Veintinueve alcaldes y prefectos del país son administradores de empresas privadas; es decir, combinan sus actividades de funcionarios con las empresariales. Además, de todas las autoridades analizadas en esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, realizada por la alianza Spondylus Info Lab, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según la Superintendencia de Compañías.
Si bien muchas autoridades analizadas en este reportaje renunciaron a la administración de sus empresas poco antes o después de asumir su cargo público, otras no. Ellas siguen usando los dos sombreros: son autoridades y empresarios.
La Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) contempla prohibiciones para los funcionarios públicos, pero ninguna impide explícitamente ser administrador de una compañía. En el artículo 24, literal b, la Losep dice que los servidores públicos no pueden “desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores”. La norma cita excepciones como hacer estudios o ser profesor.
Además, en el literal i del mismo artículo se señala que los funcionarios no pueden “mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos”.
Del análisis hecho por Spondylus Info Lab, cuatro autoridades subnacionales son las que más relaciones con compañías activas mantienen por ser accionistas o administradores.
La lista la encabeza el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que según la Superintendencia de Compañías, es accionista en 13 empresas. Si se tomara en cuenta aquellas en las que ha sido ex accionista o ex administrador, el número sube a 30 compañías.Álvarez, que llegó a la Alcaldía en 2023 por la alianza RETO–Revolución Ciudanana, no aparece como administrador en ninguna de ellas, que en su mayoría se dedican a la venta de combustible al por mayor y menor. Precisamente es investigado por una presunta venta ilegal de combustible, en el caso Triple A, y por presunto lavado de activos, en el caso Goleada.
En junio de 2026, Álvarez está detenido en la Cárcel del Encuentro desde marzo de este año.
Después está Víctor Hugo Largo Machuca, alcalde de Chaguarpamba —un cantón de la provincia de Loja, en la sierra sur del país—, electo por SUMA-APLA, quien tiene cuatro empresas, tres de ellas dedicadas al servicio de transporte de carga por carretera y la última a proveer servicios de internet, Sofnet Cía Ltda.
Largo Machuca respondió que ser socio o administrador de las empresas no interfiere con sus funciones porque “las compañías al momento no están funcionando». Sin embargo, según la Superintendencia de Compañías sí están activas.
Las otras dos autoridades son el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, y el alcalde de Durán, Luis Chonillo Breilh. Ambos constan como accionistas, pero no como administradores. Otro grupo de autoridades tiene menos cantidad de empresas, entre una o dos, pero sí constan como administradores, incluso si no son accionistas.
En esta nota metodológica se explican las fuentes utilizadas y el procedimiento de la investigación.
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