El caso Celu, nombrado así por la Fiscalía General del Estado, investiga presuntas irregularidades en el desvanecimiento de una glosa a Claro (legalmente, Conecel), operadora de telefonía móvil, en la Contraloría General del Estado. Entre los  investigados están Pablo Celi, ex contralor del Estado, y Luis Miño, ex director de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, quienes están acusados de tráfico de influencias. La glosa desvanecida irregularmente sería de aproximadamente 112 millones de dólares.

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Una glosa es un acto administrativo de la Contraloría en contra de un servidor público, tercero involucrado o beneficiario en la gestión de un contrato con el Estado o en el uso de bienes y servicios estatales. 

La Contraloría emite una glosa cuando detecta la existencia de un perjuicio, ya sea material o económico al Estado. En este acto de control administrativo se establece si existe o no un tipo de responsabilidad. La responsabilidad que puede determinar es de dos naturalezas. 

La primera es civil, es decir, que obliga a los responsables a devolver el monto por el que el Estado ha sufrido el presunto perjuicio. La segunda es la responsabilidad administrativa, que involucra sanciones para los funcionarios estatales que habrían participado en el acto o contrato que habría perjudicado al Estado. 

Además, la Contraloría puede emitir un informe en el que determine que  en el acto perjudicial al Estado existen “indicios de responsabilidad penal”. Es decir, que la entidad tiene la convicción de que el perjuicio podría ser producto de un delito. En esos casos, remite su informe a la Fiscalía para que inicie las investigaciones para elucidar si existe, o no, actos de naturaleza criminal. 

En este caso, la glosa no quedó en firme, y lo que existía era una predeterminación de glosa —es decir, el paso previo a que ese acto administrativo se expida

La Fiscalía investiga si el desvanecimiento de la glosa, que habría generado responsabilidad civil por casi 112 millones de dólares a favor de la telefónica Claro, fue producto del tráfico de influencias. 

Inicialmente, la Contraloría emitió un informe predeterminando la existencia de responsabilidad civil en la concesión de bandas anchas—para incrementar la señal y mejorar la calidad del servicio— a favor de Claro en 2015 aprobada por autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control (Arcotel). 

El precio que estos organismos estatales asignaron al proceso de concesión de las frecuencias fue de 180 millones de dólares. Según el informe de la Contraloría, el precio debió ser de 291.9 millones de dólares

El entonces contralor Pablo Celi habría ordenado el desvanecimiento de esta predeterminación, librando a la telefónica de pagar esos 180 millones de dólares. Según La Fiscalía General del Estado, la eliminación de esa predeterminación habría sido producto de un presunto tráfico de influencias.   

Por ello, el 25 de junio de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra el excontralor Celi y Miño. 

En la audiencia en que lo hizo, el juez ordenó arresto domiciliario para Pablo Celi, por tener más de 65 años, y prisión preventiva para Luis Miño. También pidió la localización y captura de Miño, quien aún es funcionario de la Contraloría. 

El juez también ordenó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por 50 mil dólares de los procesados. La instrucción fiscal durará noventa días.

En la audiencia Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, no dijo nada sobre las declaraciones de la fiscal Salazar sobre su cliente, ni sobre el pedido de arresto domiciliario a su cliente.

Únicamente habló sobre las medidas cautelares de congelar las cuentas del ahora procesado. Sobre esto, dijo que en esas cuentas el excontralor recibe la pensión de su jubilación

Teodoro Coronel, abogado de Luis Miño, dijo que su defendido sigue siendo funcionario de la Contraloría y que ya fue detenido en el caso Las Torres, en el que se convirtió en testigo protegido. Por ello, aseveró que desde el 28 de abril de 2021, Miño forma parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía y que su cliente “tiene un nivel de riesgo del 32% debido a ese testimonio”. 

También dijo que Miño ha acudido a todos los llamados de la Fiscalía y pidió descartar el pedido de prisión preventiva en contra de su cliente, y solicitó que en lugar de ello se dicten medidas alternativas como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la entidad. 

