A las 3 de la tarde del 6 de marzo de 2025 se desató una  masacre en tres zonas de Nueva Prosperina, un distrito popular en el noroeste de la ciudad portuaria de Guayaquil, controlado por el grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. La brutal matanza ocurrió en los sectores de  Socio Vivienda 2, La Casuarina y en la Entrada de la 8

Veintidós personas fueron asesinadas en las varias olas de ataques del terrorífico jueves, según un informe de la Policía Nacional. 

Hasta el 7 de marzo, 14 personas habían sido detenidas en operativos por la masacre. Esta sería la peor matanza en Ecuador —y fuera de las cárceles— desde 2023.

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Cómo ocurrió la masacre en Nueva Prosperina

Al menos 20 sicarios, armados con fusiles y pistolas de 9 milímetros, recorrieron el distrito Nueva Prosperina, donde, según el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, han ocurrido 180 muertes violentas, contadas hasta el 7 de marzo de 2025. Es decir, casi tres crímenes por día solo en este sector que tiene aproximadamente 363.000 habitantes. 

Nueva Prosperina, un asentamiento informal producto de las invasiones de tierras, nació en las décadas de 1980 y 1990. Durante el gobierno de Rafael Correa, que gobernó el Ecuador entre 2007 y 2017, varias familias que vivían en las riberas del estero Salado, un brazo de mar cuyos ramales penetran Guayaquil, fueron relocalizadas para intentar sanear y recuperar las zonas aledañas al estero. Muchas de estas familias fueron trasladadas a sectores como Nueva Prosperina, donde se construyeron proyectos habitacionales como Socio Vivienda

Sin embargo, la falta de servicios básicos adecuados desde siempre en Nueva Prosperina propiciaron el hacinamiento y el incremento de actividades delictivas, como el microtráfico y el consumo de drogas, convirtiendo al sector en una de las zonas más violentas de la ciudad, una de las ciudades más pobladas y violentas del Ecuador.

El jueves 6 de marzo de 2025, el epicentro de la masacre fue Socio Vivienda 2

Los sicarios abrieron fuego en las calles, invadieron más de tres casas y un condominio, en la zona conocida como La Barraca. Las víctimas intentaban huir, pero no lo lograron. 

En un espeluznante video que circuló en redes sociales, se escuchan los lamentos de una mujer que graba detrás de una ventana con malla de hierros. “¡Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Han matado a algunos”, se lamenta. De fondo, se oyen disparos. En ese lugar, 19 personas fueron asesinadas. Horas más tarde, a 2 kilómetros de allí, hubo tres crímenes más en los sectores de La Casuarina y La Entrada de la 8. 

Seis personas quedaron heridas durante la masacre y fueron trasladadas a centros de salud. En el informe de la Policía consta que “entre los fallecidos y heridos, varios registran antecedentes por robo, tráfico de droga, tenencia y posesión de armas”.

Según las investigaciones policiales, los atacantes descendieron a Nueva Prosperina desde una zona montañosa que limita entre los sectores llamados El Fortín y la Balerio Estacio

La masacre se desencadenó por la disputa entre los Tiguerones Fénix y los Tiguerones Igualitos, dos facciones del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, uno de los más grandes del país y que fue declarado como terrorista por el presidente Daniel Noboa en 2024.

La disputa entre las dos facciones, según la Policía, sería por “beneficios de las economías criminales” en la zona. “Las muertes son de estos mismos delincuentes que tratan de tener el poder del territorio”, dijo Pablo Dávila, comandante policial de la zona en una rueda de prensa, el 7 de marzo de 2025, “Muchas de las muertes violentas fueron al interior de los domicilios”, dijo. 

Los Tiguerones son una disidencia de la gran banda criminal del Ecuador, Los Choneros, y según una nota del servicio británico de noticias BBC, tiene relación con el cártel de narcotráfico de Jalisco Nueva Generación. Además, sus militantes fueron responsables de la toma del canal TC Televisión que desató el pánico en Ecuador en enero de 2024

masacre nueva prosperina 2025

La Policía y la Fiscalía levantan indicios de balas en el lugar donde ocurrió el ataque. Fotografía tomada de la cuenta de X de la Fiscalía.

Más de 200 allanamientos en Nueva Prosperina

Tras los asesinatos, la noche del 6 de marzo de 2025, policías y militares empezaron un operativo en Socio Vivienda, en La Barraca, contra grupos armados organizados. 

Hasta la madrugada del 7 de marzo, según la Policía, hubo más de 200 allanamientos y 14 detenidos, entre ellos, dos adolescentes. Además, cinco tienen antecedentes penales por tráfico de drogas, tenencia de armas, robo, asociación ilícita y homicidio. 

