Cynthia Viteri presentó una diligencia previa contra diario Expreso por un reportaje publicado por el medio en el que se menciona que su esposo, Juan Carlos Vásconez, tuvo contratos con el Municipio de Guayaquil antes de que esté casado con Viteri, y que varios de los familiares de la alcaldesa ocuparon cargos públicos mientras ella era asambleísta.

El diario dijo que la mañana del 2 de agosto de 2022 llegó a sus instalaciones en Guayaquil un documento que tenía el logo del Consejo de la Judicatura dirigido al director del medio. 

La notificación decía que una jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil  “avocó conocimiento de la solicitud de diligencia previa” interpuesta por Delia María Calderón, apoderada especial y procuradora judicial de Viteri. 

¿Qué tipo de acción legal es la que ha presentado Viteri contra diario Expreso?

Para comprender el caso, hay que entender dos cuestiones. 

La primera, que la calumnia es un delito de “acción privada”. Esto quiere decir, que no participa un fiscal, ni tiene las etapas del proceso penal de los delitos de “acción pública”, en los que el fiscal conduce una investigación y, además, puede pedir medidas cautelares como la prisión preventiva. 

Esta acción privada se ejerce a través de un documento legal conocido como una querella, que solo puede ser presentada por la supuesta víctima (en este caso, Viteri). No empieza mediante una denuncia, como los delitos de acción pública. 

Lo segundo que hay que comprender es que el pedido presentado por Viteri no es propiamente una querella contra el diario guayaquileño. Es un paso previo y preparativo a la querella por calumnias, definido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como una diligencia de “exhibición previa”. 

Esta diligencia se hace cuando una persona presume que se ha cometido un delito mediante un medio de comunicación. En ese caso, un fiscal por iniciativa propia a petición de la persona que se considera afectada (en este caso, Viteri), debe requerir al director, editor, propietario o responsable del medio que informe el nombre de la o el autor o responsable del escrito, enviando una copia del mismo. 

Si se trata de material distinto al texto, deberá pedir además del nombre del autor, los filmes, videocintas y grabaciones que contengan el contenido que es presuntamente calumnioso.

Si el medio no envía la información en el plazo de 3 días. De no hacerlo, el proceso se hará contra el director, editor, propietario o responsable del medio.

El documento que diario Expreso recibió, dice que Viteri —a través de Calderón— pone “hace conocer” que el reportaje titulado El próspero círculo que rodea a Cynthia Viteri  —escrito por el periodista Jonathan Palma Lavayen— se “efectúan afirmaciones” dirigidas hacia Viteri “sobre supuestas actuaciones de la administración municipal que podrían constituir el delito de calumnia previsto en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.  

En el documento enviado a diario Expreso dice que ya que el libelo presentado por Calderón reúne los requisitos de ley y por ser “calificada de clara, precisa y completa” y se acepta a trámite. 

Por eso, el documento enviado por la jueza María Lorena Jaramillo le da un plazo de tres días a Diario Expreso para que entregue una copia certificada del artículo y “que haga conocer la identidad, nombres y apellidos del autor responsable de dicha publicación”. Advierte que en caso de incumplimiento “se inciará el procedimiento en contra del Director del Diario Expreso” y se dispondrá una investigación por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

En una publicación de la tarde del 2 de agosto del diario Expreso, el medio habla sobre la solicitud hecha por Viteri y sobre los plazos dados por la jueza. Sin embargo, no especifica si entregará la información que le pide la jueza en el tiempo solicitado. 

El medio aclara que en el reportaje mencionado por la jueza “se detallaron los procesos contractuales con fechas y montos, cuyos documentos constan en el portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Superintendencia de Compañías (Supercias) y el Servicio de Rentas Internas (SRI)”. 

¿Qué decía el reportaje publicado por Diario Expreso?

El texto El próspero círculo que rodea a Cynthia Viteri dice que las empresas del publicista Juan Carlos Vásconez, actual esposo de Viteri, tuvieron varios contratos con el Municipio de Guayaquil. 

