América Latina es la región donde más se asesina a defensores ambientales. Según los datos más actualizados de la organización Global Witness, tres de cada cuatro líderes ambientales asesinados en el mundo perdieron la vida en Latinoamérica.
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Para asegurar la protección de estos defensores y garantizar cada vez más los derechos de la naturaleza, en 2018, 24 países de la región —incluyendo Ecuador— firmaron el Acuerdo de Escazú. Y tres años después, en abril de 2021, con la ratificación de 12 países, el Acuerdo finalmente entró en vigencia.
Te contamos qué es y por qué es importante.
¿Qué es el acuerdo?
El Acuerdo de Escazú es un tratado entre países de América Latina y el Caribe que busca garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El tratado fue creado el 4 de marzo de 2018 en Escazú —una ciudad de Costa Rica— después de al menos 3 años de reuniones para negociar su creación.
Inicialmente, fueron 24 países los que firmaron a favor del acuerdo.
Sin embargo, no entró en vigencia de inmediato porque para hacerlo, se necesitaba que al menos once países lo ratificaran. Ecuador fue el noveno país en ratificar el Acuerdo. Lo hizo en mayo de 2020, después de que la Asamblea Nacional aprobara su ratificación con 92 votos a favor.
El Acuerdo entró en vigencia el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2021 con la ratificación de 12 países.
¿Por qué es importante?
El acuerdo tiene cuatro pilares que son:
- El acceso a la información ambiental.
- La participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales.
- El acceso a la justicia.
- La protección de los defensores ambientales.
Estos pilares son importantes porque establecen objetivos para que las personas accedan a la información ambiental y tengan las herramientas para participar en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Además, permiten que la justicia para casos por afectaciones al ambiente.
Porque promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
El acuerdo es el primer tratado de la región sobre derechos humanos y medioambiente. Como es un acuerdo de derechos humanos es progresivo y no regresivo.
Además, es el único acuerdo jurídicamente vinculante —es decir de cumplimiento obligatorio— derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
Escazú también es el primer tratado en el mundo que busca garantizar los derechos de los defensores de la naturaleza.
¿Qué países ratificaron el Acuerdo?
Hasta que el Acuerdo de Escazú entrara en vigencia el 22 de abril de 2021, 12 países de América Latina y el Caribe habían anunciado su ratificación.
En América Latina, esos países fueron:
- Argentina
- México
- Ecuador
- Uruguay
- Bolivia
- Nicaragua
- Panamá
- Guyana
En el Caribe, lo ratificaron:
- San Vicente y las Granadinas
- Saint Kitts y Nevis
- Antigua y Barbuda
- Santa Lucía
Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios, explica que desde que el Acuerdo entró en vigencia en 2021 si un país quiere adoptar el acuerdo la ratificación ya no es el mecanismo. Para adoptarlo, deberá adherirse y esa adhesión dependerá de la decisión de los congresos o asambleas nacionales de cada país.
El único país que ha considerado la adhesión al Acuerdo tras la entrada en vigencia es Chile. El 18 de marzo de 2022, días después de haber asumido la presidencia chilena, Gabriel Boric presentó al Congreso la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú. Hasta ahora no se ha tratado el acuerdo en el legislativo.
¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para Ecuador?
La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú tiene tres significados principales para Ecuador.
Primero, que el tratado formará parte del conjunto de leyes que ya hay en el país —y por lo tanto, tendrá que cumplirse—.
También implica que ninguna norma del sistema jurídico ecuatoriano puede estar en contradicción con las disposiciones del Acuerdo de Escazú.
Finalmente, significa que el Acuerdo está a la altura de la Constitución y como es un tratado internacional de derechos humanos, podría prevalecer sobre ella si es que tiene derechos más favorables.
Ecuador y Escazú
A diferencia de otros países en la región, Ecuador ya cuenta con varios instrumentos planteados por el Acuerdo de Escazú.
Sobre el acceso de información ambiental, Ecuador tiene la Ley Orgánica de Transparencia y el Acceso a la Información Pública. Esta ley busca hacer accesible la información sobre actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos, incluyendo las relacionadas con el medioambiente.
Además, Ecuador tiene un Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) que tiene datos sobre el estado y conservación del ambiente en el país. Sin embargo, la información está desactualizada y en algunos casos, ni siquiera está disponible.
Sobre la participación ciudadana, Ecuador tiene también la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La ley tiene el objetivo de garantizar el derecho a la participación en los asuntos de interés público que está establecido en la Constitución.
En Ecuador, además, hay un Código Orgánico del Ambiente, que es la norma ambiental más importante en el país. Sin embargo, se tendrá que evaluar para que cumpla con los objetivos del Acuerdo de Escazú.
También se tendrá que capacitar a funcionarios que tienen relación con la gestión de información ambiental. Sin olvidar que habría que capacitar a jueces, fiscales y otros operadores judiciales en materia ambiental.
Aunque Ecuador ya tiene buenas bases para avanzar con la implementación del Acuerdo, la deuda más grande que tiene el país es con los defensores ambientales, ya que aún no hay ninguna ley o norma que asegure su protección y garantice sus derechos.