María* ha vendido frutas y verduras por casi 20 años. Comenzó a hacerlo cuando era adolescente y acompañaba a su madre a recorrer desde el sur de Quito —donde vive hasta ahora— hasta el centro norte de la ciudad para montar su negocio improvisado sobre las veredas de ajetreadas calles como las avenidas República y Orellana. María es parte del 51% de personas que tienen un trabajo informal en Ecuador. Es decir, aquellas que no tienen un contrato legal, aportes a la seguridad social, ni otros beneficios de ley, ni ganan el salario básico, que es de 425 dólares (una cifra a la que se llegó por decisión del actual gobierno y que fue criticada por gremios empresariales). 

Las cifras de informalidad se han mantenido casi sin cambiar en los últimos dos años en Ecuador. En promedio oscila entre el 51 y 52% de la población. El porcentaje de población que trabaja en el empleo informal no ha bajado del 49% desde 2020, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). En el último año, el primero del gobierno de Guillermo Lasso, esta es una de las múltiples cifras laborales que se han mantenido casi sin cambios. 

Otra de las cifras que ha fluctuado poco es el empleo pleno. Es decir, aquellos que ganan igual o más del salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana y cuentan con beneficios de ley. Según el INEC, hasta marzo de 2022 (últimas cifras disponibles en el Instituto), el 32,7% de la población económicamente activa de Ecuador tenía un empleo pleno. En mayo de 2021, cuando Guillermo Lasso asumió el cargo, era el 31,6%. 

Ese ligero incremento en porcentaje entre mayo de 2021 y marzo de 2022 —que equivale a unas 116 mil personas, según el INEC— no cambia lo que el presidente Lasso ha repetido en múltiples ocasiones: “solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno” . Es momento de que eso cambie.

El gobierno de Guillermo Lasso comenzó en medio de la pandemia del covid-19, sin vacunación y en medio de la crisis económica más fuerte de la historia. Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), dice que es importante considerar ese factor para analizar la situación laboral actual. 

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Hasta el 1 de mayo, según Guillermo Lasso, su gobierno había creado 350 mil empleos adecuados. Mideros dice que eso es un rebrote natural del empleo después de los peores momentos de la crisis, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar las cifras que habían antes de la pandemia cuando se superaba el 38%, o de 2017 y 2018 cuando era más del 40%. 

Un año es poco tiempo para que haya cambios radicales, “pero ya deberíamos estar en otro nivel”, dice Mideros. Para el decano de la PUCE, la recuperación económica y laboral será lenta y se hace en términos de la mayor informalidad de la economía, lo que la complica todavía más. Además, dice Mideros, las cifras actuales muestran que se siguen ampliando las brechas. Por ejemplo, el sector urbano tiene más de 20 puntos porcentuales sobre el sector rural en el empleo pleno. Y los hombres tienen un 8,4% más de empleo pleno que las mujeres.

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María nunca ha tenido un trabajo formal y admite que tal vez nunca lo tendrá. Tuvo a su primera hija cuando estaba por terminar el colegio y nunca se graduó. Con su hija sobre la espalda siguió con el negocio que le enseñó su madre, vendiendo frutas y verduras por las calles de Quito. Así ha completado los ingresos que su esposo consigue en contratos esporádicos de construcción —también, muchas veces, de forma informal. 

Aunque el desempleo es bajo en Ecuador —en mayo de 2021 era de 6,3% y ha bajado hasta ubicarse en 4,8%, hasta marzo de 2022—  Mideros dice que si no hay contratos ni seguridad social para la mitad de la población económicamente activa, esos hogares se mantienen en situación de vulnerabilidad. “¿Qué pasa con esos hogares cuando hay una crisis?”, se pregunta Mideros. En casos como las crisis económicas, los desastres naturales, las pandemias y otras emergencias, estos hogares serán los más afectados y los que se recuperarán de forma más lenta. 

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María dice que en un buen día, logra conseguir entre 25 y 30 dólares. En uno malo, consigue vender 5, o menos de eso. En los primeros meses de la pandemia la mayoría de los días fueron muy malos, dice. El toque de queda y las restricciones de movilidad le impedían ir a los lugares donde normalmente hace sus ventas. 

