La cronología de la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas

La noche del 8 de diciembre de 2024, los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, caminaban hacia una cancha de fútbol por la avenida 25 de Julio, en la ciudad portuaria de Guayaquil. A las 8 y 30 fueron interceptados por una patrulla militar. Los embarcaron en una camioneta y se los llevaron a la fuerza. La Fiscalía empezó a investigar su desaparición y lo denominó el caso Malvinas —por el barrio en el que vivían los menores de edad con sus familias. 

Durante 17 días nadie supo de ellos, hasta la tarde del 24 de diciembre, cuando la Policía halló cuatro cuerpos calcinados en la parroquia de Taura, a 37 kilómetros del lugar donde los vieron por última vez. Tras análisis genéticos, la Fiscalía confirmó el 31 de diciembre que los restos sí eran de los cuatro de Las Malvinas.

Al día siguiente, el 1 de enero de 2025, los familiares de Josué, Ismael, Saúl y Steven cargaron sus ataúdes por la avenida Perimetral —haciendo cánticos, arrullos y exigencias de justicia— hasta el cementerio municipal Ángel María Canals, en el suburbio de la ciudad más poblada del país, donde los enterraron.

Por estos hechos, la Comisión de la Niñez de la Asamblea comenzó un proceso de fiscalización al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, a la ministra del Interior, Mónica Palencia, y a las cúpulas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

Además, la Fiscalía mantiene abiertas dos investigaciones. Una es reservada e indaga el presunto delito de secuestro con resultado de muerte —aún no hay autores ni cómplices. La otra es por desaparición forzada, en la que 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) están en prisión preventiva —en la cárcel de Latacunga— desde el 31 de diciembre de 2024. Los investigan por subir a los cuatro menores en una patrulla militar y llevarlos hasta Taura, donde supuestamente los abandonaron sin ropa. 

Esta es una cronología de la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas.

20 de febrero de 2025

La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó el recurso de apelación a la prisión preventiva que presentaron los 16 militares implicados en la desaparición de los cuatro niños de Las Malvinas. Es decir, continuarán en la cárcel de Latacunga mientras avanzan las investigaciones.

La audiencia empezó el 19 de febrero de 2025. La defensa expuso que los militares han colaborado con el proceso judicial y pidieron medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. 

Sin embargo, la Fiscalía y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, que representa a los familiares de los niños, dijeron que debido a la gravedad de los hechos debían continuar en prisión. 

Fernando Bastias, abogado del CDH, dijo que la Corte Provincial también se basó en que “los niños fueron detenidos ilegalmente, torturados, desnudados”. 

16 de febrero de 2025

La Fiscalía suspendió nuevamente la reconstrucción de los hechos programada para la noche del 16 de febrero de 2025, debido a que aún faltan testimonios de militares involucrados. 

30 de enero de 2025

Como parte de la investigación, se programó la reconstrucción de los hechos para la noche del 30 de enero. En esta diligencia, la Fiscalía recrea cómo se cometió el delito con los testimonios de testigos, procesados y víctimas o sus abogados. Sin embargo no se concretó y fue pospuesta para el 16 de febrero de 2025. 

Según la Fiscalía, faltaban testimonios clave para la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas, entre ellos, el de un coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quien debía rendir su versión el 28 de enero de 2025, pero no asistió.

El coronel tenía a cargo la escuadra de los 16 militares y fue quien entregó la ropa de dos menores de edad —camisetas, zapatos, interiores— a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía, el 11 de diciembre de 2024. Ese día, el oficial habría liderado un operativo de búsqueda en Taura —sin coordinar con la Policía ni la Fiscalía—, en el sitio donde uno de los militares contó que habían dejado a los cuatro de Las Malvinas. 

Para  Abraham Aguirre, asesor jurídico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y abogado de las familias de las víctimas, el coronel no siguió el debido proceso. 

