La polémica concesión del campo Sacha, explicada

La concesión del campo Sacha, uno de los campos petroleros más productivos del país, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, provocó diversas reacciones. El gobierno de Daniel Noboa adjudicó el 28 de febrero de 2025 de forma directa el campo petrolero —llamado por algunos expertos “la joya de la corona” de la industria ecuatoriana del crudo— al consorcio chino-canadiense, Sinopetrol.

La decisión causó revuelo porque se adjudicó de forma directa. 

El contrato, que iba a ser firmado en marzo, decía que el consorcio recibiría hasta el 87,5% de la producción petrolera a cambio de 1.500 millones de dólares al momento de firmar el contrato y la realización de inversiones por 1.750 millones de dólares en 20 años. Ecuador recibirá el 12,5% de la venta del petróleo de la producción.

El presidente Daniel Noboa publicó un comunicado el 5 de marzo de 2025, diciendo que si hasta el 11 de marzo el consorcio no ha pagado esos 1.500 millones, su gobierno no firmará el contrato. Y eso fue lo que pasó. 

El 12 de marzo de 2025, en una entrevista en el medio Ecuavisa, la ministra de Ambiente Inés Manzano dijo que el consorcio no pagó y que “no hay nada más que hablar” dejando claro que el gobierno no seguirá adelante con el proyecto. 

Según el gobierno, habían tomado la decisión de adjudicar Sacha de forma directa al consorcio por el “estado crítico de la infraestructura y la falta de recursos de Petroecuador” para operar el campo. El 12 de marzo, Manzano dijo que evaluarán otras opciones para el campo, como enviar cartas de interés e invitaciones al sector privado o empresas estatales. 

Te explicamos qué está pasando con el campo Sacha. 

Despidos en Petroecuador, un antecedente de la concesión  

Dos días antes de la concesión del campo Sacha, el 26 de febrero de 2025, el Ministerio de Energía y Minas despidió a varios funcionarios de la empresa estatal de hidrocarburos Petroecuador. 

Ese día la ministra Inés Manzano dijo ante medios de comunicación que “pasó lo que tenía que pasar” refiriéndose a la remoción de gerentes y subgerentes de la petrolera, también dijo que “tiene que haber gente con la que estemos alineados todos”. 

Además, sobre la permanencia de Leydi Jiménez, que desde noviembre de 2024 era gerenta general subrogante de Petroecuador, en el cargo dijo que estaba previsto un directorio para tratar el tema. 

Sin embargo, ese día Jiménez presentó su renuncia irrevocable al puesto. En su carta agradeció a Daniel Noboa y a Manzano por la “confianza depositada” en ella en esos meses. Pero no explicó el motivo de su renuncia. 

Cerca de las 6 de la tarde del 26 de febrero, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (Sintep) publicaron un comunicado en el que rechazan el despido de más de 20 trabajadores técnicos y especialistas y dice que fueron “desvinculados en medio de la negociación” para lo que ellos llamaron “privatizar Sacha”. 

Según el comunicado, entre las personas despedidas no solo estaban gerentes y subgerentes, como dijo Manzano, sino también “ingenieros de operaciones, intendentes de producción, geofísicos, geólogos, jefes de campo, reservoristas y personal de químicos, mantenimiento, remediación ambiental, comercialización, transporte” y más.

La Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores también rechazó el despido y exigió “respeto a los derechos laborales”. Otras organizaciones obreras se pronunciaron en sentidos similares.

La importancia de “la joya de la corona” Sacha

El campo Sacha, o bloque 60, está ubicado en la provincia de Orellana que queda al noreste del Ecuador y colinda con Perú, es uno de los campos petroleros más productivos del país. En múltiples ocasiones ha sido llamado por expertos petroleros como la “joya de la corona”. Según Petroecuador desde el 2016 el campo produce más de 70 mil barriles de petróleo diarios. 

En un comunicado de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) dice que en la actualidad el campo produce 77.191 barriles diarios, es decir, el 16% de la producción nacional de petróleo.

Además, las reservas probadas, probables y posibles de Sacha se estiman en 372 millones de barriles de petróleo totales y 96,8 millones de pies cúbicos de gas, según una auditoría de la firma Netherland, Sewell & Associates (NSAI) de 2022 solicitada por Petroecuador. 

