Cuatro miembros de la recién formada mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) removieron a Sofía Almeida y a David Rosero de la presidencia y vicepresidencia del Consejo, respectivamente.
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Lo hicieron en una sesión convocada por la nueva mayoría conformada por los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira.
En la sesión del 9 de febrero de 2022, los cuatro consejeros se reunieron de forma presencial para votar y remover a Almeida y a Rosero. Sin embargo, horas después, Almeida fue al CPCCS para reclamar por el puesto argumentando que ella sigue siendo su presidenta. Hasta las 6:30 de la tarde de hoy no se había convocado a otra sesión para otro cambio de autoridades. Pasadas las 6 de la tarde de hoy, el Ministerio de Trabajo certificó la remoción de Almeida y la posesión del nuevo presidente y vicepresidenta del CPCCS.
¿Qué pasó el 9 de febrero de 2022 en el CPCCS?
En la mañana, llegaron varios policías a los exteriores de la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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Sofía Almeida, convocó a una rueda de prensa a las diez de la mañana. Ahí dijo que ella, “como máxima autoridad administrativa” no había pedido la presencia de la Policía Nacional y que un agente le dijo que estaban ahí por “disposición verbal a pedido del consejero Hernán Ulloa”.
Según Almeida, la sesión de hoy debía ser de forma virtual. “No ha habido ningún problema para que el consejero Hernán Ulloa haya solicitado resguardo policial”, dijo Almeida. Además, afirmó que la presencia de los agentes se podría entender como una presunta “injerencia de otra función del Estado en el Consejo de Participación Ciudadana”.
Almeida también dijo que cuatro consejeros —en referencia a la nueva mayoría formada por Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira— “forzaron por medio de un cerrajero” la sala de sesiones.
Mientras Almeida transmitía la rueda de prensa a través de la página de Facebook del Consejo, en la sala de sesiones, la nueva mayoría se instalaba para remover a Almeida y a David Rosero de sus cargos de presidenta y vicepresidente. Tras cesarlos, los cuatro consejeros nombraron a Hernán Ulloa como presidente y María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta.
Los cuatro vocales apelaron a dos motivos para remover a Almeida y Rosero. El primero que, supuestamente, no convocaron, durante 13 días, a una sesión declarada permanente —es decir, que no debía suspenderse. El segundo, las presuntas irregularidades en los procesos de selección de autoridades como el Contralor General del Estado
¿Cómo han reaccionado los consejeros de minoría?
En la tarde de hoy, Sofía Almeida intentó ingresar a su oficina, alegando que ella sigue presidiendo el CPCCS. “Haz el favor, acata las resoluciones y la Constitución y retírate de la oficina, esta es mi oficina”, increpó Almeida a Ulloa. “Esto no es cuestión de apoderarse del Estado. Qué falta de respeto a la ciudadanía, a la institucionalidad del país. Tú no eres el presidente. Tú no podías actuar el día de hoy”, le espetó Almeida. “Se ha tomado la decisión, por cuatro consejeros, de removerla de sus funciones de presidenta y la remoción de sus funciones al vicepresidente”, le dijo Ulloa, en un intercambio que retrataba la pugna de poder.
Horas antes, a través de su cuenta de Twitter, Almeida había advertido de lo que llamó una “reinstalación ilegal para tomarse el CPCCS”. Difundió un documento dirigido a las cabezas de la Asamblea, Superintendencia de Bancos, Corte Nacional de Justicia, Consejo Nacional Electoral y al Presidente de la República. En su comunicado, denunciaba a los cuatro consejeros por lo que llamó “tomarse las instalaciones de la institución” y conminaba a los otros poderes a pronunciarse, aunque suene paradójico, “para que se respete la independencia de las funciones del Estado”.
“Es ilegal la remoción de la presidenta del CPCCS, como claramente lo dictamina la ley del consejo en su artículo 40. Es un trágico día para la democracia. Dictadura en marcha”, escribió Juan Javier Dávalos, otro de los consejeros de la minoría, en su cuenta de Twitter.
