La crisis económica y social que vive Ecuador —solo 3 de cada 10 tiene empleo pleno, hay desabastecimiento de medicamentos, entre varios otros problemas— ha provocado malestar del movimiento indígena que convocó a movilizaciones para el 13 de junio de 2022. Aunque la mayor concentración se hará en Quito, también habrá otras protestas en otras ciudades del país de sectores productivos, como el bananero.

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) confirmó en un comunicado que los pueblos indígenas, sectores productivos, campesinos afectados por la minería, y diversas organizaciones sociales empezarán el lunes 13 de junio una movilización. Lo harán para pedir que en la agenda del gobierno de Guillermo Lasso se incluyan “10 temas en materia monetaria y de derechos”, que la organización ha desarrollado desde 2021.

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En esta ocasión, las demandas concretas son:

  1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el Diésel a 1.50 dólares y la gasolina Extra y Ecopaís a 2.10 dólares (El precio actual del galón de Extra y Ecopaís está en 2,55 dólares; el del Diésel en 1,90 dólares
  2. Derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores.
  3. Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). Que no se embarguen bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
  4. Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y másQue no se cobren regalías en las flores para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.
  5. Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (hace apenas dos semanas, el gobierno pagó la primera cuota: 140 millones de dólares, que representan el 1,7% de la deuda).
  6. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.
    El decreto 95, expedido por Guillermo Lasso, es sobre la política de hidrocarburos. Dice que se promoverá el incremento de la “producción de hidrocarburos”.
    El decreto 151, firmado también por Lasso, es sobre el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador. Menciona el “incremento de las exportaciones de los productos mineros” y “desarrollar una minería eficiente”. 
  7. Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
  8. Que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos, como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras.
  9. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
  10. Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. 
  11. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador

La organización explica que han esperado que el gobierno los escuche, por lo que agotarán todas las instancias del diálogo sin renunciar al derecho de resistencia. 

El 4 de octubre de 2021, tras una reunión en el Palacio de Carondelet, ambas partes dieron versiones opuestas de lo que sucedió en el diálogo. La Conaie dijo que salieron sin respuestas concretas del Ejecutivo a sus pedidos, mientras que el gobierno de Guillermo Lasso dijo que fue un encuentro productivo.

Según una fuente reservada a la que tuvo acceso GK, las acciones de los protestantes serán: “cierre de vías, concentraciones, marchas y toma de instalaciones de los sectores estratégicos”. 

En estas protestas:

  • Participarán 14.200 personas distribuidas en 14 provincias del país
  • Cerrarán 55 carreteras
  • Habrá 8 tomas de instalaciones
  • 2 concentraciones
  • 1 marcha

En total, el 13 de junio se esperan 66 eventos en el paro nacional.

En el mismo documento dice que los manifestantes no aceptarán ningún llamado al diálogo y su intención es no levantar estas medidas hasta que el Gobierno acepte sus demandas a través de un decreto oficial. 

Además, se especifica que las acciones se dividirán en dos momentos: 

  1. Del 13 al 15 de junio serán las “jornadas de movilización en territorio”, y
  2. Las movilizaciones a Quito serán desde el 16 de junio, cuya preparación será desde el 14 de junio, y posteriormente la concentración será en el parque El Arbolito, en el centro de la ciudad.

Se espera que los cierres viales sucedan en:

Región Sierra

  • Imbabura:  11 cierres de vías con 3.600 personas
  • Pichincha: 3 cierres de vías con 650 personas.
  • Cotopaxi: 2 concentraciones con 3.000 personas, quienes bloquearán la vía en el sector el Chasqui.
  • Tungurahua: 4 cierres de vías con 3.000 personas.
  • Bolívar: 9 cierres de vías con 1.230 personas.
  • Azuay: 1 cierre de vía con 200 personas.
  • Cañar: 4 cierres de vías con 230 personas.
  • Loja: 3 cierres de vías con 200 personas.
  • Distrito Metropolitano de Quito: 7 cierres de vías con 220 personas.

 Región Amazónica 

  • Sucumbíos: 4 cierres de vías con 130 personas.
  • Orellana: 1 cierre de vía, con 80 personas y 5 tomas de instalaciones (bloques petroleros) con 630 personas.
  • Napo: 1 marcha con 150 personas.
  • Pastaza: 3 cierres de vías con 330 personas.
  • Morona Santiago:  3 tomas de instalaciones con 220 personas y 4 cierres de vías con 250 personas.

 Región Costa

  • El Oro: 1 cierre de vía con 80 personas.

