El desafío del Yasuní

Por fin, los ecuatorianos se han pronunciado. Después de 10 años desde el primer intento de convocar una consulta popular sobre la extracción de petróleo en el parque nacional Yasuní-ITT, se logró. El resultado fue contundente: mantener intacta una de las regiones más biodiversas del planeta. La lógica económica cortoplacista perdió. Ahora, los ambientalistas celebran la esperanza del inicio de una economía nacional pospetrolera. Pero el desafío del Yasuní es enorme. 

La consulta sobre el Yasuní fue quizá la decisión de política pública más relevante desde la dolarización de 1999. Ahora, al país le queda un gigantesco trabajo de transición económica. Sin embargo, no está claro que la clase política y las bases sociales estén dispuestas a realizar los cambios necesarios para ser competitivos en una economía global basada en valor agregado. 

El desafío de la transición económica que tiene el Ecuador es dejar de vivir de lo que nos deja el petróleo y empezar a vivir de lo que podemos crear. Es decir, en lugar de sostenernos con los intereses de una herencia, tenemos que armar un negocio y competir en un mercado mundial. 

Los que estuvimos en favor de dejar de extraer petróleo del Yasuní-ITT, tenemos una obligación de ahora tratar con las consecuencias. El tiempo nos queda corto: una vez que dejemos de percibir los ingresos del bloque 43, el Estado tendrá que buscar casi 1,2 mil millones de dólares en financiamiento para llenar el vacío fiscal. Además, deberá encontrar una solución para las fuentes de empleo que se perderán, razón por la cual dos provincias amazónicas votaron en contra de la iniciativa. 

No sólo eso: como país dolarizado tenemos un factor de riesgo adicional de balanza comercial: si importamos más de lo que exportamos nos quedamos sin dinero. E importamos mucho —incluyendo derivados de petróleo. De agravarse la brecha comercial, no tendríamos otra opción que salir de la dolarización. 

Cómo recuperar el dinero que no entrará por el petróleo del Yasuní 

Tenemos varias opciones. Podemos subir impuestos a personas y empresas, pero aceptando la correspondiente pérdida de empleo que significaría menos actividad económica. En un país que perdió 500 mil empleos en la pandemia del covid-19 que aún no recuperamos, tal vez sería mejor buscar otra opción. 

Podemos subir el impuesto de salida de divisas otra vez, pero el Ecuador se volvería aún menos atractivo como destino de inversión en un momento cuando necesitamos más empleo. 

Podemos aumentar la capacidad del Servicio de Rentas Internas (SRI) para recaudar impuestos de los evasores. Lo debemos hacer, pero esa estrategia no nos garantiza ingresos suficientes. 

Podemos bajar los subsidios a los combustibles, pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y hasta los mismos Yasunidos, que promovieron la consulta, se oponen a esa opción. 

La última opción es tratar de crear una economía competitiva enfocada en productos y servicios verdes y sostenibles. 

Aquella economía podría generar más empleo y más prosperidad. Sería un modelo de futuro, en el que la protección del medioambiente y la generación de bienestar no sean mutuamente exclusivos. Es, eso sí, el camino más largo y difícil. 

Debido en parte a nuestra sobredependencia del petróleo para sostener las finanzas públicas, Ecuador tiene bajos niveles de productividad. Es decir, producimos relativamente poco por cada persona que trabaja. 

Comparado con otros países de América Latina, incluyendo nuestros competidores más cercanos, tenemos una desventaja que debemos no sólo cerrar, sino también superar. Pensando el problema como una analogía, los jóvenes futbolistas normalmente empiezan a entrenar seriamente desde la adolescencia. Nosotros ya somos adultos,  recién empezamos a jugar y queremos competir en la liga de campeones. 

¿Cómo se hace? 

Para ser más competitivos, tenemos que hacer varios cambios estructurales, incluyendo algunas vacas sagradas. 

El primer reto es que en Ecuador hemos encargado a la empresa privada el costo de los beneficios sociales del empleado, cuando debería ser la responsabilidad del Estado o del individuo. 

Los altos costos de afiliación al seguro social, el desahucio, las bonificaciones, y todos los demás costos laborales, hacen que sea muy costoso y riesgoso crear empleo formal y legal en Ecuador. Como consecuencia, la mayoría de los empleos se dan en la informalidad, es decir que la informalidad existe debido a los altos costos de participar en el mercado formal.

Las empresas del mercado informal no pagan impuestos. Por ende, no contribuyen a las finanzas públicas. Tampoco están abiertas a recibir inversión para poder crecer. Sus pares del mercado formal se encargan de los costos de mantener el aparato estatal, mientras deben competir con jugadores que tienen una estructura de costos mucho menor. 

Los trabajadores del sector informal representan la desigualdad más grande que tenemos: no tienen protecciones legales ni beneficios sociales ni oportunidades de avance. Muchos trabajan por un salario menor al mínimo básico. No tienen afiliación al seguro social, vacaciones garantizadas, o medio de apelación en caso de sufrir un conflicto con su empleador. 