En el informe de la auditoría de 118 páginas, disponible en el sitio web de la organización Lupa Media, dice que solo considerando las reservas probadas, que suman 262 millones de barriles de petróleo, los ingresos netos futuros para Ecuador serían de 10.940 millones de dólares. Mientras que sumando las reservas probadas, probables y posibles los ingresos netos futuros para el país serían de 14.941 millones de dólares. 

El primer pozo exploratorio del campo fue perforado en enero de 1951 y su producción comenzó en 1972, según un documento de la Escuela Politécnica Nacional. Es decir, lleva más de 50 años produciendo una considerable cantidad de petróleo para el Ecuador. Por eso, Daniel Noboa, no es el primer presidente en intentar, pero sí el primero en conseguir, la concesión del campo. 

Cuando fueron presidentes respectivamente, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron, sin éxito, concesionarlo. 

Correa lo hizo en 2016. El 16 de noviembre de ese año, Augusto Espín, entonces ministro de Sectores Estratégicos, dijo que estaba por cerrarse un contrato con la empresa china Cerg para el campo Sacha. Su gobierno buscaba 1.500 millones de dólares en efectivo, según una nota del medio Ecuavisa. Sin embargo, el negocio nunca se concretó. 

Otra empresa china que estuvo interesada en el campo fue Jereh Energy Services, pero su oferta fue rechazada por Petroamazonas tras considerarla un mal negocio, según una nota del diario La Hora de diciembre de 2016. 

Moreno, en cambio, comenzó un proceso de licitación con un anticipo de 1.000 millones de dólares del campo, pero fue suspendido en 2020. Fernando Santos, experto petrolero y ministro de Energía y Minas en el gobierno de Lasso, le dijo a GK que la empresa que quedó finalista en el proceso de licitación de Sacha fue la compañía americana Baker Hughes pero que “por razones políticas” no siguió adelante. Entonces, el Estado siguió operando el campo a través de Petroecuador. 

Finalmente Lasso, en su corto gobierno de 2021 a 2023, que terminó por una muerte cruzada, intentó incluir al campo Sacha en un portafolio de inversión privada. Para ello, Lasso propuso una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permitía la concesión de campos petroleros estratégicos, como Sacha, a empresas privadas. 

Santos explica que Lasso “cambió algunos artículos tributarios y aprovechó para poner cambios a la ley de hidrocarburos”, pero que la Corte Constitucional rechazó los cambios, porque solo “podía enviar asuntos tributarios”. 

Santos dice que “al rechazar los cambios queda vigente la ley anterior”, en referencia a la Constitución del 2008 que dice que cuando el Estado “contrate con una empresa pública extranjera, no se necesita licitación”, explica el ex ministro. En ese gobierno, Sacha quedó fuera del portafolio. 

Casi diez años después del primer intento de concesión de Sacha, el gobierno de Daniel Noboa lo logró con una adjudicación directa. 

¿Por qué se adjudicó de forma directa?

Según el gobierno la adjudicación del campo Sacha está amparada en dos artículos de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 2 y el 19 para ser exactos. Además del artículo 313 de la Constitución. 

El artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos dice que el Estado puede, de manera excepcional, permitir que empresas nacionales o extranjeras —o consorcios de ellas—que se encarguen de explorar y explotar yacimientos petroleros, siempre y cuando tengan experiencia y capacidad técnica y económica comprobada a través de contratos de participación.

Mientras que el artículo 19 de la misma ley dice que se autoriza la adjudicación directa sin licitación cuando se trate de empresas estatales. El artículo 313 de la Constitución dice que el Estado “se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”. 

Sin embargo, esta fundamentación legal ha sido cuestionada por la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) que dice que la reforma de Lasso de la Ley de Hidrocarburos fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 28 de octubre de 2022 “lo que vuelve ilegal todo el proceso de concesión de este activo estratégico”. 

Luis Calero, abogado y analista petrolero, le dijo a GK que la adjudicación directa de Sacha “es más inconstitucional e ilegal que mandado hacer”. 

Calero sostiene que el artículo 313 de la Constitución únicamente reserva para el Estado el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, entre ellos el del petróleo, pero que el artículo 316 de la Constitución “en ningún permite la delegación a empresas públicas extranjeras o subsidiarias de las mismas”, sino que permite excepcionalmente “delegar a empresas privadas y a las de la economía popular solidaria”.