El artículo al que Dávalos apela dice que los consejeros elegirán al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta por el período de dos años. “En caso de ausencia temporal o excusa por conflicto de intereses para conocer temas específicos, le subrogará el vicepresidente o vicepresidenta y en caso de ausencia definitiva lo reemplazará”. David Rosero, el vicepresidente cesado, no se ha pronunciado hasta el cierre de este texto.
¿Quiénes serían los nuevos presidente y vicepresidente del Consejo?
La tarde de hoy, el consejero Hernán Ulloa fue designado como el nuevo presidente del CPCCS.
Fue posesionado por Francisco Bravo, otro de los consejeros. Ante algunos medios de comunicación y con la mano levantada, Ulloa juró “llevar adelante” el destino de la institución “con respeto al orden constituido y a la norma constitucional” y asumió el cargo.
Hernán Ulloa es abogado. Según el sitio web del CPCCS, es especialista en ciencias penales y criminológicas y está estudiando una maestría en derecho procesal penal. El perfil en el sitio web institucional dice que es presidente del estudio jurídico Ulloa y Asociados.
Ulloa también fue secretario de la Fiscalía Provincial de Guayas en delitos aduaneros y tributarios, telecomunicaciones, entre otros. Además, fue asistente administrativo del área de patrocinio en la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Además, antes de ser consejero participó como veedor ciudadano en varios procesos de selección de autoridades designadas por el CPCCS.
Después de posesionar a Ulloa, Francisco Bravo hizo una “limpia” simbólica a la silla de la presidencia del CPCCS, sacudiendo dos racimos de varias plantas verdes, en una alusión a los rituales de sanación de los pueblos ancestrales.
Ya en el cargo, la primera tarea de Ulloa como el nuevo presidente del Consejo fue posesionar y tomarle el juramento a María Fernanda Rivadeneira, quien sería nueva vicepresidenta del CPCCS.
Rivadeneira también es abogada y trabajó en la Procuraduría General del Estado y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El sitio web del CPCCS afirma que María Fernanda Rivadeneira es “activista y defensora de los derechos de las mujeres a quienes ha apoyado en la lucha constante para la erradicación de la violencia intrafamiliar”.
Los consejeros de mayoría enfrentan un posible juicio político en la Asamblea
En la Asamblea Nacional, las bancadas de Pachakutik, el Partido Social Cristiano y Unión Nacional por la Esperanza (UNES) están impulsando un juicio político en contra de los cuatro consejeros que hoy removieron a la presidenta y al vicepresidente del CPCCS.
Con 72 firmas de respaldo, presentaron el pedido de juicio para que sea calificado. La Asamblea los acusa de haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado que había sido aprobado en agosto de 2021.
¿Qué es el CPCCS?
Fue creado por la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008. Fue llamado el quinto poder del Estado. Es una institución que forma parte de la función de Transparencia y Control Social; al igual que la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias de Bancos, Compañías y Comunicación y la Contraloría General del Estado.
Esta entidad se creó con el objetivo de canalizar la participación ciudadana en el Estado, auditar los mecanismos de control, fomentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. Entre sus funciones tiene la designación de autoridades, que ha sido justamente uno de los puntos más criticados desde su creación. Sin embargo, el organismo ha sido señalado por varios analistas como un fracaso de verdadera participación ciudadana que ha sido cooptado por fuerzas políticas partidistas.
Según su sitio web oficial, “en palabras sencillas y criollas, el CPCCS existe para que los procesos o proyectos que ejecutan las instituciones del Estado que manejan fondos públicos sean con propósitos claros y transparentes”. Además, el sitio dice que otro de los propósitos de la institución es que “los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador se involucren en estos procesos, que utilicen su derecho a la Participación Ciudadana para evitar la corrupción”.