23 de enero de 2025

Los 16 militares detenidos en el caso Malvinas apelaron a la prisión preventiva. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas fijó la audiencia de apelación para el 23 de enero de 2025. Los jueces debían resolver si los uniformados continuaban en la cárcel o podían defenderse en libertad. 

Pero la audiencia fue suspendida. Abraham Aguirre, abogado que acompaña a los familiares de los cuatro niños, explicó que uno de los jueces se excusó —no trató el caso por motivos que le impiden ser imparcial— porque dijo que era amigo íntimo de uno de los abogados de los militares. La excusa fue aceptada, pero aún no hay fecha para una nueva diligencia.

Ese día, familiares de los menores de edad y defensores de derechos humanos llegaron a las afueras de la Corte Provincial donde rechazaron el intento de los militares de salir de la cárcel durante investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. 

22 de enero de 2025

El juez Jorge Enrique Aldás fue arrestado por el presunto prevaricato —delito que se investiga cuando un juez dicta una resolución contraria a la ley. Aldás habría concedido un indulto de forma irregular a Bryan Vicente Alvarado Aguirre, identificado como alias Momo, quien fue mencionado en la versión del testigo Luigi V., quien dijo que Momo habría dado la orden de quemar a Josué, Ismael, Saúl y Steven en un manglar de Taura. 

Momo cumplía una pena de cinco años por el delito de delincuencia organizada, en la cárcel de Guayaquil. Supuestamente era parte de una banda de asaltantes de camiones de carga que operaban en la parroquia de Taura, donde los cuerpos de los tres adolescentes y el niño aparecieron incinerados. 

Para acceder al indulto, la defensa de Momo había presentado, el 19 de noviembre de 2024, un certificado médico de que tenía VIH.

Según la Fiscalía, el juez Aldás habría aplicado el indulto conforme al decreto 265, emitido en 2021 por el entonces presidente Guillermo Lasso, para liberarlo el 27 de diciembre de 2024 —19 días después de la desaparición de los niños. Desde entonces, no se sabe dónde está Momo.

Sin embargo, aparentemente, Momo no cumplía con los requisitos para el indulto. 

Lasso reaccionó a la decisión del juez. En un comunicado dijo que los indultos eran para quienes tienen VIH, tuberculosis u otras enfermedades terminales, pero con sentencia condenatoria ejecutoriada, que no tengan otros procesos pendientes y que no estén sentenciados por delitos violentos o de corrupción. “Esto es un abuso”, dijo. 

El presidente de la Corte de Guayas dictó arresto domiciliario contra el juez Aldás. 

16 de enero de 2025

A las 2 de la tarde del 16 de enero de 2025, en la Unidad Judicial Sur Penal, dos de los tres testigos protegidos rindieron sus testimonios anticipados en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. Lo hicieron en una cámara de Gesell, un espacio para proteger la integridad de los testigos vulnerables. 

El uno fue Luis Arroyo, padre de los hermanos Ismael y Josué. El otro fue Luis T., quien habría ayudado a uno de los niños a llamar a su papá desde Taura. 

El tercer testigo, Luigi V., no se presentó, aunque su abogado sí llegó. Luigi V. habría presenciado cómo criminales se llevaron a los niños en un bote hacia los manglares, donde alias Momo supuestamente ordenó incinerarlos. Luigi V. abandonó voluntariamente el programa de protección y no se sabe dónde está, dijo Jesús López, abogado de los 16 militares procesados, a diario Primicias. 

López dijo que la diligencia fue positiva para sus clientes porque con los testimonios de Luis Arroyo, el padre de los dos adolescentes, y de Luis T. se ratificaría que los militares los liberaron, “lo que prueba que estaban con vida al momento de ser entregados”.  

Mientras que Abraham Aguirre dijo que los testimonios son clave ya que confirmarían que los cuatro menores fueron trasladados hasta Taura. “El testigo (Luis T.) indicó que al tener contacto con los niños, estos estaban con aparentes golpes”, dijo. 

