La Comisión de Fiscalización de la Asamblea enviará al pleno del Legislativo un informe que recomienda archivar el juicio político en contra de Carlos Riofrío, contralor general del Estado subrogante. El pedido de juicio político contra Riofrío fue planteado por el asambleísta de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES), Ronny Aleaga, por un presunto incumplimiento de funciones. 

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Esta es una breve explicación de las acusaciones contra Riofrío, por las que podría enfrentar un juicio político. 

¿De qué se acusa al contralor subrogante?

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El asambleísta Aleaga argumenta que el contralor subrogante incumplió sus funciones por emitir un acuerdo en el que ordenaba que las contrataciones menores a 962 mil dólares no requieran de un informe previo de pertinencia de la Contraloría.

Por ese acuerdo de la Contraloría, hay 10 mil procesos de contratación que no tienen un informe previo de pertinencia. Ese documento es un requisito obligatorio para las entidades públicas para verificar “la pertinencia y favorabilidad de procesos de contratación”. 

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¿Cómo se defendió Riofrío?

El 10 de marzo de 2022, el contralor Riofrío se defendió ante la Comisión de Fiscalización diciendo que ese acuerdo institucional no era otra cosa que la implementación del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El reglamento fue modificado en agosto de 2021 por Guillermo Lasso, el Presidente de la República. Lasso le hizo cambios al reglamento para adecuarlo a las modificaciones hechas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante una reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de febrero de 2021. Como consecuencia de esa reforma, que buscaba mejorar los mecanismos de control de la corrupción, se creó el informe previo de pertinencia.

Sin embargo, el Ejecutivo dispuso que en el primer año de vigencia del reglamento los informes previos de pertinencia debían hacerse solo sobre los contratos superiores al valor de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el Presupuesto General del Estado aprobado. Es decir, sobre los contratos superiores a 962 mil dólares, como lo dice el acuerdo de la Contraloría. 

El contralor Riofrío dijo ante la Comisión que no habría hecho otra cosa que cumplir con su obligación de crear el instructivo para la solicitud, trámite y emisión de estos informes. Si no se hubiera expedido el acuerdo que regula el informe de Pertinencia, dijo el Contralor, “en ese caso, sí hubiera incumplido funciones”.

¿Qué pruebas presentó Aleaga?

Las principales pruebas de Aleaga fueron el acuerdo y un tuit de la Contraloría que anunciaba que los informes de pertinencia se haría solo sobre los contratos superiores a 962 mil dólares. La publicación de Twitter que Aleaga planeaba presentar en el juicio político fue eliminada de la cuenta de la Contraloría. 

Por eso Aleaga presentó una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp notarizada que mostraba el mensaje de Twitter. Sin embargo, Fernando Villavicencio, presidente la Comisión de Fiscalización dijo que no podía ser incluida en el trámite de juicio contra Carlos Riofrío porque no fue anunciada en el pedido de juicio político como establece la ley. La prueba que fue anunciada, dijo Villavicencio, fue una publicación de Twitter, no una captura de pantalla.  

El 17 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe sobre el pedido de juicio político contra Riofrío en el que se recomienda que se archive el proceso. La Comisión consideró que no hay elementos para el juicio político contra el Contralor general del Estado subrogante. 

La decisión de la Comisión pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, que deberá votar si acepta la recomendación o decide continuar con el trámite. “Por lo general el pleno decide continuar con el juicio”, le dijo a GK la experta en derecho legislativo Libia Rivas citando otros ejemplos en los que la Asamblea decidió continuar con los juicios, pese a que el informe recomendaba lo contrario. 

Aunque así ha actuado el pleno en otros casos, no significa que necesariamente vaya a repetir el patrón en el caso de Riofrío. “Habrá que ver si en el caso del Contralor, el pleno acoge los motivos de la Comisión”, dijo Rivas. 

Los 137 asambleístas que integran el legislativo ecuatoriano podrán acoger y ratificar el informe, o no acoger el informe y continuar el juicio político. Para lo primero, deberán votar favorablemente la mitad más uno de los presentes en la sesión. Para lo segundo, se necesitará  la mayoría absoluta de los asambleístas —es decir, 70 votos. 

¿Quién es Carlos Riofrío?

Carlos Alberto Riofrío es ingeniero y ha sido “servidor de carrera” de la Contraloría, según un comunicado de la institución de junio de 2021. En la Contraloría, Riofrío ha sido experto supervisor de auditoría en la Delegación de Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social en Quito y Director Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social. 

Carlos Alberto Riofrío González fue nombrado como Subcontralor General del Estado la noche del 25 de junio de 2021. En las primeras semanas de ocupar el cargo, Riofrío subrogó las funciones del Contralor General del Estado (subrogante), Pablo Celi, quien estaba ausente porque tiene una orden de prisión preventiva desde abril de 2021 y está enfrentando un juicio por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Sin embargo, Riofrío no fue el primero en reemplazarlo. El actual Contralor subrogante asumió el cargo después de la renuncia de Valentina Zárate. Ella presentó su dimisión irrevocable el 21 de junio del año pasado. Zárate reemplazó a Celi como Contralora subrogante entre el 14 de abril y el 12 de junio de 2021. En esa fecha se terminó la licencia sin sueldo que había solicitado Celi, quien renunció en julio de 2021, poco después de que Riofrío fue nombrado. 

Carlos Riofrío ocupará el cargo de contralor subrogante hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) concluya el proceso para designar del nuevo Contralor General del Estado.

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.