Pablo Celi saldrá de la cárcel y tendrá arresto domiciliario. El ex Contralor General del Estado subrogante cumplió 65 años el 9 de abril de 2022 y su defensa pidió cambiar las medidas cautelares que hay en su contra. La Fiscalía anunció la mañana de hoy, 11 de abril, que el tribunal de la Corte Nacional de Justicia dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre Celi y la sustituyó por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico y vigilancia permanente. 

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Actualmente, Celi es procesado por el caso Las Torres y tenía una orden de prisión preventiva desde el 8 de mayo de 2021. El 25 de enero de 2022, un juez de la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a Celi y otras doce personas por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, los acusados formaron parte de un grupo organizado para obtener beneficios económicos, “a través del desvanecimiento de glosas”. 

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Fueron llamados a juicio por delincuencia organizada. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito se comete cuando un grupo de personas forman un grupo estructurado para financiar una organización delictiva y cometer uno o más delitos. Se castiga con prisión de siete a diez años.

El juicio contra Celi y los otros procesados comenzó el 4 de abril. En la audiencia de hoy, que fue el cuarto día, el tribunal aceptó el cambio de medidas en contra de Celi. 

¿Por qué Celi puede acceder a arresto domiciliario?

El arresto domiciliario es una medida cautelar que no la pueden recibir todas las personas procesadas como un derecho constitucional. 

La ley dice que la prisión preventiva puede ser reemplazada por el arresto domiciliario y el uso del grillete electrónico, cuando la persona procesada es mayor de 65 años de edad. Esa edad en Ecuador determina la vejez o tercera edad y los convierte en parte de un grupo vulnerable. Por ello, sin importar el delito que se esté investigando, el procesado puede pedir las medidas alternativas. 

Además de la prisión preventiva por el caso Las Torres, desde el 1 de abril de 2022, Pablo Celi tenía otra orden de prisión preventiva por su presunta participación en el caso China Camc en el que se lo investiga por el delito de cohecho. Según la Fiscalía, Celi —cuando era contralor— habría desvanecido una glosa por más de 22 millones de dólares en contra de la empresa China Camc, a cambio de dinero. La sustitución por medidas alternativas por la edad de Celi también influye en ese caso, por lo que no permanecerá más en prisión.

También se puede acceder a arresto domiciliario cuando: 

  1. La procesada es una embarazada y se encuentra hasta en los 90 días posteriores al parto. 
  2. En los casos de que la hija o hijo nazca con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, el arresto domiciliario podrá extenderse hasta máximo 90 días más. 
  3. La persona procesada tiene una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, que se justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la entidad pública correspondiente. 

Aunque el arresto domiciliario no se puede negar por el tipo de delito, el COIP dice que en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima. 

¿Por qué Pablo Celi es investigado?

El caso Las Torres comenzó en Estados Unidos en 2019 cuando la justicia norteamericana procesó a José Raúl de la Torre —sobrino del ex contralor Pablo Celi— y Roberto Barrera por presuntamente lavar dinero producto de la corrupción en Ecuador.

De la Torre era funcionario de Petroecuador y Barrera era un empresario inmobiliario, que tuvo contratos de construcción de viviendas para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). 

En 2019, De la Torre confesó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que cuando trabajaba en Petroecuador, él y otras personas crearon un esquema para recibir millones de dólares en sobornos. Según De la Torre, esto se habría logrado a cambio de permitir a una empresa petrolera mantener contratos con Petroecuador. 

Tras conocer el caso en Estados Unidos, la Fiscalía ecuatoriana comenzó una investigación previa para determinar si se había cometido también un delito en el país. La Fiscalía comenzó a investigar el delito de presunta delincuencia organizada. Para avanzar en la investigación, la institución pidió la asistencia penal internacional de Estados Unidos.

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En abril de 2021, la Fiscal Diana Salazar pidió que le reenvíen el material audiovisual que se recabó en la investigación contra José Raúl De la Torre y Roberto Barrera. Tras analizar esa evidencia, la Fiscalía de Ecuador concluyó que en el país había una estructura delictiva liderada por funcionarios públicos de altos cargos. Entre los presuntos involucrados estaban Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia de Lenín Moreno, el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores. 

Celi y Augusto fueron detenidos la madrugada del 13 de abril de 2021 por su presunta participación en la estructura delictiva. A ambos se les dictó prisión preventiva y fueron llevados a la Cárcel 4, al norte de Quito. 

Celi permaneció en ese centro de rehabilitación. Sin embargo, José Augusto Briones murió poco más de un mes después de que fue detenido en esa misma cárcel. Según las autoridades, Briones se habría suicidado

La Fiscalía asegura que los líderes de la estructura habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría, por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador y la empresa NOLIMIT S.A., que se dedica a la venta al por mayor de maquinaria y equipos para la construcción y minería. 

Según la Fiscalía, Celi y los otros involucrados en el caso Las Torres fueron llamados a juicio porque en la etapa de instrucción fiscal se encontraron suficientes elementos de convicción en su contra.

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Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.