Por eso intentó vender cerca de su barrio, pero los compradores eran mínimos y casi no le alcanzaba para mantener su hogar. Su marido tampoco conseguía trabajo ya que las construcciones se detuvieron por meses. “Fue una época durísima”, dice pestañeando con rapidez.

Poco a poco, cuando las restricciones comenzaron a reducirse, María pudo regresar a vender sus frutas y verduras al centro norte de Quito. Cuenta que al principio le compraban poco porque la gente tenía miedo de comprar cosas en la calle por el covid-19.

Ahora, más de dos años después de la pandemia, dice que ya no nota que ese miedo sea un impedimento para que le compren sus productos, pero tiene miedo de que haya otro rebrote del coronavirus —o de cualquier otra enfermedad— y regresen las restricciones que le impiden continuar con sus ventas.

Ecuador es un país con un bajo nivel de empleo pleno con altas cifras de informalidad, pobreza y endeudamiento. Si se mantiene esa combinación “no va a alcanzar un proceso de recuperación económica”, dice el analista económico Andrés Albuja. Por eso es necesario hacer cambios estructurales que mejoren las condiciones para generar trabajo en el país.

En septiembre del año pasado, a los 4 meses de asumir la presidencia, Guillermo Lasso incluyó reformas laborales en el proyecto de Ley Creando Oportunidades que no fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Con esa ley, Lasso dijo que esperaba crear 2 millones de empleos nuevos, una de sus promesas de campaña. 

Cuando no fue aprobada por el CAL, el presidente Lasso decidió dividir la Ley Creando Oportunidades en 3 partes: la reforma tributaria, la ley de inversiones y una reforma laboral. Las dos primeras ya fueron presentadas: la reforma tributaria entró en vigencia por el ministerio de la ley y la de inversiones no fue aprobada y se archivó. Sin embargo, todavía no se ha presentado a la Asamblea un proyecto de reformas a las condiciones laborales actuales. 

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En una economía como la ecuatoriana, el problema no es solo la informalidad ni la falta de oportunidades de empleo pleno, sino también la falta de ofertas competitivas. Agustín Charvet tiene 28 años y a finales de marzo dejó su puesto en una empresa de seguridad y salud ocupacional en la que trabajaba en el área de publicidad. 

Ahora quiere conseguir algo más cercano a su profesión: diseño. Ha buscado opciones a medio tiempo y a tiempo completo. “Hay trabajo. En un mes y medio me han llamado de varias empresas para hacerme entrevistas, pero todas tienen sueldos bajos”, dice. 

Una de las llamadas que recibió era de una productora en Machachi, al sur de la provincia de Pichincha, en la que le pagaban 450 dólares por trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para ese trabajo no le ofrecían un contrato y el pago se debía hacer mediante factura. 

Otra empresa que lo llamó fue una cadena de farmacias grande de la que prefirió no dar el nombre. Ahí sí le ofrecían un contrato por medio tiempo, pero el salario era de 150 dólares. Sabe por otros de sus colegas que en el área de diseño debería esperar ganar entre 500 y 600 dólares, dependiendo de las horas que se trabajen, pero en las ofertas que le han llegado los sueldos no pasan de 450 dólares. 

Contratar en Ecuador es costoso. Por eso, dice el economista Andrés Albuja, se deben hacer cambios que permitan flexibilizar la contratación de empleados. Esas modificaciones deberían generar empleo pleno sin que sea demasiado tan caro para los empleadores —a quienes un empleado que gana el salario básico que les cuesta entre 120 y 130 dólares adicionales cada mes. Y sin que se comprometan los derechos del trabajador, como las aportaciones a la seguridad social, los décimos, entre otros. 

Además de la flexibilización, los cambios que se hagan relacionados a lo laboral deberán incluir una modernización de la legislación actual. La abogada Solimar Herrera, experta en derecho laboral, dice que se deberá incluir cambios para regular el teletrabajo, las plataformas digitales que ofrecen servicios, los trabajadores autónomos, entre muchos otros nuevos términos que no existen en la legislación vigente o que no fueron lo suficientemente profundizados. 