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Fotografía tomada de su cuenta de Twitter @CynthiaViteri6

Según Diario Expreso, entre 2019 y 2020, a las empresas de Vásconez se le adjudicaron seis contratos con “instituciones bajo administración socialcristiana” —el partido al que Viteri representa— o a instituciones relacionadas con la Municipalidad de Guayaquil. Esos contratos sumarían 873 mil dólares. 

Además, dice el texto, a inicios de 2019, Vásconez participó en la campaña electoral de Viteri para las elecciones seccionales de ese año. Comicios que terminó ganando. 

Los contratos mencionados por Diario Expreso en su investigación pasaron entre 2019 y 2020. En ese momento, Vásconez todavía no estaba casado con Viteri. Los dos se casaron el 14 de febrero de 2022. 

La investigación de Diario Expreso publicada el 11 de julio también dice que mientras Cynthia Viteri estaba en la Asamblea Nacional —entre 2009 y 2013 y luego entre 2013 y 2016— sus hijas ocuparon cargos públicos. El texto dice que los puestos que ocupaban no eran de elección popular, pero sí estaban “en instituciones municipales y otras entidades públicas” como la Superintendencia de Bancos. 

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Alcaldía de Guayaquil.

No es la primera vez que Diario Expreso publica una investigación que menciona presunta irregularidades relacionadas a la familia de Viteri. En marzo de 2022, el medio publicó una investigación en la que reveló que Joaquín Villamar, ex esposo de Cynthia Viteri, tiene 81 lotes en la zona de expansión de Guayaquil, en la vía a la costa, cerca de donde será el nuevo aeropuerto de la ciudad. Según la publicación, Villamar adquirió los terrenos en mayo de 2020, cuando todavía estaba casado con Viteri.

Cuando el Diario Expreso le consultó a Viteri sobre los terrenos de Villamar ella dijo que tenían dividida la sociedad conyugal desde hace 10 años. “El señor no es mi esposo. Búsquenlo y pregúntenle lo que les dé la gana. NO SOY SU MADRE”, le respondió la alcaldesa Viteri al medio. 

Después de la publicación, el 28 de marzo, la Fiscalía abrió una investigación en contra de Villamar por la presunta compra irregular de terrenos. La Fiscalía abrió la investigación horas después de que el presidente Guillermo Lasso pidiera que el Servicio de Rentas Internas (SRI) investigara “exhaustivamente” los impuestos declarados por Villamar.

Joaquín Villamar, ex esposo de Cynthia Viteri, tiene 81 terrenos en la zona de expansión de Guayaquil que compró cuando todavía estaba casado con Viteri. Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Cynthia Viteri.

Las acciones contra Viteri

Tan solo tres días después de que diario Expreso anunciara que había recibido una notificación por una acción legal interpuesta por la procuradora judicial de la alcaldesa Cynthia Viteri, el Observatorio Ciudadano para Vigilar la Transparencia en la Función Pública presentó una denuncia en la Fiscalía del Guayas. 

La denuncia contemplaba que la Fiscalía abriera de oficio “al menos 3 investigaciones  [contra la alcaldesa Viteri] por las potenciales comisiones de los delitos de peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado”. En su denuncia, el Observatorio habría mencionado las investigaciones de Diario Expreso sobre la gestión y el entorno de Cynthia Viteri, por las que la alcaldesa empezó la acción legal contra el medio de comunicación. 

El escrito que se presentó en la Fiscalía alude en particular a los hallazgos señalados por los reportajes “El próspero círculo de Cynthia Viteri” y “Exesposo de Cynthia Viteri, un nuevo terrateniente en vía a la costa”. 

Días después de presentada la denuncia del observatorio, el 9 de agosto, la Fiscalía del Guayas notificó la apertura de la investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias en contra de la alcaldesa Viteri.