Reacciones frente a este anuncio

Luego de la convocatoria, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en su cuenta de Twitter dijo que: “La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. ¿Quién se beneficia de otra protesta sin límites?”. 

Sin dar más explicaciones, se refirió al paro nacional de octubre de 2019, cuando varios sectores sociales reclamaron por un decreto que eliminaba eel subsidio al combustible, durante el gobierno de Lenín Moreno. El paro duró 11 días, dejó millonarias pérdidas económicas, y dejó a Quito con destrozos. El edificio de la Contraloría, por ejemplo, fue quemado. Después de las protestas, 60 personas fueron denunciadas por diferentes delitos como paralización de servicios públicos, terrorismo, asociación ilícita, incumplimiento de decisión de autoridad, entre otros. Las organizaciones calificaron a estas denuncias como persecución y criminalización a la protesta. 

A esta reacción del Ministro, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, replicó por la misma vía que es “muy grave” que Carrillo anuncie la represión contra civiles. Dijo que “le recordamos que tiene una denuncia por delitos de lesa humanidad por la masacre de octubre 2019 y que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y resistencia social.” Durante el paro nacional de 2019, Carrillo era general inspector de operaciones de la Policía Nacional.

Por otro lado, la Federación Cámara de Comercio dijo en un comunicado que: “ve con preocupación el anuncio de movilizaciones de varias organizaciones sociales, pues se advierte públicamente el cierre de carreteras y paralización de actividades económicas”. En la misma línea, la Cámara de Comercio de Quito exhortó al diálogo “constante entre todos los actores de la sociedad, a fin de procesar las diferencias y posturas, así como para canalizar las preocupaciones que aquejan a los ecuatorianos”.

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, anunció que “no vamos a permitir que vengan a destruir nuestra ciudad” y que el Municipio de Quito está trabajando de “manera coordinada con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional” y con el Ministerio de Gobierno para defender a la ciudad. Y que los protestantes encontrarán “un muro” en todas las autoridades del Municipio. 

También a través de la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo, César Córdova, máximo representante de este organismo, pidió enfáticamente que las instituciones estatales y a la fuerza pública respeten los derechos humanos en las manifestaciones sociales del 13 de junio, que sucederán en diferentes ciudades del país.

Además, Córdova recalcó que  “la Constitución de la República y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a opinar y expresarse libremente y el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”.

Esta institución también hizo un llamado a las “fuerzas públicas a respetar también las garantías de las personas que ejercerán su derecho a la manifestación y libertad de expresión”.

Como precaución a las movilizaciones sociales de este 13 de junio, la Universidad Central del Ecuador decidió suspender las clases presenciales para precautelar la seguridad y bienestar de sus estudiantes, al igual que 8 universidades más en Quito, Cuenca y Puyo.

Otros sectores que se unirán a las manifestaciones

El sector bananero anunció que se unirá a las manifestaciones. En un comunicado de la Federación Nacional de Bananeros, del 5 de junio, dice que participarán en las movilizaciones porque el gobierno de Guillermo Lasso no ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron en abril pasado y que todo ha “quedado en papeles”.

En el acuerdo se estipulaba que el precio de la caja de banano se mantendría en 6.25 dólares, pero según los bananeros esto no se ha cumplido y el precio que se paga es de 2 dólares y que varía acorde a los intereses de las grandes industrias.

En el documento, Segundo Solano, vicepresidente de esta Federación, aseguró que las pérdidas semanales que tiene este sector bordean los 19 millones de dólares y que a ello se suman las 60 mil plazas perdidas perdidas en la “peor crisis bananera”.

Los productores también piden un instructivo para vigilar el mecanismo de control del precio y establecer multas a los sembríos ilegales.

La posición de este gremio fue reafirmada el 10 de junio de 2022.

En una rueda de prensa, la Federación de organizaciones campesinas, indígenas y negras (Fenocin) confirmó su participación en el paro. Pero su representante, Gary Espinosa, afirmó que “no vamos a caotizar Quito, como andan diciendo”. 

A esta movilización no se unirán todos los sectores agrícolas. Los maiceros y arroceros anunciaron que están esperando que el gobierno nacional les responda sobre el pedido de una reunión para llegar a acuerdos que beneficien a estos sectores.

Liz Briceño Pazmiño
(Ecuador, 1989). Periodista. Ha cubierto temas de economía y consumo en la Unión Europea. Cubre temas de menores migrantes no acompañados y de desplazados en Ecuador.

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