La dimensión política de los incendios forestales

Los incendios forestales en Ecuador han adquirido una magnitud alarmante en los últimos años. Son, no sólo una crisis ambiental, sino un reto para la política pública para la gestión de emergencias. 

Se han intensificado por una serie de factores socioeconómicos y climáticos. Han desatado un debate sobre la efectividad de las políticas actuales y la necesidad de un enfoque más proactivo y coordinado en la gestión de eventos naturales con consecuencias catastróficas. 

¿Qué causa los incendios forestales? ¿Qué datos recientes sobre su impacto tenemos?. Y, sobre todo, ¿cuál es la dimensión política  de los incendios en Ecuador?

Aquí algunas respuestas

Causas de los incendios forestales

Ecuador posee una diversidad climática, desde zonas costeras hasta las montañas de los Andes y la Amazonía. Los fenómenos climáticos estacionales, como El Niño y La Niña, juegan un papel determinante para la generación de condiciones propicias para los incendios. 

Durante períodos de sequía, la acumulación de materia orgánica seca aumenta el riesgo de ignición.

Sin embargo, la principal causa de los incendios forestales en Ecuador se encuentra en las actividades humanas. 

Según el Ministerio del Ambiente, alrededor del 90% de los incendios son provocados por el ser humano, ya sea de manera intencionada o accidental

Ciertas prácticas agrícolas, como la quema de tierras para cultivos, y la expansión de la frontera agrícola son determinantes. 

El cambio climático también ha exacerbado el peligro. Las temperaturas más altas y la irregularidad en las precipitaciones están generando condiciones que aumentan la frecuencia e intensidad de los incendios. 

Según un estudio del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la temperatura media en Ecuador ha aumentado 1,2 centígrados en los últimos 50 años, lo que ha contribuido a la sequedad en ciertas regiones del país.

Los incendios forestales son estacionarios: suceden en ciertos meses en el año, pero la situación se ha agravado por la cantidad de vegetación seca que existe.

Eduardo León de la Torre, jefe encargado de la división técnica forestal y ambiental del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, explica que los incendios son cíclicos. «Cada cuatro, cada ocho años, revienta la cantidad de incendios y se vuelve prácticamente incomparable cada año con otro», dice León de la Torre. 

Un llamado a la acción

Un reciente informe de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) revela cifras alarmantes sobre los incendios forestales en Ecuador. 

Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 27 de septiembre, se contabilizaron 3.496 incendios que devastaron 39.782,59 hectáreas de vegetación. Es como quemar 56.832 campos de fútbol. 

Agosto de 2024, según la SNGR, fue particularmente devastador: dejó un 50,74% de la cobertura vegetal quemada y un 34,24% de recurrencia en comparación con el total anual. 

Septiembre, aunque ligeramente menos severo, aún registró un 30,01% de vegetación calcinada, con la mayor recurrencia del año, alcanzando el 37,56%. Fue en septiembre que Quito padeció el peor incendio de los últimos 30 años. 

Para combatir las llamas en todo el país, se han descargado 1.261.222 litros de agua. Además, se necesitaron 81 intervenciones aéreas.

El incremento en la frecuencia y duración de las olas de calor, exacerbado por el cambio climático, ha llevado a una crisis ambiental sin precedentes. 

Los incendios no solo destruyen ecosistemas vitales, también deterioran la calidad del aire, lo que representa un grave riesgo para la salud humana. 

Según la evaluación de la SNGR, 39 personas han resultado heridas, hay al 241 damnificados y 824 afectados por el fuego. Además, se estima que 4.250 animales han sufrido daños, y más de 44.700 han perdido la vida.

Las provincias que más han padecido los incendios son Loja, Azuay, Pichincha, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo y Guayas, cada una con más de 1.000 hectáreas quemadas. 

Otras, como El Oro, Cañar, Tungurahua, Esmeraldas, Bolívar, Manabí y Santa Elena también han sufrido, aunque en menor medida, con más de 100 hectáreas afectadas.

El impacto de estos incendios se ha extendido más allá del medioambiente. La SNGR ha documentado que 7 bienes públicos y 67 bienes privados resultaron afectados; 2 bienes públicos y 88 privados destruidos. 

Este daño no solo afecta la infraestructura, sino que también compromete las economías locales y el bienestar de las comunidades.

Ante esta crisis, se activaron los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), tanto el nacional como tres provinciales y nueve cantonales, para coordinar esfuerzos de respuesta y mitigación. 

Marco normativo e impacto económico 

Los incendios forestales también generan consecuencias económicas a largo plazo. 

Se estima que la pérdida de cobertura forestal en Ecuador puede costar al país hasta 500 millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos perdidos, como la regulación del clima, la conservación del suelo y la biodiversidad. Esa cifra representa alrededor del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y equivale al valor que se necesitaría para construir aproximadamente 1.428 escuelas.

Ecuador tiene un marco normativo que incluye la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos, cuyo objetivo principal es normar la planificación, organización y articulación de servicios para el conocimiento, prevención, mitigación, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia, desastres, catástrofes, endemias y pandemias. 

Busca garantizar la seguridad y protección de las personas, las comunidades y el entorno natural, reduciendo así el riesgo de desastres y minimizando sus impactos negativos. 

Sin embargo, la implementación de estas políticas ha sido desigual y a menudo se ve afectada por la falta de recursos y capacitación. 

