La situación de Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización, explicada

El 28 de septiembre de 2022, el asambleísta independiente, Fernando Villavicencio, anunció que renunciaba a su cargo como presidente de la Comisión de Fiscalización. El jueves 6 de octubre, dio un paso atrás en su decisión.

Una vez que hizo pública su intención de salir de la presidencia de la comisión de la Asamblea, Villavicencio aseguró que recibió llamadas de respaldo de varios legisladores de bancadas de Pachakutik e Izquierda Democrática, así como la del presidente Guillermo Lasso. Esos contactos lo habrían hecho pensar mejor sobre lo resuelto. 

Villavicencio aseguró que el viernes 7 de octubre explicaría mejor lo que decidió, pero ningún comunicado se ha hecho público hasta el momento. 

Lo cierto es que el asambleísta ha asegurado que quiere evitar que el correísmo tome control de la comisión. Hasta el 11 de octubre no ha presentado oficialmente ninguna renuncia oficial a su rol como presidente de la comisión.

La “razón” detrás de su renuncia

Villavicencio hizo el anuncio en septiembre, después de que se conociera que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) procesará la queja de Ronny Aleaga, asambleísta por UNES por las palabras pronunciadas por Villavicencio el 26 de junio pasado, quien se refirió a Aleaga y a su bancada como “el cartel de narcotráfico de los tetones”. 

Aleaga puso una queja por considerar que las expresiones conforman un tipo de violencia simbólica e incitan al odio. “Las expresiones del asambleísta Fernando Villavicencio son ofensivas, son discriminatorias y además tienen la intención de incitar el odio en mi contra”, dice la denuncia de Aliaga, en la que apela al artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en cuyo numeral 5 se establece como falta administrativa grave “expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas”. 

La sanción que podría aplicarse a Villavicencio es la suspensión de su cargo, sin remuneración, por un período de 30 a 90 días.

Al anunciar su renuncia, Villavicencio acusó a correístas y a partidarios del Partido Social Cristiano de estar detrás de esto. “Vayan a cabildear y pónganse de acuerdo a quién ponen en la Comisión de Fiscalización para que haga el trabajo sucio”, les dijo.

En un pronunciamiento, Villavicencio dijo: “Yo no me voy a quedar administrando las corruptelas, yo no me presto para la impunidad, yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica. Yo no me presto para tapar los vínculos con el narcotráfico”. El legislador aseguró el 28 de septiembre pasado que permanecerá unos días más en el puesto hasta dejar terminados todos los procesos pendientes.

La fotografía que lo inició todo

El 1 de junio de 2022, el asambleísta Fernando Villavicencio reveló una fotografía que mostraba a Ronny Aleaga con Xavier Jordan en una casa en Miami, acompañado también, entre otros, de Pablo Mendoza y Leonardo Cortázar. Los dos hombres son también buscados por las autoridades ecuatorianas. 

Jordán, Mendoza y Cortázar son requeridos por su presunta participación en tramas de corrupción asociadas a contratos hospitalarios durante la pandemia del covid-19. El asambleísta Villavicencio aseguró que la reunión se dio en abril de 2022, cuando Aleaga visitó Estados Unidos.

Ronny Aleaga ha sido una de las figuras más visibles del correísmo en la Asamblea Nacional. Conoció a Correa durante el proceso de pacificación entre pandillas, en 2007. Él era uno de los voceros de los Latin Kings. A esa mesa de negociaciones se sentaba también Leandro Norero, quien en ese entonces encabezaba la banda de Los Ñetas.

En años posteriores, Norero desapareció del radar. Sin embargo, su vida continuó ligada al delito. Fundó la peligrosa banda de los Chone Killers. Desde 2019, era requerido por la justicia peruana por tráfico de drogas. En ese país, fingió su muerte para que se extinguieran los cargos en su contra. 

Pero en mayo de 2022, la suerte se le terminó. Norero fue detenido en un megaoperativo policial.  Su detención fue un duro golpe asestado por el Estado a las bandas del crimen organizado. Se presume que Norero era uno de los capos del tráfico de drogas en el Ecuador. Habría sido financista de otros grupos criminales como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Lagartos.  Su apodo en el mundo delincuencial era “El Patrón”. 

Norero fue detenido en su casa, en la lujosa urbanización Riberas del Batán. En una comparecencia ante la Comisión de Fiscalía el comandante de la Policía, Fausto Salinas, confirmó que existen vínculos entre Norero y Jordán. La mansión donde el presunto capo fue encontrado es de una empresa de la esposa de Jordán.

Jordán ya había sido investigado por lavado de activos en 2014. Sin embargo, la investigación fue archivada en 2016. El 3 de octubre de 2022, Norero fue asesinado en la cárcel de Latacunga donde cumplía prisión preventiva. 

La queja de Aleaga contra Villavicencio llegó hasta el Consejo de Administración Legislativa que debió dirimir esta queja y que está integrado por:

1. Presidencia: Virgilio Saquicela, independiente
2. Primera vicepresidencia: Marcela Holguín, de UNES
3. Segunda vicepresidencia: Darwin Pereira, de Pachakutik

Vocales: 

1. Esteban Torres, del PSC.
2. Nathalie Arias, de CREO.
3. Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática.
4. Ronny Aleaga, de UNES. 

De ellos, Torres, Holguín, Pereira y Saquicela votaron a favor de aceptar la denuncia de Aleaga, quien pide una suspensión de 90 días para Villavicencio.

Otra denuncia de Villavicencio

El 29 de septiembre, un día después de anunciar su renuncia, Villavicencio regresó a la mesa de la Comisión de Fiscalización para presentar el informe que él mismo propuso sobre la central Coca Codo Sinclair. 

En el documento, el asambleísta aseguraba que quedaba demostrado un “claro conflicto de intereses” entre el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, y la asociación CVA, fiscalizadora del proyecto. Esto porque familiares de Vera forman parte de una empresa que integra la CVA. Por eso, el informe pide que se reconsidere la designación de Xavier Vera como ministro.

El informe también incluye que en la central, entre 2015 y 2022, se han encontrado más de 17 mil fisuras. Por lo que se recomienda que el gobierno no reciba la obra, que ha costado 3.311 millones de dólares.

Con el rechazo de los asambleístas correísmo y del gobierno, el informe solo obtuvo tres votos a favor, de 9 integrantes que tiene la comisión, por lo que se archivó.