Siete de los diez países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales están en América Latina y el Caribe. Según los datos más actualizados de la organización Global Witness, Latinoamérica es la región menos segura para los defensores de la naturaleza.
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Pero el Acuerdo de Escazú busca cambiar esta realidad. Te explicamos cómo.
El acuerdo y los defensores de la naturaleza
Uno de los cuatro pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú es la protección de los defensores ambientales.
Como parte de esa protección, los países que forman parte del Acuerdo deben cumplir con tres puntos principales.
El primero es garantizar un “entorno seguro y propicio” en el que las personas y otros grupos que defienden el medioambiente y los derechos humanos relacionados con la naturaleza puedan actuar “sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
El segundo es tomar las medidas necesarias y efectivas para “reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores” ambientales. Entre estos derechos, se deben incluir:
- el derecho a la vida
- el derecho a la integridad personal
- el derecho a la libertad de opinión y expresión
- el derecho a la libre reunión y asociación pacíficas
- el derecho a circular libremente
Los países que forman parte del Acuerdo de Escazú también deben asegurar que los defensores ambientales puedan ejercer los derechos de acceso a la información y a la justicia ambiental. Para eso, los Estados deben considerar sus obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos, sus constituciones y las leyes establecidas en sus sistemas jurídicos
El tercer y último punto principal con el que las partes deben cumplir es tomar las medidas apropiadas y oportunas para prevenir ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores ambientales.
Además, si alguna de estas situaciones no se pudo prevenir, el Acuerdo dice que es responsabilidad de los Estados investigar y sancionar estos hechos.
Los defensores de la naturaleza en Ecuador
Aunque el Acuerdo de Escazú entró en vigencia en abril de 2022, Ecuador todavía no ha avanzado en la protección de los defensores ambientales.
En marzo de 2021, Andrés Durazno, vocero de la resistencia antiminera en Río Blanco y Molleturo fue asesinado. Meses después, en noviembre, Victor Guaillas, defensor del agua, falleció en una masacre carcelaria. Estaba detenido por supuesto sabotaje. Además, en diciembre, Nange Yeti, un sabio waorani defensor de su territorio, fue asesinado.
Nange Yeti fue asesinado mientras hacía un patrullaje en la selva. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Waorani Resistencia Pastaza.
Un informe de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos sobre la situación de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador, dice que los defensores “no tienen un entorno seguro”.
La abogada Vivian Idrovo, integrante de la Alianza, asegura que hacen falta “medidas de protección cuando [los defensores] reciben amenazas y una política pública”. En 2019, la Defensoría del Pueblo creó una mesa para construir una política para los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Pero la mesa está detenida y la construcción de esa política pública no ha avanzado.
Según el informe de la Alianza, la indefensión se profundiza en “poblaciones vulnerables” que han sido discriminadas históricamente como las nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Lideresas indígenas como Patricia Gualinga, del pueblo kichwa de Sarayaku, y Josefina Tunki, del pueblo Shuar Arutam, han recibido amenazas por defender su territorio del extractivismo.
Pero la falta de protección de los defensores no es el único problema. Muchos líderes también son criminalizados. Sin embargo, algunos de esos procesos de criminalización fueron revocados después de que la Asamblea Nacional entregara amnistías a más de 200 defensores. Las amnistías causaron molestias en la ciudadanía e incluso en el propio gobierno.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional entre países de América Latina y el Caribe que busca garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un ambiente sano.
El tratado fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú —una ciudad de Costa Rica— después de al menos 3 años de reuniones para negociar su creación.
Inicialmente, fueron 24 países los que firmaron a favor del acuerdo, pero fue ratificado solo por 12. Entró en vigencia el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2021.
El acuerdo tiene cuatro pilares que son:
- El acceso a la información ambiental.
- La participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales
- El acceso a la justicia.
- La protección de los defensores ambientales.
Estos pilares son importantes porque establecen objetivos para que las personas accedan a la información ambiental y tengan las herramientas para participar en los procesos de toma de decisiones ambientales.
El acuerdo es el primer tratado de la región sobre derechos humanos y medioambiente. Como es un acuerdo de derechos humanos es progresivo y no regresivo. Además, es el único acuerdo jurídicamente vinculante —es decir, obligatorio— derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
Escazú también es el primer tratado en el mundo que busca garantizar los derechos de los defensores de la naturaleza.