GK intentó contactarse con el Ministerio de Telecomunicaciones, Arcotel, Claro y el abogado de Pablo Celi. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no tuvo respuesta alguna. 

Más detalles del caso Celu

La eliminación de la predeterminación de glosa a Claro y varios funcionarios estatales se habría hecho a inicios de 2019, dejando sin efecto el informe de 2018 que había concluido que existía una diferencia en contra del Estado ecuatoriano de 112 millones de dólares

En la audiencia de formulación de cargos del 25 de junio de 2024, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que el 10 de septiembre de 2018, la Contraloría emitió el informe de examen especial por una adenda en “la asignación de una frecuencia adicional otorgada por el Estado, en favor de la compañía CONECEL”, cuya marca comercial es Claro.

El examen especial predeterminó la responsabilidad civil de casi 112 millones de dólares. Además, en ese informe, la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal. Es decir, posibles pruebas de que se cometió un delito, en este caso el tráfico de influencias. 

En respuesta a la predeterminación de la glosa, Claro presentó, según la Fiscalía, “supuestos estudios en los que se incluían informes elaborados por tres consultoras contratadas” por la propia Claro, precisamente la empresa auditada.

Estos estudios habrían respaldado la reducción del costo de las bandas adicionales de más de 292 millones a 180 millones de dólares. 

Con base a esos estudios, Celi habría tomado la decisión de ordenar el desvanecimiento de la millonaria glosa “a través del funcionario Luis Miño, quien canalizó los ejercicios de influencia hacia sus subalternos”, dijo la fiscal Diana Salazar. 

La Fiscal dijo que uno de los subalternos de Miño, Nelson Villavicencio, analista de Responsabilidades de la Contraloría, se habría negado a desvanecer la glosa y se habría reunido con Celi para “exponerle la ilegalidad” del acto

Celi no le habría hecho caso al analista, según la Fiscal, “afirmando que la determinación de responsabilidad en contra de Conecel habría sido fruto de un exceso de sus equipos auditores”. Esto, según Salazar, “demostraría el conocimiento y voluntad del procesado” en lo que pasó. 

Además, el analista que habría alertado a Celi de la ilegalidad, fue cambiado a otra unidad de la Contraloría, y luego desvinculado de la institución. Esto también confirmó Villavicencio en julio de 2021 ante la Asamblea Nacional. 

Durante la audiencia de formulación de cargos, del 25 de junio de 2024, se presentaron versiones, oficios, memorandos y el expediente de la glosa desvanecida a favor de Claro, como evidencia. Además, de informes periciales practicados a publicaciones de Claro, al celular de Celi, correos electrónicos de los investigados y más. 

Un caso desde 2021

El caso de la glosa desvanecida de Claro es investigado desde 2021. En junio de ese año, Diana Salazar dio una entrevista a la estación televisiva Teleamazonas sobre el caso Las Torres, en el que Celi fue sentenciado a 13 años de cárcel dos años más tarde. El caso Las Torres es sobre una presunta trama de delincuencia organizada para desvanecer ilegítimamente glosas en la Contraloría mientras Celi era contralor subrogante. 

En la entrevista, la Fiscal General explicó que la teoría que tenía Fiscalía es que “existe una estructura que operó entre el 2017 y el 2020 con las más altas esferas del poder que estaban controladas desde la Contraloría General del Estado, la empresa PetroEcuador y desde la Secretaría General de la Presidencia de la República”. El caso Celu sería parte de esa red que lucraba del desvanecimiento ilícito de las glosas. 

Salazar dijo que el objetivo de esta estructura era “obtener recursos de manera ilícita” a través de un mecanismo de “desvanecimiento de glosas, beneficio económico y permitir que se efectivicen o paguen facturas por parte de las empresas en la estatal ecuatoriana”. 

En la entrevista Salazar también dijo que Celi ordenaba el desvanecimiento de glosas en chats con sus subalternos. Dijo, además, que existe un chat de Celi con una exfuncionaria de la Contraloría, Deisy Guevara, en el que ella le dice que “jamás dirá ante las autoridades todo lo que tuvo que desvanecer”. 

