La importancia del caso Norma

Con el pelo recogido, una camiseta turquesa y dos canastas de plástico amarillo, una mujer de espaldas a la cámara, camina en medio de árboles y dice: “Hola, soy Norma. En el año 2019 puse una demanda en el Comité de Derechos Humanos, y hoy en día he triunfado”. Norma no es su nombre real pero su historia sí: cuando tenía 13 años fue violada por su padre, quedó embarazada y fue obligada a ser mamá. El triunfo del que habla es la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, publicada el 20 de enero de 2025, con la que condenó al Estado ecuatoriano por violar el derecho a la vida a Norma, y reconoció que fue víctima de tortura y discriminación. 

“Siento que es un triunfo porque ya no nos va a pasar ‘eso’”, dice Norma para referirse a ella y las demás víctimas de violencia sexual. En el mismo video, la mujer camina junto a un niño pequeño con una canasta de plástico naranja. Su hijo.

“Me siento por una parte feliz y espero que pueda haber cambiado la vida de muchas otras niñas, que no pasen por lo mismo que yo pasé”, dice mientras se la ve en el video recogiendo naranjas con su hijo. La resolución del Comité de la ONU no sólo obligó al Estado ecuatoriano a reparar a Norma sino a tomar acciones concretas para proteger a las niñas y adolescentes del país.

Aquí te explicamos la importancia del caso Norma.  

Las omisiones del Estado ecuatoriano

Norma, que vivía en una zona rural de Ecuador, era violada frecuentemente por su padre. Su familia sabía que él representaba un peligro, por lo que a Norma la rotaban de casas, tratando de alejarla de él. Vivió con su abuela pero cuando ella murió, regresó a vivir con su padre, quien también habría violado a la hermana y prima de Norma. Fue ahí cuando quedó embarazada de él. No tenía idea de lo que le pasaba; nunca había recibido educación sexual en su escuela y eso le impidió entender qué pasaba con su cuerpo.

Cuando supo que estaba embarazada, ya tenía 7 meses. Su padre, al enterarse, la retiró de la escuela y ningún profesor se extrañó de no verla más. Poco tiempo después, se convirtió en madre. 

Estos hechos son relatados en la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que reconoció que el Estado le falló a Norma porque:

• No pudo acceder a una educación pública y de calidad en derechos sexuales y reproductivos. 
• No hubo maestros ni personal administrativo en la escuela que detectaran lo que estaba viviendo. 
• No hubo un sistema de protección social que la llevara a un refugio seguro. 
• No tuvo acceso a servicios de salud específicos para mujeres. 

Lo que el Estado ecuatoriano debe cumplir

La resolución, además de identificar las vulneraciones a los derechos de Norma, enlistó las obligaciones para el Estado ecuatoriano en este caso. 

Estas acciones, llamadas reparaciones, son clave para enmendar “las violaciones de los derechos humanos proporcionando una serie de beneficios materiales y simbólicos a las víctimas o a sus familias”, según las Naciones Unidas. En el caso de Norma, el Comité determinó cinco reparaciones específicas. 

1. La indemnización económica para aliviar ciertas consecuencias materiales inmediatas del daño causado por la falta de acceso al aborto. 
2. Reparar la afectación a su proyecto de vida que incluye apoyarla para que termine el bachillerato y acceda a educación superior. “Al negarle el aborto, el Estado expuso a Norma a una vida de más violencia, una vida de pobreza y de mutilación de todas sus oportunidades de trabajo adecuado y de estudio”, opina la activista por los derechos sexuales y reproductivos, Virginia Gómez de la Torre. 
3. Garantizar la educación al hijo de Norma. La educación es una herramienta clave para romper los ciclos de pobreza y alcanzar la igualdad de género, según las Naciones Unidas. 
4. Brindar atención psicológica especializada a ella y a su hijo para sanar los efectos psicológicos de la violación. 
5. Reconocer públicamente la responsabilidad del Estado. Esta medida simbólica implica que una entidad asuma públicamente su responsabilidad en un hecho que ha causado sufrimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera necesario hacerlo para “reparar el daño a la reputación y la honra de las víctimas y sus familiares y con el objeto de evitar que hechos como los de este caso se repitan”.

Además de las reparaciones concretas para el caso Norma, hay otras medidas que el Comité solicita al Estado ecuatoriano, como modificar las leyes para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. 

En Ecuador, el aborto es legal en tres causales: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la salud de la madre corre peligro, y en casos de violación. El aborto por violación es legal desde 2021, luego de un fallo de la Corte Constitucional, pero la ley vigente es restrictiva y obstaculiza el acceso al procedimiento. 

Uno de los principales obstáculos es el artículo 19 que detalla los requisitos para acceder: la denuncia, la declaración juramentada, y un examen médico certificado que confirme la violación. Desde noviembre de 2022 hasta hoy este artículo está suspendido por decisión de la Corte Constitucional. Por ahora, si una mujer que fue violada decide abortar, puede hacerlo presentando una solicitud. En 2024 también se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto en todos los casos; la Corte tiene pendiente pronunciarse sobre este tema. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU también pidió al Estado crear acciones para combatir la violencia sexual incluyendo medidas educativas y la sensibilización para prevenir, atender y llevar ante la justicia los casos. 