31 de diciembre de 2024

A las 2 y 24 de la tarde, la Fiscalía dijo que los resultados de las pericias antropológicas y de genética forense confirmaron que los cuatro cuerpos incinerados que hallaron en Taura, el 24 de diciembre, sí correspondían a los tres adolescentes y al niño desaparecidos tras un operativo militar.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) del Guayas, que acompañó a los familiares de los menores, publicó en su cuenta de X la “profunda consternación por la trágica partida” de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda, de 15, y de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15. Fueron “detenidos arbitrariamente por miembros de las Fuerzas Armadas”, dijeron. 

Horas antes, a las 9 de la mañana, familiares de los niños de Las Malvinas hicieron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura. Ese día fue la audiencia de formulación de cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana presuntamente implicados en la desaparición de los menores. 

Fue a puerta cerrada. Solo entraron los familiares de los niños, la Fiscalía, los militares, abogados y un representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta medida fue impuesta por el juez Dennis Ugalde porque, según el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), debía haber privacidad y confidencialidad en los procesos que involucran niños, niñas y adolescentes. 

Los familiares ocuparon una sala, los militares otra. 

En la audiencia, la Fiscalía presentó “elementos de convicción” que sustentaron la presunta participación de los militares en el delito investigado, como los testimonios de familiares y testigos, informes forenses, evidencias físicas, como los celulares de los procesados, videos —en uno se ve cómo los militares suben a dos de los cuatro menores al balde de la camioneta— y vehículos utilizados durante el operativo.

Mientras que la defensa de los militares se mantuvo en que los testimonios de los testigos confirman que los uniformados que detuvieron a los niños los dejaron con vida en Taura. 

La Fiscalía formuló cargos contra los 16 militares y el juez Ugalde dictó prisión preventiva para los 16 procesados por el delito de desaparición forzada. Este delito, según el artículo 84 del COIP, se da cuando un agente del Estado somete a “privación de libertad” a una persona, sin dar información de su ubicación. Está penado de 22 a 26 años de prisión. 

La instrucción fiscal en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas dura 90 días, es decir, terminará a finales de marzo de 2025. 

Estos son los militares procesados en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas: 

1. Jhon Eduardo Tagle Marquez
2. Rodrigo Paúl Núñez Paredes
3. Jonathan Raúl Galeas Pillajo 
4. Bryan Olmedo Naranjo López
5. Sergio Francisco Véliz Bonilla 
6. Danny Wilmer López Carrasco 
7. Lister Henry López Carrasco 
8. Moisés Israel Loor López
9. John Henry Zabala España 
10. Alex Javier Quishpe Antamba 
11. David Andrés Correa Asimbaña 
12. Ronald Stalin Pilay Tucunango 
13. Nelson Oswaldo Sagñay Zúñiga 
14. Carlos Javier Espín Macato
15. Christian Eduardo Aucapiña Quishpe 
16. Wilson Alfredo Cueva Briceño

24 de diciembre de 2024

Cuatro cuerpos incinerados fueron hallados en la parroquia de Taura. 

Con la versión de Luigi V. —el testigo que dijo que los menores fueron llevados a un manglar donde alias Momo ordenó que los quemaran—, la Fiscalía, policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y la Dinased armaron equipos para la búsqueda de los cuatro niños de Las Malvinas. 

A las 11 y 46 de la mañana, los uniformados llegaron al estero Chabelo, donde localizaron cuatro cadáveres, que fueron llevados a Criminalística para su identificación. 

Ese día, la jueza Tanya Loor aceptó el recurso de habeas corpus interpuesto por las familias de los menores y los representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) del Guayas. Con este recurso, buscaban que se reconociera como desaparición forzada, es decir, que la investigación se base en el artículo 84 del Código Penal, que ocurre cuando un agente del Estado (como militares) prive de la libertad sin información. 