La Coordinación General de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador  ha identificado que, aunque existen protocolos de actuación, la falta de coordinación interinstitucional ha limitado la efectividad de las respuestas. 

Según la organización no gubernamental Acción Ecológica, la crisis actual debe abordarse con medidas integrales. 

Entre ellas, la implementación de “monitoreos comunitarios, la gestión adecuada de cuencas, capacitación en prevención de incendios forestales, políticas urbanas que aumenten la porosidad de los suelos y el desarrollo de campañas de basura cero”. 

Este enfoque integral no solo busca prevenir incendios, sino otros desastres vinculados al cambio climático y la degradación ambiental.

El 13 de septiembre de 2024, el presidente Daniel Noboa remitió la objeción total al proyecto de Ley de Prevención y Defensa contra Incendios, aprobado por la Asamblea Nacional en agosto. 

Esta decisión se fundamentó en la identificación de errores sustanciales tanto en la forma como en el contenido de la propuesta. 

Según un comunicado de la Secretaría de la Presidencia, dada la creciente preocupación por el aumento de incendios forestales en el país, se consideró imperativo manejar con responsabilidad cualquier normativa relacionada.

La objeción de Noboa se sustentó en tres puntos clave. 

Primero, que la propuesta legislativa reducía los recursos destinados a los Cuerpos de Bomberos en cada jurisdicción, pues modificaba los aportes derivados del impuesto predial. 

En segundo lugar, la eliminación de infracciones del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) podría fragmentar el marco legal, debilitando la disciplina y la eficacia de las instituciones encargadas de la protección ciudadana. 

Por último, la intención de regularizar a los bomberos voluntarios como servidores públicos fue rechazada anteriormente por la Corte Constitucional, debido a la necesidad de alta profesionalización en su ejercicio. Este veto fue el cuarto veto total que Noboa aplicó en 2024. 

Dimensiones políticas de los incendios

Las recientes emergencias en Quito, caracterizadas por incendios forestales que han dejado heridos, familias evacuadas y la suspensión de clases, ha desatado no solo el caos en la ciudad, sino también un intenso debate político. 

Desde inicios de septiembre, el alcalde Pabel Muñoz los calificó como un «ataque» a la ciudad, sugiriendo que estos incendios no son meros accidentes, sino actos deliberados que podrían estar motivados por intereses políticos.

La presentación de trece denuncias ante la Fiscalía por parte del Municipio refleja una respuesta institucional ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad pública y al orden social. 

La evidencia de videos compartidos por la ciudadanía, que muestran a individuos iniciando fuegos de manera intencional, añade una dimensión alarmante a la narrativa. 

La detención de dos sospechosos, actualmente en prisión preventiva, ha intensificado las especulaciones sobre la naturaleza de estos actos: ¿son el resultado de un conflicto político o de un intento de desestabilizar la administración actual?

La Secretaria de Seguridad quiteña, Carolina Andrade, dijo que los incendios podrían tener un «origen humano», lo que sugiere una posible coordinación detrás de estos eventos. 

Las afirmaciones del alcalde Muñoz sobre la posibilidad de que se busque afectar políticamente a su administración son inquietantes. Abren la puerta a la discusión sobre el uso de la violencia como herramienta en el ámbito político.

Varios concejales, entre ellos Michael Aulestia, del movimiento político Ahora, han calificado estos actos como «terroristas«, enfatizando la gravedad de la situación y, además, criticando  la respuesta del gobierno ante lo que consideran una crisis de seguridad. El mismo término fue usado por el ministro de gobierno, Arturo Félix.

Por otro lado, el concejal Wilson Merino, del movimiento ciudadano Imparables, ha demandado evidencia sólida para sostener la afirmación de que Quito está bajo ataque, lo que refleja una tensión interna en el cuerpo legislativo sobre cómo abordar la crisis. 

Su pedido sobre las causas naturales de los incendios, como la sequía y la deforestación, sugiere que la discusión no debe centrarse únicamente en la intencionalidad de los actos, sino también en la necesidad de abordar las condiciones ambientales que facilitan estos desastres.

El ex alcalde quiteño Paco Moncayo ha llamado a un análisis serio de la situación, sugiriendo que la búsqueda de culpables debe ser acompañada de una “evaluación crítica de las políticas ambientales y de gestión de riesgos en la ciudad”. 

Por su parte, el ex alcalde Mauricio Rodas subrayó la necesidad de investigar posibles intereses políticos detrás de estos incendios, poniendo de manifiesto la intersección entre la política y la seguridad pública. 

La simultaneidad de los incendios, en una época de sequía extrema y altas temperaturas, podría interpretarse como una estrategia deliberada para desestabilizar a la administración actual, lo que añade una capa de complejidad al análisis. 

El experto en gestión de Riesgo, Christopher Velasco, explica que cuando surge un conato de incendio en un lugar específico y, al mismo tiempo, hay otros cinco o siete incendios activos, podría ser un intento por dispersar la capacidad de los equipos de emergencia para controlar los siniestros más graves.

La respuesta del Estado, que incluye la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía y la detención de presuntos causantes, muestra un intento de restablecer el orden y la confianza en las instituciones. 

Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la eficacia de estas medidas y la necesidad de un enfoque más integral que considere tanto la seguridad como la gestión ambiental.

La crisis de incendios en Quito no solo es un desafío inmediato para la ciudad, sino también un reflejo de las tensiones políticas y sociales que la atraviesan.