Los aprehendidos de la madrugada de hoy son los causantes de las muertes violentas”, apuntó el comandante Dávila. 

Durante el operativo, en el que se encontraron siete armas, ocho alimentadores, más de 2.000 cartuchos de grueso calibre, droga y dos motocicletas, los policías fueron atacados con una ráfaga de disparos desde las casas en un intento de repeler los allanamientos. Sin embargo, con apoyo militar controlaron la zona.

El presidente Daniel Noboa publicó en su cuenta de X que “todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuenten desde ya con indulto presidencial”. Dijo también que es importante que actúen con determinación y sin temor a represalias. 

El 7 de marzo, un día después de la matanza, el Ministerio de Salud informó que por razones de seguridad, los centros de salud de Socio Vivienda 1 y 2 permanecerán cerrados. Las atenciones, dijeron, se reanudarían el lunes 10 de marzo. 

El alcalde Aquiles Álvarez dijo que “la situación en Nueva Prosperina es una barbaridad”. Álvarez describió al sitio como “un campo de batalla”, que dejó “a la mitad de vecinos indefensos, que hoy viven con miedo”. Horas después de la masacre, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró una pizzería en Guayaquil, que es uno de los múltiples negocios de la familia del Alcalde. “Basta de distraernos con cortinas de humo mientras las mafias siguen haciendo lo que les da la gana”, escribió. 

La Fiscalía abrió una investigación previa por asesinato tras la masacre. En su cuenta de X publicó que ya han recabado los indicios balísticos y la información de las cámaras de videovigilancia en el sector, además se tomaron versiones de testigos.

La peor masacre desde 2023

La masacre en Socio Vivienda es la peor en lo que va de 2025 y la más grave en los últimos tres años, aparte de las matanzas ocurridas dentro de las cárceles del país. 

El 12 abril de 2023, en un puerto pesquero de Esmeraldas, un ataque armado dejó nueve muertos y cuatro heridos. El entonces ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó a los medios de comunicación que los crímenes fueron por una pugna de bandas criminales que operaban en el sector, que en ese momento estaba militarizada como parte del estado de excepción. 

Los 30 sicarios llegaron al puerto en lanchas y autos. El ataque, según reportes de prensa, estaba dirigido a alias Papá, vinculado a la banda de Los Patones, tras el crimen de alias Lele, uno de los cabecillas de Los Tiguerones. 

Unos días después, el 29 de abril de 2024, hubo otra masacre en el suburbio de Guayaquil, donde diez personas fueron asesinadas durante un ataque armado, cuyo objetivo eran dos miembros de la banda de Las Águilas.  

Socio Vivienda 2, un plan que no ha despegado

Los habitantes de Socio Vivienda 2 fueron desplazados, forzosamente, desde sus casas en las riberas del Estero Salado —un brazo de mar en Guayaquil, que se caracteriza por ser un sistema de drenaje—, según la tesis Socio Vivienda 2: un reportaje sobre la lucha por la vivienda digna, publicada en 2022 por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el documento se detalla que los reubicaron, desde 2012, en un proyecto urbanístico que no tenía servicios básicos, áreas dignas de esparcimiento ni soluciones de transporte público. 

Estas deficiencias provocaron que el lugar se maneje bajo la dinámica de una favela, es decir, como asentamientos en condiciones precarias”, dice la tesis.

En 2014, hubo denuncias de los habitantes de Socio Vivienda 2 ante la falta de garantías de la tenencia de sus casas. Es decir, “ellos habían sido removidos de los brazos del Estero Salado con la promesa de que estaban haciendo un cambio de casa por casa —según el Comité Permanente

por la Defensa de los Derechos Humanos”. Sin embargo, según el artículo, las casas fueron entregadas sin título de propiedad y, para obtenerlo, las familias fueron obligadas a seguir el método de copago, un pago único de 900 dólares a cambio de sus escrituras. 

En diciembre de 2021, las familias presentaron una acción de protección por las políticas públicas de vivienda contra el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. En agosto de 2022, 600 propietarios consiguieron los papeles de un aproximado de 5 mil familias, según el documento. 

El plan de vivienda, propugnado como una solución habitacional en los tiempos de la bonanza del petróleo, nunca despegó. Por el contrario, la falta de servicios básicos, la ausencia de planificación estatal y local y la inseguridad ha convertido a este sector, a unos 45 minutos del centro de Guayaquil, en un enclave del crimen organizado.

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Emerson Rubio
Reportero y editor en GK. Periodista especializado en crónicas. Máster en Edición, Producción y Nuevas Tecnologías. Ha publicado en medios nacionales e internacionales como Crónica, El Mundo. Cubre temas políticos, LGBTIQ.
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