Loor dijo, en una audiencia que tardó siete horas, que lo presentado  hacía presumir que los 16 militares que detuvieron a los cuatro de Las Malvinas “no cumplieron con los protocolos establecidos en estos casos”. Además, declaró la existencia de desaparición forzada. 

Familiares de los niños hicieron plantones durante la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

Abogados del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas dijeron que la desaparición de los menores “no se dio en un contexto de custodia estatal”. El capitán Leonardo Alvear, abogado del Ministerio de Defensa, dijo que los cuatro fueron trasladados hasta las inmediaciones de la Base Militar de Taura, pero insistieron en que no había indicios para determinar que fueron ingresados a la unidad militar. 

En la audiencia también dijeron que la detención de los tres adolescentes y del niño se dio porque la escuadra de 16 militares fue alertada de que supuestamente ellos habían cometido “un acto contrario a la ley”. Sin embargo, la Fiscalía señaló que en el proceso judicial que se investiga no existe ningún elemento que indique algún “acto ilícito que hayan cometido los niños”. No hay parte policial, ni testigo que acrediten esa versión. 

Además, según el artículo 526 del Código Penal, “cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional”. Pero los niños fueron llevados a Taura, a más de 60 kilómetros de Las Malvinas, donde vivían. Eso también fue cuestionado por la Fiscalía. 

“Es importante limpiar el nombre y evitar que en la carga mediática se pretenda desviar la atención presentándolos como presuntos delincuentes”, agregó el fiscal del caso, Christian Fárez.

A las 5 y 49 de la tarde, la Fiscalía denominó al caso Malvinas y solicitó fecha y hora para formular cargos contra los 16 militares involucrados en la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. 

23 de diciembre de 2024

En la madrugada, la Fiscalía y la Policía allanaron la Base de Taura como parte de las investigaciones por la desaparición de los cuatro menores de edad de Las Malvinas. A esa unidad militar pertenecen los 16 de la escuadra que detuvo a los niños. 

Allí inspeccionaron los vehículos en los que fueron trasladados los adolescentes y el niño y ropa de los militares. 

22 de diciembre de 2024

Tras la denuncia por secuestro puesta por el padre de los hermanos Ismael y Josué, Luis Arroyo, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), pero el 22 de diciembre lo trasladaron a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza. 

Familiares exigían que devulevan a sus hijos sanos y salvos. Al tiempo, se realizaban la investigación de la desaparición forzada de los cuatro de Las Malvinas. Fotografía de Isabela Ponce para GK.

20 de diciembre de 2024

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayas, que acompaña a las familias de los niños desaparecidos, presentó una demanda de habeas corpus contra los ministerios de Gobierno y del Interior, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para que se reconozca la “desaparición forzada” de los cuatro menores. 

Del 9 al 12 de diciembre de 2024

El 9 de diciembre, la Fiscalía abrió una investigación tras la denuncia por secuestro que presentó Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, junto a la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía. 

Durante los primeros días, entre el 9 y 12 de diciembre, la policía realizó entrevistas a testigos de la desaparición. 

Luis Arroyo, papá de los hermanos Ismael y Josué, relató que el 8 de diciembre de 2025 sus hijos, Ismael y Josué, fueron a jugar fútbol en el parque Coviem. A las 9 y media de la noche, amigos de sus hijos avisaron que unas ocho personas vestidas como militares se habían llevado a sus hijos y otros dos menores de edad en dos camionetas D-max. 

A las 10 y 40 de la noche, su esposa Katy Bustos recibió la llamada de un hombre, quien no se identificó, le dijo que había encontrado a los menores golpeados, desnudados, por lo que les dio ropa y comida. Dijo también que Ismael le había pedido una llamada y que les contara que los militares los habían cogido cerca del mall del Sur, frente al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la avenida 25 de Julio. 