Un artículo que no ha sido mencionado por el gobierno “por mal asesoramiento o por viveza criolla”, afirma Calero. Sobre los artículos de la Ley de Hidrocarburos Calero explica que el presidente Lasso propuso en noviembre de 2021 una Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del covid-19. 

La ley incluía reformas a la Ley de Hidrocarburos, que no fueron aprobadas por la Asamblea. Los cambios eran al artículo 2, el artículo 12 A, que definía las características del contrato de participación y el artículo 47, que introducía una “prima de entrada” para los campos en producción. Sin embargo, dice el abogado Calero, en octubre de 2022, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los tres artículos. 

Es decir, que aunque las acciones realizadas antes de esa fecha se mantenían válidas, los efectos de esos artículos a partir de esa fecha perdían sus efectos. Además, Calero dice que dos días antes de dejar el poder en noviembre de 2023, Lasso publicó un reglamento que, aunque reconocía la inconstitucionalidad de esos artículos, los restituía mediante un decreto ejecutivo.

El presidente Noboa, publicó una carta el 3 de marzo en la que afirmó que si Sinopetrol no paga los 1.500 millones de dólares hasta las 9 de la noche del 9 de marzo, su gobierno no firmará ningún contrato. Luis Calero, dice que no sabe si esta condición es “una salida honrosa” que busca el Presidente o si ya tienen algo acordado.

Sinopetrol no ha dicho nada sobre la condición de Noboa, pero Ramiro Páez, gerente general y representante legal de Petrolia Ecuador, una de las compañías que junto con Amodaimi Oil Company S. L. integran Sinopetrol, dijo al medio Primicias que pedirán una ampliación del plazo. 

¿Qué es Sinopetrol?

El consorcio Sinopetrol está formado por la empresa Amodaimi Oil Company S.L que es subsidiaria de la empresa china Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation y la empresa Petrolia Ecuador que es filial de la empresa canadiense New Stratus Energy. 

En la rueda de prensa del 3 de marzo, la ministra Manzano dijo que el gobierno recibió una propuesta integral para el desarrollo del Campo Sacha, Bloque 60, la que evaluaron y adjudicaron con el objetivo de “incrementar la producción, mejorar la eficiencia operativa y maximizar los beneficios para el Estado ecuatoriano”.

Los argumentos del gobierno para adjudicarle Sacha

El 3 de marzo, la ministra Manzano explicó la adjudicación del campo y los beneficios que traería al país. Uno de ellos la “creación de más de mil empleos directos, con la incorporación del 80% de los trabajadores de EP Petroecuador al proyecto luego de pagar sus indemnizaciones por ley, entrarán a la nueva compañía contratistas”.

En el anuncio de la adjudicación del 28 de febrero, el gobierno dijo que el consorcio recibirá el producto del 87,5% de la producción petrolera del campo, mientras que Ecuador recibirá el 12,5%. 

Tres días antes, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, dijo a Primicias que el 87% de la producción que recibiría el consorcio se pagará cuando el precio internacional del petróleo establecido por la West Texas Intermediate (WTI) se ubique en hasta 62 dólares por barril. 

Ecuador y otros países que producen crudo similar toma como referencia el precio del petróleo WTI, una corriente de crudo producido en Texas y el sur de Oklahoma porque es un tipo de petróleo que es relativamente fácil de refinar por su baja densidad y contenido de azufre. 

El precio promedio del barril del WTI fue de 75,88 dólares en 2024, según el Banco Central del Ecuador (BCE). 

Es decir, que de cada 100 barriles de petróleo que se extraigan del campo, la venta de 87,5 barriles será para Sinopetrol y la de los 12,5 barriles restantes se quedarán para Ecuador.

El 3 de marzo en una rueda de prensa dada por Luis Jaramillo, ministro de Finanzas, Inés Manzano, y Ferreira, el viceministro dijo que se acordó una participación del Estado de 19% cuando el precio del barril de petróleo sea de 30 dólares o menos. Y que el resto recibirá el consorcio. 

Fernando Santos explica que el porcentaje de producción que le corresponden al consorcio y al Estado varían en base a los precios del petróleo porque “si sube el precio, al Estado le dan más participación, sí baja el precio, el Estado tiene menos participación”, con el objetivo de que haya un equilibrio entre las partes. 

