Mediante un comunicado oficial, el Gobierno Nacional calificó como un acto de “irresponsabilidad” la decisión tomada por la Asamblea Nacional de conceder amnistías a quienes “mediante actos violentos, usurparon la tranquilidad ecuatoriana” —en referencia directa al paro nacional de octubre de 2019.

La madrugada de hoy, 10 de marzo de 2022, el pleno del Legislativo concedió amnistía a 268 personas judicializadas —varios considerados líderes sociales— por delitos como ataque o resistencia, robo o terrorismo. De esos, 60 pertenecen al grupo de “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”.

En octubre de 2019, durante 11 días, el movimiento indígena y otros movimientos sociales lideraron un paro nacional para protestar en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles anunciada por el ex presidente Lennin Moreno.

El Gobierno dijo también en su comunicado que aunque ratifica su compromiso de garantizar el derecho a la manifestación, “resalta que éste no debe ejercerse en detrimento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, menos aún actos de vandalismo”.

A pesar de las declaraciones, el Gobierno no dio nombres de las personas a quienes se refería su comunicado.

¿Quiénes fueron judicializados tras las protestas de 2019 en Quito?

Entre la lista de los 60 beneficiados por la amnistía que fueron judicializados tras el paro nacional ocurrido en octubre de 2019 están Leonidas Iza, Paola Pabón y Virgilio Henández.

Paola Pabón es la actual prefecta de la provincia de Pichincha y, hasta hace dos semanas atrás, utilizaba un grillete electrónico. Después de las jornadas de protesta de 2019, Pabón fue procesada por rebelión y estuvo presa por 72 días. La madrugada del 25 de diciembre de 2019, Pabón abandonó la prisión después de que la Presidenta subrogante de la Corte Provincial, Patlova Guerra, aceptara su pedido de revocar la prisión preventiva.

En una entrevista con la editora política de GK, María Sol Borja, la prefecta dijo que lo que hizo fue hacer opinión pública. “Como muchos ciudadanos, utilicé las redes sociales, pero es obvio que la enemistad del régimen de Moreno me ocasionó 72 días de prisión”. Pabón también detalló en la entrevista hace dos semanas que tiene medidas sustitutivas a la prisión, como portar un dispositivo electrónico y presentarse tres veces a la semana ante la Fiscalía. 

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue uno de los líderes más prominentes de las protestas en contra de las medidas económicas impuestas por el gobierno de Lennin Moreno en 2019. Iza mantenía una investigación por presunto delito de secuestro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

El líder indígena se pronunció al respecto de la amnistía que se le otorgó en su cuenta de Twitter. “Con esto se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. La lucha contra el neoliberalismo continúa”, publicó.

Otro judicializado y ahora beneficiado por la amnistía es Virgilio Hernández, un ex asambleísta del partido político Alianza País (y luego del ala correista tras el quiebre del partido). El 14 de octubre de 2019 fue detenido por presunto delito de rebelión en las protestas de octubre de 2019, junto a Paola Pabón. Estuvo en prisión preventiva, pero obtuvo libertad después de 50 días. 

Las amnistías otorgadas, en breve

La lista inicial de pedidos de amnistías que recibió la Asamblea Nacional tenía el nombre de 370 personas, entre ellas líderes y defensores de los Derechos Humanos y de la naturaleza que, supuestamente, habrían sido criminalizados injustamente. Sin embargo, el pleno legislativo solamente  aprobó las solicitudes de 268 personas. 

Esta es la distribución de las amnistías concedidas; se dividen en cuatro grupos:

• 60 personas pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”
• 153 personas pertenecen a casos de “defensores de los territorios comunitarios”
• 12 personas pertenecen a casos de “administración de justicia indígena”
• 43 personas pertenecen a casos de “defensores de la naturaleza”