La Asamblea no dio paso al pedido de juicio político contra Carlos Riofrío, contralor general del Estado subrogante porque no se aprobó ninguna de las mociones presentadas en la sesión del pleno de hoy, 2 de junio de 2022. El pedido de juicio político por presunto incumplimiento de funciones contra Riofrío fue presentado por Ronny Aleaga, asambleísta de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). 

El 17 de marzo pasado, un informe aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomendó archivar el proceso contra Riofrío porque consideró que no hay elementos para el juicio político en su contra. 

El informe de la Comisión de Fiscalización pasó al pleno de la Asamblea que era el encargado de decidir si acogían y ratificaban el informe, o si lo rechazaban y continuaban con el juicio político. La tarde de hoy, no pudieron tomar una decisión, así que el proceso no pasó.

Así fue la votación de la sesión 

Pasadas las 4:50 de la tarde, el asambleísta Pedro Velasco, del Partido Social Cristiano (PSC), presentó una moción para archivar el juicio político contra Carlos Riofrío, pero no fue aprobada. Tuvo 57 votos a favor y 65 en contra. Necesitaba la mayoría de votos de los asambleístas presentes para pasar. Es decir, de 65 asambleístas porque solo estaban 129 legisladores en la sesión. 

La segunda moción del debate fue presentada por el asambleísta Ronny Aleaga que pedía que se no se acoja el informe de la Comisión de Fiscalización y se llame a juicio político a Carlos Riofrío. Esta moción obtuvo 67 votos a favor. Sin embargo, tampoco fue aprobada porque para llamar a Riofrío a juicio político se necesitaba la mayoría absoluta de los 137 asambleístas. Es decir 70 votos. 

Ronny Aleaga en la sesión del pleno del 2 de junio de 2022, en la que se votó por su pedido de juicio político a Carlos Riofrío, contralor general subrogante. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.

María Belén Cordero, de CREO, presentó una moción de reconsideración de la votación, pero su moción tampoco fue aprobada. Esa votación se hizo en medio de gritos y reclamos de los asambleístas. El recién nombrado presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dijo que les daba un minuto a los asambleístas para que regresaran a sus curules y ejercieran su voto. 

En medio de más gritos de los legisladores, el secretario de la Asamblea leyó los resultados de la moción de Cordero a la que le faltó un voto para ser aprobada. Después de que esa moción no pasó, Saquicela pidió que se pase al siguiente punto del orden del día. 

Sin embargo, mientras el secretario leía un informe de la Comisión de Derecho a la Salud sobre la escasez de medicamentos, Johana Moreira pidió rectificación del voto porque hizo “una votación incorrecta” en la moción de reconsideración del voto propuesta por Cordero.

Moreira pidió que se “permita que los los asambleístas al momento de votar puedan hacerlo con libertad de conciencia”, sugiriendo que hubo asambleístas que fueron obligados a votar a favor o en contra por otros legisladores. 

Johanna Moreira en la sesión del pleno del 2 de junio, Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.

Moreira dijo que que “sería bueno” que las cámaras de seguridad de la Asamblea enfoquen todo el pleno para que se vea “quienes tienen intereses por salvar al contralor y que les permitan a los asambleístas votar de forma libre, sin presión”. 

Sin embargo, Santiago Salazar, secretario de la Asamblea, dijo que se siguió el proceso correcto para la votación y que no se cumplía con los causales para pedir la rectificación del voto. Por eso, Saquicela decidió no dar paso al pedido de Moreira y continuaron con la lectura del informe de la Comisión de Salud.

¿De qué se acusaba a Riofrío?

El asambleísta Aleaga argumenta que Carlos Riofrío incumplió sus funciones por emitir un acuerdo en el que ordenaba que las contrataciones menores a 962 mil dólares no requieran de un informe previo de pertinencia de la Contraloría.

Por ese acuerdo de la Contraloría, hay 10 mil procesos de contratación que no tienen un informe previo de pertinencia. Ese documento es un requisito obligatorio para las entidades públicas para verificar “la pertinencia y favorabilidad de procesos de contratación”. 

Sin embargo, el 10 de marzo de 2022, el contralor Riofrío se defendió ante la Comisión de Fiscalización diciendo que ese acuerdo institucional por el que se lo acusa no era otra cosa que la implementación del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El reglamento fue modificado en agosto de 2021 por Guillermo Lasso, el Presidente de la República. Lasso hizo los cambios al reglamento para adecuarlo a las modificaciones hechas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante una reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de febrero de 2021. Como consecuencia de esa reforma, que buscaba mejorar los mecanismos de control de la corrupción, se creó el informe previo de pertinencia.

Sin embargo, el Ejecutivo dispuso que en el primer año de vigencia del reglamento los informes previos de pertinencia debían hacerse solo sobre los contratos superiores al valor de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el Presupuesto General del Estado aprobado. Es decir, sobre los contratos superiores a 962 mil dólares, como lo dice el acuerdo de la Contraloría por el que Aleaga acusa a Riofrío de incumplimiento de funciones. 

El contralor Riofrío dijo ante la Comisión que él solo cumplió con su obligación de crear el instructivo para la solicitud, trámite y emisión de estos informes. Si no se hubiera expedido el acuerdo que regula el informe de Pertinencia, dijo el Contralor, “en ese caso, sí hubiera incumplido funciones”.

Las principales pruebas de Aleaga para pedir el juicio político contra Riofrío fueron el acuerdo y un tuit de la Contraloría que anunciaba que los informes de pertinencia se haría solo sobre los contratos superiores a 962 mil dólares. La publicación de Twitter que Aleaga planeaba presentar en el juicio político fue eliminada de la cuenta de la Contraloría. 

Por eso Aleaga presentó una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp notarizada que mostraba el mensaje de Twitter. Sin embargo, Fernando Villavicencio, presidente la Comisión de Fiscalización dijo que no podía ser incluida en el trámite de juicio contra Carlos Riofrío porque no fue anunciada en el pedido de juicio político como establece la ley. La prueba que fue anunciada, dijo Villavicencio, fue una publicación de Twitter, no una captura de pantalla. 

¿Quién es Carlos Riofrío?

Carlos Alberto Riofrío González es ingeniero y ha sido “servidor de carrera” de la Contraloría, según un comunicado de la institución de junio de 2021. Antes de ocupar el cargo de Contralor General subrogante, Riofrío ocupó otros cargos en esa institución. Fue experto supervisor de auditoría en la Delegación de Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social en Quito y Director Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social.

Carlos Riofrío fue nombrado como Subcontralor General del Estado la noche del 25 de junio de 2021, en medio de la ausencia del ahora excontralor Pablo Celi, quien dejó la Contraloría desde abril porque tenía una orden de prisión preventiva  por una investigación en su contra por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres, por el que ahora está en juicio. 

Riofrío no fue el primero en reemplazar a Pablo Celi. El actual Contralor subrogante asumió el cargo después de la renuncia de Valentina Zárate. Ella presentó su dimisión irrevocable el 21 de junio del año pasado. Zárate reemplazó a Celi como Contralora subrogante entre el 14 de abril y el 12 de junio de 2021.

En esa fecha se terminó la licencia sin sueldo que había solicitado Celi, quien renunció en julio de 2021, poco después de que Riofrío fue nombrado como su reemplazo. 

Carlos Riofrío ocupará el cargo de contralor subrogante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) concluya el proceso para designar de forma oficial al nuevo Contralor General del Estado.