También explicó que a medida que el precio del petróleo sube, el Estado recibirá una mayor parte, pero que solo si el precio llega a 120 dólares, el Estado tendrá una participación de 26,5% del petróleo extraído. El resto, que seguirá siendo la mayoría, será del consorcio.

El petróleo es un commodity que se negocia con contratos a futuro. En estos contratos, los productores y compradores de petróleo coordinan y acuerdan con anticipación entregar una cantidad específica de barriles físicos de petróleo crudo en una fecha determinada. Cuando se negocia este tipo de contratos de forma especulativa, el producto debe venderse al precio establecido por el mercado antes de la fecha de vencimiento, cuando se convierte en un bien real. 

Manzano explicó que Petroecuador operó el campo “con una infraestructura deteriorada de más de 50 años con falta de mantenimiento”. Adujo que Sacha es una “joya oxidada” que necesita ser pulida. Además explicó que el campo tiene equipos con corrosión interna y externa, un sistema contraincendios debajo de normas internacionales y riesgos de catástrofes ambientales con más de 1200 puntos de contaminación. 

También dijo que luego de una auditoría, identificaron que 4 de las 5 estaciones están en un estado operativo crítico y una está en un estado operativo no tolerable. Además de otros problemas. Por ello, explicó, decidieron adjudicar el campo a Sinopetrol que se encargará de “revertir esta situación a través de técnicas de recuperación secundaria y mejorada”.

Sobre la capacidad de Petroecuador de seguir con la operación la Asamblea Nacional publicó un comunicado el 4 de marzo en el que alega que “Petroecuador sí está en capacidad de operarlo, como lo ha venido haciendo, no existirían informes técnicos que digan lo contrario”, en base a las comparecencias que recibió la Comisión de Fiscalización de expertos petroleros, ex trabajadores de Petroecuador y activistas ambientales. 

Entre el 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2022, hubo 630 derrames de petróleo en Ecuador, según un reportaje de Climate Tracker. Según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, citado en el reportaje, el 97% de los derrames ocurrieron en manos de empresas del Estado ecuatoriano: 393 derrames fueron de Petroecuador y 218 de Petroamazonas. 

También dice que si Petroecuador sigue operando el campo el país “continuaría recibiendo el 100% de los ingresos de su petróleo y no el 12% que nos daría la privatización”. Además cuestionó la entrega del “Campo Sacha a una empresa que tiene un capital suscrito de apenas 2.000 dólares”. 

En la rueda de prensa del 3 de marzo, las tres autoridades del gobierno dijeron que en el plan de desarrollo del campo está “la recuperación de 372 millones de barriles de petróleo en los próximos 20 años”, superando en 104 millones de barriles la proyección de Petroecuador. Y que “se proyecta un incremento de la producción de 75 mil a más de 100 mil barriles diarios en un período de tres años”. 

La inversión de dinero contemplada, explicaron, será de 1.716 millones de dólares y en costos operativos de 3.500 millones de dólares. Y que los 1.500 millones de dólares que recibirá el Estado a la firma del contrato “por concepto de la producción de campo” serán destinados a inversión social y “a atender las necesidades reales de los ecuatorianos”.

Según el gobierno, los beneficios para el Estado, aparte de la creación de los mil empleos directos son: 

• Un retorno de 6.314 millones  de dólares en valor presente neto—valor de los flujos de efectivo proyectados, descontados al presente—incluyendo los 1.500 millones de entrada
• Una renta o beneficio petrolero para el Estado del 82%
• Inyección de más de 5.000 millones de dólares a la economía nacional
• Reducción de 20 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) en emisiones de gases en producto del uso de mecheros
• Generación de 90 megavatios de energía eléctrica, de los cuales 20 megavatios destinarán al Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero y las comunidades cercanas

Sobre la parte social y ambiental del proyecto, el gobierno dijo que “se destinarán 40 millones de dólares en los próximos 20 años para fortalecer relaciones comunitarias” y que también invertirán 5 millones de dólares en el programa Amazonía Viva “para la eliminación temprana de pasivos ambientales”.