Para eso, dice Herrera, se debe hacer un estudio profundo sobre qué necesitan los ecuatorianos que no tienen empleo o que tienen trabajo informal. Una vez que se hayan identificado esas y otras necesidades, se podría hacer las modificaciones que realmente se necesitan a las leyes, los acuerdos ministeriales y cualquier otro documento que regule el trabajo en el país.

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Es probable que un proyecto de ley con reformas laborales jamás llegue a la Asamblea. En abril de 2022, el presidente Guillermo Lasso admitió que no planeaba enviar su propuesta al Legislativo porque “sería una pérdida de tiempo”. Entre los motivos para considerar eso, Lasso citó 5 otros proyectos en los que la Asamblea habría “bloqueado al gobierno”. “¿Para qué pierdo el tiempo? ¿Para ser sometido a chantajes o a negociaciones indebidas”, se preguntó en una entrevista desde Carondelet el 5 de abril de este año.

El presidente Lasso dijo que haría las reformas necesarias a través de otros mecanismos como acuerdos ministeriales y consultas populares. Sin embargo, todavía no se ha anunciado públicamente cuáles serían esos próximos pasos. Otra de sus estrategias, dijo Lasso, era generar más inversión con  la reforma tributaria, con la fallida ley de inversiones y presentando un portafolio de más de 30 mil millones dólares a potenciales inversionistas internacionales. 

A mediados de mayo de este año, el gobierno anunció que desde 2021 se han aprobado 228 contratos de inversión por un monto total de 5 mil millones de dólares. Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con eso se estima que se generen 130 mil empleos en el periodo en el que se hagan esas inversiones. 

Sin embargo, Andrés Albuja afirma que esas son intenciones de inversiones, pues todavía no se han concretado los proyectos ni han comenzado a llegar los recursos. Además, según el Ministerio de Producción, solo el 15% de esos contratos, comenzarían a ejecutarse en 2022. Albuja dice que si no se garantiza la seguridad jurídica y ciudadana, hay el riesgo de que esas inversiones no se concreten como lo estiman las autoridades. 

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Mientras busca un trabajo, Agustín Charvet se puso un negocio pequeño de serigrafía y sublimación con su hermana, que estudia artes visuales. Aunque recién comenzó dice que ya ha tenido algunos pedidos pequeños y quisiera seguir explorando ese camino. En el futuro, dice, espera no tener que trabajar para alguien más, pero hasta que su negocio crezca, seguirá buscando un trabajo para completar sus ingresos. 

El tiempo está en contra y no hay una fórmula mágica para generar más empleo en el país. Incluso los resultados de algunos proyectos que ya estarían en marcha, como las inversiones, no se verán de inmediato. Según el economista Andrés Albuja, se verían entre 5 y 10 años después de que se concreten. “Las consecuencias de una buena política económica se ven a mediano y largo plazo”, dice Albuja. Por eso es necesario que los cambios formales y estructurales se hagan cuanto antes. 

Algunas tardes a María la acompaña su hija mayor después de salir del colegio, cuando no tiene que cuidar a sus dos hermanos menores. Está a punto de cumplir 17, la misma edad que María tenía cuando quedó embarazada. 

Pese a que agradece la ayuda de su hija en la venta de las frutas, María dice que su principal objetivo es que su hija mayor —y los otros dos pequeños que tiene— se gradúe del colegio y vaya a la universidad. “Yo no quiero que ellos terminen como yo, vendiendo cosas calle por calle”, dice María con la voz temblorosa. Admite que espera que sus hijos tengan mejores oportunidades de las que ella tuvo. 

Sin la flexibilización, la modernización, las garantías de seguridad jurídica y muchas otras reformas estructurales, es probable que —en unos 10 años— la hija de María tenga las mismas dificultades que tiene Agustín Charvet para encontrar un trabajo pleno que le dé lo suficiente para financiar sus gastos o que tenga que seguir en la informalidad como su madre. 

Por eso, los expertos coinciden que es indispensable que en los próximos meses el gobierno de Guillermo Lasso trabaje para hacer las reformas laborales necesarias. Incluso si sus resultados no se ven en su gobierno, es el primer paso para garantizar que otras generaciones no hereden los mismos problemas que existen actualmente. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.

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