Hasta ahora, según la Fiscalía, Cynthia Viteri tiene cinco investigaciones abiertas:

• dos por el presunto delito de peculado, 
• una por el supuesto delito contra el agua, 
• otra por la presunta obstaculización de tareas sanitarias,
• y una por el presunto delito de tráfico de influencias (que es la más reciente).

Las acciones legales de funcionarios contra medios, una preocupación recurrente

Si algo ha caracterizado la relación entre prensa y autoridades en el país es la tensión que se ha producido en ciertos momentos y que ha terminado por restringir la libertad de expresión o de opinión. O al menos, ha buscado que esa restricción se produzca.

La amenaza de acciones judiciales pone en riesgo el ejercicio de una prensa crítica y necesaria para las democracias. Pero varios funcionarios públicos de todo el espectro partidista han intentado acallar a la prensa, bajo la figura de las calumnias. 

Por ese motivo, varios expertos, así como el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos, consideran que ese tipo de delitos debe ser derogado. Una propuesta de ley presentada por el presidente Guillermo Lasso en 2021 buscaba, en efecto, elevar esa protección a nivel legal. 

El proyecto, que no pasó en la Asamblea, ordenaba que ningún medio de comunicación, periodista o comunicador pueda ser sancionado por opinar, criticar o denunciar contra el poder público. “No podrá iniciarse en contra de ellos procedimientos penales, de ninguna naturaleza, por sus opiniones”, decía el proyecto. En su lugar, la Asamblea pasó una peligrosa reforma a la actual ley de comunicación, sobre la que debe pronunciarse el presidente de la República. 

Las restricciones contra la prensa se han dado desde siempre en el Ecuador. Si bien existieron antes de la llegada de Rafael Correa al poder en 2007, fue con el correísmo y con la oprobiosa ley de Comunicación aprobada en 2013 y a través de la igual de ominosa Superintendencia de Comunicación que las denuncias contra los medios explotaron en el país. La idea, excusada en la búsqueda de rectificación o de justicia ante injurias, era la de silenciar críticas o actos de corrupción que el periodismo investigaba.

Pero no eran algo que no tuviera precedentes en el país. Entre 1984 y 1988, durante la Presidencia de León Febres Cordero, hay registro de cierres de medios de comunicación, de resoluciones administrativas para que medios de comunicación no salgan al aire y de presiones para despedir a periodistas de sus cargos, como pasó en junio de 1986 con Diego Oquendo, que fue separado de su cargo como Director de Noticias de Gamavisión, por presiones del Ejecutivo. En octubre de 1986, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) realizó la “Cadena del Silencio”, como rechazo a estas acciones.

Durante la presidencia de Rodrigo Borja, de 1988 a 1992, se recuerda el caso de Radio Sucre, que fue clausurada y que dos años después pudo volver a funcionar. El cierre fue el 15 de junio de 1990, luego de una maratónica transmisión en la que entre despedidas y frases a favor de la libertad de expresión, la señal simplemente salió del aire. 

Todo porque en uno de sus programas, el radiodifusor y político socialcristiano Vicente Arroba Ditto dijo que el hermano de Borja estaba metido en procesos de compras públicas poco legales. El Presidente, en cadena nacional, emplazó a la radio a demostrar con pruebas lo que Arroba Ditto había dicho y que daba 48 horas para eso. Las pruebas no fueron presentadas y la radio salió del aire.

En 2003, Febres Cordero presentó una demanda por difamación en contra del editorialista de diario El Comercio, Rodrigo Fierro, como consecuencia del artículo de opinión Febres-Cordero en el medio, que apareció el 28 de mayo de 2003. Finalmente terminó condenado a seis meses de prisión, pena que se redujo a un mes de arresto domiciliario.

En 2005, el ex presidente Abdalá Bucaram demandó por difamación al periodista Francisco Febres Cordero por su artículo Jacobito y su poema, que se publicó el 15 de mayo de ese año.

