¿Quién es Íñigo Salvador, ex procurador general del Estado?

Íñigo Francisco Salvador Crespo es un abogado quiteño. Fue el Procurador General del Estado ecuatoriano desde el 31 de julio de 2018, cuando fue posesionado por la Asamblea Nacional después de haber sido nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Salvador debía terminar  su periodo en el cargo el 31 julio de 2022. Sin embargo, continuó ejerciendo de forma extendida hasta que el CPCCS designara a su reemplazo. El 20 de octubre, el Consejo designó a Juan Larrea como el nuevo Procurador.

Tras esa designación, la mañana del 9 de noviembre de 2022, la Procuraduría publicó en su cuenta de Twitter, la carta de renuncia de Íñigo Salvador. En su carta, Salvador dice que cumplió con su periodo en el cargo y que ha “estado a la espera de ser legalmente reemplazado por el nuevo titular”. Según el ahora ex Procurador, su sucesor Juan Larrea, se posesionará en los próximos días, ante la Asamblea Nacional. 

En su carta, Salvador destacó algunos de sus logros frente a la Procuraduría. Destacó principalmente sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, e hizo énfasis en que bajo su liderazgo, se logró “obtener sentencias condenatorias contra funcionarios corruptos”. 

Su vida profesional

Su hoja de vida dice que es licenciado en Ciencias Jurídicas y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), graduado en 1987. Tiene un título de posgrado de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra en Suiza. Además, dice que ha cursado varias especializaciones en relaciones internacionales y en derecho internacional humanitario para profesores universitarios en la Fundación de Investigación y Estudios Internacionales, en Florencia, al norte de Italia.  

Antes de ser posesionado como procurador, Salvador fue Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE desde abril de 2016 hasta julio de 2018. También fue director del Centro de Investigaciones sobre Derecho Internacional de la PUCE desde 2008 a 2016. En esta misma institución, Íñigo Salvador fue profesor de varias asignaturas en la carrera de derecho. 

Durante su carrera, Salvador también ha ejercido el derecho internacional. Trabajó en el Estudio Jurídico ARS BONI & AEQUI en Quito. También participó en el equipo jurídico que asesoró al gobierno del Ecuador en el Caso relativo a la aspersión aérea por Colombia de herbicidas tóxicos, planteado en 2008 ante la Corte Internacional de Justicia.

En su hoja de vida también dice que fue el director ejecutivo del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia (ProJusticia). En el programa, Salvador estuvo encargado del Plan Integral de Reforma del sector Justicia en el Ecuador, en 1997. 

Salvador también fue director de la Fundación Futuro Latinoamericano, donde diseñó y supervisó la ejecución de proyectos financiados por organizaciones y donantes internacionales. Fue parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, entre 1992 y 1996. Fue primer y segundo secretario en la Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas entre 1988 y 1992. Entre 1982 y 1987 fue tercer secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Sus funciones como Procurador

Según la Constitución del Ecuador, el CPCCS debe nombrar al Procurador General del estado de acuerdo a una terna enviada por el Presidente de la República. En julio de 2018, el CPCCS Transitorio nombró a Íñigo Salvador como Procurador para un periodo de cuatro años, que se extendió por cuatro meses. 

Una comisión técnica revisó los requisitos e inhabilidades de la terna enviada por el Presidente de ese entonces, Lenín Moreno. Luego de esa revisión, Salvador y Juan Pablo Aguilar pasaron a la siguiente etapa. Luego el CPCCS-T hizo una convocatoria para que la ciudadanía presente objeciones sobre esas candidaturas dentro de tres días. Al finalizar ese proceso, Íñigo Salvador fue designado como titular de la Procuraduría General del Estado. 

Algunas de las funciones que cumplió Salvador como Procurador General, conforme a la Constitución del Ecuador fueron: 

• La representación judicial del Estado.
• El patrocinio del Estado y de sus instituciones.
• El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público, cuando la ley no especifique. 
• Controlar según la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. 

Como Procurador, Íñigo Salvador ha impulsado acusaciones particulares en varios procesos penales. Uno de esos es en el caso Sobornos 2012-2016, los delitos por cohecho instaurados contra exdirectivos de Petroecuador como Carlos Pareja Yanuzzeli, Alex Bravo y otros. También en el caso por el delito de enriquecimiento ilícito contra María Sol Larrea y otros funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El 4 de octubre de 2021, la bancada de Unión Por la Esperanza (UNES) presentó un pedido de juicio político contra Íñigo Salvador por un supuesto incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo. 

Según Ferdinan Álvarez, asambleísta de UNES, hizo este pedido debido a dos demandas que se presentaron en contra del Estado ecuatoriano. Las demandas a las que se refería Álvarez incluían el pago de multas millonarias por parte del Estado a empresas internacionales, entre esas a la empresa petrolera Perenco. El asambleísta también dijo que el procurador Íñigo Salvador remitió cartas al ex presidente Lenín Moreno para pagar anticipadamente la deuda externa “en lugar de atender a miles de familias cuyos miembros morían por causa del covid-19”.

Meses después, en mayo de 2022, el asambleísta Álvarez retiró el pedido de juicio político contra Salvador, por lo que la solicitud quedó archivada.