Las amnistías dadas por la Asamblea Nacional a 268 personas, entre ellas, varias que encabezaron y participaron de las protestas de octubre de 2019, serán sometidas a una decisión constitucional. Lucila Soria, una jueza de Quito, admitió a trámite la acción de protección presentada por el ex candidato vicepresidencial Andrés Páez. 

En su decisión, la jueza Soria fijó, además, día y hora para realizar la audiencia en que las partes intervendrán y alegarán sus argumentos. Estará Paez, por un lado, y por el otro, deberá comparecer un representante de la Asamblea Nacional, que es la institución demandada. La diligencia judicial se hará el próximo 24 de marzo, a las 10 de la mañana, en el complejo judicial de Quitumbe, al sur de la capital.

En la providencia en que notifica la admisión a trámite y la convocatoria a audiencia, Soria da cuenta, además, de la intervención de terceras partes en el proceso judicial a través de dos amicus curiae.

El amicus curiae (literalmente, “amigo de la corte”) permite la participación de personas que no son las partes procesales enfrentadas en el caso —en este, Páez y Guadalupe LLori, por los derechos que representa como presidenta de la Asamblea—, pero que quieren expresar sus argumentos de cómo debería resolverse. 

Según Soria, se han presentado dos de estos instrumentos en la acción de protección interpuesta por Paéz. El primero, del abogado Christian Fabián González. El segundo, de 43 asambleístas de la coalición correísta Unión Por la Esperanza (UNES). Varios de sus personajes de alto perfil —como la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y su dirigente Virgilio Hernández— recibieron una de las amnistías otorgadas por la Asamblea. 

Aunque admitió la demanda a trámite, la jueza Soria no concedió las medidas cautelares que Paez pedía para detener la vigencia de las amnistías.

Las amnistías, en breve

La gran mayoría de los ciudadanos que se beneficiaron de las amnistías son líderes sociales, defensores de la naturaleza y de los Derechos Humanos acusados de delitos como ataque o resistencia, robo o terrorismo. Sin embargo, hubo otros que eran procesados por hechos violentos durante el paro de octubre de 2019 y que son, también, políticos.

El otorgamiento de las amnistías a este último grupo, generó el rechazo del gobierno nacional, de funcionarios de aquél entonces, e incluso de organizaciones de la sociedad civil.

Una amnistía es un recurso que involucra un perdón de penas que debe ser decretado por el Estado en casos excepcionales. Puede ser concedida solamente por la Asamblea Nacional y, para que se apruebe, se necesitan votos favorables de las dos terceras partes de quienes integran el pleno legislativo.

La Constitución dice que no se pueden conceder amnistías a las personas que hayan cometido:

• Delitos contra la administración pública: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, ruptura de sellos, tráfico de influencias, testaferrismo, entre otros. 
• Genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio.