“Si es que el día de hoy el Presidente da respuesta, entonces el día de hoy levantaremos [el paro]”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), desde el sector El Chasqui, en la vía entre las provincias de Cotopaxi y Pichincha, por donde avanzan los manifestantes del paro nacional de junio de 2022. 

El paro comenzó la madrugada de hoy, 13 de junio. Según una fuente reservada a la que tuvo acceso GK, en las protestas participarán 14.200 personas que estarán distribuidas en 14 provincias. Del 13 al 15 de junio habrán “jornadas de movilización en territorio” hacia Quito. En la capital, las movilizaciones serán desde el 16 de junio y la concentración será en el parque El Arbolito, en el centro de la ciudad.

La mañana de hoy, Leonidas Iza dijo que el paro tiene carácter “nacional, territorial e indefinido”. El presidente de la Conaie insistió en que los manifestantes no tienen la intención de detener las movilizaciones hasta que el gobierno acepte sus demandas con un decreto oficial. “Si el Presidente no da respuestas a ninguno de los puntos entonces nos mantenemos de manera indefinida”, aseguró Iza hoy en la mañana.

¿Qué piden los manifestantes?

La Conaie dijo que hacen el paro nacional para pedir que en la agenda del gobierno de Guillermo Lasso se incluyan “10 temas en materia monetaria y de derechos”, que la organización ha desarrollado desde 2021.

Estas son sus demandas puntuales:

1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el Diésel a 1.50 dólares y la gasolina Extra y Ecopaís a 2.10 dólares (El precio actual del galón de Extra y Ecopaís está en 2,55 dólares; el del Diésel en 1,90 dólares) 
2. Derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores.
3. Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). Que no se embarguen bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
4. Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más. Que no se cobren regalías en las flores para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.
5. Mejorar el empleo y los derechos laborales con políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (hace apenas dos semanas, el gobierno pagó la primera cuota: 140 millones de dólares, que representan el 1,7% de la deuda).
6. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151 sobre la política de hidrocarburos y el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador, respectivamente.
7. Respeto a los 21 derechos colectivos como educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
8. Que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos, como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras.
9. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
10. Salud y educación incluyendo presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Además, seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador. 

Además, Leonidas Iza dijo, esta mañana, que “no podemos en este momento aceptar como una cuestión normal que el presidente siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Ecuador tiene un acuerdo con el FMI desde 2019 que se ha ido renovando y actualizando en los últimos tres años. La última versión del acuerdo se firmó en septiembre de 2021, ya en el gobierno de Guillermo Lasso. 

No es la primera vez que los manifestantes de organizaciones indígenas y sociales reclaman por el acuerdo con el fondo. Fue uno de los principales temas discutidos en las manifestaciones de octubre de 2019, cuando el paro nacional duró 11 días, murieron al menos 8 personas, decenas resultaron heridas y se perdieron millones de dólares. 

Según Iza, el acuerdo con el Fondo “es un tema muy delicado porque el Presidente o está con el pueblo o si es que va con el FMI este pueblo levantado de pie no vamos a permitir esta imposición”. 

La respuesta del gobierno

En una entrevista ofrecida esta mañana a Radio Sucesos, Diego Ordóñez, Consejero Presidencial, dijo que la aceptación “sin condiciones” pedida por Iza al gobierno significa que está pretendiendo “imponerse sobre la democracia”. Para Ordóñez, no hay un objetivo de “buscar soluciones” y consideró que “hay una dificultad de encontrar espacio de diálogo con la Conaie visto esta retórica radical, golpista. Aquí lo que quieren es botar al Presidente de la República y eso no se va a permitir”. Dijo también que no se va a permitir el bloqueo de vías, aunque este empezó desde la madrugada de este lunes 13 de junio. Dijo, además que hay “una falta de sensibilidad de la dirigencia indígena con lo que está agobiando a los ecuatorianos que es la inseguridad”.

Ordóñez terminó su entrevista diciendo que quería “insistir a la resistencia indígena que recapacite y no pongan al gobierno en la situación de tener que llegar a acciones de aplicar la ley con el mayor rigor posible. No es una amenaza, es una prevención.”

También esta mañana, Patricio Carrillo, ministro del Interior, hizo un llamado a la unidad y pidió “no hacernos daño con una protesta violenta”, en una publicación en su cuenta de Twitter. Además, el ministro advirtió que no durarán “ni un segundo en hacer respetar los derechos” y que “a quienes intenten acciones vandálicas aplicaremos la ley con todo el rigor necesario.”.

En una publicación siguiente, Carrillo dijo que el gobierno siempre garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero añadió que “los ecuatorianos queremos trabajar, queremos un Ecuador de oportunidades y no vivir en un país caotizado por paralizaciones”. 

La Policía, dijo el Ministro, es la encargada de que “se mantenga el orden público”. En sus publicaciones de Twitter, Carrillo dijo que “la atención de la fuerza pública debería estar enfocada en el combate al delito”. Añadió que “nadie está por encima de los derechos y libertades, en democracia se garantiza la protesta social, pero en paz”.

El mensaje del ministro Carrillo está muy ligado al que el presidente Guillermo Lasso dio anoche. En un video publicado ayer, pocos minutos antes de que empiece el paro, el presidente Guillermo Lasso llamó a los dirigentes de la Conaie a que “recapaciten y respeten el derecho de la gran mayoría que no quiere el caos”. Además, Lasso dijo que “no podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país”.