Ha pasado más de un año desde que el Acuerdo de Escazú entró en vigencia, y Ecuador y otros 11 países de América Latina aún tienen un largo camino que recorrer para avanzar con su cumplimiento.
OTRAS NOTICIAS
Desde el 20 al 22 de abril de 2022, alrededor de 780 delegados de países de la región, representantes de la sociedad civil, y organismos internacionales participaron en la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú. El objetivo de la reunión fue definir las reglas que se necesitaban para que los 12 países que han ratificado el tratado empiecen a implementarlo.
Algunas de las decisiones más importantes que se tomaron fueron:
- Crear un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo, conformado por personas no relacionadas con los gobiernos.
- Crear un Fondo de Contribuciones Voluntarias para que los países implementen efectivamente el Acuerdo de Escazú.
- Establecer un grupo especial de defensores de los derechos ambientales.
Con estas y otras reglas ya definidas, los países que han ratificado Escazú —incluyendo Ecuador— deben avanzar con la implementación y cumplimiento del tratado en cada uno de sus territorios.
Sin embargo, hay algunos retos para conseguirlo en Ecuador. Aquí te contamos cuáles son los principales.
La conformación de una Mesa de Democracia Ambiental
La primera COP de Escazú terminó el 22 de abril de 2022 con la meta de seguir trabajando para cumplir con los objetivos del Acuerdo y lograr un desarrollo sostenible en toda América Latina.
En el primer año desde que Escazú entró en vigencia, Ecuador ha avanzado con la elaboración de un diagnóstico para saber cómo están las leyes, las políticas públicas y las capacidades institucionales. Así como también para identificar las brechas que hay y deben ser cerradas para poder implementar el Acuerdo.
Ese diagnóstico servirá para implementar ciertos proyectos y reformar ciertas leyes. Sin embargo, hay otras acciones que se pueden empezar a hacer, y una de ellas es la conformación de una Mesa de Democracia Ambiental.
La participación ciudadana es uno de los pilares del Acuerdo de Escazú. Fotografía del Flickr de la CEPAL.
Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios, dice que ese es el mayor reto para Ecuador después de la primera COP del Acuerdo de Escazú.
Barragán explica que la Mesa de Democracia Ambiental va a ser un espacio de gobernanza y de articulación muy importante en el que participarán todos los actores que deberían estar presentes en la implementación del Acuerdo de Escazú. El objetivo de esta mesa, dice Barragán, es “no quedarnos en un espacio donde solo el gobierno tome las decisiones [ambientales] sino empezar ya a poner en práctica los estándares de participación ciudadana.”
Según el experto, el instrumento para formalizar la creación de esta mesa de gobernanza está siendo revisado por la división de asesoría jurídica del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). Además, Barragán espera que haya una respuesta pronto para la creación de la mesa.
La protección de los defensores ambientales
Otro reto es avanzar con el cumplimiento de uno de los ejes del Acuerdo: la protección de los defensores de la naturaleza.
La abogada de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos Vivian Idrovo dice que es necesario que Ecuador construya una política integral para los defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
En diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo empezó a liderar una mesa para construir esta política pública. Pero el proceso estuvo estancado por al menos un año y ahora que se ha retomado, la primera fase de diagnóstico no estará lista hasta agosto de 2022, según la Defensoría.
La necesidad de esta política es urgente, asegura Idrovo, sobre todo porque “se sigue criminalizando a líderes comunitarios por su defensa del medioambiente”.
En Pacto hay nuevos casos de defensores ambientales criminalizados. Fotografía de la cuenta de Twitter del colectivo Quito sin Minería.
En marzo de 2022, la Asamblea Nacional concedió 208 amnistías a defensores del territorio y la naturaleza. Pero menos de dos meses después, ya hay más de 105 procesos judiciales nuevos contra defensores ambientales. Detener esta criminalización contra las personas defensoras, dicen los expertos, es uno de los retos más difíciles que enfrenta Ecuador para cumplir lo dispuesto por Escazú.
A pesar de los retos que tiene Ecuador, el experto Daniel Barragán dice que el país es uno de los que más ha avanzado en planes para implementar el Acuerdo de Escazú. Pero eso no significa que ya está todo hecho, Barragán dice que “todavía hay mucho trabajo por hacer”.