Salazar dijo que la exfuncionaria en el chat se refirió especialmente a otro tema que ya estaba siendo investigado “el desvanecimiento de una glosa millonaria en el tema Conecel o Claro”. 

Sin embargo, esa no era la única prueba que tendría la Fiscalía sobre la glosa desvanecida a Claro. El 13 de abril de 2021 cuando Celi fue detenido, la Fiscalía tomó las versiones de varias personas de la Contraloría por el caso Las Torres. 

Entre ellas, la versión de un funcionario, quien, encargado por Celi, habría firmado desvanecimientos en favor de la empresa Nolimit S.A, empresa involucrada en el caso Las Torres dedicada a la venta al por mayor de maquinaria y equipos para la construcción y minería. 

El funcionario habría dicho que Celi le dispuso de forma directa y verbalmente que suscriba desvanecimientos de otras empresas y que “elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidad por 111 millones [de dólares] a favor de Conecel, con respecto a la banda ancha de Claro«. 

El 21 de junio del 2021, Salazar hizo público el inicio de la investigación de la glosa durante una audiencia en la Corte Nacional. En la audiencia, la Fiscal explicó que en febrero de 2015, Arcotel hizo un proceso para asignar un espectro radioeléctrico adicional—espacio donde circulan las ondas que emiten las señales en este caso telefónicas—a las operadoras privadas de telefonía móvil Claro y Movistar. Este contrato fue suscrito por el gobierno el 18 de febrero de 2015. 

El examen especial de la Contraloría 

Tres años después del contrato con las telefónicas, en 2018, la Contraloría General hizo un examen especial contra funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y de Arcotel. En su conclusión del documento, que tiene 96 páginas, dice que la comisión designada para el análisis de entrega de espectro adicional “no consideró que los valores presentados por la Asociación de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina “ASETA” eran referenciales” y que tampoco hicieron un “estudio técnico económico del área de cobertura por servicio y/o tecnología y sus costos en la nueva concesión”. 

Es por ello que cobraron 180 millones de dólares por la concesión de ancho de banda para Claro, en lugar de los 291.906.514 dólares que debían ser. En la conclusión también dice que por ese motivo el estado dejó de “percibir 111.906 514 dólares por derechos de concesión en el caso del operador CONECEL S.A” es decir, Claro.  

El 25 de junio de 2021 Claro publicó un comunicado en su sitio web en el que dice que no tuvo “participación ni injerencia, en la determinación de las condiciones económicas, técnicas y legales para dicha asignación de espectro”. También afirmó que tal conclusión fue alcanzada por el Estado ecuatoriano “en su totalidad” y que la empresa cumplió con “todas y cada una de las condiciones determinadas por el Estado en dicho proceso”. 

Sobre el examen especial de la Contraloría Claro afirmó que en 2019 “luego de evaluar las pruebas aportadas” la Contraloría desestimó la predeterminación inicial y que con ello “quedó ratificado que las condiciones económicas y la metodología establecida por el Estado ecuatoriano para la asignación de espectro adicional para ambas operadoras estuvieron apegadas a la ley”. 

Luego, el 5 de julio de 2021 publicó otro comunicado en el que asevera que “jamás existió glosa alguna contra la empresa”. Al final del comunicado rechazó lo que consideró “la aparente campaña dirigida a afectar a nuestra empresa, debido a un supuesto “desvanecimiento de la glosa contra CLARO”, hecho que nunca existió”.

A pesar de ello, la Fiscalía continuó con las investigaciones sobre el caso con los chats encontrados y las versiones de funcionarios de la Contraloría. Así llegó a la audiencia de formulación de cargos del 25 de junio de 2024, cuando el juez dictó arresto domiciliario a Pablo Celi y prisión preventiva a Luis Miño e inició la etapa de instrucción fiscal que durará 90 días. 

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GK
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