Los esfuerzos por asegurar el derecho a un medioambiente sano en América Latina y el Caribe avanzan. Desde el 20 al 22 de abril, más de 780 delegados de países de la región, representantes de la sociedad civil, y organismos internacionales participaron en la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú: el primer tratado regional de medioambiente y derechos humanos.

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La reunión se celebró en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile, casi un año después de que el Acuerdo entrara en vigencia. Su objetivo principal era definir las reglas de procedimiento necesarias para que los 12 países que ratificaron el tratado avancen con su implementación y cumplimiento. 

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Los 12 países que han ratificado el Acuerdo hasta ahora son: Argentina, México, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía.

Te contamos cuáles fueron las resoluciones más importantes que tomaron los 12 países parte y cuáles son los retos para Ecuador tras esta Conferencia. 

¿Cómo serán las próximas COP?

Una de las decisiones que se tomó en la primera COP de Escazú fue definir cómo serán las próximas Conferencias de las Partes (COP) en el futuro. Lo que se decidió fue que serán cada dos años. 

Sin embargo, cuando se requiera, podrá haber reuniones extraordinarias. Por ejemplo, en 2023, habrá una COP extraordinaria en Buenos Aires, la capital argentina porque, según los Estados, es necesaria para el funcionamiento e implementación del Acuerdo. En particular, la reunión es precisa para buscar “opciones adicionales de financiamiento que aseguren recursos adecuados, estables y predecibles”, dice un documento oficial. 

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Representantes de países de América Latina en la primera COP de Escazú. Fotografía del Flickr de la CEPAL.

Sin embargo, Daniel Barragán, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios, dice que la reunión extraordinaria también se hará para elegir a las personas que conformarán el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. “No podemos esperar hasta la próxima COP ordinaria para conformar el comité, y por eso habrá una reunión extraordinaria en 2023”, explica el experto. 

Además, se decidió que las COP ordinarias siempre serán en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile, la capital chilena, a menos de que se decida lo contrario. Las encargadas de esa decisión son las Partes —es decir, los 12 países que han ratificado el Acuerdo de Escazú. 

Esta primera COP de Escazú duró dos días pero de acuerdo a las nuevas reglas aprobadas, las próximas conferencias podrían durar más o menos tiempo dependiendo de lo que decidan las partes. La fecha tentativa del próximo encuentro debe ser definida en cada COP, al igual que los temas a tratar. 

Otro punto importante de las COP es que todas sus sesiones serán públicas. Aunque —dentro de lo posible— las reuniones siempre serán presenciales, siempre habrá también una transmisión virtual en vivo para que todas las personas que deseen puedan saber qué se está decidiendo o de qué se está hablando. 

Además, si alguna vez se hace una sesión privada y se decide algo dentro de ella, será obligatorio anunciar al público qué decisiones se tomaron al salir de la reunión. Así, las Conferencias cumplirán también con uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, que es el acceso a la información. 

También, en las COP siempre habrá una Mesa Directiva conformada por un presidente, 2 vicepresidentes,  2 miembros y un representante del público. Este último tendrá voz pero no podrá votar como los otros integrantes del directorio. 

¿Cómo se financiará la implementación de Escazú?

El Acuerdo de Escazú estableció la creación de un Fondo de Contribuciones Voluntarias para que los países implementen efectivamente el Acuerdo de Escazú. Por eso, uno de los temas principales que se trató en la primera COP de Escazú fue cómo funcionará este fondo.

Los países decidieron que este mecanismo será un fideicomiso —una operación mediante la cual una persona u organización destina ciertos bienes a la ejecución de un fin específico—. El fideicomiso será administrado por el Secretario Ejecutivo de la Cepal, que es quien preside la Secretaría de la COP. 

Además de administrar este fondo, en cada COP de Escazú la Secretaría tiene que presentar un informe de las finanzas y el avance de las actividades financiadas por el fideicomiso. 

Las contribuciones al fondo son voluntarias y todos los países parte, países signatarios, y organizaciones sociales pueden aportar. Pero los aportes, de preferencia, deben ser multianuales o anuales periódicas para asegurar la implementación del Acuerdo a largo plazo. 

La Secretaría de la COP, además, tiene que explorar opciones de fondos adicionales para cumplir con las actividades previstas entre 2022 y 2024 y avanzar con el cumplimiento de Escazú. 

¿Quién regulará el cumplimiento del Acuerdo?

El Acuerdo de Escazú dice que habrá un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento que será un organismo complementario de la COP para promover la aplicación del tratado. 

En esta primera Conferencia de las Partes se definió cómo funcionará ese Comité, quiénes lo conformarán y cuáles serán sus funciones y atribuciones. 

El Comité estará conformado por siete miembros de América Latina y el Caribe que ejercerán sus funciones a título personal, es decir, no en nombre de una institución. 

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Habrá una comisión que vigile el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Fotografía del Flickr de la CEPAL.

Estas personas no podrán ser representantes de ninguna función del Estado—Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, y Transparencia y Control Social—

Las personas que deseen formar parte del Comité deberán presentar su candidatura. La mesa directiva las evaluará y hará una lista de 10 personas. Luego, los países que han ratificado Escazú votarán en la COP para elegir a siete personas de esa lista. 

Otras condiciones que se deben cumplir es que no se podrá elegir a más de una persona de la misma nacionalidad. Además, se contemplará la paridad de género, la experiencia y los conocimientos jurídicos. Quienes formen parte de la Comisión, estarán en el cargo durante 4 años. 

