El pedido de juicio político contra Íñigo Salvador, procurador general del Estado, será enviado al pleno de la Asamblea Nacional para que decidan si el juicio avanza o no. 

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La decisión se tomó luego de que en la Comisión de Fiscalización y Control Político no hubo los votos suficientes para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político contra Salvador por presunto incumplimiento de funciones e iniciar su sustanciación. 

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Días antes, el proponente del juicio, el asambleísta de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) Ferdinan Álvarez, había dicho que quería desistir del pedido de juicio  político. Sin embargo, la comisión consideró que no tiene la potestad de que se retire un proceso que ya fue admitido a trámite por el Consejo de Administración Legislativa.

Pero en la sesión de la tarde de ayer, 21 de marzo, en la Comisión de Fiscalización tampoco se aprobó la moción para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político contra Salvador. La moción tuvo solo 4 votos a favor, de los al menos 5 que necesitaba. 

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Por eso, dice un comunicado de la Asamblea de ayer, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, decidió que el expediente del pedido se envíe a Gudalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, para que lo incluya en la agenda del pleno y se tome una decisión. 

El comunicado de la Asamblea dice que la resolución de ayer “se enmarca” en lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esa parte de la ley dice que “si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución”. 

Sin embargo, Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y exsecretaria de la Asamblea Nacional, dice que el artículo 142 hace referencia a los informes en los procesos de juicio político dentro de las comisiones especializadas, como la de Fiscalización. En este caso, el informe todavía no se ha hecho en la Comisión porque recién se iba a avocar conocimiento del pedido. 

Rivas asegura que no hay un artículo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que habilite a que se envíe al pleno una moción que no fue aprobada en una de las comisiones. “Las mociones o se aprueban o no se aprueban, o se obtienen o no los votos”, dice Rivas. Por eso, asegura, todavía no se sabe qué decidirá el pleno sobre el pedido de Villavicencio ni cómo lo va a interpretar. 

El pedido de juicio político contra el Procurador, explicado

El pedido de juicio político contra Salvador fue presentado por el asambleísta Ferdinan Álvarez, en representación del movimiento Unión por la Esperanza (UNES) el 4 de octubre de 2021. Al presentar la solicitud, Álvarez dijo que el pedido lo hacía por dos demandas presentadas en contra del Estado ecuatoriano por multas que debe pagar el Estado a empresas internacionales, entre esas a la empresa petrolera Perenco. 

Además, en octubre del año pasado, el asambleísta dijo que el procurador Íñigo Salvador remitió cartas al ex presidente Lenín Moreno para pagar anticipadamente la deuda externa “en lugar de atender a miles de familias cuyos miembros morían por causa del covid-19”. Ese, aseguró, era otro de los motivos para solicitar el juicio político por incumplimiento de funciones. 

Sin embargo, el pedido de juicio político fue retirado el pasado 17 de marzo de 2022. Álvarez decidió retirarlo pese a que ya había sido calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y enviado a la Comisión de Fiscalización. 

Según el asambleísta, tomó esa decisión para que se priorice el juicio político contra los vocales de la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) que decidieron remover a la Presidenta y Vicepresidente de la institución en febrero de este año. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, pidió un criterio jurídico sobre la viabilidad de este pedido —ahora, la comisión ha dicho que no es su potestad decidirlo.

Íñigo Salvador pidió a la Comisión de Fiscalización que archive el proceso. Según el comunicado de la Asamblea de ayer, Salvador envió una carta a la Comisión haciendo ese pedido “más aún luego que el interpelante decidiera el retiro de su pedido de juicio político”. En esa carta, Salvador también cuestionó la calificación del pedido porque las firmas de respaldo se habrían presentado tarde y algunas pruebas, dijo el Procurador, carecen de validez jurídica. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.