“Le dije que me pasara a mi hijo Ismael Arroyo al celular. Y me pasó (…) sí era la voz de mi hijo, esta conversación con mi hijo fue de 5 minutos aproximadamente, luego el tipo extraño le quitó el celular y me dijo de nuevo: ‘Tienes de 45 minutos a una hora para que los vengas a ver a Taura porque este sector es muy peligroso y como los niños son negritos y nadie los conoce, va a venir la mafia y se los va a llevar’”, detalló Arroyo. 

El hombre le envió la ubicación en tiempo real. “En ese momento, con otro teléfono, pude tomar fotografías del perfil de WhatsApp de este sujeto. Le corté la llamada y llamé a un familiar para que me ayudara llamando al ECU-911”, dijo. 

Cuando los policías llegaron al lugar, los menores ya no estaban. “Llamé nuevamente por WhatsApp a este sujeto y me dijo: ‘¿Para qué me mandaste la ley? Yo por hacer un favor casi me haces meter preso, yo tuve que correr e irme de la casa, yo no sé nada, ya vinieron 10 motos de la mafia y se los llevaron’”. 

Esta versión coincide con la de Luis T., quien dijo que a la una de la madrugada del 9 de diciembre —cinco horas después de que los militares detuvieron a los cuatro de Las Malvinas— iba a entrar a su casa, pero escuchó voces. De pronto, encontró a los menores “desnudos” frente a su casa. Ellos le pidieron una llamada telefónica. “Me dieron un número, llamaron al papá. Solo un niño habló. Dijeron a los padres que los militares los cogieron en el Mall, dijeron que ellos estaban jugando pelota”, detalló. 

En el expediente también consta la versión de Luigi V., quien dijo que a las 11 de la noche del 8 de diciembre de 2024 estaba en un bar con un grupo de una banda (delincuencial). 

“Pero yo no soy de esa banda. Estábamos tomando ahí, a esa hora llegó un tal Ofelio, ahí llegaron en unas motos y a esos cuatro pelados se los llevaron a un manglar y después, al siguiente día, me enteré que ya estaban quemados”, dijo. 

Luigi V. dijo que los iban a meter en un saco de yute —en donde participó alias Ñato. “Debo indicar que el 9 de diciembre, un tal Momo dio luz verde para que los quemaran. Además, el que manejó el bote se llama alias Dani”, dijo. 

Bryan Vicente Alvarado Aguirre, alias Momo, fue mencionado por el testigo. Él supuestamente sería parte de una banda de asaltantes de camiones de carga que operaba en Taura, donde vieron por última vez a los niños. 

Pero Momo tiene además un largo historial: cuatro procesos judiciales desde 2020. En febrero fue investigado por asociación ilícita, pero fue absuelto; en 2021 fue detenido por ocultamiento de objetivos robados, pero fue sobreseído; en 2023, la Policía lo arrestó y se le formularon cargos por tenencia de armas; en octubre de 2023, fue señalado por delincuencia organizada. 

 Para Abraham Aguirre, abogado del CDH que acompaña a la familia de los menores de edad, Luigi V., quien mencionó en su versión a alias Momo, es un “falso testigo”. Dijo que “son hechos inverosímiles que deben ser contrastados”. 

8 de diciembre de 2024

A las 8 y 30 de la noche, los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, iban a jugar fútbol, pero fueron interceptados por una escuadra de 16 militares en la avenida 25 de Julio, cerca del Mall del Sur, en la ciudad de Guayaquil. Supuestamente, los militares habían recibido la alerta de que los menores huían de un robo. Los subieron a la fuerza en camionetas y fueron llevados a la parroquia Taura, a 37 kilómetros de allí, donde fueron abandonados. 

Luis Arroyo, el papá de los menores, recibió una llamada desde un celular desconocido. Uno de sus hijos, Ismael, le explicó que fueron golpeados, que los desnudaron y abandonaron en Taura, y que temían por sus vidas debido a la peligrosidad del lugar. Luis Arroyo pidió auxilio al ECU-911. Desde entonces, nunca más volvió a hablar con su hijo.