El Estado debe capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual para que actúen correctamente cuando exista peligro para las víctimas que tengan antecedentes de agresiones similares. Finalmente, exigió al Ecuador desarrollar políticas adecuadas de adopción; Norma dijo que quería dar el niño en adopción a un miembro de su familia, pero no recibió información oportuna.

Con estas medidas de reparación el Comité de Derechos Humanos de la ONU espera que el Ecuador remedié el impacto por haberle negado el acceso al aborto a Norma.

“Quiero seguir con mi vida, seguir con mis hijos, que ellos sean felices. Igual, a mi primer hijo darle lo mejor que yo pueda. Que él también sea feliz y no sufra como yo sufrí. Quiero que él sea muy muy feliz”, dice Norma en el video mientras recoge frutas.  

Por qué la resolución es histórica

La resolución es histórica porque es la primera vez que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoce que cuando una mujer es víctima de violencia sexual y no tiene acceso a servicios de salud reproductiva, como el aborto, es un embarazo y una maternidad forzada. 

“El Comité nos está diciendo que someter a cualquier persona a llevar adelante un embarazo y una maternidad forzadas es contrario a lo que entendemos como una vida digna porque los proyectos de vida de una persona se desbaratan y no hay cómo seguir adelante con ese proyecto”, dice Catalina Martínez, abogada y activista que acompañó a Norma en el litigio internacional.

El proyecto de vida son las metas que las personas se plantean para el futuro. En el caso de las niñas incluye acabar el colegio, ir a la universidad, jugar, formar una familia, viajar, etc. El Comité reconoció que a Norma se le desbarató su proyecto de vida al ser forzada a ser madre. 

El Comité también reconoció que Norma fue víctima de tortura. La violencia sexual le causó sufrimientos físicos y mentales. “La tortura y el trato cruel, inhumano y degradante no se queda en una acción fisica, es suficiene con generar una angustia del tamaño de tener pensamientos de querer quitarse la vida”, dice Martínez. La noticia del embarazo y la imposibilidad de terminarlo, según el resumen de la resolución del Comité, hizo que Norma tuviera deseo de morir y que el parto fuera traumático. 

Norma, según el Comité, fue también víctima de discriminación porque el Estado le negó servicios de salud reproductiva y recibió comentarios de policías y funcionarios de salud que cuestionaron su moral. “Inclusive en las condiciones más trágicas, como lo es la de Norma, no hay una compasión y una generosidad de agentes estatales.”, dice Martínez.

Norma contó que luego de denunciar a la Fiscalía, como parte de la investigación, fueron a buscar al agresor para detenerlo una sola vez y, como no lo encontraron, no volvieron a intentar. El agresor falleció de cáncer en 2015. Hasta 2025, Norma todavía no ha sido notificada del cierre de la investigación penal, según la resolución del Comité. 

El reconocimiento del Comité para Norma impacta a todas las niñas y adolescentes del Ecuador y los demás países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Saber o pensar que otras niñas no van a pasar por lo mismo que yo pasé. Ellas deberían estar estudiando para que tengan una carrera y puedan ser alguien en la vida.” dice Norma en el video en el que aparece de espaldas para proteger su identidad. 

“El caso Norma es histórico como lo fue el caso de Paola Guzmán Albarracín”, dice Catalina Martínez. A sus 14 años, Paola fue violada por el rector de su colegio y quedó embarazada. Desesperada, ingirió fósforo blanco y murió envenenada al no recibir ayuda oportuna del personal del colegio. Su madre, Petita Albarracín, buscó en Ecuador pero las instancias se agotaron. El caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en 2020 la Corte IDH condenó al Estado ecuatoriano. 

El caso de Paola Guzmán Albarracín fue el primero sobre violencia sexual en el ámbito educativo de la Corte Interamericano de Derechos Humanos. Sentó precedentes en el país y la región. “Norma viene a complementar a Paola, y sin lugar a dudas, va a ser el segundo gran precedente de Ecuador”, dice Martínez. 

Virginia Gómez de la Torre, activista por los derechos reproductivos hace más de tres décadas, dice que esta resolución también evidencia que “Ecuador no ha cumplido las directrices de la sentencia y la reparación de la Corte Interamericana en el caso de Paola Guzmán. Son sentencias que hacen una sinergia, en ambas se plantea la necesidad que tiene el Estado de tener educación sexual integral».

El Ecuador tiene 180 días para decirle al comité de las Naciones Unidas cómo está avanzando en la implementación de las medidas de reparación del Caso Norma. El 19 de julio de 2025 se cumplen los 180 días que el Comité fijó para enviar el primer reporte de cumplimiento.