Las funciones del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento

El Comité tendrá cuatro funciones principales que son:

  • Reportar a la COP sobre las actividades que ha hecho, incluyendo las conclusiones que adopte en casos de incumplimiento.
  • Apoyar a la COP sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo. (Para hacer esto, el Comité debe presentar informes periódicos sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo)
  • Aconsejar y asistir a los países parte en la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo. (Incluye actividades como responder consultas sobre la interpretación del Acuerdo y tener diálogos periódicos con las partes y miembros del público.
  • Examinar casos de alegaciones de incumplimiento del Acuerdo. 

El Comité además podrá tomar medidas para promover la aplicación de Escazú. Algunas de esas medidas son:

  • Hacer recomendaciones específicas y concretas a los países interesados para que puedan fortalecer sus leyes, medidas y prácticas. 
  • Solicitar a los países interesados que preparen un plan de acción para asegurar la aplicación del Acuerdo. 
  • Recomendar a los países que adopten medidas para salvaguardar a los defensores ambientales en casos específicos. 
  • Formular declaraciones de incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo.
  • Hacer advertencias a los países parte. 
  • Suspender los derechos y privilegios de los países, incluyendo su derecho al voto en las sesiones de la COP. 

¿Qué pasa con los defensores ambientales?

América Latina y el Caribe es la región donde más se asesina a defensores de la naturaleza. Según los datos más actualizados de la organización Global Witness, 3 de cada 4 líderes ambientales asesinados en el mundo perdieron la vida en Latinoamérica. Por eso, uno de los documentos que se aprobó en la primera COP de Escazú fue uno sobre defensores ambientales. 

El documento tiene cuatro acuerdos, pero el más importante y celebrado es el primero; que es la decisión de crear un grupo de trabajo especial sobre defensores de los derechos ambientales. 

Los países presentes en la COP decidieron que este grupo sea de composición abierta —es decir, que cualquiera lo puede conformar— y que cuente con la participación especial de los “pueblos indígenas, las comunidades locales y las personas en situación de vulnerabilidad. 

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Habrá un grupo especial sobre defensores ambientales. Fotografía de Mitch Anderson, Amazon Frontlines.

El primer trabajo que tendrá este grupo es hacer un plan de acción sobre la protección de los defensores ambientales que deberá ser presentado en la segunda COP de Escazú —que todavía no tiene fecha. En esa reunión, los países parte decidirán si ese plan se aprueba o no. 

Mientras el plan se desarrolla, los países también acordaron celebrar un foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En el evento deberán participar especialistas en el tema y al final se elaborará un informe que servirá para el plan de acción. Todavía no hay una fecha establecida para este foro. 

Sin embargo, la conformación del grupo como tal ha sido muy celebrada, sobre todo por las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de la naturaleza. Belén Páez, secretaria de la iniciativa Cuencas Sagradas, dice que la conformación de este grupo especial de defensores es muy  importante “para generar mayor atención, incidencia y discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas” en el Acuerdo de Escazú. 

Además, Páez dice que este grupo será un instrumento que “puede apoyar a las luchas sociales que se dan en los territorios, particularmente indígenas, día a día”. La conformación de dicho grupo, dice Páez, “se merece un aplauso”. 

Daniel Barragán, experto en medioambiente, también opina que la creación de este grupo especial fue una excelente decisión que se tomó en la Conferencia. Barragán dice que “hay muchas expectativas sobre este grupo porque es una respuesta inmediata al pilar más débil del Acuerdo”, el de la protección de los defensores ambientales. 

La decisión es acertada, dicen los expertos, pero algo que los países no decidieron en la COP fue cómo se conformará ese grupo especial. Barragán dice que eso es un punto que habrá que tratar pero que “espero que esto arranque y se defina pronto, antes de la siguiente reunión”. Conformar este grupo, dice, será un importante punto de partida para orientar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. 

Los retos para Ecuador después de la COP

La primera COP de Escazú terminó el 22 de abril —Día de la Tierra— con el objetivo de seguir trabajando para cumplir con los objetivos del Acuerdo y lograr un desarrollo sostenible en el futuro.

En el primer año desde que Escazú entró en vigencia, Ecuador ha avanzado con la elaboración de un diagnóstico para saber cómo están las leyes, las políticas públicas y las capacidades institucionales. Así como también para identificar las brechas que hay y deben ser cerradas para poder implementar el Acuerdo. 

Ese diagnóstico servirá para implementar ciertos proyectos y reformar ciertas leyes. Sin embargo, hay otras acciones que se pueden empezar a hacer, y una de ellas es la conformación de una Mesa de Democracia Ambiental.

Daniel Barragán, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios, dice que es el mayor reto para Ecuador después de la primera COP de Escazú. 

Barragán explica que la Mesa de Gobernanza Ambiental va a ser un espacio de gobernanza y de articulación muy importante en el que participarán todos los actores que deberían estar presentes en la implementación del Acuerdo de Escazú. El objetivo de esta mesa, dice Barragán, es “no quedarnos en un espacio donde solo el gobierno tome las decisiones [ambientales] sino empezar ya a poner en práctica los estándares de participación ciudadana.”

Según el experto, el instrumento para formalizar la creación de esta mesa de gobernanza está siendo revisado por la división de asesoría jurídica del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). Espera que haya una respuesta pronto. 

Pero ese no es el único reto. La abogada de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos Vivian Idrovo dice que es necesario que Ecuador construya una política integral para los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. 

En diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo empezó a liderar una mesa para construir esta política pública. Pero el proceso estuvo estancado y ahora que se ha retomado, la primera fase de diagnóstico no estará lista hasta agosto de 2022. 

A pesar de los retos que tiene Ecuador, el país es uno de los que más ha avanzado en planes para implementar el Acuerdo de Escazú. Pero eso no significa que ya está todo hecho, Daniel Barragán dice que “todavía hay mucho trabajo por hacer”.

Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.