Durante la Presidencia de Rafael Correa

Las presiones e intentos por silenciar a la prensa más recordados de los últimos 15 años vienen de la mano del correísmo. En un gesto evidente de control sobre lo que los medios publicaban y lo que el periodismo investigaba.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, enjuició al periodista Emilio Palacios y los directivos en 2021. Fotografía: captura de pantalla.

Casos emblemáticos en esta época son dos: El caso El Universo, por el que Correa demandó a Emilio Palacios y a los directivos del medio por injurias calumniosas, pidiendo años de prisión y una indemnización de 80 millones de dólares. Debido a la presión internacional, Correa optó por la remisión del caso.

El otro, conocido como el Gran Hermano, con el que Correa demandó por daño moral a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, luego de la investigación periodística que realizaron en la que afirmaron que Correa sabía de los negocios que su hermano mayor, Fabricio, tenía con el Estado. Los periodistas fueron sentenciados a pagar un millón de dólares cada uno.

Pero eso no es todo. Con todo el aparataje del Estado y las presiones y multas administrativas —de la mano de la Superintendencia de Comunicación—, el ambiente de persecución al periodismo se mantuvo con fuerza en el tiempo de Correa en el poder. Varios medios de comunicación, por ejemplo Teleamazonas, fueron sujetos de multas, sanciones y hasta pedidos de rectificación. 

En el caso particular de Teleamazonas, entre 2007 y 2017, es de tomar nota: recibió más de 10 sanciones, debió ofrecer disculpas públicas en al menos tres ocasiones y fue sancionado con fuertes multas. Incluso las presiones externas llevaron a la salida de varios periodistas, entre ellos Jorge Ortiz.

En 2008, el periodista Nelson Chacaguasay debió cumplir prisión por dos demandas distintas, realizadas por autoridades de la función judicial de El Oro. Esto debido a las denuncias periodísticas sobre corrupción, realizadas por la revista La Verdad, de Chacaguasay. No solo debió pagar con prisión, también tuvo que pagar indemnizaciones y multas impuestas por la justicia y la Supercom.

Hasta las caricaturas fueron sujetas de sanción en Ecuador. En enero de 2014 la Supercom  multó a El Universo con el equivalente al 2% de su facturación de tres meses y exigió que el caricaturista Xavier Bonilla, más conocido como Bonil, rectifique el texto de una caricatura. Sí, una caricatura. 

Una caricatura que hacía referencia al allanamiento y confiscación de computadoras al hoy asambleísta Fernando Villavicencio, algo que sucedió a fines de 2013. Pues la caricatura había enojado a Correa, que en un enlace ciudadano llegó a decir que Bonil era un “sicario de tinta y enfermo”.

Dos casos más recientes

De acuerdo al registro que lleva Fundamedios, la presión judicial contra el periodismo no ha desaparecido en el país.

En febrero de 2022, el ex asambleísta Ludovico Cruz demandó al periodista Danilo Villaroel, de El Diario de Riobamba Digital, por calumnias en contra de su honra y buen nombre. Algo que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP) puede tener una pena de seis meses a dos años de prisión. Esto, por una investigación publicada sobre cómo el ex asambleísta pidió permiso para construir una gasolinera en una vía que fue realizada entre el Municipio de Guano y la Prefectura de Chimborazo, siendo Juan Pablo Cruz, su hijo, el prefecto. En abril se ordenó el archivo de la causa.

En Loja, la alcaldesa Patricia Picoita denunció a José Daniel Rengel, de Radio Zapotillo por expresiones de descrédito o deshonra en su contra, usando el artículo 396 del COIP,  con una pena de prisión de 15 a 30 días y la obligación de pagar daños y perjuicios. Esto porque el 17 de marzo, en la radio se dijo que el cuñado de la alcaldesa trabajaba en la Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte de Loja. Rengel reconoció tres días después que la información que dio no era cierta y pidió disculpas. Sin embargo, la denuncia fue presentada el 31 de marzo.