El juicio de lo absurdo

Este gobierno es indefendible. Las deudas que ha acumulado con los ciudadanos en dos años son demasiadas. El presidente Guillermo Lasso ha demostrado serias dificultades para gestionar la política. Eso se evidencia, en su más alto nivel, en el juicio político en su contra que se discute en la Asamblea Nacional. 

En el 2022 enfrentó serias dificultades para ejecutar los presupuestos asignados. Hasta el primer semestre del año, había ministerios que no pasaban del 30% de ejecución —como el Ministerio de Obras Públicas (tenía 28%) o el de Energía, que tenía el 5% de ejecución. Eso significa que del valor asignado para todo el año, esas instituciones habían usado montos mínimos. 

Los índices de inseguridad llegaron a picos históricos: 25.9 homicidios por cada cien mil habitantes. Hemos sido, además, testigos del horror: cuerpos colgados en puentes peatonales, atentados a candidatos, y a un alcalde ya posesionado. 

No hay mucho que decir para defender la gestión de Guillermo Lasso. Y eso se refleja en las cifras: apenas 13% de aprobación, de acuerdo a algunas encuestas hechas a inicios de mayo. 

Difícilmente se puede desconocer las razones por las que la mayoría de la gente piensa que este no es un buen gobierno. 

No era tan predecible, sin embargo, que su debilidad política y su poca gestión podrían derivar en un juicio político que pretende destituirlo. 

Y, ¿quiénes tienen a cargo esa tarea tan delicada? Los asambleístas que, de acuerdo a varias encuestadoras, tienen menos del 6% de aceptación. 

La calidad de esa Asamblea es deplorable. Lo demuestran las intervenciones de los legisladores el 16 de mayo de 2023, día que empezó el juicio político contra el Presidente. 

Empezando por asuntos de forma. La correísta Viviana Veloz, interpelante principal del juicio político, ni siquiera puede pronunciar Flopec correctamente. 

Flopec, la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, es una de las empresas que está en la mira en este juicio político. 

La asambleísta Viviana Veloz en el día 1 del juicio político a Guillermo Lasso. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea bajo licencia CC BY-SA 2.0.

Según los interpelantes, allí se habrían ejecutado actos de corrupción de los que Guillermo Lasso habría sido responsable políticamente, pues no habría tomado acciones para evitar que estos ocurran. Además, se lo acusa de ser responsable por haber nombrado a Hernán Luque Lecaro al directorio de las empresas públicas, de las que Flopec hace parte. 

Pasando por el uso de epítetos contra Lasso como inepto y corrupto. Sus colaboradores tampoco se salvaron: «Todos los ministros del Presidente Lasso son inoperantes, indolentes y corruptos como el Presidente de la República», dijo Veloz. 

Y llegando a contradecirse. Viviana Veloz dijo que “no son jueces penales”, muy suelta de huesos, le dijo al Presidente: “Usted conoció la corrupción y no hizo nada, usted consintió y organizó, fue parte del entramado de Flopec”. 

¿Pero si no son jueces penales como primero dijo, cómo puede afirmar la asambleísta Veloz que el Presidente organizó un entramado de corrupción en Flopec? ¿Eso no es lo que hace un juez, tras un proceso de investigación, presentación de pruebas y testigos?

De nuevo: esto no se trata de defender un Presidente que ha demostrado tener serias dificultades para entender y atender la cosa pública con el sentido de la urgencia que esta requiere. Tampoco se trata de minimizar posibles actos de corrupción en las empresas públicas. Pero sin una sentencia judicial, en un Estado de derecho, no se puede tildar a un ciudadano —incluso al Presidente— de ser corrupto. 

El segundo interpelante, Esteban Torres, pretendió matizar las palabras de Veloz. “No se le está acusando al Presidente de haberse apropiado dolosamente de dinero público en beneficio propio”, dijo y aclaró que un juicio político es “en esencia el juzgamiento del nivel de confianza que genera el acusado”. 

Pero, si de confianza hablamos, ¿no podría estar la gran mayoría de legisladores en el banquillo de los acusados? 

Claro, no hay un mecanismo que permita llevar a juicio político a los asambleístas. Si así fuese, quizá ya no habría quórum para el pleno. Sin embargo, sí hay un mecanismo que el Presidente aún puede utilizar: la muerte cruzada. 

Si el Presidente así lo decide, bajo dos de las tres causales, sólo necesita emitir un decreto que, por ejemplo, justifique que existe conmoción social en el país. Y en ese caso, se disuelve la Asamblea Nacional y los legisladores se van a sus casas. 

La legisladora Yeseña Guamaní —entusiasta del juicio político y que pertenece a una facción de la Izquierda Democrática— ha recorrido varios medios de comunicación diciendo, sin sonrojarse, que si el presidente Lasso decide llamar a la muerte cruzada, un grupo de asambleístas —en el que, por supuesto, ella se incluye— desacatarán la decisión. 

Si la Asamblea Nacional tiene la potestad de hacer un juicio político al Presidente de la República, en nombre de la Constitución, ¿qué malabar retórico tienen que hacer legisladores como Guamaní para justificar que, en caso de que, con la misma Constitución, Guillermo Lasso disuelva la Asamblea, ellos no acatarán?

“Esa [la muerte cruzada] sería una represalia para evitar ser destituido”, dijo Guamaní en el canal RTU. “Además sería una irresponsabilidad con el país porque convocar a nuevas elecciones le costarían a los ecuatorianos 114 millones de dólares”. 

La legisladora que defiende la relevancia de usar tiempo en la Asamblea Nacional para declarar el Día del Bizcocho —destituida del CAL en julio del 2022 con votos de UNES, PSC y una facción de su propio partido, y luego restituida con los votos quienes la sacaron— hoy parece preocupada por las finanzas públicas. 

En su argumentación parece no notar que el país ya está enfrentando serias dificultades económicas por el show en el que se ha convertido el juicio político, un mecanismo tan legítimo, como legal y constitucional, que ha perdido la seriedad que un proceso tan delicado debería tener.

¿O nos parece serio que la interpelante utilice, como música de fondo en los videos que presenta, el soundtrack de El Padrino? 

Un juicio político debería estar a la altura de los ciudadanos. Pues, la consecuencia, tal como lo manda la Constitución, puede ser que un Presidente elegido democráticamente deje sus funciones. Eso, sin dejar de lado que un Presidente también tiene que estar a la altura y Guillermo Lasso no lo ha estado.