Hoy por hoy sufrimos ambos lados de un problema: el seguro social se está quedando sin dinero, y a la vez la mayoría de los potenciales afiliados no contribuyen porque trabajan en el mercado informal. Finalmente, las empresas grandes están protegidas por las leyes y costos que disuaden inversión y competencia. Con menos competencia en el mercado, los costos para los consumidores suben, encareciendo los productos de la canasta básica y la vida en general.  

Siendo esa la cancha, se empieza a ver el desafío de crear las condiciones de una economía basada en valor agregado. A las grandes empresas influyentes no les interesa que haya más competidores de afuera creando empleo y bajando costos. A los sindicalistas no les interesa cambiar los acuerdos sociales porque sus miembros ganan mientras los ecuatorianos que laboran en el mercado informal pierden.

Los desempleados y subempleados pasan sin representación en los pasillos del poder —algo evidente en la falta de legislación para crear empleo en la Asamblea pasada y la falta de debate entre los candidatos a la presidencia sobre cómo crear más trabajo. 

Finalmente, la desconfianza que predomina hace que la reforma sea aún más difícil. Por ejemplo, las empresas y los empleados ganarían si reemplazamos las liquidaciones por despido o desahucio con un seguro de desempleo universal. 

Se bajarían los costos para la empresa y los empleados tendrían más garantías, ya que las empresas que quiebran rara vez logran pagar sus liquidaciones, dejando a los ex empleados sin nada. Sin embargo, el miedo de perder un derecho, hace que pocos trabajadores estén dispuestos a aceptar un cambio así. Simplemente no creemos que la alternativa es realista o de nuestro beneficio. 

Para ser claro: no hay que renunciar a derechos y beneficios. Pero sí repensarlos, incluyendo su financiamiento, ya que las condiciones actuales obstaculizan la transición económica. 

Después de crear competitividad, ¿qué? 

Aún más que hacer. Debemos capacitar y crear infraestructura. Por ejemplo, la agricultura regenerativa puede generar mayores ingresos que la agricultura tradicional sin el uso de pesticidas que contaminan a la tierra, al agua, y a los humanos. 

Sin embargo, para que un campesino adopte prácticas sostenibles debe vivir varios años de ingresos menores hasta que la tierra se adapte. Para una persona que trabaja en la agricultura y vive en pobreza extrema, aguantar esa transición es imposible sin algún tipo de ayuda. Luego hay que encontrar compradores tanto en el mercado local como en el mercado internacional que valoren los productos hechos de forma sostenible, y esperar que haya acuerdos comerciales que faciliten el intercambio. 

También hay oportunidades en los mercados de carbono, como he mencionado antes, que representan una oportunidad para lucrar de la conservación y reforestación. Sin embargo, los conocimientos requeridos para realizar un proyecto de reforestación a través de mercados de carbono van más allá de lanzar semillas. 

Los proyectos de reforestación que califican como proyectos de carbono deben incluir un alto porcentaje de árboles nativos y deben suceder en áreas que van más de 10 años deforestados. Los terrenos también deben también contar con escritura. 

Luego, necesitamos que el marco regulatorio en Ecuador permita que la actividad suceda sin muchos trámites, impuestos, o complicaciones. De lo contrario, los inversionistas y compradores se enfocarán en Brasil, donde hay una industria ya en marcha, más conocimientos y menos problemas. 

Nuevos retos, viejas lecciones

Con estos retos en mente, recordemos qué lecciones nos dejó la dolarización. Sin la capacidad de devaluar la moneda nacional que tienen los países vecinos (y ojo es: una estrategia de corto plazo ya que es difícil volverse rico empobreciéndose cada vez más), los gobiernos de turno debían haber bajado los costos de operar negocios en Ecuador, y buscar ventajas competitivas basadas en la dolarización. Nunca lo hicimos. 

Como consecuencia, tenemos la ventaja de una moneda estable e inflación mínima, pero con ciertas desventajas que nos perjudican en el comercio internacional. 

La alternativa a fallar en desarrollar una economía de valor agregado es seguir con el modelo extractivista. La pregunta de la consulta popular no prohíbe la explotación petrolera en el resto de la Amazonía. El gobierno ya habla de realizar nuevas actividades de exploración de petróleo en el sur de la región. 

Si no podemos competir por precio, debemos competir por calidad, enfocados en cosas que no tiene nadie más y que representan una ventaja competitiva. 

El trabajo de crear un modelo económico pos Yasuní requiere dejar los ideologismos atrás y enfocarnos en ser competitivos. La competitividad no sólo crea empleo y saca a la gente de la pobreza, sino que también rompe concentraciones de riqueza y la redistribuye, a través de nuevos jugadores y tecnología. 

Pocos países tienen la riqueza natural que tiene Ecuador. Aún así, muchos economistas nos harían pensar que sólo podemos vivir desmantelando la casa y rematando las piezas. Es hora de desmentir esa suposición.