Era la noche del viernes 14 de agosto de 2020 cuando recibí el mensaje por Whatsapp y no atiné a responder con palabras: “Justicia por Paola, fallo histórico. Logramos que la Corte IDH condene a Ecuador”. Con el corazón encogido, solo respondí con un emoticón de lágrimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado ecuatoriano por la muerte de Paola Guzmán Albarracín, una adolescente de 16 años que tras ser sistemáticamente abusada y violada sexualmente durante dos años, se suicidó. Empecé a leer el comunicado del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción a la Mujer (Cepam) y el Centro de Derechos Reproductivos, y luego la sentencia de la Corte. Thalíe Ponce, amiga y colega y quien me había compartido la noticia, me dijo que se sentía igual. Pocas horas después cuando posteé en mis redes sociales sobre el histórico fallo, Salomé —sobreviviente de abuso sexual, a quien conocí por una de mis reporterías de violencia de género— me dijo “estoy llorando por dentro y por fuera, es una noticia increíble”.
¿Por qué tres, diez, cincuenta mujeres nos conmovemos hasta las lágrimas por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso ocurrido hace 18 años?
En Ecuador y en América Latina, varias (quizás muchas pero no las suficientes) personas saben quién fue Paola Guzmán Albarracín y por qué su nombre importa. Pero para quienes no conocen su historia es necesario que sepan que gracias a ella y la lucha de su mamá, Petita Albarracín, desde este año la región tiene la esperanza de ser un lugar menos injusto y cruel con las niñas y adolescentes.
En el 2002, Paola se suicidó. Tenía 16 años y el vicerrector de su colegio, durante dos años, le había exigido que tuviera relaciones sexuales con él a cambio de pasarla de año porque tenía malas notas. Luego de los abusos y violaciones, ella quedó embarazada y el sujeto la llevó donde un médico para que le practicara un aborto. Como condición de interrumpir su embarazo, el médico también la forzó a tener relaciones sexuales con él. La historia de Paola —que Thalíe Ponce contó en enero de 2020 con el respeto y la paciencia admirables que requieren estas dolorosas reporterías— no terminó con su muerte: el vejamen y la ignominia se perpetuaron mediante decenas de actos negligentes e indolentes de las autoridades ecuatorianas. De no haber sido porque Petita Albarracín, la mamá de Paola, nunca se rindió hasta conseguir justicia para su hija, el caso habría engrosado las alarmantes cifras de la impunidad de los miles de delitos que se cometen a diario contra niñas y adolescentes en el Ecuador.
Petita Albarracín no solo consiguió justicia para Paola. También la consiguió para esas otras miles de niñas que sufren violencia sexual —desde acoso, pasando por abuso, hasta violación— por parte de profesores o autoridades en escuelas y colegios del Ecuador y América Latina. En nuestro país, solo entre 2015 y 2017 se contaron 4584 casos de abuso sexual en el ámbito educativo. Esos son los que se conocen porque hubo una denuncia. Sin embargo, la mayoría se queda en el oprobio del silencio porque las víctimas tienen miedo a que no les crean. En Ecuador a una de cada tres víctimas de abuso sexual no le creyeron.
El fallo de la Corte IDH obliga a los Estados, con un énfasis claro al ecuatoriano, no solo a creerle a las niñas sino a protegerlas y a repararlas. Ordena que el Estado recopile y mantenga “información estadítica sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo”. Es una orden que a muchos seguro sorprende porque ¿cómo es que un país no lleva este registro?
Pues no es el único que falta: las periodistas que en más de una ocasión hemos pedido desagregación por edad, género, ámbito en el que se dio el delito, perpetrador, hemos recibido la infame y campante respuesta de “eso no tenemos”. Ahora, gracias a Paola y a su madre, el Estado tendrá que esforzarse por hacerlo. ¿Cómo más se puede resolver este problema si el país no entiende con cifras y evidencia empírica su verdadera espeluznante dimensión?
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Entre las reparaciones dictadas por la Corte también está que se detecten estos casos de violencia en el ámbito educativo y se reconozca su denuncia. Como medida necesaria y complementaria, el alto tribunal regional ordenó la capacitación al personal educativo para que puedan abordar y prevenir estas situaciones. Esto podría evitar más casos como el de Paola Guzmán Albarracín, y como el de Iker —y sus padres Pedro e Irene— que sufrieron la indolencia de un proceso administrativo que no hizo nada para repararlos, para sancionar a la escuela, a sus directivos o al abusador.
La Corte IDH ha ordenado que el Ecuador provea orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y a sus familiares. Cuando ocurre un abuso no solo se destruye la vida de una niña o niño sino la de su familia. Esta sentencia reconoce ese daño que por décadas ha sido ignorado. Pero en cada país de la región hay un caso emblemático, un rostro de una niña o una madre pidiendo justicia.
Si alguien no puede pensar en una figura de su país no es porque no exista: es porque no han buscado lo suficiente. La violencia sexual en contra de niñas —y sí, con a al final porque aunque la violencia no distingue género, 8 de cada 10 delitos sexuales contra menores son cometidos contra niñas y adolescentes mujeres— es una pandemia en Ecuador, la región y el mundo. La razón para explicar por qué ellas son las más afectadas es larga, histórica, cultural, pero se puede resumir con que son dos veces vulnerables pues son menores y mujeres en un mundo adultocentrista y machista.
Estas niñas, gracias a Petita Albarracín, ahora podrán participar en la “formulación de políticas públicas de prevención”, según lo manda la Corte. El Ecuador deberá comenzar a implementar estas medidas “a más tardar seis meses después de que presente al Tribunal información sobre las mismas, sin perjuicio de lo que la Corte pudiere disponer en el curso de la supervisión de la Sentencia”. Esto para todas las niñas de América Latina. Para las de Ecuador, se declarará un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Para Paola se deberá hacer un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado y se le entregará un título de bachiller póstumo, si Petita así lo aceptase. Para Petita y su otra hija, Denisse, el Ecuador deberá dar tratamiento psicológico o psiquiátrico y una indemnización por daño material e inmaterial.
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En el comunicado de Cepam y el Centro de Derechos Reproductivos está la reacción de Petita Albarracín: “Se ha limpiado el nombre de mi hija que fue culpabilizada de los hechos ante la justicia ecuatoriana. Ahora queda claro que mi Paola fue víctima de un terrible abuso sexual que la llevó al suicidio. Sé que no la tendré más conmigo pero me queda la tranquilidad de que su muerte no será en vano pues con esa sentencia los agresores no serán encubiertos nunca más”. Su lucha paciente, abnegada, mayoritariamente en silencio es una victoria para todas. Al buscar justicia para su hija, Petita Albarracín ha sentado las bases para que en el futuro ninguna otra madre tenga que caminar el calvario que ha recorrido los últimos 18 años.
