pidió al Centro Nacional de Inteligencia que actualice la información de los GAO involucrados en el conflicto armado interno de manera periódica.
Lo único que no puede con la declaratoria de conflicto armado interno es suspender derechos, dice el abogado Benavides, por ejemplo, la libre movilidad. La restricción de la libre movilidad se puede hacer sólo con el estado de excepción, pero no con un decreto con el que reconoce la persistencia del conflicto armado interno.
Con el decreto ejecutivo 111 la presencia de militares en la calle será más común. Fotografía de Diego Lucero para GK.
La duración de esta Ley, sin embargo, está en juego.
Para julio de 2025, la Ley de Solidaridad Nacional enfrenta, al menos, cinco demandas de inconstitucionalidad. Algunas son por su contenido —porque afectan derechos humanos— y otras porque no cumplirían los requisitos para ser económica urgente, es decir, sus reformas y artículos abordan diferentes temáticas a las económicas.
André Benavides dice que en el caso de que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ley, también afectaría al reglamento, que es una norma conexa, y al decreto es el que reconoció el conflicto armado interno.
La preocupación de Benavides apunta a qué pasará con los procesos judiciales que se estén resolviendo con la ley. Por ejemplo, la Ley de Solidaridad Nacional dice que pertenecer a un GAO ya será motivo para ir a la cárcel y ser condenado hasta 30 años de prisión. Este artículo antes no estaba en ninguna norma. Pero ¿qué pasa si la Corte declara inconstitucional la ley? ¿Estas detenciones y sentencias serían inconstitucionales?
Benavides dice que la misma Corte debería dar una solución. “No sé qué salida va a tener la Corte”, advierte el abogado.
El reglamento no solo establece el conflicto armado interno
El reglamento a la Ley de Solidaridad Nacional establece las reglas para aplicarla; estas son algunas claves del documento:
Se define la intensidad de la violencia
Para el reconocimiento de un conflicto armado interno se deben cumplir ciertas características que evidencien un conflicto armado. Específicamente, deben analizarse los siguientes puntos:
- El número de incidentes que hubo
- El nivel de intensidad o gravedad
- La extensión en el tiempo o duración de estos hechos violentos
- El tipo de armamento utilizado
Se crea un comité de calificación
La ley de Solidaridad Nacional dice que los contribuyentes (ciudadanos o empresas) que donen equipos y suministros para la protección interna de los militares y policías, y el mantenimiento del orden público, tendrán una rebaja del impuesto a la renta con un límite del 30%.
Para ello, con el reglamento, se crea el Comité de Calificación y Certificación de Solidaridad para el Fortalecimiento de las Fuerzas del Orden.
Este coordinará las donaciones —de bienes inmuebles, equipamiento o suministros nuevos en condiciones óptimas— que serán destinadas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.
Está integrado por cinco autoridades o sus delegados: Secretaría General de la Administración Pública (preside y tiene voto dirimente), Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Informes de Inteligencia
La Policía y las Fuerzas Armadas, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), harán informes de Inteligencia para identificar a los grupos armados organizados y determinar las zonas de operación de estos grupos.
Incautaciones de bienes inmuebles
Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrán ocupar, incautar, inutilizar, destruir o destinar bienes muebles e inmuebles que estén vinculados con la actividad de los grupos armados organizados (GAO).
Solo puede aplicarse cuando los bienes estén siendo utilizados como parte del conflicto armado interno, o representen un riesgo para la seguridad.
Los bienes incautados pueden incluir instalaciones físicas, por ejemplo, casas, bodegas, centros de acopio. Infraestructura que sirva de apoyo logístico a los GAO y terrenos desde los que se planifican atentados.
Indulto con efecto diferido
El Presidente podrá dar el indulto a personas que cumplan sus funciones durante el conflicto armado interno. No precisa si son policías y militares.
Antes, el indulto lo podían recibir quienes hayan tenido una sentencia ejecutoriada. Con la nueva ley, podrán recibir indulto quienes no tengan aún una condena.
La solicitud debe presentarse por escrito y puede ser enviada por el procesado, su abogado o un familiar, incluyendo información del caso y documentación de respaldo.
El reglamento también contempla que la Fiscalía entregue un informe antes de que el Presidente decida.
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