Según el proceso de adjudicación de Sacha, en las próximas cuatro semanas, Sinopetrol debe presentar la documentación para respaldar su capital, hacer mesas de transición y pagar 1.500 millones de dólares a Ecuador para seguir con el contrato. En la rueda de prensa del 3 de marzo, Manzano delegó la firma del contrato al viceministro de Hidrocarburos Guillermo Ferreira.

Reacciones al anuncio y rueda de prensa 

El anuncio del gobierno causó múltiples reacciones en cadena de otros poderes del Estado, expertos petroleros, asociaciones petroleras, gremios, movimientos y más. 

Fernando Santos le dijo a GK que “es un proceso irregular darle directamente a una empresa” la adjudicación y que “es un proceso económicamente absurdo”. En ningún momento, sostiene, se habla de incrementar la producción de Sacha, sino seguir con la que tiene, que es 100% del Estado, pero darle más del 80% de la producción al consorcio, explica. 

Santos explica que actualmente Petroecuador invierte 150 millones cada año en el campo, que en 20 años serían 3000 millones de dólares, con la adjudicación el consorcio hará inversiones por 1.750 millones de dólares en 20 años, es decir menos. El exministro dice que “lo que están haciendo es vender las reservas de Sacha por 1.500 millones para financiar el presupuesto” del Estado. 

Marcela Reinoso, gerente general de Petroecuador entre enero y junio de 2024, le dijo a GK que Ecuador sí tiene la capacidad para seguir operando Sacha, pero que para eso “necesita un presupuesto para inversión y un presupuesto adicional para gastos operativos”. 

También explica que la adjudicación no ha sido transparente y que la venta no es favorable para Ecuador. Es como vender una casa, explica: “El perito me dice que cuesta 14.000 millones, pero yo decido vender en 6.000 millones porque el comprador es mi amigo, y no me importa perder porque finalmente tengo plata”, dice Reinoso.

El 1 de marzo de 2025, la Asamblea Nacional publicó un comunicado en sus redes en el que rechaza “la entrega arbitraria del campo Sacha” por parte del gobierno. Además dice que el gobierno “aprovechó el feriado de Carnaval” para entregar el campo a una empresa privada “contraviniendo la Ley de Hidrocarburos”. 

También dice que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea convocó varias veces a autoridades del gobierno “a comparecer y explicar sobre este tema que perjudicaría al Estado en más de 8.000 millones de dólares” pero que no obtuvieron respuesta. Finalizaron el comunicado diciendo que fiscalizarán “este procedimiento irregular para salvaguardar los intereses económicos de todas y todos los ecuatorianos”. 

Ese mismo día, Inés Manzano, respondió en cuatro líneas al comunicado de la Asamblea en X, dijo que “lean la ley de hidrocarburos y el Reglamento. Y lean con atención lo resuelto”. Además aseguró que ella no ha firmado el contrato y que en caso de hacerlo “lo haremos pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social”. 

El 2 de marzo, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y la Antep pidieron que la Corte Constitucional atienda de forma urgente la solicitud de medidas cautelares para suspender el acuerdo ministerial que posibilita la concesión del campo Sacha. La solicitud es parte de la acción de incumplimiento que presentaron el 6 de febrero de 2025 ante la Corte.

La demanda del 6 de febrero fue en contra del proceso de concesión del Campo Sacha y fue presentada por la Antep, la Federación Internacional del Sector Energético y Servicios Conexos de Latinoamérica y el Caribe (Fitelyc) y el Frente de Defensa Petrolero. Hasta el 5 de marzo, la Corte no se ha pronunciado sobre la demanda ni la solicitud. 

Ese mismo día, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y ex candidato presidencial, escribió en su cuenta de X que la adjudicación a solo tres meses de finalizar el mandato del gobierno “es ilegítima” y que tomarán “todas las acciones necesarias para frenar este intento de saqueo a la Patria”.

El 3 de marzo, la Conaie publicó en sus redes un comunicado en el que dicen que “en un proceso oscuro y sin transparencia, el gobierno cedió la explotación” del campo Sacha a una empresa privada que se quedará con el 87,5% de sus ganancias. “Mientras [que] Ecuador apenas recibirá un 12,5%, quedándose con las migajas de su propio petróleo”. 

El comunicado finaliza diciendo que rechazan “este saqueo y no permitiremos que sigan vendiendo el país mientras el pueblo paga las consecuencias”.