A la medianoche del 13 de junio de 2022, empezó a correr el reloj de la jornada de movilizaciones en el Ecuador. Será encabezada por la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la máxima organización indígena del país. Pocos minutos antes de que empiece el paro, el presidente Guillermo Lasso llamó a los dirigentes de la Conaie a que “recapaciten y respeten el derecho de la gran mayoría que no quiere el caos”. 

El mensaje tuvo líneas de conciliación, pero también de admonición. “No podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país”, dijo Lasso.

Fue la reiteración de uno de los argumentos que ha repetido en el convulso año que lleva en el poder: que el país necesita reactivarse económicamente tras la pandemia del covid-19. “Todos nos hacemos daño con una protesta violenta”, dijo Lasso, que advirtió que el gobierno no permitirá el cierre de carreteras, ni la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público. “Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes”, dijo Lasso.

Contra quienes lo intenten, dijo, su gobierno tomará “todas las medidas necesarias”. 

El paro, en breve

En horas previas a la medianoche del 13 de junio, la tensión ha ido aumentando. La Conaie ha hecho un manifiesto de diez peticiones al gobierno. Si no le son concedidas sus exigencias, la confederación amenazó con no deponer la medida de hecho. Hay una clara reminiscencia al paro de octubre de 2019, que también fue encabezado por la organización indígena.

En ese paro, que duró 11 días, murieron al menos 8 personas, decenas resultaron heridas, se perdieron millones de dólares. La protesta dejó a Quito desgarrada por el terror y los destrozos a bienes públicos y privados. 

El edificio de la Contraloría fue quemado y la televisora Teleamazonas, vandalizada e incendiada por grupos de manifestantes violentos y bien organizados, que se movían como escuadras bien entrenadas. Además, la ciudad vivió una pequeña muestra de los toques de queda y el encierro mandatorio que se volverían comunes en la peor parte de la pandemia del covid-19. 

Después de las protestas, 60 personas fueron denunciadas por diferentes delitos como paralización de servicios públicos, terrorismo, asociación ilícita, incumplimiento de decisión de autoridad, entre otros.

Varias organizaciones calificaron a estas denuncias como persecución y criminalización a la protesta. En marzo de 2022, estas personas recibieron —junto a unos 200 líderes sociales criminalizados por su defensa territorial— amnistías por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

Entre los amnistiados estaban políticos como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, su coideario Virgilio Hernádez y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien hoy vuelve a encabezar las protestas.

Otro protagonista de las protestas de octubre de 2019 que confluye en la iteración del conflicto es el ministro del Interior, Patricio Carrillo. En 2019, Carillo aún ocupaba un alto mando en la Policía Nacional.

Carrillo dijo el 12 de junio en su cuenta de Twitter que los promotores del nuevo paro buscarán presentarlo como “lucha social para provocar victimizarse”.

A estas declaraciones, retrucó Iza en la misma red social. “Es muy grave”, adujo Iza, que Carrillo anuncie lo que el presidente de la Conaie llamó “la represión que hará con la población civil”.

En ese mismo ir y venir de tuits de advertencia, amenaza y desafío participaron otros personajes de alto perfil. El alcalde quiteño, Santiago Guarderas, heredero de la rocambolesca administración de Jorge Yunda, dijo que su municipio no iba a “permitir que vengan a destruir nuestra ciudad” —en alusión a cómo quedó Quito tras el paro de 2019. 

El Defensor del Pueblo, César Córdova, pidió enfáticamente que las instituciones estatales y a la fuerza pública respeten los derechos humanos en las manifestaciones sociales del 13 de junio, que sucederán en diferentes ciudades del país.

Ya a la hora de cierre de esta nota, el paro convocado por la Conaie, y al que se han sumado algunas organizaciones sociales, está en marcha. Cómo influirá en el futuro del Ecuador, se sabrá en los próximos días.